Mario Humberto Pérez Ochoa

Expediente 1036/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1036/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Mario Humberto Pérez Ochoa

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 96, fracción I) inciso a), de la Ley de Amparo; sin embargo, el quejoso no se inconformó contra el auto de treinta de septiembre del presente año que desechó la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que por conducto del personal a su cargo realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá verificar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que por conducto del personal a su cargo haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por * por propio derecho contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida e Integridad Corporal, y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 16/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21, causante de la enfermedad COVID-19. Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose por conducto del personal a su cargo, a los autos el documento original respectivo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Cierto, el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que se señala como acto reclamado en el capítulo correspondiente y de manera destacada: "La orden de detención, presentación y/o comparecencia" y su ejecución. Sin embargo, debe precisarse que es improcedente el presente juicio de amparo por los actos precisados acorde con lo que se expone a continuación: La orden de detención, presentación o comparecencia. Debe tenerse en cuenta que una orden de detención, presentación o comparecencia como las que reclama el quejoso, no puede ser emitida por la autoridad ministerial que señaló en la demanda de amparo (Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida e Integridad Corporal), porque ésta no tiene facultades jurídicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para librar tales órdenes. En efecto, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el ministerio público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud del ministerio público, podrá ordenar, entre otras cuestiones, la comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y orden de aprehensión contra una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Como se ve, el agente del ministerio público en mención (del actual sistema de justicia penal acusatorio) no tiene la facultad jurídica de librar orden de detención, presentación o comparecencia, sino acorde con la legislación procesal en mención, podría solicitar (en dado caso) ante el juzgador competente órdenes de aprehensión o comparecencia; en la inteligencia que son las autoridades judiciales las facultadas para librar estas últimas. Así, la orden de detención, presentación o comparecencia que reclama el quejoso al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida e Integridad Corporal, señalado como responsable, no tiene en su cúmulo de competencia y facultades la de dichos juzgadores. Luego, aun cuando se atribuye dicho acto a un representante social señalado como responsable (autoridad de la fiscalía); lo cierto es que de las manifestaciones que constituyen la integridad de la demanda, es dable advertir que la orden detención, presentación o comparecencia reclamada, y su ejecución, se encuentra referida al inicio o eventual seguimiento de una carpeta de investigación que (en su caso) se instruye contra el quejoso, dado que expresa que fue buscado (en la fecha en que promovió la demanda) con motivo de las órdenes libradas en su contra; lo que implica la actualización de la improcedencia de esta vía de amparo intentada en su contra, habida cuenta que en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial los agentes del ministerio público (y de la fiscalía) no están facultados para librar órdenes de detención, presentación o comparecencia. De tal manera que la restricción de la libertad del quejoso únicamente, en su caso, se daría con motivo de la diversa orden de aprehensión de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados del agente del ministerio público en mención. Habida cuenta que dicha autoridad ministerial carece de facultades jurídicas para emitir tanto una orden de aprehensión como de comparecencia contra un gobernado (porque, como se dijo, esos mandamiento de molestia corresponden y competen a la autoridad judicial), e incluso en el nuevo sistema acusatorio adversarial tampoco podrían librar una orden de presentación. Máxime que, como se dijo, esas órdenes ni siquiera están previstas como tales (órdenes de detención, presentación o comparecencia) en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales que regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes mencionado es posible establecer que la presentación de la persona investigada mediante una citación ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del ministerio público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva; lo anterior se advierte de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que sea improcedente esta vía de amparo respecto del acto que se reclama del juez de control consistente en orden de detención, presentación o comparecencia y su cumplimiento atribuido a la autoridad ejecutora. Es así, pues como se ha visto, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio orden de presentación o comparecencia a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a la agente del ministerio público señalado como autoridad responsable, las órdenes de detención, presentación o comparecencia reclamada, porque como se explicó en párrafos precedentes, carece de facultades legales y constitucionales para ello, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 1413 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra los actos anteriormente precisados, reclamados de la autoridad responsable ordenadora mencionada.* Además de la lectura de la demanda de amparo, no se advierte que reclamara la hipótesis de detención en caso urgente, el cual es un supuesto jurídico que los agentes del ministerio público sí pueden decretar. En otro orden de ideas, cabe agregar que los actos ahora reclamados tampoco consisten en la diversa orden de citación o citatorio y su ejecución, y aún en ese supuesto, esta vía de amparo resultaría improcedente porque no les ocasiona una afectación actual, real y directa en su esfera jurídica, en razón de que la citación o citatorio únicamente es emitido (en su caso) para que se presenten ante la autoridad (que los citó) y se lleve a cabo una diligencia de carácter ministerial, sin que contenga algún tipo de medio de apremio en caso de no asistir, con se explica a continuación: En efecto, acorde con la naturaleza de dicha citación, no puede considerarse como un acto que restrinja la libertad personal, pues ése no es su objeto, sino lograr la comparecencia para la realización de un acto procesal de investigación dentro de la integración de una indagatoria, y al tratarse de un acto que no es restrictivo de libertad, no viola derechos fundamentales de la impetrante. Además, como se dijo, debe destacarse que constituye una actuación de la representante social tendente a la integración de la carpeta de investigación aparentemente incoada contra la promovente o en la que ésta forma parte de las personas involucradas con tal indagatoria; contra lo cual es improcedente el juicio de amparo. *En ese orden de ideas, la orden de citación emitida dentro de la integración de la carpeta de investigación, no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, pues dicha representación legal está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, regulada ahora por el nuevo sistema penal, al atender que el Ministerio Público, en ejercicio de su facultad de investigación estatuida en el numeral 21 constitucional, está en posibilidad de emitir citatorios a cualquier persona, de conformidad con lo previsto en los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las salvedades que los mismos preceptos establecen, siendo éstos del tenor siguiente: "Artículo 90. Citación. Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las personas señaladas en el párrafo anterior, el Órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión privada. La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se realice en forma distinta. En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el Órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva." "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones. Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos. La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento. (.)" Así, debe destacarse en este punto que una vez terminada la diligencia, la persona citada podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar la carpeta de investigación, y que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, la fiscal ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. En ese sentido, la citación para el desahogo de una diligencia en una integración de carpeta de investigación, por sí misma -se considera- no afecta a la libertad personal de la parte citada, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial. Entonces, se reitera, que contra los actos y diligencias llevados a cabo por el Ministerio Público tendentes a la integración de una carpeta de investigación por regla general, el amparo es improcedente, salvo que se afecten derechos sustantivos de los gobernados, entendiéndose como tales los inherentes al ser humano, verbigracia, la vida, la libertad, las posesiones, la defensa adecuada y la exclusión de prueba ilícita, tal como lo ha sostenido reiteradamente el más Alto Tribunal del País. *Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que inclusive la citación al aquí quejoso para la práctica de una diligencia de carácter ministerial en una carpeta de investigación, implica y forma parte de la integración de tal indagatoria que, como tal, no puede considerarse como actos cuya ejecución sea de imposible reparación, no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, ya que éste, en caso de ser cierto, forma parte de la facultad constitucional que la autoridad tiene. De tal forma que aún en ese caso de ninguna manera puede constituir una violación a sus derechos sustantivos. En ese tenor, resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una investigación a través de la cual el fiscal trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga posibilidades de éxito; es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Asimismo, el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, consiste en la obligación que constitucionalmente se impone a la fiscalía de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada etapa preliminar o de investigación, los elementos de prueba suficientes a partir de los cuales pueda determinarse si se somete o no a una persona a juicio. En esta etapa, una vez que el fiscal formaliza la investigación mediante la intervención judicial, el juez de control adquiere primordialmente atribuciones de garantía y resguardo de los derechos fundamentales del imputado, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal. Así pues, un citatorio girado no trasciende de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se podría materializar hasta que la autoridad judicial determine, en un momento dado, si resulta procedente o no la continuación de las etapas del proceso penal; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren a la autoridad ministerial señalada como responsable, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Apoya a lo anterior, la tesis XXVII.3o.47 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo *En adición, cabe precisar que tampoco se está reclamando la citación a una audiencia inicial, en cuyo caso sería igualmente improcedente este amparo. Es así, ya que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, en una nueva reflexión sobre los efectos de la citación a audiencia inicial, determinó que dicha notificación, en sí misma, no afecta la libertad personal del citado, pues es una mera comunicación que dirige la autoridad al imputado, mediante la cual se le informa que debe comparecer para llevar a cabo un acto jurídico. En dicha ejecutoria sostuvo: ".La citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley..". *De ahí que se actualice, en el caso, la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la ley de la materia, con los artículos 14, 16, 19 y el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y el diverso 21, de la constitución federal. Por consiguiente, al actualizarse los motivos de improcedencia en estudio, de manera notoria y manifiesta, respecto de todos los actos reclamados en la demanda, lo procedente es desecharla de plano, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, respecto de los actos consistentes en las órdenes de detención, presentación o comparecencia libradas contra el ahora quejoso, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida e Integridad Corporal, y su ejecución atribuida al Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Aun cuando el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, debido a la enfermedad producida por el virus SARS CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarla, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación4; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo, porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). En ese sentido, es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o se haya solicitado el acceso al expediente electrónico -incluso en aquellos asuntos tramitados bajo el esquema tradicional-; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a traes del "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. Se reitera, el hecho de que el asunto se haya iniciado de manera tradicional, no es impedimento para transitar al esquema de "juicio en línea"; por ello, se exhorta a las partes para efectos de que opten por este último modelo (juicio en línea). Comunicación especial con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 16/2022), se hace saber a la parte quejosa para puede señalar como medios de contacto un número de teléfono móvil o un correo electrónico. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación, sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y de estimarse necesario). Sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 16/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia Presentación de promociones físicas. Se comunica a la parte quejosa que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 Poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Autorizados y usuario para para recibir notificaciones electrónicas. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a * porque se encontró registro único de su cédula profesional en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Y por autorizado sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a *. De igual manera, se autoriza el acceso y consulta al expediente electrónico al usuario Moises11, por así haberlo solicitado la parte quejosa. También, se ordena hacer las notificaciones (sólo las de carácter personal) electrónicas a la parte quejosa, a través del usuario Moises11, porque así lo señaló de manera expresa. De ahí que no se tenga para oír y recibir notificaciones el diverso domicilio físico que señaló en su demanda de amparo, a fin de evitar duplicidad de notificaciones y porque en el actual esquema de contingencia sanitaria deben preferirse los medios electrónicos. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y ante la oposición expresa para la publicación de datos personales, se ordena salvaguardarlos, así como la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto5 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita)

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