Mario Adrián Santacruz Meneses

Expediente 1245/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1245/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Mario Adrián Santacruz Meneses

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el nueve de febrero de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos ..., se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por haberse decretado el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar en autos. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos originales y en los duplicados de los incidentes de suspensión, para constancia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Apizaco, Tlaxcala, siendo las trece horas con catorce minutos del nueve de febrero de dos mil veintidós (foja 8 reverso), en audiencia pública de derecho, Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, asistido de Arturo Sánchez Analco, Secretario con quien actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la correspondiente al juicio de amparo 1245/2021-VI, promovido por Mario Adrián Santacruz Meneses, por propio derecho, sin la asistencia de las partes ni de persona que legalmente las represente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, el Secretario con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: La demanda de amparo y anexo (fojas 2 a 6); La legal vinculación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 42 a 44); Los informes justificados de las autoridades responsables: Director de la Policía Estatal de Caminos y Vialidad de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado (fojas 17 a 21); Policía Acreditable de Operaciones adscrito a la Dirección de la Policía Estatal de Caminos y Vialidad de la Comisión Estatal de Seguridad (fojas 30 a 34); Auto de seis de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se le otorgó a la parte quejosa el termino de quince días para que manifestara su deseo ampliar la demanda de amparo, lo cual no aconteció, por lo que por diverso auto de cuatro de febrero del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó continuar el procedimiento respecto del acto reclamado y autoridades responsables inicialmente señaladas. Todo lo anterior consta en autos. Por otro lado, el secretario CERTIFICA: 1.- Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia, tanto de la Oficialía de Partes Común como de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. 2.- El presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables se encuentran completas, en orden cronológico, certificadas, selladas y foliadas. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos. Con lo anterior se cierra dicha etapa y se abre el período de pruebas. PERÍODO PROBATORIO En este periodo, el Secretario da cuenta con la documental ofrecida por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda de amparo (foja 6); así como las allegadas por las autoridades responsables [1] Director de la Policía Estatal de Caminos y Vialidad de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado y [2] Policía Acreditable de Operaciones adscrito a la Dirección de la Policía Estatal de Caminos y Vialidad de la Comisión Estatal de Seguridad en su informe justificado (fojas 22 a 27 y 35 a 40). El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales, se cierra el período de pruebas. PERÍODO DE ALEGATOS. Se abre la etapa de alegatos, el secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: Se tienen por hecha la constancia secretarial al no existir más alegatos por relacionar, se cierra la fase respectiva. CONCLUSIÓN DEL ACTA. Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar: S E N T E N C I A. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1245/2021-VI, promovido por Mario Adrián Santacruz Meneses; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Por escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Mario Adrián Santacruz Meneses, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: DEMANDA "III.-AUTORIDAD RESPONSABLE.- Director de la Policía Estatal de Caminos y Vialidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. (.) Agente de vialidad y tránsito J. Ricardo M.A.(.)" "IV.- ACTO RECLAMADO.- Consistente en la infundada imposición de la boleta de infracción con número de folio 366092, por parte del elemento de policía vial J. RICARDO M.A., así como la ilegal retención de la placa con matrícula YKX-4465, del estado de Veracruz, lo anterior representa actos de autoridad carentes de la debida fundamentación y motivación, los cuales me causa un agravio personal y directo." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violaron en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló conceptos de violación. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 7 a 12), este Juzgado de Distrito a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, la registró con el 1245/2021-VI, admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados por un lado tiene ejecución y la demanda de amparo se presentó, por razón de turno, ante este Juzgado de Distrito. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracciones II, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama actos que provienen de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y a las constancias del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: A. Del [1] Director de la Policía Estatal de Caminos y Vialidad de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado y [2] Policía Acreditable de Operaciones adscrito a la Dirección de la Policía Estatal de Caminos y Vialidad de la Comisión Estatal de Seguridad: La boleta de infracción número 366092. La retención de las placas YKX-4465 del Estado de Veracruz. Señalado el acto reclamado, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia del mismo, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Director de la Policía Estatal de Caminos y Vialidad de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado y Policía Acreditable de Operaciones adscrito a la Dirección de la Policía Estatal de Caminos y Vialidad de la Comisión Estatal de Seguridad, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la boleta de infracción número 366092 y la retención de las placas YKX-4465 del Estado de Veracruz. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Lo anterior se corrobora, con las documentales que anexaron las autoridades responsables el Director de la Policía Estatal de Caminos y Vialidad de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado y Policía Acreditable de Operaciones adscrito a la Dirección de la Policía Estatal de Caminos y Vialidad de la Comisión Estatal de Seguridad; a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". No se soslaya que la infracción reclamada no fue allegada por las autoridades responsables, sin embargo, atendiendo a que ésta fue exhibida por la parte quejosa, resulta ocioso requerirla nuevamente. CUARTO. Oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Conviene precisar que la parte quejosa aduce que el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento de la infracción y retiro de la placa delantera de circulación YKX-4465 particulares del Estado de Veracruz, del vehículo automotor de que se trata, por lo que esa fecha es la que debe tomarse en consideración para computar el plazo para promover el presente juicio constitucional. En ese sentido, si el quejoso refiere que el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento del acto que reclama en el presente juicio, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda de amparo transcurrió del uno al veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, sin contar los días inhábiles cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno, tal como se pone de manifiesto con el siguiente calendario: NOVIEMBRE DE 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 29 inhábil 29 30 Fecha de conocimiento del acto reclamado DICIEMBRE DE 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 (Día 1) 2 (Día 2) 3 (Día 3) 4 Día inhábil 5 Día inhábil 6 (Día 4) 7 (Día 5) 8 (Día 6) 9 (Día 7) 10 (Día 8) 11 Día inhábil 12 Día inhábil 13 (Día 9) 14 (Día 10) 15 (Día 11) 16 (Día 12) 17 (Día 13) 18 Día inhábil 19 20 (Día 14) 21 (Día 15 Presentación de demanda) Por tanto, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se colige que fue presentada dentro del plazo legal previsto en la Ley de Amparo, pues tenía hasta esa data. QUINTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA -FUNDADA- No se estudiará el fondo del asunto porque se actualiza una causa de improcedencia, la cual es de orden público y estudio preferente, sea que las partes las hagan valer o se advierta de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En específico, se actualiza en el caso la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso, 5, fracción I, del mismo ordenamiento, ya que la parte quejosa no acredita su interés jurídico, toda vez que no exhibió documento alguno con el que acredite ser propietario del vehículo cuya infracción le fue impuesta, en atención a las consideraciones siguientes: A fin de justificar tal aserto, resulta pertinente precisar que los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regulan la procedencia, trámite y resolución del juicio de amparo, se reformaron mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once; reforma que entró en vigor el cuatro de octubre siguiente, conforme al artículo primero de transitorio del decreto referido. Ahora, la fracción I del artículo 107 constitucional redimensiona el principio de instancia de parte agraviada, para considerar como tal a toda persona que aduce ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica sea de manera directa o de su especial situación frente al orden jurídico. La regla de "interés legítimo" no es absoluta, pues el constituyente permanente introdujo una excepción, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, consistente en que el quejoso debe aducir (y por tanto demostrar) ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Lo que se identifica con el concepto de interés jurídico. Así, en los casos en que el acto reclamado derive de un proceso seguido ante un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, la procedencia del amparo estará supeditada a que la quejosa demuestre tener interés jurídico, en términos del segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional. Por su parte, el precepto aludido restante establece uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de instancia de parte agraviada, el cual implica que el acto reclamado debe causar un perjuicio a quien solicita la protección constitucional. Tal principio está estrechamente vinculado con el concepto de interés jurídico, que consiste en la titularidad de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, en tanto que la afectación a dicho interés se presenta cuando la autoridad produce un menoscabo en ese derecho subjetivo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido qué debe entenderse por interés jurídico en el amparo, según se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, de lo que se deduce lo siguiente: a. El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. b. El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. c. No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Con base en el marco jurídico expuesto, se procede al análisis de la causa de improcedencia que se actualiza en el caso, obtenida de relacionar los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso, 5°, fracción I, del mismo ordenamiento, ya que el quejoso no acredita su interés jurídico en el juicio. Esto es así, toda vez que no exhibió documental alguna con la que acredite la propiedad del vehículo automotriz con placas de circulación YKX-4465 del Estado de Veracruz, cuya infracción le fue impuesta -por el Policía Acreditable de Operaciones, de nombre -José Ricardo Muñoz Arroyo-, adscrito a la Dirección de la Policía Estatal de Caminos y Vialidad de la Comisión Estatal de Seguridad, quien retiro de la placa delantera de dicho vehículo. Lo anterior, debido a que la parte quejosa únicamente exhibe la boleta de infracción con folio 366092 de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, siendo omisa en exhibir documento alguno con el que acredite ser titular del derecho lesionado con el acto reclamado. Documental que resulta ineficaz para acreditar su interés jurídico en el presente asunto; pues no acredita la propiedad del vehículo del cual fue retirada la placa YKX-4465 del Estado de Veracruz. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, del tomo XV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2002, intitulada: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4° de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Así como la jurisprudencia 1a./J. 118/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, correspondiente a Octubre de 2005, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. TRATÁNDOSE DEL DESPOSEIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NO ES IDÓNEA PARA DEMOSTRARLO UNA FACTURA CUYA FALSEDAD HA SIDO DECLARADA POR AUTORIDAD JURISDICCIONAL, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO LEGÍTIMO PROPIETARIO. Cuando los actos reclamados en el juicio de amparo consisten en despojo, secuestro o decomiso de un vehículo, entre otros de la misma naturaleza que implican afectación o menoscabo del derecho de posesión que se hace derivar directamente de la propiedad, el interés jurídico debe demostrarse mediante la comprobación fehaciente de la propiedad que se ostenta. Lo anterior, se logra a través de la exhibición de la factura que ampare la propiedad o posesión, o algún otro documento que se le equipare, del cual se desprenda que el quejoso es el actual titular del vehículo, toda vez que si de esa titularidad hace derivar el derecho de posesión que considera afectado por los actos de autoridad, no es un simple derecho detentatorio el que se defiende, sino la posesión emanada de la propiedad, es decir, la posesión originaria, por lo que en este sentido, su interés jurídico para promover el amparo quedará acreditado con las documentales que prueben esa propiedad. Sin embargo, cuando una autoridad jurisdiccional determina en su resolución la falsedad de la factura con la que pretende acreditarse la propiedad y la consecuente posesión originaria, es inconcuso que no puede considerarse que esa documental constituye un indicio y menos aún un elemento probatorio fehaciente que acredite esa titularidad, pues su falta de autenticidad no sólo determina la invalidez del documento, sino de todos los derechos u obligaciones que de él se hacen derivar, lo que determina que no se logren acreditar los extremos pretendidos por el oferente y, consecuentemente, su interés jurídico para promover el juicio de garantías contra los actos de autoridad atentatorios de la pretendida propiedad o posesión. Caso contrario sucede cuando dentro de una averiguación previa existen indicios contra la veracidad del documento con que pretende demostrarse la propiedad y la consecuente posesión de un vehículo, pues para que a aquél pueda negársele valor probatorio, no basta la simple presunción de falsedad que emana de las actuaciones realizadas en esa etapa investigatoria, sino que se requiere una certeza jurídica plena, la cual se logra únicamente cuando la falsedad ha sido declarada por autoridad jurisdiccional, pues además de que es en un juicio donde el gobernado puede ofrecer las pruebas que considere oportunas, son las autoridades jurisdiccionales las únicas facultadas para establecer la verdad jurídica de los hechos sometidos a su jurisdicción a partir de la valoración de los elementos probatorios correspondientes." Por tanto, si el inconforme solicita la protección constitucional bajo el argumento de tener la calidad de propietario del vehículo automotor de referencia, entonces, debe acreditar su interés jurídico, lo que se constriñe a demostrar que cuenta con esa calidad -propietario-, circunstancia que en el caso no acontece, pues no exhibió el documento con el que acredite la propiedad del vehículo automotor referido. En esas circunstancias, el quejoso no acredita su interés jurídico y como resultado de ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I, del numeral 5, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la ley la materia. Conclusión. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I, del numeral 5, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el cardinal 63, fracción V, de la ley la materia, recepto del acto reclamado consistente en la boleta de infracción número 366092 y la retención de las placas YKX-4465 del Estado de Veracruz. Finalmente, no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 76 y 217, de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Mario Adrián Santacruz Meneses, respecto de los actos precisados en el considerando tercero, por los argumentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Arturo Sánchez Analco, Secretario de este Juzgado, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Api********************aco, Tlaxcala, cuatro de febrero de dos mil veintidós. No se amplió demanda de amparo. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el pla********************o de quince días que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en proveído de seis de enero de dos mil veintidós, para que ampliara su demanda de amparo en los términos ahí precisados, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído de referencia, por lo que se tiene por perdido su derecho y se continúa con el procedimiento conforme a la demanda inicialmente planteada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muño********************, Jue******************** Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante quien actúa asistido, del licenciado Jorge Arciniega Alcara********************, Secretario de este Ju********************gado, quien autori********************a y da fe.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siete de enero de dos mil veintidós. Billete de depósito. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que en la caja de valores de este juzgado se encuentra el billete de depósito N 827426 expedido a nombre de José Gregorio García Serrano por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), registrado con el número de orden 33/2018, que exhibió el quejoso para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional concedida en el presente incidente de suspensión. Ahora, debe precisarse que en proveído de diez de abril de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio de amparo del que deriva el presente incidente, causó ejecutoria la sentencia de quince de marzo del mismo año, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, ordenando el archivo del mismo. En consecuencia, toda vez que la garantía de referencia fue exhibida por el quejoso en términos de lo que establece el artículo 168 de la Ley de Amparo, es decir, fue otorgada por el quejoso para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecta la libertad personal, hágase devolución de dicho billete de depósito a la parte quejosa, debidamente endosado a su nombre, previa identificación, razón de recibo y firma que para debida constancia quede en autos. En el entendido que trascurridos dos años contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, sin que se apersone ante este órgano a recibir el billete de depósito cuya devolución se ordena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29, fracción I, y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se decretará prescrita a favor del Erario Federal, la cantidad que ampara dicho certificado. Ahora, a fin de dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de las copias que indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 8190, extensión 1307, dentro de un horario de trece a dieciocho horas, de lunes a viernes, una vez que quede notificado del presente proveído. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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