Mario Gabriel Ramírez Gutiérrez y Otros.
Expediente 1151/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1151/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Mario Gabriel Ramírez Gutiérrez y Otros.
- Ventura Celia Ramírez Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que los quejosos no recurrieron el auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto concluido. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Por último, se requiere a los quejosos para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este acuerdo, ocurra alguno de ellos o sus autorizados al local de este órgano jurisdiccional debidamente identificados, a recoger las copias certificadas por la Notaria Público 2 de Atlixco, Puebla, mismas que anexaron a su demanda; apercibidos que de no hacerlo, esas documentales serán destruidas con este expediente.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DEL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR LO CUAL SE NOTIFICA DICHA RESOLUCIÓN, LA QUE DICE: De la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que los quejosos no recurrieron el auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto concluido. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Por último, se requiere a los quejosos para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este acuerdo, ocurra alguno de ellos o sus autorizados al local de este órgano jurisdiccional debidamente identificados, a recoger las copias certificadas por la Notaria Público 2 de Atlixco, Puebla, mismas que anexaron a su demanda; apercibidos que de no hacerlo, esas documentales serán destruidas con este expediente.
- Principal
SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA: Se recibe el oficio del Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a través del cual declina su competencia para conocer del juicio de amparo indirecto *** de su índice, donde obra la demanda original de los quejosos **** En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada, por lo que se asume el conocimiento del presente asunto y se ordena remitir el acuse de recibo correspondiente. Materia del asunto. El acto que reclaman los quejosos, comprende el siguiente: ".Reclamamos de la autoridad responsable ordenadora el pretender integrar la carpeta de investigación número ***, por el delito de fraude, cuando el hecho denunciado por la tercera interesada *****, son de naturaleza exclusivamente civil y como consecuencia acción civil." Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , impone la obligación de revisar la demanda de protección, y si existiere una causa manifiesta de improcedencia podrá desecharse de plano. Esa hipótesis normativa (el desechamiento de plano por una causa de improcedencia) se actualiza frente a la demanda que suscriben los quejosos. Para demostrarlo basta indicar que en relación al acto reclamado antes citado, se considera que la acción de amparo ejercida en contra de dicha integración resulta improcedente, pues opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, así como en relación con el 5°, fracción I, primer párrafo, de la ley de amparo. De entrada, porque la carpeta de investigación en la cual se realice alguna investigación contra los quejosos, consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables. Entonces, como dentro del procedimiento de investigación se desconoce de antemano cuál será su resultado; por ello, el inicio o trámite en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; tal como acontece en la especie donde se reclama la integración de una carpeta de investigación. Sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una indagatoria o carpeta sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control constitucional. Además, el artículo 21 de la constitución impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de carpeta de investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por la investigación que se lleve a cabo contra los quejosos, con la cual se integre una carpeta de investigación, pues tal acto deja de irrogarle perjuicio alguno; aunado a que la integración de mérito, por sí misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Pues la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación en su contra e integración de dicha carpeta de investigación, se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la denuncia o querella basada en los hechos materia de la investigación en cuestión y por los cuales se ejerciera -en su caso- acción penal en su contra. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la carpeta de investigación, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. En adición, debe señalarse que el reclamo de los actos acaecidos durante la integración de una carpeta es excepcional y debe ser determinado en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de nunca entorpecer las facultades y obligaciones conferidas en la constitución al Ministerio Público, pues sus efectos omiten ser de imposible reparación. Inclusive, tales hechos puede desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Luego, de una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se entiende que la acepción "juicio" a la cual alude dicho numeral, se refiere al procedimiento, que se desenvuelve a través de una secuencia ordenada de actos y en nada resulta ser sólo el seguido ante una autoridad judicial (como se comprendería en sentido restringido de la palabra); por lo que el procedimiento penal con todas sus etapas, encuadra en el supuesto contemplado por ese precepto legal. Máxime que esa etapa tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que la imputada haya participado en su comisión; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Además, de que en la carpeta de investigación el Ministerio Público debe hacer un análisis valorativo de las pruebas con la finalidad de decidir sobre el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, para ejercer -en su caso- acción penal, como en forma similar lo lleva a cabo el juez al resolver en el proceso penal, lo que refleja la secuencia lógica y necesaria existente entre esas etapas en cuanto a las pruebas se refiere. Por ello, debe considerarse a la carpeta de investigación, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el juez, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de protección. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto de la integración de la carpeta de investigación contra los quejosos, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, con relación al numeral 107, fracción V, así como el diverso 5, fracción I, primer párrafo de la Ley de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Domicilio para recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda y como autorizados en términos restringidos a los profesionistas que mencionan en la demanda, dado que omitieron conferirles las facultades amplias, aunado a que para nada tienen registradas sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. Autorización para toma de fotografías. Hágase saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de quienes comparezcan a este juzgado, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección . Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).
- Principal
Se recibe el oficio del Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a través del cual declina su competencia para conocer del juicio de amparo indirecto *** de su índice, donde obra la demanda original de los quejosos **** En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada, por lo que se asume el conocimiento del presente asunto y se ordena remitir el acuse de recibo correspondiente. Materia del asunto. El acto que reclaman los quejosos, comprende el siguiente: ".Reclamamos de la autoridad responsable ordenadora el pretender integrar la carpeta de investigación número ***, por el delito de fraude, cuando el hecho denunciado por la tercera interesada *****, son de naturaleza exclusivamente civil y como consecuencia acción civil." Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , impone la obligación de revisar la demanda de protección, y si existiere una causa manifiesta de improcedencia podrá desecharse de plano. Esa hipótesis normativa (el desechamiento de plano por una causa de improcedencia) se actualiza frente a la demanda que suscriben los quejosos. Para demostrarlo basta indicar que en relación al acto reclamado antes citado, se considera que la acción de amparo ejercida en contra de dicha integración resulta improcedente, pues opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, así como en relación con el 5°, fracción I, primer párrafo, de la ley de amparo. De entrada, porque la carpeta de investigación en la cual se realice alguna investigación contra los quejosos, consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables. Entonces, como dentro del procedimiento de investigación se desconoce de antemano cuál será su resultado; por ello, el inicio o trámite en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; tal como acontece en la especie donde se reclama la integración de una carpeta de investigación. Sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una indagatoria o carpeta sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control constitucional. Además, el artículo 21 de la constitución impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de carpeta de investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por la investigación que se lleve a cabo contra los quejosos, con la cual se integre una carpeta de investigación, pues tal acto deja de irrogarle perjuicio alguno; aunado a que la integración de mérito, por sí misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Pues la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación en su contra e integración de dicha carpeta de investigación, se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la denuncia o querella basada en los hechos materia de la investigación en cuestión y por los cuales se ejerciera -en su caso- acción penal en su contra. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la carpeta de investigación, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. En adición, debe señalarse que el reclamo de los actos acaecidos durante la integración de una carpeta es excepcional y debe ser determinado en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de nunca entorpecer las facultades y obligaciones conferidas en la constitución al Ministerio Público, pues sus efectos omiten ser de imposible reparación. Inclusive, tales hechos puede desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Luego, de una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se entiende que la acepción "juicio" a la cual alude dicho numeral, se refiere al procedimiento, que se desenvuelve a través de una secuencia ordenada de actos y en nada resulta ser sólo el seguido ante una autoridad judicial (como se comprendería en sentido restringido de la palabra); por lo que el procedimiento penal con todas sus etapas, encuadra en el supuesto contemplado por ese precepto legal. Máxime que esa etapa tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que la imputada haya participado en su comisión; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Además, de que en la carpeta de investigación el Ministerio Público debe hacer un análisis valorativo de las pruebas con la finalidad de decidir sobre el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, para ejercer -en su caso- acción penal, como en forma similar lo lleva a cabo el juez al resolver en el proceso penal, lo que refleja la secuencia lógica y necesaria existente entre esas etapas en cuanto a las pruebas se refiere. Por ello, debe considerarse a la carpeta de investigación, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el juez, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de protección. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto de la integración de la carpeta de investigación contra los quejosos, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, con relación al numeral 107, fracción V, así como el diverso 5, fracción I, primer párrafo de la Ley de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Domicilio para recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda y como autorizados en términos restringidos a los profesionistas que mencionan en la demanda, dado que omitieron conferirles las facultades amplias, aunado a que para nada tienen registradas sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. Autorización para toma de fotografías. Hágase saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de quienes comparezcan a este juzgado, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección . Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).
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