Mario Luis Garcia

Expediente 704/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
704/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Mario Luis Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de diez de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Expediente principal. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución constitucional de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos. Original incidente de suspensión Por otra parte, en razón de que se concedió la suspensión provisional y en resolución interlocutoria se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el numeral 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el incidente de suspensión es susceptible de conservación; por ende, se ordena agregar al expediente. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el quejoso Mario Luis García, no desahogó la vista ordenada mediante auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en relación al oficio y documentales allegadas por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación le fue notificada por medio de lista publicada el dos de mayo de dos mil veintitrés, por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, se precisa que en sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se concedió al quejoso Mario Luis García, la protección constitucional contra los actos que reclamó de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa para el efecto de que esa autoridad realizara lo siguiente: ".Declare insubsistente la orden de aprehensión librada contra el quejoso Mario Luis García, dictada el veintitrés de agosto de dos mil once, en la causa penal 146/2011, por considerarlo probablemente responsable de los delitos de robo agravado en lugar cerrado, por más de dos personas de noche y abigeato agravado, cometido en perjuicio patrimonial de Sergio Alejandro Rivera Muñoz. La anterior sentencia, causó ejecutoria el catorce de abril de dos mil veintitrés, en virtud a que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, y se ordenó requerir a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa a fin de que otorgara el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, mediante oficio 725/2023 y anexos signados por la citada autoridad responsable, se comunicó a este Juzgado de Distrito el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y se remitió para tal efecto copia certificada del auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 461/2017, de su índice, en el cual dicho juzgador, determinó dejar insubsistente la orden de aprehensión dictada al aquí quejoso Mario Luis García como presunto responsable de la comisión del delito de robo agraviado en lugar cerrado por más de dos personas de noche y abigeato agraviado cometido en perjuicio del patrimonio económico de Sergio Alejando Rivera Muñoz dictada el veintitrés de agosto de dos mil once, remitiendo además, copia certificada del oficio de cancelación de la orden de captura. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que causara ejecutoria la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, una vez notificada del auto donde se declare ejecutoriada la sentencia en este juicio de amparo 704/2022-4A, inmediatamente declarara insubsistente la orden de aprehensión aprehensión librada contra el quejoso Mario Luis García, dictada el veintitrés de agosto de dos mil once, por considerarlo probablemente responsable de los delitos de robo agravado en lugar cerrado, por más de dos personas de noche y abigeato agravado, cometido en perjuicio patrimonial de Sergio Alejandro Rivera Muñoz; entonces, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, se advierte que se tiene CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. En consecuencia, de conformidad con los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, se puede concluir se ha restituido a la peticionaria del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso, ni defecto alguno.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES QUE DICE: Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el quejoso Mario Luis García, no desahogó la vista ordenada mediante auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en relación al oficio y documentales allegadas por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación le fue notificada por medio de lista publicada el dos de mayo de dos mil veintitrés, por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, se precisa que en sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se concedió al quejoso Mario Luis García, la protección constitucional contra los actos que reclamó de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa para el efecto de que esa autoridad realizara lo siguiente: ".Declare insubsistente la orden de aprehensión librada contra el quejoso Mario Luis García, dictada el veintitrés de agosto de dos mil once, en la causa penal 146/2011, por considerarlo probablemente responsable de los delitos de robo agravado en lugar cerrado, por más de dos personas de noche y abigeato agravado, cometido en perjuicio patrimonial de Sergio Alejandro Rivera Muñoz. La anterior sentencia, causó ejecutoria el catorce de abril de dos mil veintitrés, en virtud a que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, y se ordenó requerir a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa a fin de que otorgara el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, mediante oficio 725/2023 y anexos signados por la citada autoridad responsable, se comunicó a este Juzgado de Distrito el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y se remitió para tal efecto copia certificada del auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 461/2017, de su índice, en el cual dicho juzgador, determinó dejar insubsistente la orden de aprehensión dictada al aquí quejoso Mario Luis García como presunto responsable de la comisión del delito de robo agraviado en lugar cerrado por más de dos personas de noche y abigeato agraviado cometido en perjuicio del patrimonio económico de Sergio Alejando Rivera Muñoz dictada el veintitrés de agosto de dos mil once, remitiendo además, copia certificada del oficio de cancelación de la orden de captura. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que causara ejecutoria la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, una vez notificada del auto donde se declare ejecutoriada la sentencia en este juicio de amparo 704/2022-4A, inmediatamente declarara insubsistente la orden de aprehensión aprehensión librada contra el quejoso Mario Luis García, dictada el veintitrés de agosto de dos mil once, por considerarlo probablemente responsable de los delitos de robo agravado en lugar cerrado, por más de dos personas de noche y abigeato agravado, cometido en perjuicio patrimonial de Sergio Alejandro Rivera Muñoz; entonces, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, se advierte que se tiene CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. En consecuencia, de conformidad con los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, se puede concluir se ha restituido a la peticionaria del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso, ni defecto alguno.

  4. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta suscrito por Milton Ayala Vega, en su carácter de autorizado legal del quejoso Mario Luis García, mediante el cual revoca el domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones y señala nuevo domicilio para tal efecto; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, se tiene al promovente revocando el domicilio designado para oír y recibir notificaciones, y con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como nuevo domicilio para tales efectos el ubicado en calle Río Fuerte, número 104, colonia Jardines del Valle, en esta ciudad.

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