Mario Goicochea Romero

Expediente 684/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
684/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Mario Goicochea Romero

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 684/2023-IV Puebla, Puebla, treinta de junio de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada electrónicamente por *****, como defensora particular del quejoso *****, contra un acto del ".Magistrado de la Primera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado." (sic). En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a la defensora y al quejoso que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a la defensora y al quejoso para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Demanda digitalizada. La demanda de amparo fue recibida vía electrónica, motivo por el cual ya se encuentra digitalizada y como consecuencia incorporada al expediente electrónico, por lo que no es necesaria su digitalización, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, la demanda de amparo presentada por la defensora promovente, revela que el único acto reclamado está centrado en: ".El auto de fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés dentro del toca de apelación ****/2023, de los del índice de la Primera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el que se niega la admisión del recurso de apelación.". En ese acuerdo, el magistrado señalado como responsable desechó el recurso de apelación que interpuso el quejoso como imputado, contra el auto de apertura a juicio dictado en la causa penal ****/2019/CHOLULA, porque la jueza de control encargada de la referida causa, negó la exclusión de algunos medios de prueba indicados por la defensa, en la audiencia intermedia. Desechamiento que el magistrado responsable, acorde a lo indicado en la demanda de amparo, soportó en la consideración siguiente: ".SEGUNDO. A pesar de que el acusado *****, está legitimada (sic) para instar este medio ordinario de defensa, la resolución combatida no es impugnable en esta vía, por ende, se declara inadmisible el recurso propuesto.". Al hilo de lo apuntado, es evidente que el único acto combatido en la demanda, se enfoca al acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, donde el magistrado responsable desechó el recurso de apelación que interpuso el quejoso como imputado, contra la negativa de la jueza de excluir algunos medios de prueba en el auto de apertura a juicio, de la referida causa. Sin embargo, el proveído de marras encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". La causal de mérito contempla el principio de definitividad tratándose de actos jurisdiccionales, rector del juicio de amparo, esto es, en dicha fracción se impone al quejoso la obligación de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca. En particular aquellos que mediante su promoción o interposición pueda conseguir la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, pues la intención del legislador con la creación del juicio de amparo fue que este se concibiera como un medio de defensa extraordinario y que, por ende, fuese la última instancia a la que tiene acceso el gobernado, cuando por motivo de un acto de autoridad se vulneren sus derechos fundamentales. Así, el principio de definitividad tiene como fin preservar el carácter extraordinario del juicio de tutela. Por tanto, el acto reclamado debe revestir el carácter de definitivo, es decir, que el peticionario del amparo hubiese agotado los medios de defensa ordinarios, antes de instar el último medio de tutela de derechos humanos. Sólo existe una ruta de excepción en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que se actualiza cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues en ese caso el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de protección constitucional. Expuesto lo anterior, se hace notar que los jueces de control y los magistrados de apelación, pueden revisar sus determinaciones mediante la revocación prevista en el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". Como puede verse, el recurso de revocación previsto en el transcrito numeral 465, posibilita el acceso a la jurisdicción del Estado, para que una autoridad judicial revise la determinación que haya emitido en una causa penal o toca de apelación. De modo que una autoridad de segunda instancia, puede revisar el acuerdo donde haya desechado un recurso de apelación, siempre que el promovente de ese medio de impugnación le presente la revocación prevista en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre todo porque el recurso de revocación constituye un medio ordinario que puede interponer la parte que esté inconforme, con el desechamiento de su recurso de apelación; y permitirá que la autoridad de segunda instancia revise los términos de su desechamiento, a fin de que lo revoque, modifique o confirme en la resolución correspondiente. Además, la interposición del recurso de revocación no tiene excepciones, es decir, resulta obligatorio agotarlo para cumplir el principio de definitividad, que rige el acceso al control extraordinario de constitucionalidad (el juicio de amparo indirecto). En ese sentido lo interpretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 85/2019 (10a.), emitida en la Décima Época, que se encuentra con el registro digital 2021251 y el texto siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo". En el presente caso, la defensora del quejoso pretende combatir el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, donde el magistrado responsable desechó el recurso de apelación que interpuso aquél como imputado, contra la negativa de excluir algunos medios de prueba que emitió la jueza de control (la negativa), en el auto de apertura a juicio de la referida causa. Sin embargo, ese acuerdo es susceptible de ser impugnado con el medio de defensa ordinario, esto es, el recurso de revocación previsto en el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre todo porque el quejoso tiene el carácter de imputado en la causa penal de origen y en el toca de apelación donde se emitió el desechamiento. Ello implica que se encuentra facultado para hacer valer sus derechos procesales y, por ende, en aptitud de interponer el aludido recurso de revocación, que constituye un medio de impugnación ordinario conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. A pesar de lo anterior, esta juzgadora de tutela advirtió que la defensora del quejoso, soslayó el recurso de revocación previsto en el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ejerció la acción de tutela contra el proveído que desechó la apelación, sin haber agotado el referido medio ordinario de impugnación, razón por la cual es evidente que desatendió el principio de definitividad que rige el acceso al juicio de amparo indirecto. Más aún, la defensora soslayó el recurso de revocación, aun cuando el desechamiento de la apelación no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Incluso puede señalarse que el desechamiento del recurso de apelación, tampoco involucra una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, auto de formal prisión, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto y el quejoso tampoco es persona extraña al procedimiento. Luego, es válido concluir que el quejoso tenía la obligación de agotar el recurso de revocación, contra el desechamiento de la apelación, para cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto. Tiene aplicación al respecto, la tesis jurisprudencial de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" (Jurisprudencia I.6o.C. J/37, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época Materias(s): Común, página 902). Por tanto, se declara que el acuerdo reclamado en la demanda, encontró de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque la defensora del quejoso desatendió el recurso ordinario de revocación que debía agotar contra el proveído reclamado, y con ello incumplió el principio de definitividad que rige el acceso al juicio de tutela conforme a la fracción invocada. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis1 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Bajo este contexto, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por la defensora del quejoso, porque el acuerdo reclamado a la única autoridad responsable, encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Pero además, esta juzgadora de tutela advierte que el proveído reclamado por la defensora del quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación que pueden combatirse con el juicio de amparo indirecto, motivo por cual también puede imponerse otra causal de improcedencia, porque de igual forma resulta manifiesta e indudable. De hecho, es la causal que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene -para efectos del juicio de amparo indirecto-, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Ello conduce a explicar el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas detectados en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde los temas procedimentales, al grado de evitar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución federal y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Ello a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos relacionados con derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación, el cual exige una afectación material a derechos sustantivos, y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Así quedó establecido en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -derivada de la contradicción de tesis 377/2013- que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Pero además, debe indicarse que el espectro actual de imposible reparación -contra actos dentro de juicio- tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En particular frente a los alcances del principio de progresividad,2 tutelado en el artículo 1 de la constitución federal, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se obtiene que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, que involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia definitiva por parte del juzgador. Entonces, frente al gobernado que ve limitada su posibilidad de impugnar actos procesales -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas en esencia para la resolución de derechos sustantivos. Por consiguiente, la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los procesos para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias, como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas, en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución federal.3 Todas esas premisas conducen a visualizar que el reclamo planteado por la defensora del quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, basta indicar que el acto combatido en la demanda de amparo, comprende el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, donde el magistrado responsable desechó el recurso de apelación que interpuso el quejoso como imputado, contra la negativa de excluir algunos medios de prueba en el auto de apertura a juicio, de la referida causa. Pero el relatado acuerdo de ninguna forma repercute en derechos sustantivos, porque el desechamiento del recurso de apelación sólo constituye un acto procesal y por ende, no tiene el carácter de irreparable, dado que está circunscrito a la inadmisión de un medio de impugnación, contra la negativa de excluir medios de prueba en la audiencia intermedia. Ello impide considerar que el auto combatido en la demanda, tenga las características de los actos de imposible reparación, pues los antecedentes relatados en la demanda y los conceptos de violación, reflejan que únicamente se pretende cuestionar el desechamiento de un recurso de apelación, que de ninguna forma implicó la validación de los medios de prueba que intentó excluir la defensa del imputado, en la audiencia intermedia de la causa instruida contra el quejoso. Lo cual permite afirmar que el acuerdo combatido, no determinó una ruta específica de análisis para la negativa que se pretendió impugnar con la apelación, ni siquiera para los hechos delictuosos por los cuales haya sido acusado el quejoso, en la causa penal; y el desechamiento del mencionado recurso, tampoco implica que vaya a declararse la plena culpabilidad de éste en la fase de juicio oral, o que se haya impuesto una restricción a los derechos que le asisten como imputado. En efecto, el acuerdo de marras no impuso restricciones a los derechos sustantivos que tiene el quejoso en la causa penal, pues ningún indicio existe en la demanda para considerar que el magistrado responsable hubiera establecido restricciones a los derechos que tiene aquél, para continuar el ejercicio de su defensa en la futura etapa de juicio oral, y como se dijo, aquella determinación (el desechamiento del recurso) nunca implicó que se vaya a declarar la materialidad del delito o la plena responsabilidad penal de aquél, según se desprende de la demanda. Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en el proveído reclamado. Máxime que los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, y los conceptos de violación expuestos contra el acuerdo que desechó el recurso de apelación, permiten descartar que este hubiera trascendido a derechos sustantivos del quejoso, como imputado en la causa penal. Luego, es válido concluir que no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del quejoso, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Así, debe afirmarse que el proveído emitido por el magistrado responsable, constituye un acto de mero impacto a derechos procesales en la causa penal, es decir, una violación procesal que si llegara a trascender al dictado de la sentencia definitiva, podrá alegarse en la instancia de apelación y eventualmente hasta el juicio de amparo directo, de ser necesario -conforme a las reglas dispuestas en el artículo 171 de la legislación4-. Lo anterior obedece a que el artículo 173, apartado B, fracción XIV, de la Ley de Amparo, prevé como violación procesal en el sistema penal acusatorio, la hipótesis siguiente: ".XVI. No se permite interponer los recursos en los términos que la ley prevea respecto de las providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan indefensión.". De ahí que tampoco pueda considerarse que el acuerdo reclamado, haya afectado derechos sustantivos del quejoso en el trámite de la causa penal, que es la condición indispensable para generar un acto de imposible reparación, conforme a la técnica del juicio de amparo indirecto. Entonces, debe estimarse que el auto combatido en la demanda, sólo puede generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la causa penal, porque no constituye un acto de ejecución irreparable. Por tanto, se declara que el acto combatido por la defensora del quejoso, también encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. Lo cual permite reiterar el desechamiento de la solicitud de protección, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, dado que el auto reclamado al magistrado responsable no tiene los atributos de imposible reparación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y acceso al expediente electrónico. Se tiene como domicilio de la defensora para recibir notificaciones personales, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque solicitó de manera expresa ser notificada por la vía electrónica. Por tanto, se instruye al secretario encargado del presente asunto, que habilite a la defensora del quejoso el mecanismo de notificación electrónica y el acceso al expediente electrónico, con el usuario "****". Asimismo, se tiene a **** como autorizado en términos amplios, porque así fue solicitado en la demanda y éste tiene registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En tanto la persona de nombre ****, corresponde a la defensora promovente -que tiene el mismo nombre-, motivo por el cual es improcedente tenerla como autorizada en términos amplios. Pero si la nombrada fuera distinta de la promovente, deberá indicarlo por escrito a fin de que se haga el pronunciamiento respectivo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a la defensora y al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a la defensora y al quejoso el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal a la defensora del quejoso (vía electrónica con el usuario señalado para tal efecto); y cúmplase.

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