Martha Elena Uribe Canche

Expediente 1715/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1715/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Martha Elena Uribe Canche

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III.Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de cinco de diciembre del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, a veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obra agregado el informe justificado rendido por la Administradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1", de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, con sede en esta ciudad y las constancias que adjuntó al mismo, las cuales obran agregadas en autos, de las que se aprecia el acto reclamado en este asunto, consistente en el oficio 500-69-00-03-03-2019-4849, de fecha once de marzo de dos mil diecinueve, notificado por buzón tributario el quince de marzo referido, en el cual se requirió a la quejosa información adicional a la presentada en el escrito libre de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dentro del procedimiento de operaciones inexistentes, previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, en la especie, debe decirse que respecto del acto reclamado por la aquí empresa quejosa, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción, III, inciso b), de la Ley de Amparo. Ello, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado por parte de la responsable, pues así lo ha sostenido el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 283, visible a fojas 190, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Lo anterior, porque el acto reclamado consistente en el oficio 500-69-00-03-03-2019-4849, de fecha once de marzo de dos mil diecinueve, notificado por buzón tributario el quince de marzo referido, en el cual se requirió a la quejosa información adicional a la presentada en el escrito libre de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dentro del procedimiento de operaciones inexistentes, previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, constituye un acto dictado dentro de un procedimiento administrativo que no es de imposible reparación, puesto que se trata de un acto intermedio del referido proceso. Con el fin de demostrar la anterior conclusión, es necesario conocer el contenido de dichos artículos, que es el siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo. Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, es dable concluir que si no se actualiza de manera expresa el supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. Así las cosas, en el caso concreto, no se surte a cabalidad el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que el acto señalado como reclamado consistente en el oficio 500-69-00-03-03-2019-4849, de fecha once de marzo de dos mil diecinueve, notificado por buzón tributario el quince de marzo referido, en el cual se requirió a la quejosa información adicional a la presentada en el escrito libre de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dentro del procedimiento de operaciones inexistentes, previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como tal, no afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. En efecto, en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que sean de imposible reparación. En ese precepto se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del propio artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En el caso, del contenido de su demanda de amparo, la parte quejosa alude que el acto reclamado pretende suspender el procedimiento de operaciones inexistentes, porque fue notificado fuera del plazo de veinte días mencionado en el párrafo cuatro del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo que a su parecer convirtió en ilegal dicho requerimiento, y no debería suspender el plazo de cincuenta días que tiene la responsable para suspender; empero lo cierto es que se trata de un acto intermedio del citado procedimiento, por lo cual, debe concluirse que constituye un acto intraprocesal que no afecta derechos sustantivos, en virtud de únicamente constituye una parte del procedimiento administrativo que se le notificó mediante oficio 500-69-00-03-03-2019-4849, de fecha once de marzo de dos mil diecinueve, y sus efectos, no afecta en grado predominante el derecho fundamental de la promovente; y por tanto, dicho procedimiento no es de aquellos que la ley califica como definitivo, al no poner fin a una instancia. En efecto, al ser un acto dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y no ser de imposible reparación, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, pues no impiden el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo, ya que dicho perjuicio, eventualmente podría ocasionarse, en su caso, hasta que se emita la resolución correspondiente; y por tanto, no procede el juicio constitucional. En ese sentido, el acto señalado como reclamado, consistente en el oficio 500-69-00-03-03-2019-4849, de fecha once de marzo de dos mil diecinueve, notificado por buzón tributario el quince de marzo referido, en el cual se requirió a la quejosa información adicional a la presentada en el escrito libre de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dentro del procedimiento de operaciones inexistentes, previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, constituye la etapa intermedia del proceso, razón por la cual, es claro que no constituye la resolución definitiva de dicho procedimiento ni tampoco constituye un acto en el procedimiento que sea de imposible reparación, sino que se trata de un acto intraprocesal que con el que se busca someter a la parte quejosa al procedimiento establecido en el citado artículo y, que conjuntamente con el desarrollo de las demás etapas restantes, serán la base para emitir la resolución que corresponda, la cual en caso de que lo estime conveniente, el interesado puede impugnarla mediante el recurso de revisión previsto en la propia ley. Máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia de contenido y datos siguientes: Época: Décima Época Registro: 2010278 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 140/2015 (10a.) Página: 1745 "PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. LOS DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SON DE CARÁCTER PÚBLICO Y, POR ENDE, PUEDEN DARSE A CONOCER A TERCEROS. El citado precepto prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes, o bien, cuando esos contribuyentes se encuentren no localizados. Asimismo, del propio artículo deriva que una vez que la autoridad presume la inexistencia de las operaciones o la falta de localización del contribuyente, publicará en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como en el Diario Oficial de la Federación, un listado que contiene el registro federal de contribuyentes y el nombre del contribuyente que se encuentra en el supuesto relativo, con el fin de que los terceros que hayan celebrado operaciones con estos causantes tengan la posibilidad de acreditar que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o para corregir su situación fiscal. Ahora bien, de la obligación jurídica de las sociedades mercantiles de inscribir sus escrituras constitutivas en el Registro Público de Comercio, en cuyos testimonios se encuentra la razón o denominación social, se sigue que la propia legislación nacional ha determinado que esos datos son de carácter público, ya que cualquier persona puede consultarlos y, por ende, la publicación de esa información no se considera que viola lo dispuesto en el artículo 6o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Dicha jurisprudencia robustece el sentido de la presente determinación, pues en la misma se resolvió que los datos de los contribuyentes a que hace referencia el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación son de carácter público y, por tanto, su publicación no se considera un acto de imposible reparación. Por otra parte, respecto del referido acto primigeniamente reclamado, se advierte que de igual forma se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, precepto legal que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. [. . .] Para justificar el anterior argumento, es conveniente destacar que el quejoso reclama en esta vía de control constitucional, el oficio 500-69-00-03-03-2019-4849, de fecha once de marzo de dos mil diecinueve, notificado por buzón tributario el quince de marzo referido, en el cual se requirió a la quejosa información adicional a la presentada en el escrito libre de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dentro del procedimiento de operaciones inexistentes, previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, de la lectura del informe justificado de la responsable, se advierte que en fecha quince de abril del propio año, la responsable emitió el oficio 500-69-00-03-03-2019-7363, en el cual la autoridad fiscal dio por concluido el procedimiento de operaciones inexistentes, con fundamento en el cuarto párrafo del numeral 69-B antes citado. Ahora bien, de la lectura del precepto antes transcrito, se advierte que cuando se trate, entre otros, de actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el juicio de amparo será improcedente cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; hipótesis que se actualiza en la especie, atento a las siguientes consideraciones. La parte quejosa, inicialmente reclamó la emisión del oficio 500-69-00-03-03-2019-4849, de fecha once de marzo de dos mil diecinueve, notificado por buzón tributario el quince de marzo referido, en el cual se le requirió información adicional a la presentada en el escrito libre de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dentro del procedimiento de operaciones inexistentes, previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; posteriormente, la propia responsable, en fecha quince de abril del propio año, emitió el oficio 500-69-00-03-03-2019-7363, en el cual la autoridad fiscal dio por concluido el procedimiento de operaciones inexistentes, con fundamento en el cuarto párrafo del numeral 69-B antes citado Lo anterior es así, pues el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación establece la existencia de un procedimiento seguido en forma de juicio, que inicia con la notificación de la resolución en que se determina la presunción de inexistencia de operaciones fiscales, a fin que en el plazo de quince días el obligado manifieste lo que a su interés convenga y ofrezca las pruebas para desvirtuar los hechos correspondientes; transcurrido ese plazo, la autoridad emite la resolución en que se decide sobre el particular, en la cual se determina que, en definitiva, los contribuyentes están en la situación que refiere el primer párrafo de ese numeral. De ahí que al existir esa resolución final, luego existe cambio de situación jurídica y de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. En las relatadas condiciones, debe concluirse que en la especie se actualizaron las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61, fracción XXIII, y el propio ordinal 61, fracción XXII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento legal. Sólo resta decir que, atento al resultado del presente fallo, este Juzgador no se ocupará de los argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados; ello, de conformidad con el criterio que contiene la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, en virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    III. Vista la demanda de amparo promovida por Martha Elena Uribe Canché o Martha Uribe Canché, por propio derecho, contra el acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán y su Magistrado Presidente; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de actos reclamados, se advierte la parte quejosa impugna de las autoridades responsables, la omisión de acatar la recomendación 41, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de catorce de octubre de dos mil diecinueve, relativa al incumplimiento de laudos firmes por parte de instancias gubernamentales federales y locales. A ese respecto, esta Juzgadora Federal estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 102, apartado B, de la Constitución Federal. Con la finalidad de evidenciar la actualización de la citada causal de improcedencia, conviene destacar, como un hecho notorio, que en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte la existencia de la ejecutoria de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar el amparo en revisión 648/2017, ya que en tal asunto, de forma análoga, dicha instancia resolvió que es improcedente un juicio de amparo promovido en la vía indirecta en contra de la omisión de observar una recomendación emitida dentro de un procedimiento de queja instaurado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos con base en las consideraciones que se transcriben a continuación: "82. [.] Con base en lo expuesto en párrafos precedentes, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que es improcedente el juicio de amparo promovido en contra del procedimiento de queja CNDH/5/2010/4688/Q, y de la emisión de la recomendación 80/2013, emitida el 23 de diciembre de 2013, por la CNDH como se justifica a continuación. 83. La finalidad de las recomendaciones que emite la Comisión -que precisamente derivan de un procedimiento de queja- consiste en que ante una posible violación de derechos humanos, se inicie un mecanismo cuyo objetivo primordial es investigar, en lugar de llevar a cabo una dinámica adversarial. De esta manera, al acreditarse alguna violación a derechos humanos, el objetivo de esta figura es lograr que la autoridad la reconozca, a efecto de que se genere un proceso de colaboración entre el organismo protector y la autoridad que transgredió el derecho, para de esta forma conseguir la reparación de tales violaciones. 84. Aunado a lo anterior, es trascendente destacar que un aspecto importante de la naturaleza de las comisiones de derechos humanos, es funcionar de manera ágil y rápida ante las alegadas violaciones de derechos humanos, así como en la prevención, promoción y protección de esos derechos. 85. Esto es, se busca que tal proceso constitucional sea ágil y en el que colaboren de manera voluntaria las autoridades involucradas con el organismo protector de los derechos, de ahí que acorde a su naturaleza, sea pertinente que no se encuentre sujeto a un esquema recursal, pues las recomendaciones descansan en la fuerza moral de la propia Comisión. 86. Lo anterior encuentra mayor sustento con lo expuesto en la iniciativa que dio origen a la reforma al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de veintiocho de enero de mil novecientos noventa y dos, en la que se sostuvo expresamente lo siguiente: 'La comisión se estructuró a la manera de un Ombudsman, institución escandinava encaminada a la protección de estos derechos, de ninguna manera sustitutiva de los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia, sino como organismo auxiliar en la defensa de los derechos fundamentales. Al crear la comisión no hubo el simple ánimo de importar una figura extranjera que algunos pudieran considerar que no corresponde a nuestra cultura ni a los orígenes y conformación de nuestro sistema jurídico. La adoptamos, no porque pudiera resultar novedosa, sino porque la experiencia de su funcionamiento en otros estados que ha sido altamente positiva. En efecto, el éxito de esta figura, que actualmente es acogida en más de 40 países de todos los continentes y de las más diversas tradiciones jurídicas y culturales, radica en la protección que brinda a través de un procedimiento flexible y breve, en el que se investigan las quejas presentadas, procurando alcanzar una solución rápida y, de no obtenerse ésta, se emite una recomendación no obligatoria para las autoridades respectivas, pero que al darse a conocer públicamente, lleva consigo el apoyo de la opinión pública. Las conclusiones de la comisión son meras recomendaciones; es decir, no tienen fuerza coercitiva y no vinculan ni obligan a la autoridad a la cual se dirigen. Este principio es una de las características esenciales del Ombudsman, que lo mantiene al margen de la competencia de todo tribunal u órgano jurisdiccional.' 87. En el mismo sentido, en el dictamen formulado por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados, se hizo mención de lo siguiente: 'Debe quedar exceptuada la competencia electoral porque resulta altamente conveniente que este tipo de instituciones se mantengan al margen del debate político, pues de no ser así, de intervenir en ese ámbito, correrían el riesgo de involucrarse en la controversia que por su índole tiene la orientación y el contenido propio de las corrientes y agrupaciones políticas actuantes en la sociedad, con la consiguiente contaminación en el conflicto. Ello provocaría finalmente la discusión sobre la autoridad moral de las instituciones que nos ocupan, que es por sí misma el fundamento propio de su eficacia. No es casual que ningún 'ombudsman' del mundo intervenga en esta materia, pues, de hacerlo, muy poco podría aportar y sí pondría en grave riesgo el alcance de su opinión.' 88. Así, para que opere a plenitud el sistema de recomendaciones emitidas por la CNDH no se requiere de la existencia de un mecanismo de revisión posterior, pues tal garantía, de acuerdo a su naturaleza, opera bajo una lógica no recursal. 89. Si bien una recomendación emitida por la CNDH, a consideración de un juzgador de amparo, podría no haber abordado su análisis de modo correcto, ello no implica que la misma tenga que analizarse a través del juicio de amparo. 90. En efecto, la apertura de una vía para reclamar tales recomendaciones, representaría un obstáculo para el desenvolvimiento de las funciones que por mandato constitucional tiene a su cargo la Comisión, en especial en el tema del cumplimiento de las recomendaciones, cuando éstas han sido aceptadas por las autoridades, situación que incluso se podría traducir en un escenario no deseable para las víctimas de violaciones a derechos humanos. Por tanto, si de la naturaleza tanto del procedimiento de queja, como de la recomendación que emite la CNDH se advierte que deriva un acto no vinculante, cuya aceptación depende de la legitimación y la fuerza moral de la propia Comisión, entonces debe señalarse que no procede ningún medio de defensa en su contra, como lo sería el juicio de amparo. 91. Sin que con la conclusión anterior esta Sala soslaye que dicha garantía constitucional en estudio pueda guardar similitudes con otros mecanismos de protección, como con el juicio de amparo, en tanto que su función se relaciona de manera primordial con la protección de los derechos humanos; sin embargo, se evidencia que su margen de protección, así como el esquema de funcionamiento es diverso. 92. En efecto, en el supuesto de que se estimara que es procedente analizar, vía juicio de amparo, el procedimiento de queja que a su vez dio lugar a la emisión de recomendación dictada por la CNDH, se desnaturalizaría la función de dicho organismo, pues ello implicaría no sólo la posibilidad de promover un juicio de amparo, sino potencialmente, la de interponer en contra de tal sentencia el recurso de revisión previsto en la Ley de Amparo. 93. Con lo anterior, se obstaculizaría que la Comisión realice su función de manera ágil y autónoma, ya que el posible cumplimiento a la recomendación emitida, en caso de que sea aceptada por la autoridad o servidor, se encontraría sujeta a su posterior validación por parte de los órganos de amparo. 94. Precisado lo anterior, se estima que el Poder Judicial, aún en ejercicio de sus poderes de control constitucional, no está facultado para pronunciarse sobre el contenido de una recomendación, ni del procedimiento de queja llevado a cabo por la CNDH, pues ello encierra el ejercicio de una facultad de apreciación, cuyo ejercicio está reservado constitucionalmente a dichos organismos, por lo que cualquier acto que exija el despliegue de esa facultad debe entenderse como un acto no justiciable en sede judicial. 95. En seguimiento de esta línea argumentativa, es oportuno mencionar que la autonomía de la Comisión radica, fundamentalmente, en que es dicha institución y no otra, la que define el contenido de las recomendaciones que emite, lo que no impide de forma alguna que pudiera reconsiderarse o modificarse el contenido de una recomendación por la propia Comisión. 96. Sin embargo, lo que no es posible es que una instancia ajena, revise dicho procedimiento o el contenido de sus resoluciones, pues en este caso, la autonomía de la CNDH es absoluta, sobre todo si se toma en cuenta que precisamente emite recomendaciones no vinculatorias y no actos que pudieran tener una consecuente obligación de aceptación y cumplimiento. Estimar lo contrario, implicaría desconocer la verdadera naturaleza de los ombudsperson, y aceptar que determinaciones no vinculantes pueden "mejorarse" al ser al ser recurribles en vía judicial, con lo que además, se rompería con la autonomía e independencia de las comisiones de derechos humanos. 97. Incluso, la Comisión no podría llevar a cabo una de sus funciones torales, que es actuar de oficio en las violaciones de derechos humanos; sino que tendría que hacerlo sólo a petición de parte y, además, tendría la obligación de dar debida audiencia a la autoridad que emitió el acto que se investiga, aspectos que dejarían de lado la función ágil, autónoma y no jurisdiccional que tiene. 98. En ese sentido, entender que el procedimiento de queja que en su autonomía lleva a cabo la referida Comisión, o que el contenido de una recomendación, o su incumplimiento total o parcial por parte de una autoridad es recurrible vía amparo, implicaría, además, que las autoridades judiciales pudieran determinar, en asuntos por demás complejos en temas de garantías de no repetición, que las recomendaciones respectivas se encuentran cumplidas cuando no lo estén, lo que afectaría la capacidad de las comisiones para incidir en su cumplimiento y en el contenido de las propias recomendaciones emitidas de manera autónoma. 99. Entonces, determinar el contenido de una recomendación, o dictar el pronunciamiento sobre su cumplimiento o incumplimiento por parte de una autoridad destinataria, es una facultad exclusiva de la CNDH, que tiene como parámetro justamente la tutela de los derechos humanos desde una perspectiva política y cuasi jurisdiccional. 100. Adicionalmente, es importante destacar que el artículo 102, apartado B, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, prevé una excepción para que las recomendaciones, acuerdos u omisiones de las comisiones estatales de derechos humanos sean sujetas a un mecanismo de inconformidad que se puede promover ante la propia Comisión. 101. Sin embargo, ello no se encuentra previsto para el organismo nacional de protección de los derechos humanos, por lo que dicho mecanismo de inconformidad no constituye un recurso o medio de defensa jurisdiccional, sino únicamente, la oportunidad de que la propia CNDH pueda conocer de recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas, y en su caso, emitir sus propias recomendaciones. 102. Ello tampoco implica equiparar las funciones de la Comisión a la de los tribunales, pues las comisiones de derechos humanos constituyen un medio eficaz de protección jurídica de los derechos humanos que no sustituye a los recursos de naturaleza judicial, sino que los apoyan y complementan con celeridad y de manera preventiva. 103. Ello no descarta la posibilidad de que la CNDH o sus órganos equivalentes en los Estados, puedan en algunos casos emitir recomendaciones incorrectas, incompletas o parciales, sin embargo, precisamente por ello, las autoridades destinatarias, pueden por un lado no aceptar o no cumplir con una recomendación determinada exactamente en los términos en que se encuentra formulada, en tanto que las personas afectadas, cuentan con otras vías legales e instancias para impugnar, no la recomendación en sí misma, sino directamente los actos que le dieron origen así como en contra de los perjuicios causados. 104. Además, es relevante señalar que esta determinación no implica dejar en estado de indefensión a los particulares, toda vez que acorde al artículo 32 de la Ley de la CNDH, las recomendaciones que se emitan, no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que pudiesen corresponder a las personas cuyos derechos fueron afectados, por lo que no interrumpirán los plazos preclusivos, de prescripción o caducidad, lo cual se hace del conocimiento de los interesados desde el acuerdo de admisión de la instancia. 105. Esto es, el hecho de que alguna persona haya acudido ante la Comisión no impide que acorde a la ley de la materia aplicable y ante las instancias jurisdiccionales competentes, puedan reclamar de modo paralelo la protección de sus derechos, pues los procesos constitucionales seguidos ante la referida Comisión tienen un carácter independiente de los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante los órganos de impartición de justicia. 106. Consecuentemente, la formulación de una denuncia ante la CNDH no excluye el que las personas puedan y deban iniciar las denuncias o demandas respectivas ante otras instancias que sí tengan competencia directa para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas determinadas, y de hecho, precisamente son las comisiones de derechos humanos, las que de acuerdo a su regulación, tienen también en algunos casos el deber de asistencia u orientación para estos efectos. 107. Además, esto es concordante con la obligación prevista desde el artículo 1 constitucional y el artículo 25.1 de la Convención Americana, el cual establece, en la parte pertinente, que "toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales". 108. Tal como se ha destacado, por un lado existe la vía jurisdiccional -a la cual se aplica el artículo 25 referido- y, por otra, la vía no jurisdiccional, que es a la que este asunto se refiere. 109. En atención a lo razonado, es posible afirmar que la CNDH, si bien forma parte de las instituciones del Estado mexicano, su naturaleza constitucionalmente prevista, le impide dictar, ordenar o ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas de forma obligatoria. 110. Con base en estos argumentos, a consideración de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es improcedente el juicio de amparo promovido en contra del procedimiento de queja CNDH/5/2010/4688/Q, y de la emisión de la recomendación 80/2013, emitida el 23 de diciembre de 2013 por la CNDH. 111. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 112. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la propia Ley de Amparo, se confirma el sobreseimiento respecto de tales actos, decretado en la sentencia recurrida." De la anterior transcripción sobresalen como premisas fundamentales de la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las siguientes: a. Si bien, la Comisión Nacional de Derechos Humanos forma parte de las instituciones del Estado mexicano, su naturaleza de órgano constitucional autónomo, le impide dictar, ordenar o ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas de forma obligatoria, en la medida que, incluso, este Tribunal Colegiado advierte que tratándose de las recomendaciones que recaigan a una denuncia por presuntas violaciones a los derechos humanos, su contenido no tiene un carácter vinculante para la autoridad involucrada, tal como lo dispone el primer párrafo del numeral 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: "Artículo 46. La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia." b. Sobre esa base, el hecho de que alguna persona haya acudido ante la Comisión Nacional de Derechos humanos y que sus determinaciones carezcan de imperatividad, no impide que, paralelamente, pueda reclamar la protección de sus derechos a través de la vía jurisdiccional o administrativa que corresponda, lo cual, por cierto, no le deja en estado de indefensión, pues el diverso numeral 32 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, prevé que la formulación de quejas, denuncias, y en su caso, las recomendaciones que se emitan, no son susceptibles de afectar el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que pudiesen corresponder a las personas cuyos derechos fueron vulnerados, tal como se corrobora con su transcripción: "Artículo 32. La formulación de quejas y denuncias, así como las resoluciones y Recomendaciones que emita la Comisión Nacional, no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia." c. De ahí que, ante la posibilidad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emita recomendaciones incorrectas, incompletas o parciales, las autoridades destinatarias, puedan, por un lado, no aceptar o no cumplir con su contenido; y, por otro, que las personas afectadas cuenten con otras vías legales e instancias para impugnar, no la recomendación en sí misma ni su inobservancia, sino directamente los actos que le dieron origen así como en contra de los perjuicios causados. En ese orden de consideraciones fue que al fallar el mencionado amparo en revisión 648/2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que entender que el procedimiento de queja que en su autonomía lleva a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o que el contenido de una recomendación, o su incumplimiento total o parcial por parte de una autoridad es recurrible vía amparo, implicaría que las autoridades judiciales pudieran determinar en asuntos por demás complejos en temas de garantías de no repetición, que las recomendaciones respectivas se encuentran cumplidas cuando no lo estén, lo cual afectaría la capacidad de las comisiones para incidir en su cumplimiento y en el contenido de las propias recomendaciones emitidas de manera autónoma. Así las cosas, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que no es posible que una instancia ajena, como en su caso lo es el Poder Judicial de la Federación, a través de un juicio de amparo, revise el contenido de una recomendación o su incumplimiento total o parcial por parte de una autoridad, pues la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es absoluta. Tanto más que, estimar lo contrario, implicaría desconocer la verdadera naturaleza de los ombudsperson, y aceptar que determinaciones no vinculantes pueden "mejorarse" al ser recurribles en vía judicial, con lo cual, además, se rompería con la autonomía e independencia de las comisiones de derechos humanos. De ahí que en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 102, apartado B, de la Constitución Federal, el juicio bi-instancial no sea la vía procedente para impugnar el posible incumplimiento de alguna recomendación, ya que en términos de los artículos 6º, fracción VI, 24, fracción III y 36 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como los diversos 119, 120 y 121 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el incumplimiento a ese tipo de resoluciones, no es susceptible de control jurisdiccional alguno, debido al carácter no vinculante de la propuesta que se estime inobservada. Ello, claro está, con independencia de que los actos de autoridad considerados en la recomendación o la emisión de la propuesta de conciliación, por sí mismos, sean susceptibles de impugnarse a través de los medios ordinarios o extraordinarios que procedan, ya no por ser materia de una queja tramitada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino por relacionarse con una posible violación directa a los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal, lo cual, por cierto, no es la hipótesis del caso al no haberse promovido en esos términos la demanda de amparo que nos ocupa. Lo anterior encuentra sustento en la tesis visible en la página 1120, del Tomo XVIII, Julio de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro reza: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1o., AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA POR SÍ MISMO EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE UNA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR ALGUNA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONAL O INTERNACIONAL." Así como la diversa tesis visible en la página 1047, del Tomo XVIII, Julio de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA POR SÍ MISMO EL INCUMPLIMIENTO DE UNA RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE." En mérito de todo lo anterior, este órgano de control constitucional considera que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 102, apartado B, de la Constitución Federal, dado que las omisiones atribuidas al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán y su Magistrado Presidente, se relacionan con la existencia de la recomendación general 41, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo incumplimiento constituye el parámetro de impugnación que la parte quejosa pretendió someter a control constitucional a través del presente juicio de amparo. Máxime que, como se ha expuesto con antelación, las violaciones señaladas en la demanda promovida por la parte quejosa, no son reclamables en amparo debido al carácter no vinculante de la determinación que se estima inobservada; y, mayormente, porque el ejercicio de esa función está reservado, desde una perspectiva propiamente constitucional, a la entidad emisora de tal recomendación, la cual, aun en caso de incumplimiento, no está sujeta a control ni validación por parte de los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia antes ponderada, lo procedente es desechar la demanda de amparo que nos atañe, en contra del acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán y su Magistrado Presidente, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de las causales de improcedencia del juicio constitucional, las que resultan indudables, habida cuenta de que en opinión de esta Juzgadora, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en su escrito de demanda; y como autorizada a la persona expresamente designada, con las facultades conferidas. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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