Marta Emeria Navarro Sánchez
Expediente 374/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 374/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Marta Emeria Navarro Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio de amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya trascurrió el término a la totalidad de las partes para la interposición del recurso de revisión; en atención a que se determinó sobreseer en el juicio de amparo; de ahí que la resolución no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso a) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo ******************** promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnado a este juzgado el mismo día, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad delegado en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la ciudad de Celaya, que en esencia consiste en: "IV.- ACTO RECLAMADO: La violación a mi derecho de petición, consagrado en el artículo 8º Constitucional." SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de diez de junio de dos mil veintiuno, esta potestad registró la demanda con el número ******************** en el que se admitió a trámite; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento. Mediante auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se le atribuyó el carácter de autoridad responsable sustituta al encargado del despacho del Departamento de Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; no obstante, se consideró innecesario requerir su informe justificado, en virtud de que la responsable señalada por la quejosa en su ocurso de demanda (delegado en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en esta ciudad), le remitió el oficio de la admisión y anexos, lo que demostró con el acuse de recibo respectivo. Finalmente, se fijó fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues lo reclamado es una omisión atribuida a una autoridad con sede en esta ciudad, reclamo que carece de ejecución material; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como acto reclamado: La omisión de emitir respuesta a la solicitud realizada el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. La autoridad señalada como responsable es: Delegado en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en esta ciudad. Sin embargo, en auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se tuvo como autoridad sustituta a: Encargado del despacho del Departamento de Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el encargado del despacho del Departamento de Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado; en consecuencia, debe tenerse por cierto el acto impugnado, pues las manifestaciones de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, la quejosa presentó ante la autoridad responsable delegado en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en esta ciudad, la solicitud de revisión y regularización de crédito hipotecario. Sin que a la fecha de presentación de la demanda, aduce la quejosa, se le haya dado a conocer la respuesta recaída a su petición formulada. Omisión de respuesta que constituye el acto reclamado en la presente instancia. QUINTO. Causales de improcedencia. En ese contexto, este juzgado federal considera que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, la quejosa reclama la falta de respuesta al escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, ante el delegado en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en esta ciudad, a través del cual solicitó la revisión y regularización de crédito hipotecario. Al respecto, debe señalarse que en la especie, dicha omisión ha quedado subsanada, pues la autoridad responsable emitió respuesta a la solicitud formulada por la peticionaria del amparo. Efectivamente, la autoridad responsable encargado del despacho del Departamento de Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado allegó copia autorizada del oficio ******************** de fecha diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, recaído a la petición de la quejosa, en cuyo contenido se le hacen saber las condiciones financieras de su crédito hipotecario; documental que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. De lo anterior se obtiene que han cesado los efectos del acto reclamado que se analiza, pues ya se emitió una respuesta a la petición de la quejosa y se le hizo de su conocimiento. Cierto, la conducta omisiva de la autoridad responsable que motivó el presente juicio de garantías, cesó al haber pronunciado la contestación a la solicitud de constancia que planteó la quejosa, la cual se hizo de su conocimiento según se advierte de la firma estampada en el citado oficio; además que también tuvo conocimiento de ella a través de la vista que le fue otorgada en el presente juicio de amparo, cumpliéndose así las dos obligaciones previstas en el artículo 8º constitucional que toda autoridad a quien le sea formulada una petición debe cumplir, es decir, dar respuesta a lo solicitado y darlo a conocer al gobernado en breve término. En tal sentido, el acto impugnado ya no agravia a la quejosa, habiéndose restituido las cosas al estado que guardaban con anterioridad a la violación, produciéndose el resultado que asigna a una sentencia protectora el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA.- De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Bajo esa tesitura, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto reclamado a la autoridad precisada y por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta signado por el coordinador de Actividades en Materia de Vivienda Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado, de esta ciudad, por el cual rinde su informe justificado, del que se advierte que acepta el acto que se le reclama, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y relaciónese en la audiencia constitucional. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia naturaleza la prueba documental que exhibe, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Finalmente, se tiene como domicilio procesal el que indica y como delegados en términos del artículo 9 de la ley de Amparo, a las personas que menciona.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, del que se advierte que el titular de asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, adjuntó el acuse de recibo con sello de recepción de trece de agosto del año en curso, por el cual remitió al encargado de despacho del Departamento del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el escrito signado por la quejosa el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Por lo que se encuentra transcurriendo el término previsto en el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a efecto de que rinda su informe justificado. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 75, párrafo segundo de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable encargado del despacho del Departamento de Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de esta ciudad, para que dentro del término de tres días, informe si dio contestación al escrito presentando por la quejosa el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, -cuya omisión de responder ahora constituye el acto reclamado-de ser el caso, remita constancias con las que acredite su dicho, o bien, informe el impedimento que tuviere para ello. Se apercibe a la autoridad oficiante que en caso de incumplimiento con lo ordenado en este proveído se le impondrá en una multa de hasta cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, a efecto de que la autoridad requerida este en aptitud de cumplir con lo solicitado, remítasele copia certificada del escrito inicial de demanda, y de las constancias exhibidas por el titular de asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, al oficio registrado con número 6532. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las trece horas con treinta y siete minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, para su celebración.
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