Marisela Benitez Marentes
Expediente 632/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 632/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Marisela Benitez Marentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 632/2023-III, promovido por ********************, contra actos de la Dirección de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, y otras autoridades. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado a este juzgado el día hábil siguiente, ******************** promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y actos señalados en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda: Mediante acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; de igual forma, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se reconoció el carácter de tercera interesada al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda Para los Trabajadores y se le emplazó a este juicio con ese carácter. Asimismo, el once de septiembre de dos mil veintitrés, atento a las constancias que remitió la Dirección de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez, en esta Ciudad, se advirtió que el Ministro Ejecutor de esa dirección tuvo intervención en los actos reclamados por la parte quejosa, por lo que se ordenó darle vista a fin de que manifestara si era su voluntad señalar a éste último como autoridad responsable; plazo que feneció el dieciséis de noviembre siguiente, sin que hubiere realizado dicha designación. Posteriormente, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 133, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se trata de un acto ejecutado por autoridades responsables, con residencia en esta ciudad, respecto de las cuales este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad responsable Ordenadora; I. Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, a través de La Dirección de Ingresos de la Presidencia, se reclama la falta de llamamiento a juicio, todas y cada una de las actuaciones, resoluciones dictadas dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución radicado bajo el expediente número ******************** que a la fecha de hoy tiene el conocimiento la: dependencia antes mencionada, relativo al juicio promovido por el tercero Interesado, por el Dirección de Ingresos de la Presidencia, del cual la suscrita soy tercera extraña, así como los autos que tengan por objeto el privar de la posesión que ostento sobre el inmueble de mi propiedad ubicado en calle Monte de León número 3525; lote 23, manzana 32, del fraccionamiento Paraje de San Juan etapa 4, en esta Ciudad, mismo que se encuentra inscrito bajo número 57 folio 57, libro 5382, de la primera sección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial Bravos. De la Autoridad señalada como Ejecutora: I. Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, a través de La Dirección de Ingresos de la Presidencia, se reclama todas y cada una de las actuaciones realizadas y aquella en que ilegalmente se actuaron, en concreto la falta de llamamiento juicio, actuaciones y resoluciones dictadas dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución radicado bajo el expediente número ******************** que a la fecha de hoy tiene el conocimiento la dependencia antes mencionada, mismo que ordeno la autoridad arriba en líneas referida, del cual soy tercero extraño a juicio. C. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial Bravos, se reclama las anotaciones marginales que pudiese haber registrado en la inscripción número 57, folio 57, libro 5382 de la sección primera del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos. Correspondiente al inmueble de mi propiedad. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Juárez, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, consistente en la inscripción de la adjudicación del inmueble en rebeldía a favor de un tercero, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, de ahí que deba considerarse existente. Por otra parte, la autoridad responsable, Directora de Ingresos del Municipio de Juárez, Chihuahua, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, consistente en la falta de llamamiento al procedimiento administrativo de ejecución radicado bajo el número de ******************** sin embargo, al rendir el informe respectivo, la referida autoridad aceptó la existencia del procedimiento así como de los actos reclamados por la quejosa en la demanda de origen. Se corrobora lo anterior con las documentales que obran en el juicio, mismas que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2o, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por haberse emitido por funcionario en ejercicio de sus atribuciones. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo anterior, se tiene por ciertos los actos reclamados a las autoridades de mérito. CUARTO. Análisis de causas. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la autoridad responsable Directora de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, refiere que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XIV, del numeral 61 de la ley de la materia, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Al efecto, indica que el juicio de amparo, debe sobreseerse por extemporáneo, ya que se debió promover dentro de los quince días, posteriores al en que se realizó la segunda publicación del edicto de notificación que hoy se estudia, sin embargo, refiere que la demanda de amparo se presentó fuera de tal temporalidad, esto es hasta el veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, señala que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" La autoridad responsable señala que se actualiza tal causa, toda vez que la quejosa no agotó los recursos de revisión y reconsideración previstos en los artículos 198 y 199 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en contra de los actos que ahora reclama, previamente a la promoción del juicio de amparo. Dichas causas de improcedencia se desestiman, toda vez que involucran el estudio de fondo del presente juicio, pues la impetrante se ostenta con el carácter de tercera extraña por equiparación y señala que no se le notificó del inicio del procedimiento administrativo de ejecución, de donde derivan los actos reclamados. En efecto, es de explorado derecho que aquellas causales propuestas en el juicio de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se advierte que cuando se hace valer alguna causal que involucra argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, como en el caso acontece, no debe examinarse, como ocurre en el presente asunto, en que se reclama la notificación realizada por medio de edictos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es decir, la materia de la Litis constitucional estriba en examinar la ilegalidad o legalidad de la notificación, lo cual constituye un tema de fondo y, por ende, deben desestimarse tales causales de improcedencia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2002, materia común, Novena Época y número de registro 187973, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Así también la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de 1996, página 299, que literalmente establece: "EMPLAZAMIENTO Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ILEGALIDAD DEL SOBRESEIMIENTO QUE SE DECRETA EN EL AMPARO BASADO EN LA NOTIFICACIÓN, POR SER UNA CUESTIÓN DE FONDO. De considerar como lo hizo el Juez de Distrito a quo, que con base en una notificación de determinado auto emitido en el procedimiento de origen, pudiera establecerse con certeza que en esa fecha los hoy recurrentes tuvieron conocimiento del juicio generador, y tomarla en cuenta para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, sería tanto como aceptar la validez de esa notificación, que como consecuencia de la falta de emplazamiento reclamado, su legalidad así como la de todo lo actuado se encuentra cuestionada lo cual es inadmisible porque todo ello es materia de estudio del fondo del asunto, pero además, tampoco puede tenerse en cuenta la notificación que sirvió de base al Juez Federal para contar los días transcurridos hasta la promoción de la demanda de amparo, porque no aparece firmada por los quejosos dado que no se entendió con ellos la diligencia a que dicho Juez se refiere. Así pues, no es jurídicamente posible sobreseer el juicio de garantías con base en una cuestión de fondo analizada previamente, siendo que ésta no puede ser materia de estudio si se decreta el sobreseimiento del amparo." En consecuencia, es de concluirse que en la especie no se actualizan las invocadas causas de improcedencia, previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XX, de la Ley de Amparo. Al no existir diversa causa de improcedencia alegada por las partes, ni advertida de oficio por la suscrita juzgadora, se procede a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. QUINTO. Antecedentes. A efecto de dar claridad al asunto y proceder al análisis de los motivos de disenso, es conveniente destacar algunos antecedentes del caso en estudio, siendo los que a continuación se sintetizan: 1. El siete de enero de dos mil once, el notificador adscrito a la Dirección de Ingresos dependientes de la Tesorería Municipal, se constituyó en el domicilio ubicado en calle ********************número********************Fraccionamiento******************** Ciudad Juárez, Chihuahua, a efecto de notificar la liquidación por concepto de pago del impuesto predial identificado con el número de cuenta 01-360-032-023-0000, haciendo constar que la vivienda se encontraba abandonada. 2. En atención a que se desconocía el paradero de ********************, por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil once, la Directora de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez, ordenó que se practicara el emplazamiento por edictos, publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los que bebían contener un resumen de las resoluciones que se notifican, edictos que fueron publicados en fechas dos y cinco de febrero de ese año dos mil once. 3. Por auto de ocho de febrero de dos mil once, la Directora de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez, estableció que inició el término de quince días hábiles para que ********************, realizara el pago de sus obligaciones liquidas, de lo contrario procedería a exigirle el pago mediante procedimiento administrativo de ejecución. 4. En proveído de uno de marzo de dos mil once, la Directora de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez, hizo constar que trascurrió el plazo para que la aquí quejosa realizara el pago de sus obligaciones liquidadas, por concepto de impuesto predial, por lo que procedió a exigirle el pago mediante procedimiento administrativo de ejecución y toda vez que se ignoraba el domicilio de aquélla, se expidió el mandamiento de ejecución. 5. Por acta de requerimiento de dos de marzo de dos mil once, el Ministro Ejecutor trabó embargo sobre el bien inmueble ubicado en calle ********************número********************Fraccionamiento******************** en esta ciudad. 6. El nueve de marzo de dos mil once, en autos del procedimiento administrativo de ejecución de origen, se advirtió la existencia de diverso acreedor sobre el bien inmueble, esto es, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo cual, se ordenó la notificación de la existencia del procedimiento administrativo a dicho acreedor. 7. El treinta de marzo de dos mil once, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, promovió una tercería de preferencia derivado del procedimiento administrativo señalado, la cual mediante resolución de siete de abril de misma anualidad, la autoridad administrativa municipal la declaró procedente, declarando la preferencia del gravamen hipotecario a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 8. Atento a lo anterior, por acta de remate de once de abril de dos mil once, fue rematado el bien inmueble propiedad de ********************, aquí quejosa, el cual fue adjudicado a favor de la persona moral Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 9. Finalmente, por acuerdo de trece de abril de misma anualidad, se declaró aprobado y fincado el remate del inmueble ubicado en calle ********************número********************Fraccionamiento******************** en esta ciudad, a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. Es fundado el concepto de violación, aunque suplido en su deficiencia, acorde a lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la ley de la materia, atento a las consideraciones legales que a continuación se expresan. Importa destacar, que existe criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que procede suplir la deficiencia de la queja en materias como la administrativa, entre otras, cuando se reclame la falta o ilegal emplazamiento a juicio, y en el presente juicio la quejosa se ostenta con el carácter de tercera extraña por equiparación al desconocer el procedimiento administrativo seguido en su contra. Al respecto, se cita la Jurisprudencia P./J. 149/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 22, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." Del análisis de los conceptos de violación del escrito inicial de demanda, se desprende que la quejosa afirma en síntesis, que se vulnera en su perjuicio su derecho de audiencia, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no fue notificada personalmente del inicio del procedimiento administrativo de ejecución número ******************** del embargo, remate y adjudicación que se practicó sobre el bien inmueble de su propiedad, por lo cual no se le dio oportunidad de ser oída, ni de aportar elementos de convicción tendientes a desvirtuar las consideraciones de hecho en que se apoyaron las autoridades, lo que la dejó en estado de indefensión al no cumplir en su beneficio con las formalidades esenciales del procedimiento. Como ya se adelantó, el anterior concepto de violación resulta esencialmente fundado, aunque suplido en su deficiencia. En principio, conviene precisar el contenido y alcance del segundo párrafo del artículo 14 Constitucional que la quejosa estima violentado en su perjuicio, el cual establece lo siguiente: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" Del precepto constitucional transcrito, se desprende que en el mismo se consagra la garantía de audiencia, la cual implica el seguimiento de las formalidades esenciales del procedimiento que garanticen una oportuna y adecuada defensa previa al acto de privación. Al respecto, conviene señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en la Jurisprudencia P./J. 47/95, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, lo siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." De conformidad con el criterio anterior, las formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa, previa al acto privativo, y que se traducen en la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa, de alegar y que concluya con el dictado de una resolución que dirima la cuestión debatida. En ese orden de ideas, el emplazamiento corresponde ser la diligencia de mayor trascendencia en todo juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de contienda judicial y en el que se concretiza la garantía de audiencia que, previa a todo acto de autoridad privativo, debe cumplirse o respetarse por las autoridades, según lo establece el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues, es la primera notificación que se hace en toda contienda judicial a la parte demandada y reviste gran importancia que permite el cumplimiento de la garantía de audiencia establecida en el artículo mencionado; de tal suerte que es una diligencia revestida de formalidades que deben acatarse íntegramente, so pena de su nulidad, a fin de que no quede duda de que se hizo saber al demandado quién lo demanda (actor), qué le demanda (prestaciones), cómo le demanda (vía) y ante qué órgano jurisdiccional o autoridad administrativa se le demanda (autoridad). Por lo que, la falta de verificación o la realización del emplazamiento en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, en atención a que origina un estado de indefensión en el demandado o sancionado. La quejosa ********************, refiere que no fue notificada personalmente del inicio del procedimiento administrativo de ejecución número ******************** del embargo, remate y adjudicación que se practicó sobre el bien inmueble de su propiedad, por lo cual no se le dio oportunidad de ser oída, ni de aportar elementos de convicción tendientes a desvirtuar las consideraciones de hecho en que se apoyaron las autoridades; es decir, los reclamados derivan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, regulado en cuanto al llamamiento o emplazamiento a dicho procedimiento por el Código Fiscal del Estado de Chihuahua. Previo analizar dicho acto reclamado, cabe destacar que el Pleno de este Decimoséptimo Circuito, en la Jurisprudencia Administrativa PC.XVII. J/16 A (10a.), concluyó atendiendo a los principios de debido proceso y seguridad jurídica, pro personae y al derecho de acceso a la justicia, que la notificación por edictos realizada en el periódico oficial en día inhábil -sábado- es nula, por no ajustarse a lo previsto por el artículo 20 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, salvo que la autoridad: a) al considerar que los términos señalados por días, sólo se computarán los hábiles, ordene la publicación por edictos al día hábil siguiente; b) habilite mediante acuerdo por escrito, horas y días inhábiles para la práctica de sus actuaciones; y c) solicite la publicación de una edición extraordinaria en día hábil; (excepciones que no se actualizaron en el presente asunto). En efecto, del juicio de amparo, se advierte que los actos reclamados derivan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, regulado en cuanto al llamamiento o emplazamiento a dicho procedimiento por el Código Fiscal del Estado de Chihuahua. En ese sentido, se tiene de la razón de veinte de abril de dos mil trece, relativa a la notificación del crédito fiscal (por concepto del adeudo del impuesto predial del inmueble con cuenta 01-360-032-023-0000, ubicado en calle Montes de león, número********************Fraccionamiento******************** de esta ciudad, determinado mediante resolución de liquidación de crédito fiscal de diez de abril de misma data, y en cumplimiento a lo ordenado por la Directora de Ingresos del Municipio de Juárez, Chihuahua, que el Ministro Ejecutor adscrito a la responsable, se constituyó en tal inmueble y señaló: ". EN CIUDAD JUÁREZ, DISTRITO BRAVOS ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 11:35 AM, DEL DÍA SIETE DE ENERO DE DOS MIL ONCE, EL C. NOTIFICADOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DEPENDIENTES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ME CONSTITUÍ EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE MONTES DE LEÓN, NÚMERO********************FRACCIONAMIENTO PARAJE DE SAN JUAN ETAPA 4, DE ESTA CIUDAD, A EFECTO DE NOTIFICAR LIQUIDACIÓN DE FECHA TRES DE ENERO DE DOS MIL ONCE A NOMBRE DE MARISELA BENITEZ MARENTES POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE CUENTA 01-360-032-023-0000, HACIENDO CONSTAR QUE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA TOTALMENTE ABANDONADA. NO HABIENDO MAS QUE AGREGAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA, FIRMANDO EN ELLA LOS QUE INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO. (FIRMA) ** En virtud de lo anterior, el treinta y uno de enero de dos mil once, la Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal dictó acuerdo, en el cual ordenó la notificación de la quejosa a través de edictos, aduciendo que se desconocía su paradero, como se advierte de la siguiente transcripción: "ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 320 fracción III del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, de aplicación supletoria en materia Fiscal Municipal, y en virtud de que en las actuaciones del presente expediente se puede constatar que se desconoce el paradero de MARISELA BENITEZ MARENTES, y no existiendo constancia de haber dejado representante legal se ordena se lleve a cabo la notificación de la liquidación del impuesto predial del inmueble identificado con la clave catastral número 01-360-032-023-0000, ubicado en CALLE Montes de león, número********************Fraccionamiento******************** de esta Ciudad, por medio de edictos, los cuales deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas, los cuales deberán de contener un resumen de las resoluciones que se notificarán." En cumplimiento a lo anterior, los edictos de notificación se publicaron los días dos (miércoles) y cinco (sábado) de febrero de dos mil once, en el Periódico Oficial del Estado. Lo anterior, lleva a considerar ilegal dicha notificación, toda vez que los artículos 20 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua vigente al momento de la verificación de los actos aquí reclamados, así como 8 de la Ley del Periódico Oficial del Estado, establecen: "Artículo 20. (.) Son días inhábiles los señalados como de descanso obligatorio, el 1o. de enero, el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; el 1o. y 5 de mayo, 16 de septiembre, 12 de octubre, el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre; 1º. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; 25 de diciembre de cada año, así como los sábados y domingos; y todos aquellos en que no se encuentren abiertas al público las recaudaciones de rentas y demás oficinas en que deba hacerse el pago, aun cuando se dejen guardias en ellas. Las autoridades fiscales podrán habilitar mediante acuerdo escrito, horas y días inhábiles para la práctica de actuaciones determinadas o para recibir pagos." "Artículo 8. El Periódico Oficial será editado los días miércoles y sábados de cada semana, debiéndose distribuir esos mismos días. En caso de que exista algún asunto urgente que deba ser publicado por alguno de los órganos del Estado, se realizará una edición extraordinaria, debiendo estar debidamente fundada y motivada la urgencia del caso." Atento a lo anterior, es evidente que es nula la notificación de la liquidación de crédito fiscal fincado a la quejosa, realizada a través del edicto publicado el sábado cinco de febrero de dos mil once, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. Ello es así, ya que se realizó en contravención a lo dispuesto por el artículo 20 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, en un día inhábil (sábado), esto es, la autoridad al considerar que los términos señalados por días, sólo se computarán los hábiles, debió ordenar la publicación por edictos al día hábil siguiente; o bien, habilitar mediante acuerdo por escrito, horas y días inhábiles para la práctica de sus actuaciones; o solicitar la publicación de una edición extraordinaria en día hábil; supuestos con los que se garantiza la seguridad jurídica y se evita que el vicio de nulidad alcance al resto de las actuaciones practicadas, que se traduce en un obstáculo para la consecutividad exigida en cuanto a la publicación de los edictos oficiales. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia Administrativa PC.XVII. J/16 A (10a.), sustentada por el Pleno de este Decimoséptimo Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 60, Noviembre de dos mil dieciocho (2018), tomo II, página 1477, cuyo tenor literal es el siguiente: "NOTIFICACIÓN POR EDICTOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. LA REALIZADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EN DÍA INHÁBIL ES NULA, CON LAS EXCEPCIONES DERIVADAS DEL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. De la interpretación sistemática de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20 y 320, fracción III, ambos del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, así como 8 de la Ley del Periódico Oficial del Estado, se advierte que a través de la notificación se produce la certeza de que el afectado tuvo conocimiento del acto administrativo. Ahora bien, pues los principios de debido proceso y seguridad jurídica implican, por una parte, la facultad de la autoridad administrativa para ejercer sus atribuciones y, por otra, que dicho ejercicio no debe ser ilimitado, evitando que incurra en arbitrariedades o conductas injustificadas; en esa virtud, si bien la notificación por edictos en sede administrativa no constituye una actuación judicial, lo cierto es que tal distinción no implica que pueda contrariarse la finalidad del acto y de los principios aludidos; por tanto, en atención al principio pro personae y al derecho de acceso a la justicia, la notificación por edictos realizada en el periódico oficial local en día inhábil -sábado- es nula, por no ajustarse a lo previsto por el artículo 20 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, salvo que la autoridad: A) Al considerar que los términos señalados por días, sólo se computarán los hábiles, ordene la publicación por edictos al día hábil siguiente; B) Habilite mediante acuerdo por escrito, horas y días inhábiles para la práctica de sus actuaciones; y C) Solicite la publicación de una edición extraordinaria en día hábil. Supuestos con los que se garantiza la seguridad jurídica y se evita que el vicio de nulidad alcance al resto de las actuaciones practicadas, que se traducirá en un obstáculo para la consecutividad exigida en cuanto a la publicación de los edictos oficiales." Con independencia de lo anterior, también se destaca que en acuerdo de ocho de febrero dos mil once, la Directora de Ingresos del Municipio de Juárez determinó que a partir de esa fecha comenzó a contar el término de quince días hábiles para que la quejosa realizara el pago del crédito fiscal determinado en su contra; en el entendido de que, una vez fenecido sin haber recibido el pago, se iniciaría el procedimiento administrativo de ejecución relativo. Como no se recibió el pago del crédito fiscal en el referido periodo, en auto de uno de marzo, se aperturó el procedimiento administrativo de ejecución; y el once de abril, ambos de dos mil once, se embargó a la quejosa el bien inmueble de su propiedad. Luego, se determinó la preferencia en el pago del crédito en favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (tercero interesado), y en la audiencia de remate de trece de abril de dos mil once, el bien inmueble embargado se adjudicó a dicho Instituto. De lo relatado, se advierte que la deudora, aquí quejosa, fue notificada del crédito fiscal determinado en su contra por falta de pago de impuesto predial, a través de edictos. Tal notificación se le practicó de esa manera, ya que la Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal, en el referido auto de treinta y uno de enero de dos mil once, consideró actualizada la hipótesis prevista en el artículo 320, fracción III, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, vigente al momento de dicha actuación, para realizar la notificación de actos administrativos mediante edictos, pues afirmó que se desconocía el paradero de la deudora, aquí quejosa, y que no existía constancia de que hubiera nombrado representante legal. Dicho numeral, establece lo siguiente: "Artículo 320. Las notificaciones de los citatorios, emplazamientos, solicitudes de informes o documentos y las de acuerdos administrativos, destinados a los particulares, se harán: (.) III. Por edictos que se publiquen por dos veces consecutivas en el P.O.E. del Estado, únicamente en los casos en que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio, se encuentre fuera del Estado sin haber dejado representante legal acreditado ante las autoridades fiscales o hubiere fallecido y no se conozca el albacea de la sucesión. En estos casos los edictos contendrán un resumen de las resoluciones por notificar. (.) De tal precepto se advierte, que la notificación de determinaciones administrativas, se practicará por edictos, en la forma ahí descrita, únicamente en los siguientes casos: a) cuando la persona a notificar haya desaparecido, b) se ignore su domicilio, c) se encuentre fuera del Estado sin haber dejado representante legal acreditado ante las autoridades fiscales, o d) hubiere fallecido y no se conozca el albacea de la sucesión. Ahora bien, de las constancias que integran el expediente administrativo del que derivan los actos reclamados, se desprende que el único dato con que contaba la autoridad exactora municipal, consiste en la constancia levantada el siete de enero de dos mil once, por el Notificador adscrito a la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, en el sentido de haberse constituido ese día, en el inmueble en comento, el cual encontró "totalmente abandonado". Sin embargo, de esa constancia no puede inferirse que la deudora, aquí quejosa, hubiere desaparecido, que se encontrara fuera del Estado, que no hubiere dejado representante legal ante autoridades fiscales, mucho menos que hubiere fallecido; ni siquiera puede afirmarse válidamente que se desconocía su domicilio, pues éste no necesariamente tiene que corresponder al inmueble objeto del crédito fiscal de que se trata. Al respecto, no se advierte que la autoridad exactora municipal haya realizado gestión alguna para concluir que alguna de dichas hipótesis se actualizaba efectivamente, por ejemplo, investigar en diversas dependencias gubernamentales de carácter fiscal, incluso en el Registro Civil Estatal, Registro Público de la Propiedad de esta ciudad o en las Notarías de esta localidad a fin de localizar a algún representante legal de la deudora (aquí quejosa) y de obtener informes fehacientes sobre su situación. Gestión que desde luego estaba a su alcance ordenar en su calidad de autoridad recaudadora y que era necesaria para poder determinar, tomando en cuenta los resultados, si se actualizaba fehacientemente alguna de las hipótesis a que se refiere el citado numeral 320, fracción III, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua que se encontraba en vigor, para la notificación de determinaciones administrativas, a través de edictos. Con base en lo antes expuesto, se transgredieron los derechos de audiencia previa y seguridad jurídica, garantizados en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna y se colocó en estado de indefensión a la accionante del amparo, al no haberse efectuado debidamente la notificación de la liquidación del crédito fiscal fincado en su contra; pues la mencionada autoridad no se cercioró eficazmente de que se encontrara en alguno de los supuestos del artículo relativo, para justificar su notificación por medio de edictos, aunado a que una vez que se publicaron, el primero de ellos acaeció en un día inhábil (sábado), lo que implica su nulidad. En consecuencia, de conformidad con las consideraciones que anteceden, lo procedente es conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa ********************, en contra de las autoridades y por los actos que quedaron precisados con anterioridad. No es óbice a lo anterior, el hecho que la quejosa no haya señalado como autoridad responsable o ampliado la demanda contra actos del Ministro Ejecutor de la Tesorería Municipal, pues, las determinaciones de la Directora de Ingresos del Municipio de Juárez, en el sentido de ordenar que se notificara a través de edictos a la quejosa el crédito fiscal determinado en su contra, así como de la instauración del procedimiento administrativo de referencia, fueron en esencia las que generaron la transgresión de que se dolió en este juicio la quejosa. SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se determina que la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para que la autoridad responsable, Directora de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, residente en esta ciudad, haga lo siguiente: Deje sin efectos todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución expediente ******************** a partir de la constancia de notificación de siete de enero de dos mil once, suscrita por el Ministro Ejecutor de su adscripción, en que se pretendió hacer del conocimiento de la parte quejosa la determinación del crédito fiscal por concepto de pago del impuesto predial relativo al inmueble descrito en el presente y el inicio del procedimiento administrativo del que derivan los actos reclamados relativos al expediente o crédito fiscal del índice de dicha dependencia. Como consecuencia de lo anterior, deje sin efecto la resolución dictada en el referido procedimiento administrativo y sus consecuencias legales, como lo es el embargo, así como la orden para la protocolización del bien inmueble ubicado en calle Calle ********************número********************Fraccionamiento******************** de esta ciudad, identificado con el número de inscripción ********************, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Juárez, Chihuahua, adjudicado en favor de la parte tercero interesada "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores"; y todos los actos tendientes a privar a la quejosa de la posesión del bien inmueble de referencia. Hecho lo anterior, provea lo que considere procedente en torno a la notificación de los adeudos que presenta la cuenta predial de la contribuyente y, en su caso, ordene su notificación en los términos de ley. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VII.2º.C. J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1305, Julio de dos mil cinco, Tomo XXII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." La anterior concesión debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados a la Encargada del Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, por no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia del fallo reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 88, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, tomo V, materia común, página 60, del siguiente tenor: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra de las autoridades señalada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia, para los efectos precisados en el séptimo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades. Lo resolvió y firma la licenciada Claudia López López, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante el licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial que antecede, de la cual se advierte que la actuaria judicial adscrita no pudo realizar la notificación del auto de once de septiembre del presente año, a la parte quejosa ********, ello, debido a que una vez que se constituyó en el domicilio ********, en esta ciudad, fue atendido por quien dijo llamarse*********, quien le manifestó que desconoce donde se pueda localizar la persona buscada. En tal sentido, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación, así como las ulteriores, por medio de lista que se fije en los estrados de este tribunal, hasta que la parte quejosa señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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COMO ESTA ORDENADO EN ACUERDO DE DIEZ DE OCUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que en auto de trece de julio del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Director de Ingresos del Municipio de Juárez Chihuahua, del cual se advierte la participación de al Ministra Ejecutor adscrita al Departamento de Ingresos dependiente de la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez Chihuahua, Ramóna Chávez Cardona. En razón de lo anterior, con apoyo en el artículo 111, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda en contra de la Ministra Ejecutor mencionada en el párrafo que antecede, debiendo ajustarse a lo establecido por el artículo 108 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo que este auto ordena, se continuará el trámite del presente juicio de amparo únicamente respecto de las autoridades indicadas en su escrito inicial de demanda en los términos ahí apuntados. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que en auto de trece de julio del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Director de Ingresos del Municipio de Juárez Chihuahua, del cual se advierte la participación de al Ministra Ejecutor adscrita al Departamento de Ingresos dependiente de la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez Chihuahua, Ramóna Chávez Cardona. En razón de lo anterior, con apoyo en el artículo 111, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda en contra de la Ministra Ejecutor mencionada en el párrafo que antecede, debiendo ajustarse a lo establecido por el artículo 108 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo que este auto ordena, se continuará el trámite del presente juicio de amparo únicamente respecto de las autoridades indicadas en su escrito inicial de demanda en los términos ahí apuntados. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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