Mario René Rodríguez Flamenco
Expediente 36/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Mario René Rodríguez Flamenco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de abril de dos mil veintiuno. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución de sobreseimiento dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista y por oficio a las responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. De las constancias remitidas por la referida responsable se desprende, entre otras cosas, que mediante acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del aquí quejoso, *******, de lo cual fue notificado según consta del propio auto señalado, ya que del mismo se advierte el nombre y firma del promovente de amparo, asimismo, obra constancia de envío de correo electrónico, de dos de febrero del año en curso, a la cuenta que se señaló para tal efecto. Ahora, de la demanda de amparo se desprende que el quejoso reclamó al Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, lo siguiente: A la responsable le reclamó la omisión de acordar respecto a la admisión de la solicitud que formulé, misma que presenté el 10 de julio de 2020. Haciéndose la precisión que de las propias constancias que anexa a su demanda de amparo el quejoso, se desprende que su solicitud fue presentada el dieciséis de junio de dos mil veinte y no el diez de julio de dos mil veinte, como él lo indica en su ocurso de amparo Atento a lo anterior, la suscrita estima que, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.] De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la parte quejosa, en esencia, reclama al Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la omisión de acordar respecto de solicitud que formuló mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veinte, en el que peticionaba la admisión de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable, anexas a su informe justificado, se advierte que a través del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dio contestación a la petición formulada por el aquí quejoso, mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veinte, admitiendo a trámite su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado; proveído que fue notificado al peticionario de amparo según nombre y firma que consta en ese mismo auto, así como en atención a la constancia de correo electrónico enviado el dos de febrero del año en curso, a la cuenta proporcionada para tal efecto por el mismo. Documentos los anteriores, a los que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De manera que, si la responsable mediante acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dio contestación a la petición formulada por el aquí quejoso, mediante escrito presentado ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Oficina Ciudad Juárez, el dieciséis de junio de dos mil veinte, notificándose al mismo de dicho proveído el dos de febrero de la presente anualidad, es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo al quejoso en el goce de la garantía violada, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concede la protección constitucional tiene por efecto precisamente el obligar a la responsable en términos de lo dispuesto por el artículo 8° Constitucional, a emitir un acuerdo, relativo al escrito formulado por la parte quejosa, y exigirle notificar al peticionario de amparo dicho proveído, que como ya se dijo, finalmente ocurrió debido a la actuación de la responsable, Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Es aplicable al caso, la tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la ley en cita. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Asimismo, la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional que se encontraba fijada para las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente al quejoso a través del portal en línea; vía correo electrónico al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y; por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que para el dieciséis del mes y año en curso, se encontraba señalada la audiencia constitucional en este asunto. Sin embargo, en atención al contenido del oficio 1/2021, de quince de febrero de dos mil veintiuno, signado por la Coordinadora de Jueces de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, se desprende que en virtud de la contingencia climatológica que se presentó en el Estado de Chihuahua (y, en el norte del país), que generó dificultad de desplazamiento, así como falta de suministro de agua y energía eléctrica, todo lo cual es indispensable para la función jurisdiccional, de conformidad con los artículos 9, fracción XIII y 10, ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales y el diverso sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de marzo de dos mil quince, se determinó la suspensión de labores por causas de fuerza mayor los quince y dieciséis del mismo mes y año, en todos los Juzgados de Distrito y Centro de Justicia Penal Federal del Decimoséptimo Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua; quedando exceptuados todos los trámites de carácter urgente. En consecuencia, no fue posible el desahogo de la referida audiencia; por lo que, se provee lo siguiente: Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra en autos el informe justificado de la responsable, Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ni el acuse de recibo del oficio 1193/2021, a través del cual se le solicitó. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto, el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado digitalmente por la autorizada de la parte quejosa, licenciada *******, a través el cual, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, informa la actualización de una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo, por lo que solicita se sobresea en el presente expediente. En consecuencia, una vez que se reciba el informe justificado de la autoridad responsable, provéase lo conducente al respecto. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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