Mariza Lopez Avalos
Expediente 661/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mariza Lopez Avalos
Actuaciones
- Principal
Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de siete de diciembre del presente año, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por Mariza López Ávalos, sin que haya hecho uso de tal derecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años a partir de este auto, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Por recibido el escrito (con anexos) de la quejosa xxxxxx, por medio del cual atiende el requerimiento de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, para lo cual indica la denominación de la autoridad que designa como responsable ejecutora, señala los antecedentes relevantes del acto reclamado y exhibe una copia más de su escrito inicial de demanda con sus anexos. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entiéndase por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En tales condiciones, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo y ocurso aclaratorio, de los cuales se desprende que los actos reclamados consisten: - En la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, dictada en etapa de ejecución de sentencia, por el juez Único Civil de Partido de Uriangato, dentro del juicio ordinario civil C195/2019, relativo a la rescisión del contrato verbal de arrendamiento respecto al inmueble ubicado en calle Leovino Zavala, número 16-E de la zona centro de Uriangato, Guanajuato, pago de rentas, entrega y desocupación del inmueble, gastos y costas. En la resolución aquí impugnada se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra del auto veintiséis de octubre de dos mil veinte, en el que se requirió a la promovente del amparo el pago de las rentas al que fue condenada, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le embargarían bienes suficientes para garantizar dicha cantidad, de igual modo se ordenó poner en posesión de la parte actora el local ubicado en el citado domicilio. - En vía de consecuencia de lo anterior, la orden de ejecución de sentencia contenida en el proveído de veintiséis de octubre pasado, y su ejecución. Clarificados los actos reclamados, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.]" De la interpretación de la fracción IV del citado ordenamiento se tiene que el amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido si se trata de actos de ejecución de sentencia únicamente se podrá promover el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, definida esta como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada en ejecución de sentencia, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, es necesario para recurrir los actos emanados en ejecución de sentencia, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, y pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por tanto, se estima que el acto reclamado (descrito en párrafos precedentes) no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, pues en efecto se encuentra en ejecución de sentencia dicho controvertido, sin que hasta hoy de los antecedentes expresados por la quejosa bajo protesta de decir verdad se desprende que en el controvertido de origen se haya dictado la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien que se haya ordenado el archivo definitivo del expediente, Por tanto, al no ser la última resolución que en definitiva se dicte dentro de la fase de ejecución, solo resulta ser un acto intermedio en dicho procedimiento, y para la procedencia del juicio de amparo, debe estudiarse como parte integrante del procedimiento de ejecución. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, estableció que el juicio de amparo indirecto procede aún al tratarse de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos, lo que en el caso no acontece. Ello es así, pues en la especie se considera que la resolución reclamada no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa y tampoco pone fin a dicho procedimiento de ejecución en la que se encuentra el controvertido de origen; de ahí que, no sea procedente el juicio de amparo en su contra de forma inmediata. En esas condiciones, la resolución reclamada no es el último acto de ejecución en el procedimiento de origen; de modo que no puede ser impugnable a través del juicio de amparo indirecto y tampoco se está en presencia de un acto dictado en la etapa de ejecución que afecte derechos sustantivos, como pueden ser, entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado en la tesis jurisprudencial con número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible en la página 6, tomo XXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Sin que para lo anterior pase desapercibido que en el auto que la quejosa controvirtió a través del recurso de revocación se le haya apercibido que de no garantizar el pago de las rentas a la que fue condenada se le embargaran bienes suficientes para su garantía, pues lo anterior constituye un hecho futuro e incierto, que no es de certera realización, lo cual hace que el amparo resulta improcedente. Por tanto, en el particular al reclamarse un acto que no es considerado como el último en etapa de ejecución, aunado a que no vulnera derechos sustantivos de la peticionaria del amparo, se actualiza en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia que previstas en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. De igual modo cobra aplicación por los motivos que la conforma, la jurisprudencia con número de registro IUS 2010430, de rubro y texto: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia."
- Principal
Por recibida la demanda de amparo a nombre de xxxx, en contra de actos del juez de Partido Único Civil de Uriangato, Guanajuato y otras autoridades, por violaciones a los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 661/2020-VII. Prevención de demanda. Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión de la demanda, en su caso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracciones III y V, 110, en relación con el diverso 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1. Indique la denominación correcta de la autoridad que señala como ejecutora, pues en el apartado relativo a ello, en su punto segundo, cita como tal a los actuarios adscritos al Juzgado Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, en tanto que, en el capítulo relativo a los actos reclamados, en su inciso 3), los atribuye a la Oficina Central de Actuarios en ese municipio; empero, la Oficina Central de Actuarios que cita, tiene facultades meramente administrativas y no le corresponden llevar a cabo las diligencias ordenadas por el órgano judicial1 . 1 Es ilustrativa al tema, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 88/2019, visible en la página 198, libro 73, diciembre de 2019, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ACTUARIO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO 2. Señale los antecedentes relevantes previos a los actos reclamados, en los que, de forma enunciativa más no limitativa, deberá expresar la naturaleza del controversial de origen, la condena decretada y si se interpuso algún diverso juicio de amparo durante su tramitación; en caso de ser afirmativo el último supuesto, deberá proporcionar el número y juzgado que conoció. 3. Exhiba una copia más de su escrito inicial con sus anexos, o las que, previa aclaración de las autoridades responsables, corresponda; pues, conforme al artículo 110 de la Ley de Amparo, se requiere una copia para cada una de las partes (en el caso 3 autoridades responsables y 3 terceros interesados), dos para los cuadernos incidentales y una para la agente del Ministerio Público de la adscripción; y en la especie, únicamente exhibió 8 copias (según razón plasmada por el oficial de partes de este órgano jurisdiccional), cuando son necesarias, al menos hasta el momento, 9 copias. Tales cuestiones resultan indispensables para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el propio quejoso, no así por la persona que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, AUN CUANDO EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL LOCAL DE LA ENTIDAD EXISTA UNA OFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES. En el juicio de amparo indirecto promovido por una persona que se ostenta extraña a juicio por equiparación, debe señalar tanto a la autoridad ordenadora como a la ejecutora, esto, pues la autoridad ordenadora de un emplazamiento es el Juez que admite la demanda y ordena el llamamiento a juicio del demandado, mientras que a la ejecutora corresponde materializar dicha orden. Ahora bien, para designar a la autoridad responsable ejecutora, en aquellas entidades en las que el Poder Judicial local se integra con una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, debe tenerse en cuenta que el Director de dicha Oficina tiene a su cargo facultades meramente administrativas, sin que a éste le corresponda llevar a cabo las diligencias ordenadas por el órgano judicial. Por tanto, la autoridad responsable ordenadora es el Juez que emitió la orden de emplazamiento y la ejecutora será el actuario que materialmente llevó a cabo la diligencia que se reclama. Esto, ya que la autoridad responsable ejecutora es aquella cuya actuación se constriñe a llevar a cabo el mandato legal o la orden emitida por la autoridad ordenadora, sin actuar de manera autónoma, sino que cumple una orden. Así entonces, en aquellos casos en que exista una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, la calidad de autoridad responsable ejecutora no corresponde a su Director, pues no materializa el acto judicial." página 348, novena época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA.". En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Además, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para traslado a las partes; esto es, una para cada una de las autoridades señaladas como responsables previa aclaración; una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (1); dos más para formar el cuaderno incidental (2) y una más para cada uno de los terceros interesados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, novena época, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda, y proporcionando un medio de contacto electrónico. Se tiene como su autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona, toda vez que como se advierte de la certificación de cuenta, tiene su cedula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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