Mario Flores Sánchez
Expediente 801/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Mario Flores Sánchez
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de este juicio, se advierte que el quejoso omitió recurrir el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho en el que se tuvo no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente asunto en el que se tuvo no presentada la demanda, es susceptible de destrucción, en atención al sentido del proveído dictado en el mismo. Empero, se hace notar que el presente asunto carece de relevancia documental. Finalmente, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en los libros de gobierno
- Principal
Se agrega al expediente sin mayor acuerdo el oficio de cuenta, signado por el quejoso ++++, por el cual hace diversas manifestaciones respecto al requerimiento formulado en proveído veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. La decisión de agregar el escrito de cuenta sin mayor acuerdo, obedece a lo acordado en proveído de treinta y uno de agosto del año en curso (fojas 26 a 29), el cual se desechó de plano la demanda de protección de derechos, por haberse encontrado una causa de improcedencia manifiesta e indudable (la de extemporaneidad).
- Principal
Se agrega al expediente el escrito de cuenta, signado por el quejoso **********************, por el cual desahoga la prevención formulada mediante acuerdo de veinticuatro de agosto dos mil dieciocho (fojas 16 a 20). En consecuencia, se procede a determinar si se admite o desecha la solicitud de protección, dado lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Amparo. Para empezar, debe indicarse que la prevención formulada al quejoso, tuvo el propósito entre otras cuestiones, de conocer la fecha cuando hubiera sido notificado de los actos reclamados: auto de vinculación a proceso y acuerdos de prisión preventiva oficiosa dictados al quejoso. Sobre todo porque la fecha de notificación constituye un factor determinante, para esclarecer si la acción constitucional fue ejercida con la oportunidad prevista en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el escrito aclaratorio, manifestó el quejoso bajo protesta de decir verdad, que el auto de vinculación a proceso le fue notificado, en la audiencia de veintisiete de abril de dos mil dieciocho y y el acuerdo donde se decretó prisión preventiva como medida cautelar, fue el veintitrés de abril del año en curso. Por consiguiente, resalta desde este momento de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia que descansa en el parámetro de extemporaneidad, motivo por el cual habrá de desecharse la solicitud de protección, dado que la acción constitucional fue ejercida fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. A fin de justificar la determinación anunciada, se hace notar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar el escrito de demanda, porque de encontrarse una causa indudable y manifiesta de improcedencia, debe emitirse un acuerdo de desechamiento (de plano). De la lectura integral de la demanda y el escrito aclaratorio presentado por el quejoso, se observa el reclamo del auto de vinculación a proceso y del acuerdo de prisión preventiva oficiosa que le fueron dictados, en la audiencia que terminó el veintisiete de abril de dos mil dieciocho y el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, respectivamente. Entonces, la acción de protección de derechos fue ejercida en forma extemporánea, motivo por el que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo legislación). Máxime que el quejoso omitió solicitar la protección federal dentro del plazo legal de quince días, pues la demanda de amparo fue presentada hasta el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (foja 3). Para demostrarlo se hace notar que la primera parte del numeral 17 de la legislación, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se computará bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se infiere la improcedencia del juicio de amparo, cuando se presenta la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos de los que tengan prevista una excepción. En este caso, el quejoso fue notificado del auto de vinculación a proceso, en la audiencia de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, y del acuerdo de prisión preventiva el veintitrés de abril del año en curso, como lo informó el propio quejoso en su escrito aclaratorio (fojas 22 a 25). Por consiguiente, el plazo de quince días que tenía el quejoso para solicitar la protección, respecto de los indicados actos, transcurrió en exceso, pues desde su emisión hasta la promoción de este asunto han transcurrido casi tres meses. De ahí se considera que la demanda de protección resulta extemporánea, pues fue presentada hasta el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común estampado al frente de la demanda de amparo (foja 3). Luego, se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la regla de extemporaneidad, motivo por el cual debe estimarse consentido tácitamente tanto el auto de vinculación como el acuerdo de prisión preventiva oficiosa dictados al quejoso. Cabe agregar que los actos restrictivos de la libertad personal dentro de procedimiento, como en el caso lo es el auto de vinculación a proceso, y del acuerdo de prisión preventiva oficiosa en modo alguno constituyen una excepción al plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo, como se desprende del artículo 17 de la legislación. Considerar por ello, la posibilidad de presentar la demanda de amparo en cualquier momento infringe el principio de preclusión procesal, por medio del cual las diversas etapas que constituyen un procedimiento adquieren firmeza. Así, la vinculación a proceso y del acuerdo de prisión preventiva oficiosa tienen un periodo en el cual su contenido es susceptible de modificación o revocación, a través de los medios ordinarios de impugnación y del propio juicio de amparo; por lo que una vez agotados los referidos medios o transcurrido el tiempo para interponerlos, la resolución queda firme, para así posibilitar el desarrollo de las fases subsecuentes, en congruencia con la impartición de justicia pronta, completa e imparcial que ordena el artículo 17 constitucional. De hecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el tema del plazo para la interposición de la demanda de amparo contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro de un proceso jurisdiccional, lo cual dio origen a la jurisprudencia P./J. 12/2015 de la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 18, mayo de 2015, tomo I, visible a página 38, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA" . Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XIV del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque encuentra una causa de improcedencia manifiesta e indudable (la de extemporaneidad) que se actualiza respecto de la vinculación combatida. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS".
- Principal
Se recibe la demanda de protección signada por + contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierten diversas irregularidades tanto en los actos reclamados y las fechas de su notificación, como respecto de la apertura del incidente de suspensión. La primera irregularidad surge del capítulo de antecedentes en donde el quejoso refiere que el veinte de abril del año en curso, conducía su vehículo, cuando miembros de la policía ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, lo detuvieron y le informaron que dicho auto estaba reportado por haber participado en un robo a tarjetahabiente. Refiere que procedieron a llevar a cabo su detención sin mencionar alguna carpeta de investigación iniciada por dicho hecho con apariencia de delito. Sin embargo, para evitar su detención trató de entregar las llaves del vehículo a los policías ministeriales, sin haber sido recibidas, por lo que para ellos dicha conducta encuadra en el tipo penal de cohecho, y por lo tanto fue puesto a disposición del Ministerio Público por ese delito. Pese a ello, en el capítulo del acto reclamado el quejoso se limitó en señalar solo el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva en la causa penal + y + iniciadas por los delitos de robo agravado y cohecho. Ello a pesar de que en los hechos narrados expresan ciertas inconformidades en torno a la detención del quejoso. Además, el quejoso es omiso en indicar si también fue vinculado a proceso por el robo a tarjetahabiente a que se hace alusión o si por ese delito hubo un control de detención Esto es relevante, pues al ser imprecisos los actos reclamados, existiría incertidumbre por los que debería rendir informe la autoridad responsable. También existe irregularidad respecto de la fecha en la cual fueron notificados al quejoso los actos reclamados, pues de la lectura de la demanda se observa este refiere que en la audiencia de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, el juez de control señalado como responsable, le dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de robo agravado y cohecho. Por tanto, resulta necesario que el quejoso manifieste bajo protesta de decir verdad si en la audiencia de veintisiete de abril de dos mil dieciocho fue notificado del auto de vinculación a proceso, o en su caso aclare la fecha exacta de su notificación respecto de dicho auto, pues de lo contrario podría sobrevenir la causa de improcedencia relativa a la extemporaneidad. De igual forma, resulta necesario que especifique la fecha del acuerdo en el cual se le decretó como medida cautelar la prisión preventiva, así como la fecha en la cual le fue notificado. La última irregularidad, versa sobre la apertura del incidente de suspensión, pues el quejoso omitió solicitar en algún capítulo de su demanda, dicha medida cautelar; sin embargo, en su punto petitorio tercero pide en forma literal lo siguiente "con fundamento en los artículos 125, 126, 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, conceder al quejoso la SUSPENSIÓN PROVISIONAL y en su tiempo la Suspensión Definitiva del acto reclamado". Empero, la medida cautelar en el juicio de amparo, y en tratándose de la naturaleza de los actos aquí combatidos, nunca podrá utilizarse para dejar sin efectos el acto reclamado o paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo. Pues si la suspensión se otorgara para tales efectos, ya no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional: sino efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia, por la cual, de ser el caso, se otorgue la protección de la justicia federal. En ese orden de ideas, es indispensable que el quejoso exprese si pese a lo antes expuesto, es su deseo solicitar la medida cautelar, pues ésta sólo tendría el efecto de mantener las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se resuelva de ser el caso el juicio principal, y quedar a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal en el lugar donde se encuentra recluido, pero a disposición del juez de control para la continuación del procedimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 108 fracción IV, y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes a cuando surta efectos la notificación de este acuerdo, efectué bajo protesta de decir verdad la siguiente aclaración 1. Precise si es su deseo señalar como acto reclamado, el control de detención dictado en el proceso + y 2. Exprese bajo protesta de decir verdad la fecha en la cual fue notificado del auto de vinculación a proceso dictados en las causas penales + y + así como la fecha de los acuerdos en los cuales se decretó la prisión preventiva y cuando le fueron notificados. 3. Señale los números de carpeta de investigación que se iniciaron por los delitos de robo agravado, cohecho y robo a tarjetahabiente, y si por este último hecho también fue vinculado a proceso o hubo un control de detención en diversa causa penal. 4. Indique si es su deseo insistir en la suspensión del acto reclamado, y de ser el caso, señale para qué efectos solicita dicha medida cautelar. Se hace saber a la parte quejosa al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio, para distribuirlas de la siguiente forma una (1) para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una (1) para la autoridad responsable, una (1) para el fiscal adscrito a la causa, y una (1) para el tercero interesado si lo hubiere en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia. Además se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento formulado en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla y por autorizados para los mismos efectos a las personas que menciona en su demanda. Además, se informa a la parte quejosa: se le permite a sus autorizados la toma de fotografías en el presente juicio pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo se le hace saber: las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrá que sujetarse el quejoso al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a su costa y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA . En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE, procédase en su momento a la digitalización del presente asunto escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental, a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Ahora, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por último, del contenido de la demanda de cuenta, resalta la solicitud del quejoso respecto a que le sea concedida la medida cautelar para gozar de la libertad bajo caución, dentro de los procesos + y + Al respecto, pese a estar pendiente la admisión del asunto, se le hace saber que su solicitud resulta improcedente, debido a que mediante decreto de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se derogó el artículo décimo transitorio del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo y, con ello, se canceló la posibilidad de aplicar la medida suspensional que establecía la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en la cual se reconocía el derecho de quienes accedían a esta instancia constitucional de solicitar el beneficio de la libertad bajo caución, a través de una garantía económica. En efecto, la Ley de Amparo anterior, expresamente en el artículo 136, párrafo séptimo equivalente al diverso 191 de la ley actual, estableció que en los casos en que la afectación de la libertad personal provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público, o de un acuerdo de formal prisión preventivo, el juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 20 constitucional y a las leyes federales o locales aplicables al caso, si el juez responsable omitió en pronunciarse al respecto, sea por un descuido de su parte o porque el procesado no la solicitó. Sin embargo, la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece ha dejado de tener aplicación por haber sido derogada y porque también dejó de existir el artículo transitorio que preveía la aplicación de las reglas establecidas para la medida suspensional de la anterior ley a los juicios de amparo aperturados con posterioridad a su derogación. De ahí que la solicitud de la concesión del beneficio de que se trata, resulta ser improcedente, en razón de haber desparecido ese beneficio con la reforma al artículo 20 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en términos de los artículos 136, párrafo séptimo de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece y 191 de la Ley actual. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. AL ESTAR VIGENTE EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y HABER DESAPARECIDO ESE BENEFICIO CON LA REFORMA AL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES IMPROCEDENTE LA SOLICITUD PRESENTADA ANTE EL JUEZ DE DISTRITO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 136, PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 Y 191 DE LA LEY ACTUAL. Además, también cobran aplicación las tesis aisladas de rubros siguientes "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. ATENTO AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL -EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA DE 2008- Y 136 DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, AUN CUANDO EL TRÁMITE DE LA MEDIDA SEA CONFORME A ESTA ÚLTIMA LEGISLACIÓN. MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD PERSONAL O DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADAS POR AUTORIDAD JUDICIAL EN PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. SI EL INCULPADO SE ENCUENTRA DETENIDO SUJETO A PRISIÓN PREVENTIVA, LA REVISIÓN DE AQUÉLLAS DEBE SOLICITARSE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE TRAMITA EL PROCESO Y NO ANTE EL JUEZ DE AMPARO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por todo lo anterior se hace saber que dicha solicitud de libertad provisional bajo caución deberá solicitarla ante el juez de la causa, esto es, el Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla. Entonces, se le insiste, la medida cautelar en el juicio de amparo, y en tratándose de la naturaleza de los actos aquí combatidos, nunca podrá utilizarse para dejar sin efectos el acto reclamado o paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo. Pues si la suspensión se otorgara para tales efectos, ya no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional: sino efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia, por la cual, de ser el caso, se otorgue la protección de la justicia federal. Por tanto, se le requiere exprese si pese a lo anterior insiste en la solicitud de la medida cautelar.
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