Marina Conde y Sarmiento

Expediente 1163/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1163/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Marina Conde y Sarmiento

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por Marina Conde y Sarmiento, a través del cual desahoga la prevención formulada por auto de dieciocho de diciembre del año que transcurre (fojas 9 a 11). Se admite demanda de amparo, con suspensión. En atención a que se satisfacen los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Marina Conde y Sarmiento, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y otras autoridades; los que estima violatorios en su perjuicio de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento. Pídase a la autoridad responsable informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días legalmente computado y requiérasele para que dentro del término concedido, remita copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se le otorgó, se presumirá cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo y se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Causas de sobreseimiento. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Incidente de suspensión. Ahora bien, en atención a que se solicita la suspensión de los actos reclamados, con copia de la demanda, fórmese por separado y por duplicado el incidente de suspensión. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Terceros interesados. Por otra parte, resérvese proveer lo relativo a la existencia de terceros interesados, hasta que conste en autos el expediente generador del acto reclamado. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Pruebas Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas las documentales que acompaña a su escrito de cuenta, así como la presuncional legal y humana que refiere en su demanda de amparo, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia de ley. Sin que pase inadvertido su petición respecto a solicitar a la autoridad responsable el expediente generador del acto reclamado; sin embargo, deberá estarse a lo acordado en el presente auto mediante el cual se requiere a la autoridad responsable rinda su informe justificado, así como las constancias que estime pertinentes en apoyo al mismo. Uso de medios electrónicos Como lo solicita la parte quejosa se autoriza para utilizar medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por su aplicación, se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada I.3o.C.725 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, con el texto siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA".

  2. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1163/2019-I, promovido por Marina Conde y Samiento, contra actos del Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Se requieren informes previos Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus informes previos que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda; en el entendido que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyan, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permita establecer el monto de las garantías correspondientes. Consecuencias de no rendir informe previo En términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se previene a las autoridades responsables que la falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; asimismo, se les apercibe que en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Requerimiento a las autoridades responsables Desde este momento, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término señalado con antelación (cuarenta y ocho horas), remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de los documentos necesarios para resolver sobre la suspensión definitiva, es decir, aquéllos que justifiquen lo expresado en el informe previo que rindan. Audiencia incidental Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Acto reclamado Ahora bien, a fin de normar el procedimiento, debe señalarse que de la lectura integral del escrito de demanda y aclaratorio, se advierte que esencialmente la parte quejosa se duele de: La falta de emplazamiento al juicio laboral 353/2014 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, así como todo lo actuado dentro del mismo y su ejecución, incluido el requerimiento de pago y embargo a la quejosa. Efecto para el que se pide la suspensión La parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que: "[.] solicita la suspensión provisional del acto reclamado, a efecto de que se suspenda la continuación del procedimiento, hasta en tanto se substancie el presente juicio de garantías, pues de continuarse me causaría grave perjuicio, pues la resolución combatida, demuestra parcialidad, afín de que se mantengan las cosas en el mismo estado en el que se encuentran, ya que de ser ejecutado el requerimiento o embargo dictado dicha ejecución me causaría un perjuicio de imposible reparación, y me colocaría en total estado de indefensión..." (sic) Consideración previa. En el asunto que nos ocupa, se resolverá la procedencia de la suspensión, conforme a las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que en su caso, se conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por la parte quejosa en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso. Por similitud se cita la jurisprudencia cuyo rubro anuncia: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA.". Previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión respecto a los actos reclamados, es pertinente señalar que en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual los órganos jurisdiccionales, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberán realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Así, cabe decir que la suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para la parte quejosa la protección de la justicia federal. Además, se indica que, con excepción de los casos en que proceda la suspensión de oficio en términos de los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos a que se contrae el diverso 128 del mismo cuerpo de leyes, a saber: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Del citado precepto legal se advierte que para conceder la suspensión provisional se requiere: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En este punto se enfatiza que el artículo 129 de la ley de la materia enuncia algunos de los casos en que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, en el supuesto de concederse la suspensión. Se afirma lo anterior, porque como se señaló en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, uno de los requisitos para conceder la medida cautelar es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y el artículo 129 de dicha legislación establece, entre otros casos, cuándo se siguen esos perjuicios o se contravienen disposiciones de orden público, cuyo contenido dice: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Sobre el particular, debe decirse que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Se niega la suspensión provisional. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracciones I y X de la Constitución Federal; 128 de la Ley de Amparo SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, a la parte quejosa respecto a la suspensión del procedimiento de ejecución del laudo dictado por la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en el juicio laboral 353/2014, hasta por el monto equivalente a 244 días de salario mínimo general, el cual asciende a la cantidad de $102.68 (ciento dos pesos 68/100 moneda nacional), en virtud de que se desconoce el salario que percibía el tercero interesado y ser el tiempo probable que durará el amparo, como más adelante se verá; lo que da una cantidad de $25,053.92 (veinticinco mil cincuenta y tres pesos 92/100 moneda nacional), misma que se estima necesaria para que el trabajador subsista mientras se resuelve el juicio de garantías; esto último, en atención a lo dispuesto en el artículo 152 de la ley de la materia. Lo anterior, de acuerdo a la tesis de jurisprudencia 4a./J. 13/90, emitida por la otrora Cuarta Sala del Máximo Tribunal, Página: 249, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época, Registro: 207951, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AÚN CUANDO AQUÉL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece las normas aplicables cuando se pide la suspensión de los actos reclamados al combatirse un laudo en amparo directo. Sin embargo, el contenido de tal disposición legal debe aplicarse también cuando se impugna un laudo en amparo indirecto, como ocurre en el supuesto de que la parte demandada reclame la falta de audiencia por no habérsele emplazado legalmente a juicio y, consecuentemente, impugne todo el procedimiento, incluyendo el laudo, o bien, cuando se trate de actos de ejecución de laudo. Ello es así porque en ambas situaciones existe tal similitud que las consecuencias legales no pueden ser distintas, desde luego cuando la parte que obtuvo es la obrera, máxime que los laudos son ejecutables de inmediato en la hipótesis de que al promoverse la demanda de garantías, no se solicite la suspensión del acto; además, en uno y en otro caso, tratándose del trabajador, legalmente ya tiene derecho a que se le haga entrega o pago de las prestaciones respecto de las cuales la Junta consideró procedente su acción, y, mientras no se demuestre lo contrario, debe estimarse que los beneficios que obtuvo del laudo los requiere para subsistir; de manera que si se promueve el amparo, cualquiera que sea la vía elegida y se pide la suspensión del laudo, debe garantizarse la subsistencia del trabajador, en los términos del mencionado artículo 174 de la Ley de Amparo." Cabe precisar que, para determinar el plazo probable de resolución del juicio de amparo del cual emerge esta incidencia; se acude a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, es necesario señalar que el plazo respectivo se fija en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, por lo que procede dividir los días entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que daría un total del plazo aproximado para la conclusión del juicio; tal y como lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 46/2012 (10a.), del texto siguiente: "GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN. Atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto está condicionada a que la quejosa otorgue una garantía bastante para reparar la posible afectación patrimonial que con dicha figura jurídica se pudiera causar al tercero perjudicado en el caso de que no se obtenga una sentencia protectora, y para ello puede resultar necesario calcular, en cada caso, un plazo probable para la tramitación y resolución del juicio, ello ante la imposibilidad de previsión legal y jurisprudencial de fijar un plazo fijo, pues no todos los asuntos revisten el mismo grado de dificultad y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales condiciones de operatividad. Sin embargo, tal imposibilidad no implica que no pueda establecerse un plazo tentativo que derive de un parámetro objetivo, constituido éste por los resultados de operatividad de los órganos jurisdiccionales, pues con tales resultados puede calcularse el tiempo promedio de resolución de los amparos indirectos en una época y en un Circuito determinados. En ese entendido, debe atenderse a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias, y a fin de fijar el plazo en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, procede dividir esa cantidad entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que dará un total calculado en meses, que serán los que deben considerarse como plazo tentativo para la conclusión del juicio, y la estimación de si ese plazo es adecuado, insuficiente o excesivo para cada caso particular, es parte de la facultad de quien decida sobre la suspensión, facultad que deberá ejercerse de manera adecuada, racional y lógica, con base en una apreciación de las circunstancias propias del caso concreto, atendiendo -entre otros- a la naturaleza de la violación y a las características intrínsecas del asunto, como lo son la dificultad jurídica y la complejidad de los temas que involucra; si han sido abordados previamente o si son novedosos". En observancia a lo anterior, se precisa la metodología para obtener la probable duración del juicio de amparo en ambas instancias, a efecto de que las partes, conozcan la forma en que se calcula el mismo. 1. Debe ingresarse a la página web del Consejo de la Judicatura Federal en su dirección electrónica http://www.dgepj.cjf.gob.mx/. Posteriormente, se selecciona la opción "Estadística Judicial", y se elige la opción "Indicadores", en donde se introducen los rubros: Año estadístico (2018, por ser el último), tipo de órgano (juzgados de Distrito), nivel de indicadores (seleccionar productividad) e indicadores (juicio de amparo indirecto). 2. De lo anterior, se obtiene un resultado por circuitos judiciales. Sin embargo, ese no es un indicador válido de referencia para el cálculo en cuestión, pues es un valor promedio de todo el circuito y no de este órgano jurisdiccional. 3. En consecuencia, debe ingresarse al rubro "Vigésimo Octavo", en el que se muestra el número de días que cada uno de los órganos del circuito -juzgados-, tarda en resolver los asuntos de su conocimiento, por así haberse condicionado la búsqueda desde el criterio a consultar. Realizado el anterior procedimiento, se obtuvo que este órgano jurisdiccional, reporta como días aproximados para la resolución de los juicios de amparo indirecto, el equivalente a 94.09 días; que divididos entre 30 (por imperativo jurisprudencial), genera un final de 3.13, es decir, tres meses y cuatro días -tiempo de duración del juicio de amparo-. Ese mismo procedimiento se efectúa para saber cuál es el promedio de los recursos de revisión en los Tribunales Colegiados del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en el Estado de Tlaxcala (en específico el Primero, por no saber a cuál le corresponderá conocer del mismo), con la salvedad de que se deben ingresar los datos siguientes: Seleccionar la opción "Estadística judicial" y elegir la opción "Indicadores", en donde se introducen los rubros: Año estadístico (2018, por ser el último), tipo de órgano (Tribunales Colegiados de Circuito), nivel de indicadores (seleccionar productividad) e indicadores (recurso de revisión). Hecha la consulta, se reporta que dicho Primer Tribunal Colegiado, en promedio, resuelve el recurso de revisión en 149.91 días, que dividido entre 30, da como resultado final de 4.99, es decir, cuatro meses y treinta días o cinco meses. Así, la suma de ambas instancias remite a 8 meses y 4 días, que corresponde a un total de 244 días como la probable duración del juicio en ambas instancias. Se concede suspensión provisional. En otro orden de ideas, al encontrarse reunidos los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no concederse la medida cautelar solicitada, los daños y perjuicios que se le causarían a la parte quejosa serían de difícil reparación, con fundamento en el artículo 152 de la ley de la materia, se concede la suspensión provisional de los actos de ejecución reclamados, esto es, para que no se ejecute el laudo dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en el juicio laboral 353/2014; hasta en tanto, se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. En el entendido de que la presente suspensión provisional únicamente tiene efectos respecto al excedente del monto que se determinó en el apartado que antecede como la cantidad necesaria para que la parte trabajadora tenga garantizada su subsistencia, es decir, por el excedente de la cantidad de $25,053.92 (veinticinco mil cincuenta y tres pesos 92/100 moneda nacional); de tal suerte que la suspensión de la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de donde emanan los actos reclamados aplicará en cuanto exceda de lo necesario para asegurar la subsistencia del tercero interesado. Requisito de efectividad (garantía) En relación con la concesión de la medida cautelar, es importante destacar que, dada su naturaleza, podrían ocasionarse daños y perjuicios a la parte tercera interesada (en virtud de que se le impide provisionalmente ejecutar el acto impugnado de modo definitivo, lo cual constituye un derecho a su favor); por tanto, la medida debe condicionarse al otorgamiento de una garantía que, en su caso, le indemnice los daños y perjuicios que le sean ocasionados con la paralización del acto reclamado si la parte quejosa no obtuviere sentencia favorable en el juicio, tal como lo prevé el artículo 132 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso, por el momento se desconoce cuál es el monto al que en su caso se haya condenado al demandado, para determinar los daños y perjuicios. En esos términos, con fundamento en los artículos 131 y 136 de la Ley de Amparo, se determina que la suspensión otorgada surte sus efectos desde este momento y hasta en tanto se notifique la resolución que se dicte en la suspensión definitiva, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa dentro del plazo de cinco días, no exhibe una garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas en la ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito o póliza de fianza); cantidad que se fija de manera discrecional atendiendo a que la misma se estima suficiente para garantizar -en forma preliminar- esta medida cautelar, tomando en cuenta la naturaleza del acto reclamado y los antecedentes que bajo protesta de decir verdad formuló la parte quejosa en su demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ignacio López Pineda por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Francisco Galicia Soriano, Francisco Alberto Sánchez Melecio, Polette Alvarado Vera, José Roberto González Chávez, Andrés Bobadilla Sánchez y Nancy Zarazúa Sandoval, por no contar con dicho registro. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley antes citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización firma oficios Se autoriza a cualquier secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve Marina Conde y Sarmiento, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1163/2019-I. Prevención A efecto de acordar el escrito de demanda de derechos, debe tomarse en consideración que el artículo 108 de la Ley de Amparo prevé los requisitos que debe contener, entre los que se encuentran los previstos en las fracciones IV y V, que a la letra dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)". Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de derechos, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, y 114 fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Manifieste si lo que pretende señalar como acto reclamado es la falta de emplazamiento al expediente CDT 353/2014-9, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y como consecuencia todo lo actuado dentro del mismo, dado que no lo señala en el apartado respectivo y sin embargo, del contenido íntegro de la demanda se advierte que se duele de dicho acto. De ser así, manifieste si también señala como autoridad responsable al diligenciario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y precise el acto que le atribuye. Además, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibimiento Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados, en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se proveerá respecto a la demanda como fue planteada inicialmente. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ignacio López Pineda por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Francisco Galicia Soriano, Francisco Alberto Sánchez Melecio, Polette Alvarado Vera, José Roberto González Chávez, Andrés Bobadilla Sánchez y Nancy Zarazúa Sandoval, por no contar con dicho registro. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.*

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