Mario Jaquez Chavez

Expediente 708/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
708/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Mario Jaquez Chavez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, mediante la cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, firmado por el Titulardel Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita copias certificadas de la sentencia emitida dentro de la demanda de amparo, sentencia y del auto que causó ejecutoria; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales, y mediante oficio remítanse las copias certificadas que solicita.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS ELECTRONICA AL QUEJOSO MARIO JAQUEZ CHAVEZ EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE QUE DICE: En atención al estado procesal de los autos, se advierte que transcurrió el plazo otorgado en auto de seis de marzo de dos mil veinte, con el informe de cumplimiento de sentencia de amparo rendido por la autoridad responsable; por tanto, el suscrito Juzgador analiza si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por resolución emitida el treinta y uno de enero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Mario Jaquez Chávez; resolución que causó ejecutoria el veintisiete de febrero de dos mil veinte, al no ser recurrida por alguna de las partes. La protección constitucional se concedió para los siguientes efectos: Dejar insubsistente la determinación reclamada, que fue emitida en la audiencia de Modificación de Medida Cautelar, de fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en la causa penal número 575/2019, del índice de la autoridad responsable. Dictar una nueva resolución debidamente fundada y motivada sobre el particular, debiendo para ello exponer las razones y fundamentos en que sustente la determinación que corresponda conforme a las directrices establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este contexto, es dable destacar que, en esencia, en la sentencia constitucional se advirtió lo siguiente: De ahí, que en principio la Juez debe: calificar los argumentos vertidos por la defensa del imputado, a saber infundados, fundados o ineficaces. Analizar la naturaleza de la revisión de la Medida de Prisión Preventiva. Analizar la naturaleza del recurso ordinario procedente contra la Medida de Prisión Preventiva. Puntualizar los argumentos vertidos por la defensa que a su juicio, provoca variaciones de manera objetiva a las condiciones que justificaron la imposición de una medida Cautelar. Determinar claramente el porqué tal argumento es idóneo o no para considerar que se trata de una variación objetiva de las condiciones que justificaron la imposición de una Medida Cautelar ó si se trata de argumentos que podrían analizarse en la audiencia de la medida cautelar Prisión Preventiva impuesta el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, o en el recurso ordinario. Para entonces concluir si se sostiene la calificativa otorgada al inicio de la audiencia respecto de los argumentos vertidos por la defensa, esto es, fundados, infundados o ineficaces. Con lo anterior otorga claridad o si es competente para resolver la audiencia de revisión de Medida de Prisión Preventiva, y otorga claridad y exhaustividad al calificar de infundados, fundados o ineficaces los argumentos de la defensa, por ende procedente o no la modificación de la medida de Prisión Preventiva. Pues bien, la autoridad responsable informó que mediante audiencia de cuatro de marzo de dos mil veinte, emitió la resolución cumplimentadora del amparo, para ello, la Juez responsable realizó lo siguiente: 1. Puntualizó los argumentos vertidos por la Defensa, precisando que ésta aludió al artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que se puede recurrir a la revisión de la medida cautelar, a efecto de su modificación y solicitó que bajo tal revisión se modifique la medida de prisión preventiva a medidas cautelares que puede tener el imputado en libertad; asimismo, analizó el argumento tendente a la naturaleza y gravedad de la prisión preventiva y el ser calificado como la última ratio. 2. Aludió al argumento vertido por la defensa tendente a que la reforma relativa a la prisión preventiva de manera oficiosa, se propuso en razón a diversos delitos, no al que se menciona en la causa y por la cual se vinculó a proceso al imputado. 3. Agregó que la defensa parte de la premisa de que debe modificarse la medida cautelar considerando también que se dio una modificación en las circunstancia de que el imputado tenía un defensor público y cambio de defensor. 4. De igual manera, señaló que la defensa argumentó que ya no es aplicable la pirámide de Kelsen, si no de acuerdo a los que más favorezca a su representado y que en ese sentido ante la exacta aplicación de la ley que deriva del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esa aplicación exacta no debe aplicarse la reforma constitucional, sino el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual, no se estableció que el delito o el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual contra menores, sea de prisión preventiva de manera oficiosa. 5. Entonces, la Juzgadora responsable se remitió al contenido del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala las resoluciones apelables, entre las cuales se concluye las medidas cautelares y que dicho recurso, en su caso, tendrá como fin, modificar, confirmar o revocarlas. 6. Agregó que la única forma en la cual un Juez de Control puede modificar la resolución de análisis es a través de un recurso, pues en cumplimiento a la normatividad se impuso prisión preventiva oficiosa al imputado. 7. Precisó que en la audiencia de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en el minuto 11:35 se resolvió: en cumplimiento a la normatividad se impone la prisión preventiva; y añadió que esa normatividad a la cual se refirió el Juez correspondiente en con base en lo peticionado por el agente del Ministerio Público quien solicitó la medida en atención al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al otorgarle el uso de la voz a la defensa, ésta refirió que dada la oficiosidad de la medida cautelar a que se hace referencia nada tenía que manifestar. 8. Por ende, la Jueza responsable señala que la defensa en el momento de la emisión de la medida cautelar nada refirió en tornó a los argumentos ahora esgrimidos por la defensa particular, de ahí que, puntualizó que el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que cuando haya variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar las partes podrán solicitar al Órgano Jurisdiccional la revocación, sustitución o modificación de la misma, pero el hecho de que no se ha dado la modificación del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es una circunstancia que obligue a la Juzgadora a entrar al estudio de la prisión preventiva impuesta por el Juez en la audiencia. 9. En ese sentido, puntualizó que las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar no han variado de manera objetiva, y la variante que invoca la defensa para solicitar la modificación de la medida cautelar viene siendo el cambio de defensa, no es una variante de manera objetiva, toda vez que se justificó un defensor que se designó por el imputado, lo cual, nada dijo en relación a que tal defensor, no tuviera la capacidad para realizar una defensa adecuada. 10. De igual manera, la Juzgadora en la determinación cumplimentadora esgrimió que la defensa al referirse a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los dos casos citados invocó que la prisión preventiva, es la última ratio que el espíritu del legislador al modificar o adicionar el artículo 19 Constitucional párrafo segundo, la vacatio legis, en la cual no se ha modificado o adicionado el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales e invocar la designación de una nueva Defensa, invocar además los principios que derivan del artículo 1 Constitucional reformado en el año dos mil once, no son circunstancias que obliguen a la Juzgadora a entrar al estudio y modificar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta por el Juez correspondiente de manera oficiosa, toda vez que, se trata de argumentos que motiven un recurso, o bien, un juicio de amparo, en la cual se hiciera el estudio de la determinación del Juez de Control que impuso la medida de prisión preventiva y que en su caso se considerara que se violentaron derechos que no se atendió a la constitucionalidad de la misma, o bien, que la causa por la cual impuso la medida de prisión preventiva no fue correcta, aspectos que la Juzgadora no está en posibilidad de modificar, pues reiteró que son motivo de un recurso, toda vez que, el objeto del recurso, en su caso es modificar la resolución de la autoridad. En ese tenor, la autoridad responsable calificó los argumentos vertidos por la defensa; analizó la naturaleza de la medida de prisión preventiva; estableció la naturaleza del recurso ordinario y que contra la medida de prisión preventiva procedía apelación o el juicio de amparo, puntualizó que los argumentos esgrimidos por el quejoso no se tratan de variaciones de manera objetiva a las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, sino que en todo caso son tendentes a establecer que se violentaron derechos, que no se atendió a la constitucionalidad de la misma, o bien, que la causa por la cual impuso la medida de prisión preventiva no fue la correcta; de ahí que, concluyó que dichos argumentos son motivo de un recurso. Pues bien, la autoridad responsable dejó insubsistente la determinación reclamada, emitida en la audiencia de modificación de medida cautelar, de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en la causa penal 575/2019, emitió una nueva resolución, y observó las directrices de fundamentación y motivación detalladas en la sentencia constitucional a la luz del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ende, es inconcuso que la sentencia constitucional ha quedado cumplida, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo. Si bien, el quejoso argumento que la responsable no cumplió con los lineamientos determinados en la sentencia constitucional pues en ningún argumento expreso atendió los argumentos que vertieron y no fundamentó el por qué el recurso o revisión de la medida cautelar solicitada no era idóneo para la modificación del mismo; lo cierto es que, adverso a lo sostenido por la impetrante, la autoridad responsable si fundó y motivó su proceder, sin que sea dable en el análisis de un cumplimiento para efectos, analizar lo legal o ilegal de las determinaciones adoptadas, pues no se establecieron lineamientos de fondo, sino de forma. En efecto, en la sentencia constitucional se estableció -transcribió- la argumentación de la defensa, que en esencia argumentó lo siguiente: Con base en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales y con base en la resolución denominada López Alvares vs Honduras en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitan la revisión de la medida cautelar de la prisión preventiva impuesta al imputado en razón de haber determinado que el delito de abuso sexual por el cual se le imputó y se le dictó la vinculación a proceso es de prisión preventiva oficiosa. Agregó que reconocen qué se dio una reforma al artículo 19 Constitucional, en la cual se prevé en los delitos de prisión preventiva los cometidos o en caso de abuso sexual o violencia sexual contra menores, sin embargo, precisan que en dicho decreto se estableció en el transitorio segundo que el legislador o el constituyente establecería dentro de un plazo de noventa días las circunstancias y los delitos para efecto de adicionarlos al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que tal circunstancia a la fecha haya ocurrido, por lo tanto, concluyen que existe la figura de vacatio legis, pro ello, al día de hoy no se ha dado la reforma, por lo cual, existe un espacio o un vacío legal en el cual no se puede actuar. Añadió que atendiendo al principio pro homine o pro persona, en el cual, en el artículo primero se estableció que se debe de aplicar la ley que más favorezca el derecho humano a las personas y que en el caso concreto es artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que, solicitan se haga una revisión de dicha medida cautelar y se cambie por otra, aunado a ello, puntualizan que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el principio de exacta aplicación de la norma, de ahí que, sostienen que se debe aplicar el precepto 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Concluyó que al haber variado las circunstancias de la defensa, al haberse nombrado una nueva defensa y al no resultar aplicable el artículo 19 Constitucional solicitan la revisión de medida cautelar. En ese tenor, se reitera adverso a lo sostenido por la defensa, la Jueza responsable si emitió una resolución fundada y motivada con relación a sus argumentos, pues determinó que las premisas de la defensa son en su caso objeto de análisis de un recurso de apelación o juicio de amparo al versar sobre la constitucionalidad o lo incorrecto del actuar del Juez que impuso la medida cautelar, cuando lo cierto es que, para aplicar el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debieron haber variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar, lo cual, señaló en el caso no se actualiza, pues la argumentación de la defensa es en torno a la constitucionalidad o legalidad de la determinación, no así a una variación de condiciones. Pues bien, de la determinación cumplimentadora se advierte una correlación entre lo peticionado y lo resuelto, una fundamentación basada en el contenido del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una explicación del objeto de los recursos ordinarios de defensa y de los requisitos para solicitar la modificación de la medida cautelar y un razonamiento lógico-jurídico para concluir que los argumentos son tendentes al fondo del asunto y no a una variación objetiva de condiciones; de ahí que, se insiste, la concesión del juicio de amparo fue para efectos formales -fundamentación y motivación- no para efectos de fondo -correcto o incorrecto de la argumentación de la Juez-, entonces si la autoridad responsable emitió una nueva resolución en la cual atendió de manera fundada y motivada la argumentación de la defensa es inconcuso que la sentencia, contrario a lo aducido por el quejoso, se encuentra cumplida.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales que corresponda, el oficio 7745/2019 que suscribe la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte, con sede en el ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, mediante el cual rinde informe justificado y anexa documentales. De conformidad con los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo se tiene por rendido el informe justificado solicitado y por recibidas en este acto las documentales que anexa, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Dese vista con dicho informe a las partes para que se impongan de su contenido. Respecto del disco que acompaña, y que contiene copia de la audiencia de revisión de fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, a fin de evitar su deterioro, resguárdese en secretaría de acuerdos, a disposición de las partes.

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