Marisol Reyes Ureña

Expediente 210/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
210/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
17/07/2018

Partes del expediente

  • Marisol Reyes Ureña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio remitido por el secretario general del congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual devuelve la diversa misiva número 10848/2018, dirigida al titular del Poder Ejecutivo de esta entidad federativa. En tal virtud, remítase la comunicación supraindicada a la autoridad a la que se encuentra dirigida

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las quejosas para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, sin que se pronunciaran al respecto; por tanto, en atención a los elementos que obran en el expediente, de oficio, se procede a analizar si la sentencia se encuentra o no cumplida. Mediante sentencia de treinta de mayo de dos mil dieciocho (fojas 93 a 121), se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, para el efecto de que la autoridad responsable, oficial 01 del Registro Civil en Celaya, Guanajuato: 1. Se desincorporen de la esfera jurídica de las quejosas los artículos 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato y 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato. Por tanto, no se apliquen a las quejosas, en el presente ni en el futuro, los mencionados numerales, en las partes donde se establece que el matrimonio solo puede celebrarse entre un hombre y una mujer, con la finalidad de perpetuar la especie (procrear), mientras se encuentren vigentes. 2. Como consecuencia de ello, la oficial 01 del Registro Civil en esta ciudad de Celaya, deje insubsistente el acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, consistente en el oficio 326/2018, de doce de marzo de dos mil dieciocho, a través del que se comunicó a las quejosas que no es posible acceder a su solicitud de contraer matrimonio. 3. Emita un nuevo oficio, acatando los lineamientos plasmados en este fallo; esto es, acordando en sentido positivo la solicitud de matrimonio presentada por las inconformes. 4. Obre en consecuencia, realizando todas las gestiones necesarias para que las promoventes se unan en matrimonio, con las formalidades que la ley establece (.)." Por acuerdo de veintidós de junio del actual año (fojas 128 y 129), causó ejecutoria la anterior determinación y se requirió a la responsable el cumplimiento de la sentencia de amparo. Posteriormente, mediante oficio registrado con el número 7170 (foja 132), la oficial 01 del Registro Civil en Celaya, Guanajuato, anexó el original del oficio 888/2018 de veintiocho de junio de dos mil dieciocho -dirigido a las quejosas ***********, con firma de recibido de la primera de las nombradas-, por el cual hizo de su conocimiento que dejó sin efectos el comunicado ***de doce de marzo de la presente anualidad, (desincorporando de su esfera jurídica la aplicación del artículo 114 del Código Civil para el Estado de Guanajuato y del numeral 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato), para finalmente fijar el veinte de julio de dos mil dieciocho como fecha para la celebración del matrimonio civil solicitado por las quejosas. Documentales que merecen eficacia probatoria plena, acorde a lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º. En esas condiciones, si la autoridad responsable desincorporó de la esfera jurídica de las solicitantes de la tutela federal el artículo 114 del Código Civil para el Estado de Guanajuato y el diverso numeral 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato y fijó fecha para la celebración del matrimonio civil solicitado por las agraviadas, se concluye que las ha restituido en el pleno goce de sus derechos violados, por lo que en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo, y no se tramitó incidente de suspensión; en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiendo conservarse la demanda y la sentencia respectivas. Finalmente, acorde con lo previsto en el punto décimo primero, último párrafo, del multicitado Acuerdo General Conjunto, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acudan a este juzgado a recoger la documental que anexaron a su escrito de demanda; apercibidas que de no hacerlo, este podrá ser depurado del sumario y destruido en su momento.

  3. Principal

    Con fundamento en los numerales 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos, la misiva que remite la oficial 01 del Registro Civil en Celaya, Guanajuato, al que anexa original del oficio 888/2018 de veintiocho de junio de dos mil dieciocho -dirigido a las quejosas **********con firma de recibido de la primera de las nombradas-, por el cual les informa que dejó sin efecto el oficio 326/2018 de doce de marzo de la presente anualidad, (desincorporando de su esfera jurídica la aplicación del artículo 114 del Código Civil para el Estado de Guanajuato y del numeral 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato); asimismo, agrega que se fijó el veinte de julio de dos mil dieciocho para la celebración del matrimonio civil solicitado. En razón de lo anterior, con sustento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga. Apercibida que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria con la información que obra en autos.

  4. Principal

    Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en este asunto, que sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia de la unión; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente. Ahora bien, atendiendo a los efectos de la protección constitucional respecto del precepto legal reclamado en este juicio, es necesario establecer que el cumplimiento de la ejecutoria no implica acción alguna a cargo del Congreso y gobernador, ambos del estado de Guanajuato; por tanto, quedan exentos de lo anterior, atento a que dicho cumplimiento corresponde a la oficial 01 del Registro Civil en Celaya, Guanajuato; precisándose además que cualquier autoridad, a pesar de no ser parte en este juicio, estará obligada a acatarla. Apoya lo anterior la tesis 1ª. CLXXXII/2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, enero de 2006, página 729, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "LEYES. EFECTOS DEL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DECLARACIÓN DE SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO Y EN EL INDIRECTO. En el amparo directo, el pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la ley controvertida trae como consecuencia que se deje insubsistente la sentencia que se funda en ella y se emita otra en la cual no se aplique el precepto legal considerado inconstitucional, y si su aplicación se realizó en el acto originalmente impugnado ante la autoridad que emitió la sentencia, el efecto será dejar insubsistente ese acto, para que se emita uno nuevo apegado a lo sostenido en la ejecutoria de amparo. En cambio, la declaración de inconstitucionalidad de una ley en el amparo indirecto tiene como efecto dejar insubsistente el acto de aplicación y que en el futuro no se pueda volver a aplicar al peticionario de garantías hasta que se reforme." Así como la diversa 2a. CXV/97, publicada en octubre de 1997, tomo VI, página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Además, como lo determina en la jurisprudencia 178, de la Quinta Época, del Apéndice 2000, Jurisprudencia SCJN, del tomo VI, Común página 145 sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." En razón de ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la supraindicada autoridad oficial 01 del Registro Civil en Celaya, Guanajuato, para que dentro del plazo de tres días: 1. Desincorporen de la esfera jurídica de las quejosas los artículos 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato y 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato. Por tanto, no se apliquen a las quejosas, en el presente ni en el futuro, los mencionados numerales, en las partes donde se establece que el matrimonio solo puede celebrarse entre un hombre y una mujer, con la finalidad de perpetuar la especie (procrear), mientras se encuentren vigentes tales disposiciones. 2. Como consecuencia de ello, deje insubsistente el acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, consistente en el oficio 326/2018, de doce de marzo de dos mil dieciocho, a través del que se comunicó a las quejosas que no es posible acceder a su solicitud de contraer matrimonio. 3. Emita un nuevo oficio, acatando los lineamientos plasmados en este fallo; esto es, acordando en sentido positivo la solicitud de matrimonio presentada por las inconformes. 4. Obre en consecuencia, realizando todas las gestiones necesarias para que las promoventes se unan en matrimonio, con las formalidades que la ley establece. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación al juez penal competente por la comisión del delito de desacato.

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