Marisela Aguirre Ramírez

Expediente 1044/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1044/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Marisela Aguirre Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Autorizados y domicilios Agréguense a los autos para que obre como legalmente corresponda los escritos de cuenta, los escritos signados por la quejosa ***, a través de los cuales señala domicilio y nombre autorizado en amplios términos. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios al licenciado ***, toda vez que, la cédula profesional de dicho profesionista, se encontró registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Además, en términos de lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *** Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.********************Informa transición expediente electrónico********************Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna.********************Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico.********************Cumple prevención********************Por otra parte, agréguese a los autos el escrito presentado por la quejosa ********************, mediante el cual desahoga la prevención efectuada el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, por lo que, se tiene a la quejosa dando cumplimiento a la prevención realizada mediante el acuerdo referido.********************Análisis de la demanda de amparo********************En el caso, se actualiza la causal de improcedencia del presente juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que textualmente establecen lo siguiente:********************Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************[.] ********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ********************Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:******************** I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;******************** [.] ********************Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ********************[.] ********************II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ********************Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.******************** [.]****************************************De los preceptos transcritos se colige que por Autoridad debe entenderse aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.********************El concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ha sido ampliamente estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos asuntos; así, el Pleno señala que por Autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado.********************Por no oponerse a lo dispuesto por el artículo 6º transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estudiar el concepto Autoridad para efectos del juicio de amparo, que se encuentra plasmados en la tesis P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo V, febrero de 1997, página 118, del tenor siguiente:********************AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.********************Asimismo, es ilustrativo para distinguir cuándo se está en presencia de una Autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes:********************1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. ********************2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. ********************3) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular.******************** 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª. CCIV/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, del texto:********************AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.********************El concepto de autoridades se refiere a aquellos entes que cuentan con la facultad para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente los intereses legítimos de los gobernados, sin la posibilidad de someter su decisión a los órganos jurisdiccionales; esto es, para efectos del juicio de amparo, las autoridades son aquellas que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, o en el caso de particulares, también tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos o intereses de los interesados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.********************Es importante puntualizar, que la Ley de Amparo incorporó el concepto de autoridad responsable, de manera más amplia, que el contenido en el artículo 11 de la ley anterior; en ese contexto, para determinar la calidad de autoridad responsable, es indispensable analizar las características particulares de aquel a quien se imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste, es decir, a quién y qué se reclama en el juicio de amparo.********************En el caso, la quejosa reclama:********************(.)********************IV. La norma general, ACTO u OMISIÖN que de cada autoridad se reclame.********************(.)********************Acuerdo de fecha 1° de noviembre del 2023 (23:00 h), donde estableció la IMPROCEDENCIA del registro como candidata PROPIETARIA A Consejera Técnica, por el programa de Licenciatura en Biología, del departamento de Ciencias Químico Biológicas, del Instituto de Ciencias Biomédicas, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el cual indebidamente me fue notificado mediante correo electrónico en fecha 1° noviembre del 2023 (23:54 h), en la dirección de correo institucional marisela.aguirre@uacj.mx ********************Resolución de fecha 4 de noviembre del 2023 (11:00 h), respecto del recurso de reconsideración presentado en contra del dictamen de improcedencia del registro como candidata propietaria a Consejera Técnica, por el programa de Licenciatura en Biología, del departamento de Ciencias Químico Biológicas, del Instituto de Ciencias Biomédicas, para integrar la planilla blanca, en conjunto con la docente ********************, el cual me fue notificado mediante correo electrónico en fecha 4 de noviembre del 2023 (17:33 h), en la dirección del correo institucional marisela.aguirre@uacj.mx ********************(.) ********************Sin embargo, en el capítulo de hechos refiere lo siguiente:********************Que el 25 de octubre del 2023, el H. Consejo Universitario y el H. Consejo Técnico del Instituto de Ciencias Biomédicas, ambos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, emitieron la CONVOCATORIA A LAS ACADÉMICAS Y A LOS ACADÉMICOS DEL ICB, CON EL FIN DE INTEGRAL EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO Y EL H. CONSEJO TECNICO QUE FUNGIRÁ DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.********************Que el 1 noviembre del 2023, mediante el respectivo formato de "solicitud de registro", presente ante la oficina de Control Escolar del Instituto de Ciencias Biomédicas, la solicitud de registro en calidad de candidata propietaria a Consejera Técnica, por el programa de Licenciatura en Biología, del departamento de Ciencias Biomédicas, del Instituto de Ciencias Biomédicas, para integrar la planilla blanca, en conjunto con el (la) docente ********************.********************Que en fecha 1º de noviembre del 2023 (23:00 h), la "Comisión Electoral del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez", mediante Acuerdo de misma fecha, estableció la IMPROCEDENCIA del registro como candidata propietaria a Consejera Técnica, por el programa de Licenciatura en Biología, del departamento de Ciencias Químico Biológicas, del Instituto de Ciencias Biomédicas, el cual indebidamente me fue notificado mediante correo electrónico en fecha 1º de noviembre del 2023 (23:54 h), en la dirección del correo institucional marisela.aguirre@uacj.mx.********************Que inconforme con lo anterior, en fecha 3 de noviembre del 2023 (17:50 h), la suscrita, ante la "Comisión Electoral del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, presentó recurso de reconsideración, por el cual se impugnó la IMPROCEDENCIA del registro como candidata propietaria a Consejera Técnica, por el programa de Licenciatura en Biología, del departamento de Ciencias Químico Biológicas, del Instituto de Ciencias Biomédicas.********************Que en fecha de 4 de noviembre del 2023 (11:00 h), la "Comisión Electoral del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, informalmente notificó a la suscrita, la Resolución al recurso de reconsideración, presentado en contra del dictamen de improcedencia del registro como candidata propietaria Consejera Técnica, por el programa de Licenciatura en Biología, del departamento de Ciencias Químico Biológicas, del Instituto de Ciencias Biomédicas.****************************************De lo anterior, se establece que los actos materia de reclamo, esto es el resultado de la Improcedencia, deriva de que la quejosa labora en uno de los Institutos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por lo que se trata de una relación laboral, no obstante que el acto haya sido emitido por la Comisión Electoral del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en su carácter de ente asegurador (patrón); de lo que se evidencia que no actúa como autoridad responsable al emitir los actos que la parte quejosa aquí recurre, pues para ser considerados de esta naturaleza deben ubicarse dentro de los denominados de supra a subordinación; donde la parte promovente debe tener el carácter de gobernada. ********************En primer término, es necesario distinguir si se trata de una relación de coordinación, la que excluye la idea de la autoridad ya que por su propia naturaleza existirá un procedimiento establecido en el derecho privado para ventilar cualquier controversia que se suscite en vía civil o mercantil, incluso laboral, o bien, también puede suceder que las normas constitucionales coloquen al estado en situación jurídica parecida a la de un particular. ********************Bajo esa perspectiva, aun cuando se atribuya como actos reclamados la resolución de fecha cuatro de noviembre del año en curso, respecto del recurso de reconsideración presentado en contra del dictamen de improcedencia del registro como candidata propietaria a Consejera Técnica, por el programa de Licenciatura en Biología, del departamento de Ciencias Químico Biológicas, del Instituto de Ciencias Biomédicas, para integrar la planilla blanca; ello por sí solo no colma las exigencias de los puntos destacados, pues dichas funciones no están determinadas en una norma general; y, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, derivan de una relación laboral con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ********************En esas condiciones, es inconcuso que la autoridad señalada como responsable, no actuaron en su calidad de autoridad, al emitir los actos materia de reclamo por la impetrante del amparo, y, siendo así, el juicio de amparo resulta improcedente. ********************Apoya la anterior determinación la tesis 1a. XXI/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,Libro 77, Agosto de 2020, Tomo IV, página 3041, con número de registro digital 2021955, cuyo contenido es:********************AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.********************Hechos: El juicio fue promovido en contra de una escuela privada de nivel básico. La materia de la revisión consistió en determinar el estándar aplicable para determinar cuándo un acto de particular puede ser impugnado en amparo.********************Criterio jurídico: El precepto legal citado establece que los particulares tendrán dicha calidad si se reúnen dos condiciones: 1) Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos; y, 2) Que sus funciones estén determinadas por una norma general. La textura abierta de los términos utilizados por el legislador genera la necesidad interpretativa, la que debe abordarse mediante la exclusión de los extremos y optarse por una modalidad interpretativa intermedia.********************Justificación: Así, con base en una interpretación teleológica y sistemática del referido precepto, para caracterizar a un acto de particular como acto de autoridad debe cumplirse un estándar de dos pasos. El primero exige relacionar el reclamo de la violación constitucional al ejercicio de una prerrogativa o poder normativo cuya fuente sea de una autoridad estatal en términos generales, en otras palabras, debe comprobarse que la autoridad pública -a través de alguna norma jurídica- haya otorgado los medios (un respaldo normativo) para posicionar a ese particular en una situación diferenciada para generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho humano. Este primer paso puede denominarse del "nexo", el cual es formal y busca excluir dentro del ámbito de actos justiciables en amparo, aquellos de los particulares cuyo único fundamento es una relación de coordinación solamente. El segundo paso es material y exige evaluar la materialidad de dicha prerrogativa, es decir, si el acto reviste un interés público diferenciado, ya sea porque su ejercicio cuenta con privilegios o beneficios asociados al ejercicio de una autoridad estatal -por ejemplo, gozar de un reconocimiento jurídico especial o acceder a una ejecución equivalente al de una orden de autoridad-, o bien porque la función es una que corresponda tradicionalmente a la autoridad y se ejerza de manera delegada por un particular, o bien, porque la materialidad de la acción se vincule con el tipo de obligaciones cuyo correlativo sea una de las prestaciones nucleares de un derecho social cuya responsabilidad sea del Estado Mexicano. Este segundo paso busca verificar que el Estado no es neutral respecto del contenido del acto, sino que lo apuntala afirmativamente como relevante, desde una perspectiva pública, que es la propia de las autoridades. Este segundo paso puede denominarse de la constatación de la función pública.********************En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5º, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA de amparo.********************Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa.********************Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe. CLL/Marc

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Registro de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por , contra actos de la Comisión Electoral del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 1044/2023-I-1. Prevención de la demanda de amparo Ahora, para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, es importante precisar, que de conformidad con el artículo 112, en relación con el diverso 114, ambos de la Ley de Amparo, se debe realizar un análisis del escrito constitucional, a fin de advertir irregularidades, deficiencias u omisiones. En efecto, el numeral 114 de la Ley de Amparo textualmente dispone: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. La finalidad de la disposición anterior consiste en esclarecer o aclarar demandas que adolecen de irregularidades de carácter formal. Por medio de ella, el legislador busca que el Juez pueda conocer con certeza la pretensión de la parte quejosa y, así, que esté en posibilidad de resolver lo que en derecho proceda acerca de la misma. En esa tesitura, debe considerarse que dicha disposición resulta aplicable cuando la demanda presentada satisface los requisitos mínimos necesarios para ser considerada como una demanda básicamente viable, de manera que sólo requiera la aclaración de oscuridades u omisiones formales o de naturaleza secundaria o relativa a omisiones que en alguna forma resulten excusables. Así, el Juez de Distrito al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir: a) Irregularidades, como podría ser el omitirse acreditar la personalidad con la que se ostenta el promovente, imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, etcétera; b) Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la ley de la materia, o, c) Imprecisión del acto reclamado, así como la omisión de exhibir las copias que señala el numeral 110 de la ley reglamentaria. En la especie, quien esto acuerda estima que la demanda que nos ocupa es irregular, como a continuación se verá: Prevención de la demanda I. Prevención respecto del acto que se reclama en el juicio. Los ordinales 1º, fracción I, y 108, fracción IV y 114, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional, a la letra indican: 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.] 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [.] IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y La suscrita juzgadora estima que en la demanda que nos ocupa existe una imprecisión del acto reclamado, según se procede a demostrar. El acto reclamado es cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Por lo que, al señalamiento de las autoridades responsables, quienes fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, es indispensable que el impetrante precise los actos que les imputa, para que estén en posibilidades de defenderlos cuando sean tachados de inconstitucionales. El acto reclamado es la conducta que se imputa a las autoridades responsables y que se ataca vía constitucional por considerar que es violatoria de garantías; es decir, los actos reclamados serán la materia de estudio, a fin de determinar si las autoridades responsables violaron la Constitución o si, por el contrario, su actuación se ajustó a ella, y en virtud de ello, el quejoso tiene la obligación de señalarlos con precisión. Ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 287445, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama. En el caso concreto, de la demanda de amparo que se atiende se desprende que, del apartado de actos reclamados y hechos, la parte quejosa en lo que aquí interesa, refiere lo siguiente: (.) IV. La norma general, ACTO u OMISIÖN que de cada autoridad se reclame. (.) Acuerdo de fecha 1° de noviembre del 2023 (23:00 h), donde estableció la IMPROCEDENCIA del registro como candidata PROPIETARIA A Consejera Técnica, por el programa de Licenciatura en Biología, del departamento de Ciencias Químico Biológicas, del Instituto de Ciencias Biomédicas, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el cual indebidamente me fue notificado mediante correo electrónico en fecha 1° noviembre del 2023 (23:54 h), en la dirección de correo institucional marisela.aguirre@uacj.mx (.) Ahora bien, de las documentales que anexa en específico de la consistente en la resolución que emitió la Comisión Electoral del H. Consejo Universitario respecto del recurso de reconsideración promovido por la aquí quejosa, en el capítulo de antecedentes fracción VI, que dice: (.) VI. Que por medio de un error humano involuntario, las cuentas de correo electrónico de las promoventes fueron incluidas en la lista de distribución del mensaje que la Comisión Electoral envió a las y los candidatos cuyo registro fue dictaminado de procedente en fecha 3 de noviembre de 2023. Situación que se hizo del conocimiento de ambas de manera oral y personal, en el recinto que nos ocupa como sede en la Comisión Electoral, el mismo día 3 de noviembre, cuando acudieron a solicitar copia del dictamen respectivo, momento en el que, enteradas de la situación, recibieron copia del Acuerdo de Improcedencia, sobre el cual promovieron recurso de reconsideración. Asimismo, se les sugirió revisar la página de internet de la Comisión Electoral, a fin de que corroboraran que el dictamen de procedencia correspondiente a la fecha de su registro que se publicó en dicho sitio, no incluía planilla integrada por las promoventes, pues se insiste, a su solicitud se registró le recayó Acuerdo de Improcedencia. (lo subrayado es propio) (.) De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta las directrices que se han establecido en este apartado, se advierte que existe incongruencia con el acto que reclama, y, lo establecido en la documental que exhibió, por ello, se previene a la promovente para que bajo protesta de decir verdad, manifieste si el tres del actual, la Comisión Electoral le dio copia del Acuerdo de Improcedencia. II. Prevención en relación con las copias suficientes para correr traslado a las partes. Los cardinales 110 y 114, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional, textualmente establecen: 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [.] V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. [.] En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. De acuerdo con los numerales en cita, la parte accionante deberá exhibir copias de la demanda y del escrito aclaratorio suficientes para correr traslado a las partes y tramitar el amparo, para lo cual deberá tomar en consideración que se requieren: tantas como autoridades responsables y terceros interesados señalen, dos para formar el incidente de suspensión y una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. El requerimiento se efectúa de esa manera, pues en este momento se desconoce cuántas personas físicas o jurídicas serán señaladas como partes en el juicio de amparo que se pretende, dadas las múltiples prevenciones que preceden este apartado. Ilustra a lo anterior, el criterio P./J. 36/2001, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, Materia Común, visible en la página 79, con registro 189977, de texto: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y sustancia jurídica, el criterio que ha sustentado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis visible en la página doscientos veintidós, tomo XI, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: AMPARO DEMANDA DE, REQUERIMIENTO PARA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE LA. El requerimiento de que el Juez de Distrito hace a quien promueve una demanda de garantías para que exhiba copias de ella no puede ser arbitraria, sino que debe señirse a lo estatuido al artículo 120 de la Ley de Amparo que indica que tales copias deberán ser para las autoridades responsables, el tercero perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión si se pidiere éste y no tuviera que concederse de plano conforme a esta ley, por lo tanto, si el Juez de Distrito, sólo requiere que se exhiba una número determinado de copias de la demanda de garantías pero no indica el porqué de esa cantidad, debe señalarse que tal determinación carece de fundamento y motivación por no señirse al fundamento contemplado en el artículo 120 de la Ley de Amparo. III. Plazo para el cumplimiento de la prevención y apercibimiento. Debido a lo expuesto y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, en concordancia con la jurisprudencia número doscientos once, publicada bajo el rubro DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA, consultable a página ciento cuarenta y cuatro, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, lo procedente es realizar las prevenciones a que se ha hecho referencia en los apartados precedentes. El requerimiento que al efecto se emite, deberá ser desahogado en el plazo de cinco días, legalmente computado, contado a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación que del presente proveído se les practique, bajo el apercibimiento que, de no ser exactamente observado en el plazo y forma indicados, esto es si no se subsanan las deficiencias, irregularidades y omisiones de la demanda se tendrá por no presentada. Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilio En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios al licenciado (a) Isis de , toda vez que se encontró inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación y en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle A, en esta ciudad. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutor, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que realicen la cita respectiva para presentarse en el juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito, dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.CLL/Marc/dmjv

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