MARIO RICARDO ANTONIO ALMANZA CERRITEÑO y Otros.

Expediente 643/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 32 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
643/2015
Año
2015
Actuaciones
32
Última actuación
22/04/2019

Partes del expediente

  • MARIO RICARDO ANTONIO ALMANZA CERRITEÑO y Otros.
  • Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño
  • OSWALDO FRANCISCO RODRIGUEZ SALVATIERRA y Otros.
  • Oswaldo Francisco Rodriguez Salvatierra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Visto el oficio recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, suscrito por el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual remite debidamente diligenciado el exhorto número 212/2019, derivado del presente juicio de amparo; agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y acúsese el recibo de estilo correspondiente, téngase por notificado al quejoso ********************, del proveído de tres de abril del año en curso, en términos en la diligencia de once de abril del presente año; y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; quedando debidamente notificado el quejoso de dicho proveído; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de treinta de agosto de dos mil diecisiete, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************, resolución que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en sesión de diez de mayo de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión 130/2017; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa, y de la resolución interlocutoria por la que se concedió definitivamente la suspensión de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en diligencia realizada el pasado quince de febrero de dos mil diecinueve, por el Actuario Judicial adscrito al Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al aquí quejoso Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, manifestó que interpone incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y que lo remitirá por correspondencia ordinaria; sin embargo a la fecha no ha llegado a este juzgado escrito alguno. En esas condiciones, procede este juzgador a hacer el pronunciamiento correspondiente. Lo manifestado por el quejoso se orienta a la apertura de incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria emitida en este amparo. Al respecto debe señalarse que no procede la apertura de tal incidencia, pues el veintiséis de febrero del año en curso se declaró cumplida la ejecutoria de amparo emitida en este juicio de derechos humanos y es en momento previo -al desahogar la vista con el informe rendido al respecto por la autoridad responsable o la autoridad vinculada- cuando es dable se plantee lo concerniente al exceso o defecto en su cumplimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, tal y como se hace ver en la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) con número de registro 2007918 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, página 19, que enseguida se reproduce: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". (lo subrayado no es de la fuente). Razones por las cuales no ha lugar al trámite de dicha incidencia. Notifíquese personalmente al quejoso Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, quien se encuentra interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, de la Ciudad de México, por tanto, con apoyo en los preceptos 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la codificación de la materia, en términos de su artículo 2º, gírese atento exhorto vía SISE al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en Turno, con residencia en la ciudad de México, para que en auxilio de la Justicia Federal, y comisión de las labores de este Juzgado, faculte al Actuario de su adscripción, con el fin de que se constituya en las instalaciones que ocupa el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de aquella ciudad, para que notifique personalmente al quejoso Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el Subdirector Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en ausencia del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite el original del oficio RPVS/SJ/MA/211/2019, donde informa que el quejoso interno Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, reingresó a ese Centro Penitenciario el pasado dos de febrero del año en curso, adjuntando copia certificada del acta administrativa de ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, con lo cual se cumple con la ejecutoria de amparo; agréguese a los presentes autos únicamente para que obren como corresponda, toda vez que las mismas ya fueron agregadas en autos, máxime que el pasado veintiséis de febrero, se tuvo por cumplida a ejecutoria de amparo en el presente asunto.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual remite debidamente diligenciado el exhorto número 121/2019; agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Téngase por notificado del proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, al quejoso Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, en términos de la diligencia de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, practicada por el actuario adscrito al citado juzgado, de la que se advierte que el impetrante se manifiesta inconforme con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, al estimar que existe defecto; reservándose proveer hasta en tanto se reciba el escrito de denuncia que indicó en diligencia de quince de febrero de dos mil diecinueve, misma que fuera reservada en proveído de uno de marzo del presente año.

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