Mario Montiel Hernandez

Expediente 380/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
380/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
22/07/2019

Partes del expediente

  • Mario Montiel Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte, ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, notificado el once siguiente, emitido en el juicio de amparo 380/2019-3B, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Mario Montiel Hernández; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, párrafo segundo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, emitido en el juicio de amparo 380/2019-3B, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Mario Montiel Hernández; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Del análisis del presente asunto, se advierte, no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el tres de julio de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    ES NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA EL QUEJOSO.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO MARIO MONTIEL HERNANDEZ, EL AUTO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Vista la demanda presentada por Mario Montiel Hernández, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; fórmese expediente, háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno respectivo y regístrese bajo el número 380/2019-3B. De la lectura íntegra de la demanda y anexos se advierte que el reclamo del quejoso se relaciona fundamentalmente con la resolución de once de junio de dos mil diecinueve, emitida por la responsable ordenadora Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, residente en esta ciudad, en el toca 49/2019-F, derivado del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Cruz Montiel Montiel, tramitado en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, bajo número 1244/2009. El órgano de alzada, a través de la determinación que en esencia constituye el acto reclamado, rechazó el recurso de apelación que interpuso el aquí peticionario, en su calidad de coheredero y albacea, contra la resolución de dos de abril de este año y el auto de diez de ese mes, ambas fechas de este año, que emitió la Juez Primera de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el mencionado juicio intestamentario. Cabe señalar que la aludida resolución de dos de abril del año en curso, recayó al recurso de revocación interpuesto por el también coheredero (en el intestado) Anwar Mariscal Gámez, contra el acuerdo de la juez del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, por el que ordenó entregar al albacea aquí quejoso la cantidad de $2,908.00 (dos mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N.) por el desempeño del cargo, acuerdo que fue revocado al resolver el recurso de revocación. Asimismo, que por medio del citado auto de diez de abril del año en curso, la juez de los autos, entre otras cosas, dio respuesta a escrito presentado por el aquí quejoso Mario Montiel Hernandez, con la calidad ya mencionada de coheredero y albacea, a través del cual objetó el nombramiento del perito valuador designado en dicho juicio sucesorio el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Respuesta que fue en el sentido de estimar -la juez- que no había lugar a tener por hecha la objeción. Como se dijo, el Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, residente en esta ciudad, desechó el recurso de apelación interpuesto por el aquí peticionario en el toca 49/2019-El Tribunal. Ahora bien, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Por su parte, los artículos 679 y 680 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, establecen lo siguiente: "Art. 679. Las demás resoluciones que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo juez o tribunal que las haya pronunciado. "Art. 680. La revocación no suspende los trámites del juicio. Debe interponerse por escrito expresando los agravios correspondientes, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución que se impugna, dándose vista a la contraparte por igual plazo, y resolviendo el juez también dentro del tercer día. (Ref. según Dec. No. 122 del 18 de junio del 2008, y publicado en el P.O. No. 093 del 04 de agosto del 2008). Como se ve, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, aplicable al caso, prevé en ese artículo 679 el recurso de revocación contra la negativa a admitir el recurso de apelación. Por lo que el quejoso no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, puesto que respecto del acto reclamado cuya constitucionalidad cuestiona, consistente en el auto de once de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual la Sala responsable le desechó el recurso de apelación, debe hacer valer el citado recurso ordinario o medio de defensa previsto en la ley para nulificarlo o revocarlo, al ser la parte actora en el toca de apelación 49/20/2019-F, del que deriva el acto reclamado, de manera previa a la presentación de la demanda de amparo. Dicho recurso ordinario, acorde al numeral 679 del Código de Procedimientos Civiles en cita, se promueve ante la propia autoridad jurisdiccional que emitió la determinación impugnada; de ahí que al no haber agotado ese medio ordinario de defensa incumplió con el principio apuntado; por ende, se presenta la causa de improcedencia antes invocada. Asimismo, este órgano judicial no advierte que se actualice a favor del impetrante alguna excepción a dicho principio que la haya eximido de interponer los medios de defensa ordinarios previamente a acudir a la instancia constitucional. Se cita por su alcance, la tesis I.3o.C.25 K (10a.), localizable en la página 2055, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto establece "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo." Asimismo, se invoca por su alcance la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1100, Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". En las relatadas condiciones, el actualizarse en forma clara e indubitable la causal de improcedencia en comento, con apoyo en los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por notoria e indudable improcedencia. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías para oír y recibir notificaciones el ubicado en Bulevar Zacatecas número 105 Sur, Colonia San Francisco, de esta ciudad, y como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos al licenciado Rosario Arturo Osornio López.

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