Mariluci González Muñoz

Expediente 186/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
186/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
13/04/2018

Partes del expediente

  • Mariluci González Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho (foja 32), en el cual se decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de los documentos originales y billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que por oficio SEADS/365/2018, de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó el acuerdo de la misma fecha del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó la readscripción del Juez Carlos Alberto Ávila Muñoz, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en sustitución del ahora Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, con efecto a partir del uno de abril de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimiento Civiles, hágase del conocimiento de las partes el cambio de titular, por el termino de tres días, a fin de que estén en aptitud de manifestar lo que a su interés convenga.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Asimismo, téngasele remitiendo copia certificada de la resolución de trece de marzo de dos mil dieciocho, dictada dentro del Recurso de Revocación 30/2017 y su acumulado 31/2017, de su índice, documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Del citado informe se desprende que la autoridad responsable, manifestó que no es cierto el acto reclamado; asimismo, precisó que en trece de marzo de dos mil dieciocho, se dictó la resolución del Recurso de Revocación 30/2017, y su acumulado 31/2017, que a su vez, se interpuso en contra de la resolución dictada en el Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 040/2016, del índice de la Auditoría Especial de Cumplimiento, circunstancia que acreditó con la copia certificada de dicha resolución de trece de marzo del año en curso, que adjuntó a su informe justificado. En tal sentido, pone de relieve que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al dictar la resolucion del Recurso de Revocación 30/2017, y su acumulado 31/2017, que, a su vez, se interpuso en contra de aquella dictada en el Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 040/2016, del índice de la responsable; cesó la omisión reclamada circunstancia que impone sobreseer en el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: "La omisión de dictar la resolución, dentro del recurso de revocación que se promovió en contra de la resolución del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria número 040/2016, violando mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 de la constitución política de los estados unidos mexicanos". Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. En el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, adjuntó copia certificada de la resolución de trece de marzo de dos mil dieciocho, en la que dictó la resolución del Recurso de Revocación 30/2017, y su acumulado 31/2017, que a su vez, se interpuso en contra de la resolución dictada el tres de abril de dos mil diecisiete, en el Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 040/2016. Dicha resolución fue notificada a la quejosa el quince de marzo de dos mil dieciocho, tal como se advierte de la presente reproducción: De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele la quejosa se subsanó al emitir la resolución del Recurso de Revocación 30/2017, y su acumulado 31/2017, en el Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 040/2016. Sin que en el caso pueda analizarse la posible omisión o dilación subsecuente en el trámite respectivo, pues la materia del presente juicio debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto, en virtud de que constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. Lo anterior, sin que se contravenga lo establecido en los criterios jurisprudenciales de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES" y "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS", en tanto los criterios ahí sostenidos fueron abandonados en la diversa tesis "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)". Cobra aplicación, por analogía, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro texto y datos de identificación siguientes: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007).-- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Con base en las premisas expuestas, se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto en la omisión de dictar la resolución, dentro del recurso de revocación que se promovió en contra de la resolución del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria número 040/2016; pues se insiste, cesó en sus efectos el acto reclamado, al dictar la autoridad responsable el trece de marzo de dos mil dieciocho, la resolución correspondiente. Finalmente, no pasa inadvertido para este juzgador, que no se haya dado la vista que prevé el artículo 117, de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas por la autoridad responsable; pues con las mismas se acredita fehacientemente la causa de improcedencia antes invocada. Por lo tanto, a nada práctico llevaría agotar el término referido, pues ello nada cambiaría el sentido del fallo en el presente juicio de amparo, y sólo se retrasaría el dictado de la correspondiente sentencia, en perjuicio de la pronta impartición de justicia que establece el artículo 17, de la Constitución Federal. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia invocada, y se procede a decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de la omisión de dictar la resolución, dentro del recurso de revocación que se promovió en contra de la resolución del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria número 040/2016, por ende, se impone sobreseer el presente juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, agréguese a los autos, sin mayor proveído, el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado Federal, por el cual rinde su alegato ministerial número 155/2018, toda vez que en proveído de esta fecha se determinó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y específicamente la certificación que antecede, se advierte que mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho, se requirió a la parte tercera interesada Florina Parada Nava -representante común-, a fin de que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de dicho proveído, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de lista que se fija en los estrados de este Órgano Jurisdiccional el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún aquellas que sean de carácter personal.

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