Martha Elena Uribe Canche
Expediente 1144/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1144/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Martha Elena Uribe Canche
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA I. Agréguese el oficio 659/2019, de cuatro de noviembre del año en curso, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el original del expediente I.1144/2018, del índice de este Juzgado, y la copia certificada de la resolución pronunciada en el toca 199/2018 de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho, por este órgano jurisdiccional; ejecutoria de cuyo primer punto resolutivo, confirma la sentencia recurrida; en el segundo punto resolutivo, sobresee en el presente juicio de garantías. Acúsese recibo. Ahora bien, en atención a que el citado Tribunal Colegiado, en su primer punto resolutivo, en la materia de la revisión, confirmó la sentencia recurrida que sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo, glósese a estos autos el expedientillo provisional formado con motivo del recurso de revisión en cita y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Así también, en cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. Asimismo, el presente expediente no tiene valor jurídico, en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio número 6750 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por MARTHA ELENA URIBE CANCHE, en contra del auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho, formándose por tal motivo, el toca número 199/2018.
- Principal
MESA I. Agréguese a los presentes autos el escrito de José Genaro Aguilar Hidalgo, autorizado de MARTHA ELENA URIBE CANCHE O MARTHA URIBE CANCHE O MARTHA CANCHE URIBE, en términos del artículo de la Ley de Amparo, con el que interpone recurso de revisión en contra del auto de doce de noviembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias del escrito de expresión de agravios entre las partes; y hecho que sea, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original de tal escrito y la copia que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, junto con este expediente en que se provee, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo, del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad.
- Principal
MESA I. Vistos los presentes autos de los que se advierte el informe justificado rendido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y anexó que acompaño a su informe de ley, como justificación a sus actos de autoridad. Es de manifiesto, que la parte quejosa en su apartado de actos reclamados señaló como tal: "La negativa a dar cumplimiento al Laudo de fecha veintidós de abril de dos mil trece, dictado por el H. Tribunal de trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Yucatán, no obstante que lo he solicitado en múltiples ocasiones, a la autoridad responsable a fin de que requiere el cumplimiento total del citado laudo por parte del H. Ayuntamiento de Umán, Yucatán, hoy tercero interesado y responsable de la abstención de dar cumplimiento al mismo, ya que me encuebnro en total estado de indefensión por ser omisa LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE Proveer las medidas necesarias para hacer cumplir el laudo ya citado, incumpliendo lo establesido y consagarado en los artículos 1,14,16,y 17, 103 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por tanto, debe decirse que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, que disponen literalmente lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Para mayor entendimiento, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, para que la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, que consiste en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Con relación a lo expuesto, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J.9/98, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por tanto, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable al momento de rendir su informe con justificación, se advierte que mediante acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince, dio contestación a la petición de la parte actora, es decir, se pronunció respecto a la pruebas ofrecidas en su escrito inicial, así como la ofrecida en audiencia del diez de junio del año dos mil trece, el cual fue notificada a la parte quejosa el nueve siguiente, según se advirtió de la cédula de notificación, lo que pone de manifiesto que con dicho actuar dio contestación a la petición de la parte quejosa origen del acto aquí reclamado, en el sentido de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas; documentales que obran en autos y las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Luego, si de tales constancias se advierte que la responsable resolvió respecto del acto que se duele la parte quejosa, tal como lo señaló en su apartado de actos reclamados, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; habida cuenta que dicha pronunciación de la autoridad responsable respecto a la solicitud de referencia, y la notificación de dicho proveído aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que fue el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Sirve de orientación, la jurisprudencia que lleva por rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Lo subrayado corresponde a este Juzgado. Por consiguiente, si el efecto jurídico es restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y por ende, no vulnera la esfera jurídica del aquí peticionario del amparo y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Sustenta esta decisión, por analogía, la tesis II.1º C.T. 217 K, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, conforme a lo establecido en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. Por otra parte, cabe puntualizar que este Juzgador Federal no desatiende el contenido del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga." El párrafo segundo del numeral transcrito prevé expresamente que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia, no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, debe dar vista al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga en el plazo de tres días. A primera vista, el contenido del numeral en comento conduce a sostener que, en todos los juicios de amparo, cuando se advierta oficiosamente una causa de improcedencia que no hayan alegado las partes, debe darse vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga. Interpretada en dicho sentido, la norma en examen lleva a concluir que es ilegal sobreseer en el juicio de amparo si se advierte oficiosamente la actualización de una causa de improcedencia que no alegó ninguna de las partes y respecto de la que no se le dio vista a la parte quejosa antes de resolver para que alegara lo que a su interés conviniera. Sin embargo, si se examina con detenimiento el contenido del numeral en estudio, se arriba a una conclusión distinta. En efecto, el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo prevé una obligación que requiere de la concurrencia de dos condiciones para su actualización, como se ve a continuación: Obligación: Dar vista a la parte quejosa por tres días cuando se advierta una causa de improcedencia de manera oficiosa. Primera condición: Que ninguna de las partes haya alegado, propuesto o hecho valer la causa de improcedencia advertida oficiosamente por el órgano jurisdiccional de amparo. Segunda condición: Que la causa de improcedencia advertida oficiosamente por el órgano jurisdiccional de amparo no haya sido analizada por un órgano jurisdiccional inferior. Se dice que las condiciones precisadas deben concurrir necesariamente para que se actualice la obligación de dar la vista a que se refiere el artículo 64 de la Ley de Amparo, en virtud de que están redactadas en sentido negativo en el texto legal y están unidas por la conjunción copulativa "ni", que funciona como enlace de palabras o frases que denotan negación. De ese modo, como una de las condiciones aludidas para que se actualice la obligación comentada consiste en que la causa de improcedencia advertida oficiosamente por el órgano jurisdiccional de amparo no haya sido analizada por un órgano jurisdiccional "inferior", se concluye que dicho imperativo no vincula a los Jueces de Distrito ni a los Tribunales Unitarios de Circuito. Ello es así, dado que las autoridades acabadas de mencionar son las competentes para conocer del juicio de amparo indirecto en primera instancia y los actos que juzgan no provienen exclusivamente de órganos jurisdiccionales "inferiores", pues también conocen de actos de autoridades administrativas emitidos de manera unilateral, no dentro de un procedimiento jurisdiccional; por tanto, no hay forma de que esa obligación se actualice en un juicio de amparo seguido ante un Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito. En esa tesitura, la interpretación del artículo 64 de la Ley de Amparo revela que la obligación de dar vista a la parte quejosa que ahí se contiene únicamente vincula a los órganos jurisdiccionales de amparo que conocen del recurso de revisión (Suprema Corte -Pleno o Salas- y Tribunales Colegiados de Circuito), dado que ese medio de impugnación constituye la segunda instancia del juicio de amparo indirecto y, necesariamente, proviene de un órgano jurisdiccional inferior, a saber: Jueces de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo anterior, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por otro lado, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." En base a ello, no obsta que les recaiga el carácter de tercero interesado el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y que no haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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