Mario Salvador Estrada Ramírez
Expediente 204/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Mario Salvador Estrada Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio *******, signado por la Fiscal Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, cuyo contenido se desprende fue certificado en esta misma fecha, al haberse cotejado ante el personal remitente, por lo tanto, se le reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2. Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.3o.P.41 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, publicada el viernes 11 de mayo de 2018, materia común, Registro 2016852, del siguiente tenor: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. También, es aplicable al caso por analogía, la tesis con número de registro 216635, de la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Abril de 1993, página 245, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX, VALOR PROBATORIO DE LOS. Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si éstos son certificados por el funcionario competente. En atención a su contenido, se tiene a la Fiscal Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, en cumplimiento al proveído de ocho de los actuales, remitiendo copia certificada del oficio *******, de veintitrés de abril del año en curso, del que se advierte que la autoridad responsable dio contestación a la solicitud del quejoso de ser trasladado voluntariamente del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad, al diverso Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, en Aquiles Serdán, Chihuahua, así como también se advierte la firma de recibido de dicho oficio por parte del quejoso el diecisiete de mayo del año en curso. Atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El quince de marzo de dos mil diecinueve, *******, por su propio derecho, interpuso demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnada al día siguiente a este Juzgado, contra el acto del Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, consistente en el silencio administrativo. Asimismo, narró bajo protesta de decir verdad que el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, elaboró petición de traslado voluntario a diverso Centro de Reinserción Social, Aquiles Serdán, ubicado en Chihuahua, capital; y que el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió la petición en cita en las oficinas de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, la cual formuló de manera pacífica y respetuosa para que resolviera sobre el traslado voluntario que solicitó. 2. La parte quejosa consideró vulnerado los derechos contenidos en los artículos 1º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Mediante auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda, se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo 204/2019-III; se solicitó al Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en Chihuahua, capital del mismo nombre, su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 4. La Fiscal Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en su calidad de superior jerárquico del Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales rindió informe justificado al que anexó el oficio *******, de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, dirigido al hoy quejoso *******, en el que precisó lo siguiente: [.] Por medio del presente y en atención al escrito mediante el cual SOLICITA DE MANERA VOLUNTARIA SU TRASLADO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NÚMERO 3, SEDE EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, AL DIVERSO CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NÚMERO 1, CON RESIDENCIA EN AQUILES SERDÁN, CHIHUAHUA, me permito informarle lo siguiente: Que esta Autoridad administrativa, con motivo del mencionado escrito, solicitó la elaboración de estudios de viabilidad de traslado por conducto del Director de Reinserción Social en el Estado, al Centro de Reinserción Social Estatal número 3, así como de igual manera remitió la referida solicitud al Director de los Centros de Reinserción Social en el Estado, lo anterior a efecto de su análisis y poder así, allegar de todos los pormenores que, en su caso, hubiere en relación al traslado antes mencionado, esto, al Juez de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Camargo, al cual se encuentra a disposición, y quien en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, es quien se encuentra facultado para verificar la solicitud planteada por usted así como pronunciarse respecto del mismo, remitiéndosele el trámite a la autoridad jurisdiccional mediante oficio FGE-23S.4.2/471/2019, de esta misma fecha [.] 5. Por acuerdo de ocho de mayo de este año, se requirió a la autoridad responsable para que informara si se llevó a cabo la notificación del oficio ******* al quejoso y en su caso remitiera constancia con la que lo acredite. 6. En cumplimiento al proveído de ocho de los actuales, la Fiscalía en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, remitió copia certificada del oficio *******, de veintitrés de abril del año en curso, del que se advierte que la autoridad responsable notificó al quejoso, lo que determinó en relación con su solicitud de traslado voluntario del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad, al diverso Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, en Aquiles Serdán, Chihuahua. Por lo anterior, se estima que en este juicio de amparo se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia actual, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Ahora, debe traerse a colación que se reclamó del Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el silencio administrativo, pues manifiesta el quejoso Mario Salvador Estrada Ramírez, que el veintinueve de nombre de dos mil diecisiete, elaboró por su propio derecho petición de traslado voluntario, a diverso centro de Reinserción Social, y que su petición fue recibida en las oficinas de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales. Asimismo, debe establecerse que del análisis del oficio de cuenta, se advierte que el diecisiete de mayo del año en curso, se notificó en forma personal al citado quejoso el oficio FGE-23S.4.2/495/2019, de veintitrés de abril del año en curso, en el cual la autoridad responsable dio contestación a su petición. Bajo esas premisas, en virtud de que la autoridad responsable ha contestado su escrito de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, es inconcuso que respetó el derecho de que se trata y cumplió lo que el mismo exige y, por ende, se sostiene que en el presente caso ha operado la causa de improcedencia señalada. Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las diez horas con cuarenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, por actualizarse la causal de anotada en líneas precedentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que no obra en autos la constancia que se requirió por auto de ocho de mayo del presente año a la autoridad responsable, Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en la ciudad de Chihuahua, ni el acuse de recibo del oficio por medio del cual se le solicitó, así como que el día de hoy se encuentra señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Ante ello, existe imposibilidad jurídica para celebrar la referida audiencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado y anexo rendido por la Fiscal Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, en su calidad de superior jerárquica del Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica en su informe. Ahora, toda vez que la autoridad oficiante remite diversa información anexa en copia certificada, entre la cual obra copia del oficio ******* de veintitrés de abril del presente año, en donde se advierte que la autoridad responsable da contestación al quejoso, en relación a su solicitud de traslado del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad, al diverso Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, en Aquiles Serdán, Chihuahua. En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en la ciudad de Chihuahua, para que dentro del término de tres días computados legalmente, informe a este órgano jurisdiccional si se llevó a cabo la notificación del oficio señalado en el párrafo que antecede, y en su caso, remita la constancia donde acredite que el quejoso *******, quedó debidamente notificado del mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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