MARISOL RUIZ PEREZ y Otros.

Expediente 336/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
336/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • MARISOL RUIZ PEREZ y Otros.
  • Marisol Ruiz Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. I. Oficio de cuenta. Agréguese a los presentes autos el oficio 2334/2023 signado -electrónicamente- por Édgar Alán Guzmán Espinoza, Secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; y, en atención a su contenido, primero debe decirse que dicha promoción cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, misma que se tiene a la vista y acredita que el promovente es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Sentado lo anterior, téngase a la autoridad oficiante informando que por auto de presidencia emitido el catorce de agosto de dos mil veintitrés, dentro del amparo en revisión 247/2023, se admitió el recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado Silverio de María Gómez de la Sierra, en contra de la sentencia de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio de amparo; asimismo, admitió la revisión adhesiva interpuesta por Juan José Gutiérrez Rosete, en su carácter de representante especial del niño con identidad reservada con iniciales J.C.G.R.; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. II. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación y la promoción de cuenta al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. I. Recurso de revisión. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por el tercero interesado Silverio de María Gómez de la Sierra; y, en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el catorce de julio de dos mil veintitrés en el presente juicio; por consiguiente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítase dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente integrado el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, el presente juicio de amparo, el escrito de expresión de agravios, el cuaderno auxiliar I de pruebas del presente juicio, tres discos en formato digital versátil (DVD) -agregados al presente juicio- y uno más que anexa el recurrente a su escrito de cuenta; para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con diversa copia del escrito mencionado en el párrafo precedente y de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de memoria relativo al presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). II. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido e impulsar el procedimiento. Notifíquese electrónicamente a Juan José Gutiérrez Rosete, Asesor Jurídico Federal de la Defensoría Pública Delegación en Puebla, representante especial del menor tercero interesado de iniciales JCGR (por cualquiera de los usuarios "Novo5724si7" y "JACOBPABLOF."); así como a la quejosa Marisol Ruíz Pérez y al tercero interesado Silverio de María Gómez de la Sierra, por propio derecho y como representante del referido menor; y, por oficio a la autoridad responsable, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a las autoridades foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción). Se ordena correrles traslado con copia autorizada del escrito de expresión de agravios -registro 11681 de 2023-, con excepción de aquellas partes que tienen acceso al expediente electrónico, pues a través de ese medio pueden imponerse de la promoción de mérito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de julio de dos mil veintitrés. I. Escritos de cuenta. Agréguense a los presentes autos los dos escritos signados -electrónicamente- por Juan José Gutiérrez Rosete, Asesor Jurídico Federal de la Defensoría Pública Delegación en Puebla, quien se ostenta el cargo representante especial del niño con identidad reservada con iniciales J.C.G.R.; y en atención a su contenido, primero debe decirse que dichas promociones cuentan con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de los expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, mismas que se tienen a la vista y acreditan que el promovente es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dichas signaturas electrónicas se encuentran vigentes. Sentado lo anterior, en atención al contenido del primer escrito de mérito, se advierte que el promovente solicita que se difiera la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés, toda vez refiere que al revisar el expediente electrónico, se percató que no obraba el informe justificado de la responsable, la demanda de amparo ni la constancia de emplazamiento del menor que representa, por conducto de su progenitor. Ahora bien, en atención al contenido del segundo escrito de referencia, se advierte que el promovente manifiesta que el día treinta de junio pasado, nuevamente revisó el expediente electrónico aludido y, en esta ocasión, pudo visualizar diversos archivos. En razón de lo anterior, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto a las manifestaciones realizadas por el promovente, por las razones siguientes: ( El veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se difirió anticipadamente la audiencia constitucional que se encontraba señalada para las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés, y se señaló como nueva fecha para su celebración las diez horas con catorce minutos del catorce de julio de dos mil veintitrés; y, ( El promovente ya pudo visualizar correctamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo, por lo que no ha lugar a dar una nueva vista en términos del artículo 117 de la ley de la materia. II. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación y las promociones de cuenta al expediente impreso. Notifíquese electrónicamente a Juan José Gutiérrez Rosete, Asesor Jurídico Federal de la Defensoría Pública Delegación en Puebla, en su carácter de representante especial del niño con identidad reservada con iniciales J.C.G.R.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. I. Aviso a las partes del cambio de denominación y ampliación de competencia del Juzgado. Hágase saber a las partes que, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad; a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. II. Emplazamiento de menor tercero interesado. De autos se advierte que la quejosa ******************** reclama de ********************, Magistrada de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el siguiente acto: ( La resolución dictada el quince de marzo de dos mil veintitrés, dentro del toca de apelación ********************, en la que se confirmó la diversa determinación emitida en audiencia oral celebrada el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, en donde se concedió al imputado ********************la suspensión condicional del proceso. En razón de lo anterior, por acuerdo dictado el catorce de abril de dos mil veintitrés, se reconoció a dicho imputado el carácter de tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso c) (sic), de la Ley de Amparo y, por ende se ordenó su emplazamiento al presente juicio de amparo. No obstante lo anterior, se aprecia que en el controvertido penal de origen se vinculó a proceso al aludido tercero interesado, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de sustracción de menores, previsto y sancionado por 283 bis, fracción III, y 283 ter, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio del menor de edad de iniciales ********************, representado por la aquí quejosa; sin embargo, no se ordenó el emplazamiento de dicho menor con el carácter de tercero interesado. En virtud de lo anterior, a efecto de no incurrir en una violación al procedimiento, con fundamento en el numeral 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se reconoce con el carácter de tercero interesado al menor de edad ********************, a quien deberá emplazarse por conducto de su progenitor, el tercero interesado, ********************. En consecuencia, de conformidad con los artículos 26, fracción I, inciso b), y 27 de la ley de la materia, se ordena su emplazamiento por conducto del actuario judicial de la adscripción, en el domicilio señalado por el tercero interesado para oír y recibir notificaciones personales en el escrito por el cual se apersonó a juicio -registro 6196 de 2023-, ubicado en el inmueble identificado con el ********************; por lo que dicho funcionario deberá realizar lo siguiente: 1. Notificar al menor de edad tercero interesado ********************, por conducto de su progenitor ********************, en el domicilio referido en líneas precedentes; 2. Correrle traslado con copia autorizada de los siguientes documentos: i) de la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 336/2023 -registro 4844 de 2023 -; ii) del auto de radicación y prevención de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés; iii) del auto admisorio de catorce de abril de dos mil veintitrés; iv) del informe justificado rendido por la autoridad responsable -registro 6801 de 2023-; y, v) del presente acuerdo. 3. Emplazar a juicio dicha parte procesal, con la finalidad de que, si a su interés conviene, se apersone en el presente asunto; de igual forma, haga de su conocimiento el derecho que tiene para ofrecer pruebas y formular alegatos. 4. Hacer de su conocimiento la fecha y hora señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional. 5. Requerirle en el acto de la diligencia o le haga saber que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, podrá comparecer ante este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en San Andrés Cholula, Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla y señalar domicilio donde reciba sus notificaciones en esta ciudad o en la zona conurbada. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza al actuario judicial que corresponda, realizar el emplazamiento de mérito aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberá indagar con los vecinos del lugar. III. Designación de representante especial. Sin perjuicio de lo anterior, toda vez que se advierte un conflicto de intereses entre los progenitores del menor tercero interesado, tan es así que ese conflicto tuvo tal repercusión que dio origen a la causa penal de origen, y que el menor no supera los catorce años de edad, tal como se desprende del acta de nacimiento exhibida por la quejosa -madre del menor- en documento digital, con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, se ordena la designación de un representante especial que vele por los intereses del menor tercero interesado en el presente juicio de amparo. Para dar margen a lo anterior, requiérase al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Puebla -autoridad no responsable-, a fin que designe un Asesor Jurídico Federal, para que intervenga con el carácter de representante especial del tercero interesado menor de edad ******************** en el presente sumario constitucional, a quien deberá de notificársele por su conducto, para que en el término de tres días, contado a partir de la legal notificación, comparezca ante la presencia judicial, para los efectos de la aceptación y protesta del cargo conferido en términos de ley, o en su defecto, manifieste si tiene algún impedimento para desempeñar el mismo. Apercibido que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se ordena correrle traslado con copia del acta de nacimiento del menor de edad, para los efectos legales correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 3/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR EN EL JUICIO DE AMPARO. CONDICIONES PARA SU NOMBRAMIENTO CUANDO ÉSTE COMPARECE CON EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO Y NO DE QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO). El precepto citado establece la posibilidad de que el menor de edad pida amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante, nombrándole para ello un representante especial en los casos en que por conflictos de intereses sea necesario. Ahora bien, tomando en cuenta las obligaciones constitucional y convencional de tutelar el interés superior del menor, la disposición prevista en el artículo 8o. de la Ley de Amparo debe aplicarse extensivamente a los supuestos en los cuales el menor comparece en calidad de tercero interesado al juicio de amparo, por lo que, cuando su legítimo representante se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido, se niegue a representarlo, o bien, haya conflicto de intereses entre sus legítimos representantes o motivos que justifiquen la designación de persona diversa, el órgano jurisdiccional, en aras de defender y tutelar sus intereses, deberá nombrarle un representante especial para que intervenga en el juicio." De igual forma, sirve de sustento la tesis aislada XXVII.3o.69 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "MENOR VÍCTIMA DEL DELITO. ANTE EL CONFLICTO DE INTERESES DE QUIENES EJERCEN LA PATRIA POTESTAD SOBRE ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, DE OFICIO, DEBE LLAMARLO A JUICIO Y NOMBRARLE UN REPRESENTANTE ESPECIAL, A EFECTO DE NO INCURRIR EN VIOLACIÓN A LAS NORMAS FUNDAMENTALES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA SENTENCIA QUE DICTE LE BENEFICIE O NO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia, ha establecido que si en el juicio de amparo no se emplaza al tercero interesado, deben reponerse los actos procesales para que se realice dicho llamamiento y vuelva a restablecerse el procedimiento, porque ello representa una formalidad fundamental en la tramitación del juicio de amparo. Luego, cuando en un asunto penal la víctima del hecho delictuoso es un menor, en términos de los artículos 4, 12, fracciones XIV y XV, 17, 60 y 124, fracciones I, II, VII, VIII y IX, de la Ley General de Víctimas, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dicha parte procesal debe ser llamada al juicio constitucional para hacer valer sus derechos, con independencia de que la sentencia que se dicte le beneficie o no, al tener derecho a que se le informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a discutir sobre sus derechos y a estar presente en ellas, así como a que se le notifiquen personalmente todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos, ya sean ordinarios o extraordinarios, que puedan afectar sus derechos y a impugnar resoluciones, pues si bien es cierto que de acuerdo con la legislación civil, los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores son sus representantes legítimos, también lo es que si en un juicio de amparo, en el que aparece como quejoso el padre del menor (imputado) y la madre como tercero interesada (denunciante), la génesis del juicio tendrá intereses contrarios. Por tanto, con fundamento en el artículo 8o. de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito, para no incurrir en violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo, debe nombrarle un representante especial, a fin de que sea éste el que intervenga en el juicio y lo represente debidamente, pues ante la posibilidad de la existencia del conflicto de intereses entre quienes, al parecer, ejercen la patria potestad sobre el menor, se hace necesario garantizar que contará con cierta representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de sus derechos en el juicio de amparo; de ahí que si no se emplaza al menor víctima del hecho delictuoso, al estar representado por uno de los padres entre quienes existe un conflicto de intereses, procede revocar la sentencia impugnada y ordenar la reposición del procedimiento, a efecto de que sea llamado por medio de un representante especial." IV. Diferimiento de la audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se aprecia que a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional se encuentran transcurriendo los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada a las partes en el presente asunto, respecto al informe justificado rendido por la autoridad responsable, y la propia fecha de la audiencia constitucional, conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tales condiciones y para dar lugar al emplazamiento del menor tercero interesado, la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cincuenta y dos minutos de este día, se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." V. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido para dar impulso procesal. Notifíquese por oficio al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Puebla -autoridad no responsable-; personalmente al menor de edad tercero interesado ********************, por conducto de su progenitor ********************, por conducto de su progenitor ********************, en el domicilio señalado en este acuerdo y en los términos antes precisados; electrónicamente a la quejosa ******************** y al tercero interesado ********************; y, por lista a las demás partes.

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