Marisol Avendaño de Rosas

Expediente 430/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
430/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
17/05/2017

Partes del expediente

  • Marisol Avendaño de Rosas

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del acuerdo dictado el veintiuno de abril de dos mil diecisiete que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías promovido por ******************** y otros, sin que hasta el momento las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito HA CAUSADO ESTADO. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio, no obran documentos originales y no es de relevancia documental, este expediente es DESTRUIBLE, transcurridos cinco años a partir de esta fecha de conformidad con la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. Así mismo, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, devuélvase a la Agente del Ministerio Público de Delitos Contra la Mujer en el Sistema Tradicional, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado (copia certificada de la averiguación previa 462/2016/AESEX) y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y los artículos 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Delitos Contra la Mujer en el Sistema Tradicional, para que surta los efectos legales a que haya lugar y, atento a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diez de abril pasado, pues para tal efecto, rinde su informe justificado, acompañando las constancias que apoyan al mismo. Dado el cuantioso número de fojas de las constancias que remite la referida autoridad, fórmese el cuaderno de prueba I del presente juicio para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica del mismo. Ahora bien, del referido informe justificado se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que conduce a decretar el sobreseimiento del presente juicio de derechos fundamentales fuera de la audiencia constitucional. Lo anterior es así, con base en las consideraciones y razonamientos que más adelante se expresan; en tal sentido, no resulta necesario esperar a que llegue la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, ya que en este sumario constitucional se actualiza una causal de improcedencia notoria e indudable, de manera que, con ningún medio de convicción puede desvirtuarse. Ahora bien, conviene establecer que en el caso que nos ocupa se tiene que la quejosa Marisol Avendaño De Rosas, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el siete de abril de dos mil diecisiete, recibido en este juzgado el mismo día, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de Delitos Contra la Mujer en el Sistema Tradicional (denominación correcta) y Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que hizo consistir en: a) De la representación social aludida, la dilación en el procedimiento dentro de la averiguación previa 462/2016/AESEX, al no recabarse el dictamen en psicología solicitado; y, b) De la referida Directora del Instituto de Ciencias Forenses, la falta de rendir el dictamen en psicología, requerido en la citada indagatoria. Mediante proveído de diez de abril del actual se desechó parcialmente la demanda de amparo, por cuanto hace al acto que se atribuyó a la autoridad responsable Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, descrito en el inciso b) y, por otro lado, se admitió la demanda de amparo respecto del acto que se reclamó a la diversa autoridad Agente del Ministerio Público de Delitos Contra la Mujer en el Sistema Tradicional (denominación correcta), indicado en el inciso a); se le requirió su informe justificado y se ordenó el emplazamiento del Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. En ese tenor, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, el cual dispone: (.) Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese tenor, se tiene que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Delitos Contra la Mujer en el Sistema Tradicional (denominación correcta), en apoyo a su informe justificado, remitió copia certificada de la averiguación previa 462/2016/AESEX de su estadística (anexo I),; documental que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. De lo anterior, se evidencia que mediante acuerdo dictado el doce de abril de dos mil diecisiete (foja 90 del anexo I), la representación social responsable tuvo por recibido el dictamen en psicología 336 suscrito por Yakobel Espíritu Becerra el cinco de abril del año en curso, perito en materia de psicología adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Por tanto, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado descrito en el inciso a) de la presente resolución, lo que significa que la autoridad a quien se atribuyó el mismo, dejó de afectar la esfera jurídica de la parte solicitante del amparo, restituyéndole en el pleno goce de los derechos humanos que en algún momento estuvieron vulnerados. En ese tenor, y toda vez que la improcedencia que se comenta se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es precisamente el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte inconforme en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija, cuando sea de carácter negativo, lo que en el caso ocurre, pues la abstención reclamada ha cesado con la rendición y la recepción del dictamen en psicología respectivo, por lo que con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo por el acto reclamado a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Delitos Contra la Mujer en el Sistema Tradicional (denominación correcta), consistente en la dilación en el procedimiento dentro de la averiguación previa 462/2016/AESEX, al no recabarse el dictamen en psicología solicitado. Es aplicable al caso la tesis P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente establece: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se cita: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cuarenta minutos del tres de mayo de dos mil diecisiete (foja 13 vuelta); comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, misma que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de acuerdo al artículo primero transitorio; por tanto, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 430/2017-A. De la demanda de garantías se advierte que el quejoso Marisol Avendaño de Rosas reclama a la autoridad responsable denominada Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la omisión de rendir su dictamen solicitado por el 1. Agente del Ministerio Público de Delitos Contra la Mujer del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla dentro de la averiguación previa 462/2016/AESEX. En ese supuesto, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II de dicho ordenamiento legal. Los artículos referidos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme a los preceptos legales que anteceden, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y datos siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En esa línea argumentativa, el artículo 1, último párrafo, establece que el amparo tendrá por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso de particulares, pero sólo en los casos señalados en la Ley de Amparo. El artículo 5, fracción II, primer párrafo, define como autoridad responsable a aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquel que de realizarse las crearía, modificaría o extinguiría. El segundo párrafo de esa fracción establece los términos y casos en que los particulares serán parte en el juicio de amparo en calidad de autoridad responsable, previendo que será cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción I, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. Para que un particular adquiera calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo en términos de la legislación de la materia se requiere: 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. Establecido lo anterior, conviene señalar que al dictaminar la exposición de motivos que dio origen a la Ley de Amparo que entró en vigor a partir del dos de abril del dos mil trece, las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación y de Estudios Legislativos, establecieron que la introducción de la posibilidad de pedir amparo contra actos de particulares obedeció a que quedó superada la teoría que asumía que los derechos fundamentales sólo podían ser afectados por las autoridades o los miembros del Estado. Explicaron que esa teoría tenía razón de ser en el hecho de que tradicionalmente se habían aceptado relaciones de verticalidad o supra-subordinación en que sólo el Estado podía afectar la esfera jurídica de los gobernados, lo que hacía necesario el reconocimiento de garantías individuales que limitaran su actuación, situación que cambió a partir del reconocimiento de los derechos fundamentales. Se dijo que esa concepción fue modificada principalmente por tres razones: por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales; porque hoy en día la vulneración de los derechos fundamentales no proviene de autoridades sino de la actuación de particulares en determinadas circunstancias, por ejemplo, las afectaciones al medio ambiente y las prácticas de discriminación social y, finalmente, porque la protección procesal para prevenir o reparar violaciones a los derechos humanos cometidas por particulares era prácticamente nula o de una eficacia muy limitada. Finalmente, se explicó que como en muchas ocasiones ha existido violación a derechos humanos por parte de particulares, resultaba conveniente adoptar un modelo de protección horizontal que garantice un resguardo más eficaz y justo, razón por la cual se proponía tener a los particulares como autoridades responsables cuando actuaran con ese carácter afectando derechos fundamentales, siempre que su función derive de una norma general y abstracta, pues en otros casos la protección contra ese tipo de actos se deberá realizar mediante la tramitación de medios ordinarios de defensa. Como se ve, cuando el legislador incorporó al texto de la Ley de Amparo la posibilidad de tener a los particulares como autoridades responsables en el juicio de amparo pretendió proteger a los gobernados de la vulneración a sus derechos con independencia del carácter de quien emita el acto o cometa la omisión. Esa es la razón por la que limitó la posibilidad de que los particulares acudan al juicio de amparo a los casos en que conforme a sus funciones puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve a la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. En otras palabras, para que alguna autoridad sea llamada al juicio de amparo como responsable se requiere que dentro del cúmulo de funciones que les otorga la norma general y abstracta que los regula se encuentre prevista la de dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve a la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Sentado lo anterior, se hace referencia al caso concreto en que el quejoso alega como acto reclamado la omisión por parte de la Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla de rendir su dictamen solicitado por el 1. Agente del Ministerio Público de Delitos Contra la Mujer del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla dentro de la averiguación previa 462/2016/AESEX; sin embargo, no le asiste la razón a la parte quejosa en atención a las siguientes consideraciones jurídicas. Como se advierte del cuerpo de la demanda, la autoridad que la parte quejosa señala como Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla es auxiliar del 1. Agente del Ministerio Público de Delitos Contra la Mujer del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla; por tanto, no tiene las facultades que establece el artículo 5, en su fracción II de la Ley de Amparo. En efecto, la fracción IV del artículo 19 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla establece que los Servicios Periciales de la Procuraduría General del Estado de Puebla son auxiliares de la Administración de Justicia en Materia de Defensa Social y, por su parte, el numeral 17 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Puebla establece que los Servicios Periciales quedan bajo el mando directo del Ministerio Público. Así, de los artículos antes señalados se advierte que la autoridad que el quejoso señala como responsable Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla únicamente es auxiliar en la Administración de Justicia y, por ende, su actuación no tiene autonomía propia, de ahí que no tenga el carácter de autoridad responsable, pues no encuadra en las hipótesis establecidas en los artículos 1 y 5, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 103, fracción I de la Constitución Federal. Ahora bien, el Ministerio Público es la institución encargada de velar por la exacta observancia de las leyes de interés público y, a través de sus Agentes, lleva a cabo la persecución de los delitos del orden común, por tanto, le corresponde la integración de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, así como solicitar las órdenes de aprehensión de los inculpados, y allegarse de las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos. Así mismo, para el cumplimiento de sus atribuciones, el Ministerio Público puede solicitar informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a sus auxiliares, como en este caso lo es la Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En tal sentido, la parte quejosa debe acudir directamente ante el 1. Agente del Ministerio Público de Delitos Contra la Mujer del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que éste haga cumplir sus determinaciones y solicitar, en caso de que Servicios Periciales no dé cumplimiento, le aplique una medida de apremio y así lograr vencer la contumacia en que incurren los auxiliares en la administración de justicia en materia penal. Por tanto, la autoridad señalada como responsable Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, como se indicó, no tiene el carácter de autoridad responsable y, por el contrario, el Ministerio Público tiene la facultad de actuar ampliando los medios de investigación y aplicando las medidas de apremio que estime convenientes, para lograr la debida integración de la averiguación previa. En tales condiciones, se estima que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II de dicho ordenamiento legal y, por ende, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo por notoriamente improcedente respecto a la autoridad responsable denominada Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Por otra parte, respecto a la diversa autoridad responsable que indica la parte quejosa, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, X y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 37, 107, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de garantías presentada por Marisol Avendaño de Rosas, contra actos de la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público de Delitos Contra la Mujer del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla. No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado por la parte quejosa, y a criterio de la suscrita Jueza no procede tramitarlo de oficio, ya que el acto reclamado no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 127 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, pues no consiste en una orden de extradición y no son actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho reclamado. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; para tal efecto remítasele copia autorizada de la demanda de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo en vigor. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo Vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx y, a efecto de confirmar su envío, se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en su caso, convenga en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contiene información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2015 siguiente sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. Por otra parte, se solicita a la autoridad señalada como responsable informe a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que si tiene conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberá comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. Se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del tres de mayo de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que le corresponde. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, y ya que éstos, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerla señalando domicilio en esta ciudad para oír notificaciones y en esas condiciones realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Se tiene como autorizados, en los términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Luis Candanedo Reyes y Georgina Arcelia Candanedo Reyes pues se constató que cuentan con sus cédulas de licenciados en derecho registradas ante la Secretaría de Educación Pública. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

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