Marta Elva Castro Malagón

Expediente 381/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
381/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • Marta Elva Castro Malagón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en la que este Juzgado sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por ************, no fue recurrido en el plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. No obsta a lo anterior, el que no se realice el computo a las restantes partes; lo anterior, en atención a que al haberse sobreseído fuera de audiencia no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis XI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 432, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187396, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO RELATIVO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LO AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL. De lo dispuesto en los artículos 5o., 83, último párrafo, 87, primer párrafo, y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el recurso de revisión sólo puede interponerse por la parte a quien causa perjuicio la resolución que se recurre. En tal sentido, al ser los recursos medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada por una resolución para poder obtener su modificación o revocación, se concluye que la legitimación para impugnar las resoluciones y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia, deriva no sólo de la calidad de parte que se ha tenido en el juicio de amparo, sino, además, de que la resolución combatida le cause un agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio." Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, hágase la anotación de estilo en el libro de gobierno. En cumplimiento al artículo 21, incisos a) y 18, fracción I, inciso a) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, mientras que el original del incidente de suspensión es depurable; ambos supuestos en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, mientras que en el incidente de suspensión se concedió la provisional y la definitiva, debiéndose conservar las determinaciones relativas a su otorgamiento y, en su caso, de su incumplimiento, así como del presente proveído, que ordena el archivo del asunto como totalmente concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por la parte quejosa.

  2. Principal

    Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno, por lo que se tiene por precluido su derecho para hacerlo con posterioridad. Atento a ello, y a que transcurrió el plazo otorgado a la promovente para que ampliara su libelo constitucional sin que lo realizará; consecuentemente, se le hace efectivo el apercibimiento inserto en auto de veintidós de julio pasado, y se determina que el presente asunto se resolverá conforme a los actos y autoridad indicados en el escrito inicial de demanda, con las consecuencias legales que ello implique. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del análisis de las constancias procesales del sumario, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II, y 108, fracción III de la Ley de Amparo, como se expondrá enseguida. Tal disposición normativa estatuye, en lo conducente: Dichos numerales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables [.]" De la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que las causales de improcedencia son enunciativas y no limitativas, en cuanto a que su configuración no se limita a las veintidós primeras hipótesis del referido dispositivo legal, dado que su última fracción da la posibilidad de que aparezcan diversos motivos de improcedencia de la conjunción sistemática de la Ley reglamentaria, de la Constitución y de la jurisprudencia. A su vez, la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, establece que son partes en el juicio constitucional, entre otros, la autoridad o autoridades responsables; se debe entender por ésta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Y que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos precisados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ??????????????? Por su parte, el numeral 108, fracción III, de la ley de la materia, establece que, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables. Así, de la conjunción sistemática de los referidos preceptos legales se obtiene que, cuando el juez de amparo advierta del análisis integral de la demanda la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, previamente a proveer sobre la admisión de la demanda, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable; o bien, durante la tramitación del juicio, cuando advierta la intervención en el acto reclamado de diversa autoridad no señalada como responsable, el juzgador deberá prevenir al peticionario del amparo para que regularice su demanda, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión. Expuesto lo anterior, es pertinente establecer que el hecho de que en un juicio de amparo la parte quejosa no señale como responsable a la autoridad que emitió el acto reclamado, trae como consecuencia que, jurídicamente, no sea posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 30/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/205 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Ahora bien, resulta necesario precisar que la parte quejosa se duele de "La orden verbal o por escrito tendiente a suspender y/o bloquear y/o embargar y/o asegurar y/o congelar cualquier acto, operación, servicio o movimientos que se relaciona con las cuentas bancarias de las cuales soy titular, mismas que se describirán más adelante", así como del "cumplimiento que dieron a la orden verbal o por escrito de suspender y/o bloquear y/o embargar y/o asegurar y/o congelar cualquier acto, operación, servicio o movimientos que se relaciona con las cuentas bancarias de las cuales soy titular, mismas que se describirán más adelante." Ahora, de los informes justificados, específicamente de los rendidos por "BBVA Bancomer" Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Integrante del Grupo Financiero Banorte, se advierte que la orden de aseguramiento o bloqueo que la parte quejosa reclama fue ordenada por la Junta Especial número 12 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, dentro del procedimiento laboral *************, y ejecutado por el actuario de su adscripción. En razón de lo anterior, es que mediante proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como responsables a las autoridades señaladas en el párrafo que precede, en virtud de que no habían sido designadas como autoridades responsables por la peticionaria del amparo en su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento de que en caso de no efectuar manifestación alguna, se seguiría el trámite del juicio por los actos y autoridades reclamados de manera inicial; determinación que le fue notificada el veintitrés de julio siguiente. Empero, la parte quejosa fue omisa en desahogar la vista de mérito, por lo que en esta data se hizo efectivo el apercibimiento decretado. Por tanto, la circunstancia de que la parte quejosa no haya expresado su voluntad para señalar como responsables a la Junta Especial número 12 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y el actuario de su adscripción, dentro del término que le fue concedido para ello, provocó que precluyera el derecho para enmendar su demanda de amparo; por lo que, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, puesto que, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad del acto reclamado, en virtud de que la autoridad laboral en cita, fue la que ordenó el aseguramiento o bloqueo de las cuentas bancarias de las que la quejosa es titular, la Junta Especial número 12 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México no fue llamada a juicio ni oída en defensa de su actuación, pues la solicitante del amparo fue omisa en externar su voluntad de llamarla a juicio, a pesar de que este juzgado federal le requirió al efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Así, al estar plenamente acreditada la causa de improcedencia en trato, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este asunto, acorde a lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, es innecesario celebrar la audiencia constitucional programada para las trece horas con cincuenta y tres minutos del ocho de septiembre de dos mil veintiuno.

  3. Incidental

    Se tiene únicamente por recibido el oficio signado por la apoderada legal de la Institución ***********, mediante el cual, en cumplimiento a la suspensión definitiva, informa el motivo por el que la cuenta de que se trata, a nombre de la aquí quejosa continúa bloqueada; lo anterior, en virtud de que el cuatro de agosto pasado, dejó de surtir efectos dicha medida.

  4. Incidental

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha trascurrido el término de cinco días concedido a la quejosa *******, en el fallo incidental de veintidós de julio de dos mil veintiuno, para que exhibiera la garantía que le fue fijada como requisito a fin de que continuara surtiendo efectos la medida cautelar otorgada, sin que lo haya realizado. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida por este órgano judicial. Infórmese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales conducentes. Es aplicable el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, tesis I.3º.C.26.K, publicado en la página 1470, tomo XV, marzo de 2002, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, PERO DEJA DE HACERLO SIN NECESIDAD DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO, SI EL QUEJOSO NO EXHIBE DENTRO DEL PLAZO LEGAL LA GARANTÍA EXIGIDA, POR MÁS QUE IMPUGNE LA LEGALIDAD DE ÉSTA." En el entendido que de exhibir la garantía en comento, siempre que no exista sentencia ejecutoria en el expediente principal del que emana la presente incidencia, y que no se haya ejecutado el acto reclamado, volverá a surtir sus efectos la medida suspensional.

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