Martha Eiza Medina Rosado
Expediente 612/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Martha Eiza Medina Rosado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído dictado en autos con el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; pues si bien no obran en autos los acuses de los oficios por medio de los cuales se les remitió el citado acuerdo a las autoridades responsables que tiene su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, sino únicamente a la parte quejosa; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEYÓ en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el acuerdo antes citado. Asimismo, en cuanto al incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se concedió la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 18, fracción I, inciso a, del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ES DEPURABLE. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Apoderado del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, en representación del Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Director del Catastro y Zona Federal Marítimo Terrestre y el Presidente Municipal, todos del Municipio de Progreso, Yucatán y un anexo. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por la autoridad responsable antes citada a su informe justificado, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, los cuales prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Lo anterior porque, a juicio de este juzgador, sobre el tema existe jurisprudencia de observancia obligatoria, y continúa vigente en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que son derivados de otros que la ley reputa como consentidos. Dicho criterio se identifica como jurisprudencia 17, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es consultable en la página 12 del Tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a 1995, bajo el rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." Además, la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en Pleno, como en salas, para resolver problemas jurídicos relacionados con la causa de improcedencia de mérito, que le han sido propuestos, ha sido en el sentido de acudir a su propia doctrina para estimar que, como en este caso, es posible sobreseer en el juicio cuando en un juicio de amparo indirecto se reclamen actos que deriven de otros consentidos, siempre y cuando se cumplan las condiciones siguientes: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente, que hubiere sido consentido; y, b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Al respecto, es importante considerar que hay consentimiento expreso cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto, o bien, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y hay consentimiento tácito cuando el acto que se reclama no se impugna dentro de los plazos que expresamente concede la Ley de Amparo. Además, cabe precisar que el análisis relativo a dicho consentimiento no debe hacerse en forma aislada, sino que ha de vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable, anteriores al reclamado, y que tengan relación con éste, para determinar si dicho acto deriva de otro consentido; esto es, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido y el derivado. Por tanto, acorde a la interpretación dada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se entiende por actos derivados de actos consentidos -de los que refiere es improcedente el juicio de amparo-, aquellos que son una consecuencia directa de otros refutados por la ley como consentidos. En otras palabras, son acciones u omisiones de la autoridad, que por su propia naturaleza, fueron precedidos de otros, los cuales, en su momento, la parte quejosa consintió, pues a pesar del evidente perjuicio ocasionado, omitió controvertirlos en el momento correspondiente. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Volumen 217-228, Primera Parte, correspondiente a mayo de mil novecientos ochenta y siete, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 232011, de rubro siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Ahora bien, en el caso, la quejosa acudió reclamando la orden de retiro y demolición de una construcción realizada en el predio trecientos cincuenta y cuatro letra "A", de la calle setenta y siete, por ciento dieciséis y ciento dieciocho de la localidad y municipio de Progreso, Yucatán, de su propiedad, dictada por el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, presuntamente por obstaculizar la vía pública y encontrarse sobre terrenos ganados al mar, con el apercibimiento que en caso de incumplimiento, la demolición sería realizada por el Ayuntamiento, todo en ello en un procedimiento al que la quejosa afirma no haber sido llamada. Sin embargo, de las constancias que el apoderado del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, remitió con el informe justificado que rindió en representación de las autoridades señaladas como responsables, se advierte lo siguiente: Con motivo de una queja presentada ante Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, se realizó una notificación a Martha Eliza Medina Rosado, aquí quejosa, y el veintidós de junio de dos mil veintidós, ésta acudió a solicitar un permiso de contrucción y uso de suelo para el predio número trecientos cincuenta y cuatro letra "A", de la calle setenta y siete (antes veintisiete) por ciento dieciséis y ciento dieciocho con número LCO/252/2022, para que construya dentro de la propiedad inscrita en el Registro Público de la Propiedad. El siete de noviembre de dos mil veintidós, Martha Eliza Medina Rosado, presenta un escrito en el que hace del conocimiento de la referida autoridad, que la obra de construcción autorizada contaba ya con el permiso de la SEMARNAT; sin embargo, del contenido de la documentación presentada, la autoridad advirtió la existencia de una construcción que no había sido autorizada. En mérito de lo cual, procedió a realizar una verificación con la autoridad competente catastral, detectando que el predio trecientos cincuenta y cuatro letra "A", de la calle setenta y siete, por ciento dieciséis y ciento dieciocho de la localidad y municipio de Progreso, Yucatán estaba invadiendo con construcción, vía pública y terrenos ganados al mar y zona federal marítimo terrestre del municipio. Con base en dicha información, el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, procedió a enviar el oficio DUOP/111/2022, de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, a Martha Eliza Medina Rosado en el que se ordenó la demolición de la construcción que esté fuera de su propiedad, apercibiéndola que en caso de incumplimiento, se realizaría a su costa con la consecuente multa; lo cual le fue notificado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. En atención a dicha comunicación, Martha Eliza Medina Rosado presentó un oficio el veintiocho de noviembre de esa anualidad, dirigido al Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán en el que solicitó la autorización de una prórroga de tiempo de quince días para atender a lo solicitado. Lo cual le fue concedido mediante oficio DUOP/123/2022, el cual le fue notificado el treinta de diciembre de ese año. No obstante, mediante oficio de diez de abril de dos mil veintitrés, en virtud del incumplimiento a la primera comunicación, se le concede el término de cuatro días naturales para demoler la construcción que obstaculiza la vía púbica con el apercibimiento que de no hacerlo, se realizaría con el costo a cargo de su impuesto predial, al margen de la correspondiente multa; lo cual acudió a reclamar en el presente juicio de amparo. En este tenor, se entiende que la quejosa al no haber impugnado ese primer requerimiento en el sentido de ordenar la demolición fuera del área que corresponde a su propiedad, la consintió y por ende está imposibilitada para combatir mediante el juicio de amparo aquél segundo requerimiento que se le hizo en el mismo sentido y que consintió expresamente, pues no solo se abstuvo de combatirlo, sino que además, manifestó su conformidad en forma expresa mediante el oficio que presentó ante la responsable, solicitando una prórroga al término concedido inicialmente para cumplir con la demolición ordenada. En ese orden, si una vez consentido el acto la autoridad jurisdiccional posteriormente realiza otro que sea una consecuencia directa y necesaria del primero, entonces el juicio de amparo se torna improcedente, en tanto que atiende a una cuestión lógica respeto a la secuencia procesal, ya que es imposible abordar aspectos que tienen una vinculación estrecha con los que le dieron origen, partiendo siempre de la base de que el acto consentido no es solamente la fuente del derivado, sino el eje principal de la decisión en la emisión del ulterior que es el que se reclama y en relación sobre el que recae la citada causal de improcedencia. En consecuencia, al no haberse controvertido ese primer requerimiento, el reclamo en esta instancia constitucional es una consecuencia del consentimiento de aquella determinación, por lo que se materializa la hipótesis de improcedencia antes analizada, por lo que, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la propia legislación, procede sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio constitucional. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia señalada, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada. Sobreseimiento que se hace extensivo en vía de consecuencia a las restantes autoridades responsables, a quienes se atribuyó la ejecución del acto reclamado. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, por autorización otorgada en sesión de ocho de mayo de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2129/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
AVISO DE NOTIFICACION.- Mérida, Yucatán, quince de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Apoderado del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, en representación del Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Director del Catastro y Zona Federal Marítimo Terrestre y el Presidente Municipal, todos del Municipio de Progreso, Yucatán y un anexo. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por la autoridad responsable antes citada a su informe justificado, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, los cuales prevén lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Lo anterior porque, a juicio de este juzgador, sobre el tema existe jurisprudencia de observancia obligatoria, y continúa vigente en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que son derivados de otros que la ley reputa como consentidos Dicho criterio se identifica como jurisprudencia 17, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es consultable en la página 12 del Tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a 1995, bajo el rubro: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Además, la postra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en Pleno, como en salas, para resolver problemas jurídicos relacionados con la causa de improcedencia de mérito, que le han sido propuestos, ha sido en el sentido de acudir a su propia doctrina para estimar que, como en este caso, es posible sobreseer en el juicio cuando en un juicio de amparo indirecto se reclamen actos que deriven de otros consentidos, siempre y cuando se cumplan las condiciones siguientes: Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente, que hubiere sido consentido; y, Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Al respecto, es importante considerar que hay consentimiento expreso cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto, o bien, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y hay consentimiento tácito cuando el acto que se reclama no se impugna dentro de los plazos que expresamente concede la Ley de Amparo. Además, cabe precisar que el análisis relativo a dicho consentimiento no debe hacerse en forma aislada, sino que ha de vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable, anteriores al reclamado, y que tengan relación con éste, para determinar si dicho acto deriva de otro consentido; esto es, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido y el derivado. Por tanto, acorde a la interpretación dada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se entiende por actos derivados de actos consentidos -de los que refiere es improcedente el juicio de amparo-, aquellos que son una consecuencia directa de otros refutados por la ley como consentidos. En otras palabras, son acciones u omisiones de la autoridad, que por su propia naturaleza, fueron precedidos de otros, los cuales, en su momento, la parte quejosa consintió, pues a pesar del evidente perjuicio ocasionado, omitió controvertirlos en el momento correspondiente. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Volumen 217-228, Primera Parte, correspondiente a mayo de mil novecientos ochenta y siete, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 232011, de rubro siguiente: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, en el caso, la quejosa acudió reclamando la orden de retiro y demolición de una construcción realizada en el predio trecientos cincuenta y cuatro letra "A", de la calle setenta y siete, por ciento dieciséis y ciento dieciocho de la localidad y municipio de Progreso, Yucatán, de su propiedad, dictada por el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, presuntamente por obstaculizar la vía pública y encontrarse sobre terrenos ganados al mar, con el apercibimiento que en caso de incumplimiento, la demolición sería realizada por el Ayuntamiento, todo en ello en un procedimiento al que la quejosa afirma no haber sido llamada. Sin embargo, de las constancias que el apoderado del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, remitió con el informe justificado que rindió en representación de las autoridades señaladas como responsables, se advierte lo siguiente: Con motivo de una queja presentada ante Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, se realizó una notificación a Martha Eliza Medina Rosado, aquí quejosa, y el veintidós de junio de dos mil veintidós, ésta acudió a solicitar un permiso de contrucción y uso de suelo para el predio número trecientos cincuenta y cuatro letra "A", de la calle setenta y siete (antes veintisiete) por ciento dieciséis y ciento dieciocho con número LCO/252/2022, para que construya dentro de la propiedad inscrita en el Registro Público de la Propiedad. El siete de noviembre de dos mil veintidós, Martha Eliza Medina Rosado, presenta un escrito en el que hace del conocimiento de la referida autoridad, que la obra de construcción autorizada contaba ya con el permiso de la SEMARNAT; sin embargo, del contenido de la documentación presentada, la autoridad advirtió la existencia de una construcción que no había sido autorizada. En mérito de lo cual, procedió a realizar una verificación con la autoridad competente catastral, detectando que el predio trecientos cincuenta y cuatro letra "A", de la calle setenta y siete, por ciento dieciséis y ciento dieciocho de la localidad y municipio de Progreso, Yucatán estaba invadiendo con construcción, vía pública y terrenos ganados al mar y zona federal marítimo terrestre del municipio. Con base en dicha información, el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, procedió a enviar el oficio DUOP/111/2022, de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, a Martha Eliza Medina Rosado en el que se ordenó la demolición de la construcción que esté fuera de su propiedad, apercibiéndola que en caso de incumplimiento, se realizaría a su costa con la consecuente multa; lo cual le fue notificado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. En atención a dicha comunicación, Martha Eliza Medina Rosado presentó un oficio el veintiocho de noviembre de esa anualidad, dirigido al Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán en el que solicitó la autorización de una prórroga de tiempo de quince días para atender a lo solicitado. Lo cual le fue concedido mediante oficio DUOP/123/2022, el cual le fue notificado el treinta de diciembre de ese año. No obstante, mediante oficio de diez de abril de dos mil veintitrés, en virtud del incumplimiento a la primera comunicación, se le concede el término de cuatro días naturales para demoler la construcción que obstaculiza la vía púbica con el apercibimiento que de no hacerlo, se realizaría con el costo a cargo de su impuesto predial, al margen de la correspondiente multa; lo cual acudió a reclamar en el presente juicio de amparo. En este tenor, se entiende que la quejosa al no haber impugnado ese primer requerimiento en el sentido de ordenar la demolición fuera del área que corresponde a su propiedad, la consintió y por ende está imposibilitada para combatir mediante el juicio de amparo aquél segundo requerimiento que se le hizo en el mismo sentido y que consintió expresamente, pues no solo se abstuvo de combatirlo, sino que además, manifestó su conformidad en forma expresa mediante el oficio que presentó ante la responsable, solicitando una prórroga al término concedido inicialmente para cumplir con la demolición ordenada. En ese orden, si una vez consentido el acto la autoridad jurisdiccional posteriormente realiza otro que sea una consecuencia directa y necesaria del primero, entonces el juicio de amparo se torna improcedente, en tanto que atiende a una cuestión lógica respeto a la secuencia procesal, ya que es imposible abordar aspectos que tienen una vinculación estrecha con los que le dieron origen, partiendo siempre de la base de que el acto consentido no es solamente la fuente del derivado, sino el eje principal de la decisión en la emisión del ulterior que es el que se reclama y en relación sobre el que recae la citada causal de improcedencia. En consecuencia, al no haberse controvertido ese primer requerimiento, el reclamo en esta instancia constitucional es una consecuencia del consentimiento de aquella determinación, por lo que se materializa la hipótesis de improcedencia antes analizada, por lo que, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la propia legislación, procede sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio constitucional. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia señalada, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada. Sobreseimiento que se hace extensivo en vía de consecuencia a las restantes autoridades responsables, a quienes se atribuyó la ejecución del acto reclamado. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Subdelegada de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales en suplencia por ausencia definitiva del Titular de la Oficina de Representación de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el mencionado en su informe de cuenta. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Martha Angelica Pacheco Leon1849/2021
- Martha Angelica Pacheco Leon1850/2021
- Martha Aracelly Cervantes Santos896/2018
- Martha Beatriz Quijano Gamboa901/2018
- Martha Cecilia Zarza Bernal1247/2017
- Martha Cecilia Zarza Bernal86/2016
- Martha Elba Ruiz Mendoza1121/2018
- Martha Elba Ruiz Mendoza187/2019
- Martha Elena del Socorro Gamez Martinez1055/2017
- Martha Elena Uri Canche1697/2019
- Martha Elena Uribe Canche1473/2022
- Martha Elena Uribe Canche1193/2019