Marisela Marin Suarez
Expediente 322/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marisela Marin Suarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTINUEVE DE MARZO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 3. Director General de la Policía Estatal Preventiva, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que la quejosa Marisela Marín Suárez, mediante escrito recibido en este órgano Federal el dieciséis de marzo pasado (fojas 2 a 5) solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del 1. Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades; de quienes reclamó I. La orden de presentación, cita o comparecencia emitida por un Agente del Ministerio Público o Fiscal; y, II. La orden de detención (ejecutada o pendiente de ejecutar). Ahora bien, de los informes justificados de las autoridades responsables se advierte lo siguiente: No. Orden AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME JUSTIFICADO Foja 1 1. Fiscal General del Estado de Puebla. Negó 12 2 2. Director General de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Negó 13 3 3 Director General de la Policía Estatal Preventiva. Negó 23 4 4. Director General de la Agencia Estatal de Investigación. Negó 14 Las referidas autoridades responsables, al rendir su correspondiente informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas; en consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las once horas con diez minutos del diecisiete de abril de dos mil diecisiete (foja 9 vuelta); comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con veinticinco minutos del veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 322/2017-C (foja 6), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistida de Zeus Islas González, secretario con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, sin asistencia de las partes. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por Marisela Marín Suárez (fojas 1 a 4), auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 5 a 18), constancias de notificación a las autoridades responsables y autos que tuvieron por rendidos los informes previos de las autoridades responsable que así lo hicieron; asimismo, da cuenta con el informe previo de la autoridad responsable 3. Director General de la Policía Estatal Preventiva. A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que anteceden, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe previo de la autoridad responsable 3. Director General de la Policía Estatal Preventiva. Ahora bien, no obstante que en esta fecha se puso a la vista el informe aludido, no ha lugar a reservar la celebración de la presente audiencia, ya que el artículo 138, fracción II exige que la audiencia se realice dentro del plazo de cinco días, con informe o sin él. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia P./J. 119/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO. Si se toma en consideración que el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad y que el artículo 131 de la Ley de Amparo exige que la audiencia incidental se celebre dentro del plazo de setenta y dos horas con informe o sin él, es inconcuso que no procede diferir aquélla, si el Juez de Distrito da cuenta con dicho informe durante la celebración de la audiencia, tanto más si las autoridades responsables al rendir su informe niegan la existencia del acto reclamado, en virtud de que en la propia audiencia, la parte quejosa están en aptitud de ofrecer las pruebas documental y de inspección ocular tendentes a desvirtuar dicha negativa, lo que no produce la indefensión de aquéllos, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, último párrafo, de la ley de la materia, las partes pueden objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y la Jueza acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes hizo valer su derecho de formular alegatos. A lo anterior, la Jueza acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: ... R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Marisela Marín Suárez, por los motivos y las autoridades indicados en el considerando tercero de esta interlocutoria.
- Principal
(CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 13 DE MARZO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el trece de enero de dos mil diecisiete (fojas 145 a 156), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 442/2016. b) Provea lo necesario para que se desahogue el interrogatorio al agraviado Marco Antonio Aurelio Mota Aguilar y a las testigos de cargo Eugenia Cruz Solís y María Elizabeth Solís Hernández. En especial tome las providencias necesarias a efecto de que se notifique personal y oportunamente a las referidas personas en un plazo prudente entre su citación y la diligencia --en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-; y para el caso que tales probanzas ya se hubieran desahogado, de inmediato resuelva la situación jurídica del inculpado ahora quejoso, tomando en cuenta la misma, sin perjuicio de las actuaciones posteriores que se hayan practicado. Ello dentro del nuevo término constitucional ampliado que determine, en atención a que así lo solicitó la defensa del inculpado, plazo que iniciará precisamente cuando se solicite a la responsable el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria. En el entendido de que el desahogo de tales probanzas deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional ampliado (ciento cuarenta y cuatro horas), las horas que transcurrieron desde que la inculpada quedó a su disposición y el momento en que se ofrecieron dichos medios de convicción, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a las que prevalecieron en el aludido periodo. Circunstancia que se determina en la forma precisada, en atención a que de esa manera la quejosa gozará del derecho que le fue conculcado dentro de un término similar al en que debió practicarse dicha diligencia. c) Realizado lo anterior y sin rebasar el término constitucional ampliado, con plenitud de jurisdicción, la responsable deberá emitir una nueva resolución en el sentido que estime procedente, debiendo valorar la totalidad del material probatorio." Resolución que el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 236 a 239). Ahora bien, mediante oficio 1091 de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 250 a 253), el juez responsable remitió copia certificada de la resolución de la misma fecha, dictada en la causa penal 442/2016 de su índice, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, decretado en contra del aquí quejoso Apolonio Diego Inés Olvera. - Concedió la duplicidad del término constitucional hasta por ciento cuarenta y cuatro horas, a efecto de estar en posibilidad de desahogar la prueba consistente en el interrogatorio al agraviado Marco Antonio Aurelio Mota Aguilar, así como de las testigas María Eugenia Cruz Solís y María Elizabeth Solís Hernández; señalando las once horas con treinta minutos del veinte de febrero pasado, para llevar a cabo dichas diligencias, ordenado notificar el referido auto de manera personal a las mencionadas personas a través del Juez de lo Penal de Cholula, Puebla. Por oficio 1146 de veintidós de febrero de dos mil diecisiete (257 a 275), el juez responsable remitió a esta autoridad copia certificada de la resolución de esa misma fecha, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Resolvió nuevamente la situación jurídica del quejoso Apolonio Diego Inés Olvera, decretándole auto de formal prisión por el delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción II, 377 y 380, fracciones I y XI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Antonio Marco Aurelio Mota Aguilar. Resolución en la cual, transcribió el resultado del desahogo de las diligencias consistentes en el interrogatorio a cargo del agraviado Marco Antonio Aurelio Mota Aguilar, así como de las testigas María Eugenia Cruz Solís y María Elizabeth Solís Hernández (fojas 268 vuelta a 273); valorándolas en términos del artículo 178, fracción II del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, y que a criterio del juez de la causa no se advierten datos que favorezcan al indiciado, aquí quejoso, en relación al injusto penal que se le imputa, por lo que en nada favorecen a la defensa del mismo, y no desvirtúan la imputación y señalamiento hecho en su contra. Asimismo, en dicha determinación el juez de la causa procedió a valorar la totalidad del material probatorio que obra en autos en términos de los artículos 56 bis, 59, 60, 61, fracción II, 73, 136, 178, fracción II, 196, 199, 200, 201 y 204 del mencionado código procesal de la materia. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, en términos del artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA
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