Marlen Lopez Mendez

Expediente 9/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
9/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Marlen Lopez Mendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. FIRME SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el referido cuaderno incidental era susceptible de depuración, en razón a que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, tendiendo a que el precepto antes indicado así lo establece. Sin embargo, en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo la acotación en el punto 7.1.1., dígito 2 en el sentido que en los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la suspensión provisional, pero se negó la suspensión definitiva el cuaderno incidental será "destruible". Por tanto, en cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión provisional pero se negó en definitiva la medida cautelar solicitada, conforme en el punto 7.1.1., dígito 2 del citado Manual se establece que es susceptible de destrucción una vez que transcurra el plazo de tres años que establece el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se estima que el presente proveído, debe integrarse al expediente físico, pues genera constancias de notificación, dado que se ordena el archivo del presente expediente. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por la quejosa ******, y en atención a su contenido, se provee:Se acuerda procedente su solicitud de tomar fotografías del presente expediente, atendiendo a las siguientes consideraciones: De conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Así mismo, debe indicarse a la promovente que para la hipótesis de que se solicite copiar a través de los medios citados, sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Cobran aplicación las siguientes tesis: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Vistas las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que por escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, *********, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de diversos jueces de control adscritos al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro y otras autoridades, en la que señaló como actos reclamados: - La orden de aprehensión y detención. - La orden de cateo - Así como su ejecución. Por auto de trece de enero de dos mil veintitrés, previo desahogo de prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo; formándose por separado el cuaderno único del incidente de suspensión; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 47). Cabe señalar que en acuerdo de veintiseis de enero de dos mil veintitrés, se ordenó reexpedir el oficio 20-17 y dirigirlo a la autoridad responsable 17. Delegado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de Puebla -Maestro Nelson Zamudio Díaz-, en su denominación correcta, a efecto de que estuviera en aptitud de rendir su informe justificado. Ahora, en relación con los actos reclamados que han sido precisados, las autoridades señaladas como responsables, ordenadoras y ejecutoras, rindieron los informes justificados en los siguientes términos: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES. SENTIDO DEL INFORME FOJAS 1 Samuel Jiménez Morato, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. NIEGA. 32 2-15 Oscar Olvera Galicia, Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, en representación de los jueces de control adscritos al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en la ciudad de Puebla Adriana Lourdes Martínez Jiménez, Enrique López Criollo, Rosalba Elena Zarate Herrera, Liszet del Carmen Fuentes Trueba, Rosa Aurora Espejel Prado, María Guadalupe Muñoz Pérez, Magally Escamilla Rodríguez, Ana Alicia Ponce Frías, Idalia Arciniega Arias, Bet Nimra Pérez Hernández, Francisco Javier Martínez Castillo, Celestino Martínez Bones, Joel Daniel Baltazar Avalos, Karla Patricia Ambrosio Vargas. NIEGA 56 16 David Cesar Pérez, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula 6 del Equipo de Investigación y Litigación I, de la Unidad de Investigación y Litigación A, de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla (en su denominación correcta) NIEGA. 28 17 17. Delegado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de Puebla -Maestro Nelson Zamudio Díaz- OMISA - 18 18. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante NIEGA 48 19 Fernando Fierro Aldana, Titular de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en su denominación correcta. NIEGA 41 20 Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. NIEGA. 29 Como se advierte del cuadro anterior, las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, negaron los actos que se les reclaman. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que la autoridad responsable señalada como 20. Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al momento de rendir su respectivo informe justificado, omitió pronunciarse respecto de la ejecución de la orden de cateo que le atribuyó la quejosa *******; sin embargo, en dicho informe manifestó que no encontró registro de mandamiento judicial vigente en contra de la misma, lo cual subsana dicha omisión; a lo que se suma que las autoridades responsables ordenadoras, negaron la existencia de la referida orden de cateo, por lo que es evidente que dicha autoridad ejecutora no está en posibilidad de ejecutar un mandato que no existe. En consecuencia, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Sin que sea obstáculo a lo anterior, que no se cuente con el informe de la autoridad responsable ejecutora identificada como 17. Delegado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de Puebla -Maestro Nelson Zamudio Díaz-, ya que de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables ordenadoras se advierte que negaron los actos reclamados, por lo que es inconcuso que dicha autoridad, en su calidad de ejecutora, se encuentra imposibilitada para cumplimentar una orden inexistente y, por ende, debe prevalecer la inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, esto es, las diez horas con dos minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  3. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ***********, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero. Notifíquese electrónicamente a la promovente, y por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. INFORME (S) JUSTIFICADO (S) Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable siguiente: No. Autoridades responsables 2- 15 Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, en representación de: -Región Judicial Centro con sede en Puebla, Puebla. 2.********************3. ******************** 4. ********************, 5. ********************. 6. ********************7. ********************, 8. ********************9. ********************10. ********************, 11. ********************12. ********************13. ********************14. ********************15. ******************** Con el que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes.

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