Mariluci González Muñoz
Expediente 339/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 21 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 23/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Mariluci González Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del el veinticinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 295 a 298), que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Devolución de documentos originales. Por otra parte, aun cuando el documento exhibido por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjese a su disposición, el cual podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dicho documento será destruido junto con el expediente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve: Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del el veinticinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 295 a 298), que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Devolución de documentos originales. Por otra parte, aun cuando el documento exhibido por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjese a su disposición, el cual podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dicho documento será destruido junto con el expediente.
- Principal
Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 73 a 84), en el presente juicio de amparo indirecto número 339/2018-III, promovido por Mariluci González Muñoz, se sobreseyó el juicio de amparo en los siguientes términos: ".En relatadas circunstancias, respecto del Director de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, dado que para efectos del presente juicio de amparo no es autoridad responsable, ello en virtud de que la citada autoridad no dictó, promulgó, ordenó, ejecutó o trató de ejecutar el acto que se le atribuye, sino que sólo actúo como fedatario del acto del Auditor, sin facultad decisoria en el proceso administrativo respectivo; en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5 de la Ley de Amparo; por lo que es procedente sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado a dicha autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por otra parte, en las condiciones relatadas, procede sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado al Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, lo anterior, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia.". Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien lo radicó con el número 128/2018 y, por ejecutoria dictada por el Tercero Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, de ocho de febrero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo para los efectos siguientes: ".1) Dejar insubsistente la resolución reclamada; y, 2) En su lugar dictar otra en la que tomando en cuenta las consideraciones de la presente ejecutoria, se pronuncie exhaustivamente respecto del agravio tercero expresado en el recurso de revocación dilucidando si la recurrente en sus funciones de revisión de la cuenta pública detectó irregularidades y se abstuvo de formular observaciones, además si se le dejó en estado de indefensión por el motivo de que no le fueron notificadas las observaciones emitidas por el ente fiscalizador, y emita la resolución que en derecho proceda." Atento a ello, por auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (foja 245 a 247). Mediante oficios OFS/DAJ/245/2019 y OFS/DAJ/257/2019 de cinco y ocho de marzo del año en curso, el Director de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, remitió el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil diecinueve y la resolución de siete de marzo de dos mil diecinueve, dictados por la Auditora Superior de dicho Órgano de Fiscalización, en el recurso de revocación 30/2017 y su acumulado 31/2017 de su índice, con los cuales manifestó dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en este juicio. Así, por auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 271 a 274), se determinó que con vista en las constancias remitidas por el Director de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, no había dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se le requirió nuevamente, por segunda ocasión, dicho cumplimiento en los términos ahí apuntados, puesto que el Director responsable, fue omiso en: A). Reiterar las consideraciones que no fueron materia de la concesión de amparo, esto es, el primero y segundo agravio expuestos por la quejosa en el recurso de revocación. B). Pronunciarse respecto de qué manera acreditó que efectivamente la hoy quejosa, al revisar la cuenta pública, detectó situaciones irregularidades; pues si bien en la resolución de siete de marzo del año en curso, al analizar el agravio tercero, determinó que las omisiones de Mariluci González Muñoz, que causaron daño y perjuicio estimable en dinero, se demuestran con la falta de documentación tendiente a dar aviso de las irregularidades, así como la falta de documentación relativa detectar irregularidades, en las que incurrió la administración municipal; sin embargo, uno de los efectos de la ejecutoria es precisamente, previo imponer una sanción, deberá indicar cómo se demuestra que la quejosa en su carácter de ex Síndico Municipal, detectó irregularidades en la administración, para con ello, surgir la obligación de dar los avisos que de acuerdo a sus facultades le correspondía realizar. Así, mediante oficios OFS/DAJ/324/2019 y OFS/DAJ/352/2019 de dos y diez de abril del año en curso, el Director de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, remitió el acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve y la resolución de nueve de abril de dos mil diecinueve, dictados por la Auditora Superior de dicho Órgano de Fiscalización, en el recurso de revocación 30/2017 y su acumulado 31/2017 de su índice, con los cuales manifestó dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en este juicio. Documentales a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. De las mismas se aprecia que, en cumplimiento al fallo protector, la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, realizó lo siguiente: El uno de abril de dos mil diecinueve dejó insubsistente la resolución de siete de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revocación 30/2017 y su acumulado 31/2017, únicamente respecto de Mariluci González Muñoz y ordenó dictar una nueva resolución (foja 281 vuelta). El nueve de abril actual, dictó resolución en la que analizó el tercer agravió expresado por la quejosa en el recurso de revocación y determinó que no se acredita que efectivamente Mariluci González Muñoz, ex Síndico Municipal de Tetlatlahuca, Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal dos mil once, periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre, haya sido omisa de dar aviso de irregularidades en la cuenta pública, pues dentro del expediente 040/2016 no se desprende documento o la manera de como acreditar que la quejosa conocía irregularidades en la hacienda pública e hiciera caso omiso al no notificar dichas irregularidades al ente fiscalizador, por lo que determinó exonerar de toda responsabilidad a Mariluci González Muñoz, ex Síndicio Municipal de Tetlatlahuca, Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal dos mil once, periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre, lo anterior, en virtud de que desconocía las observaciones e irregularidades observadas por ese ente Fiscalizador, ya que ninguna de ellas compete a la recurrente dentro de su funciones como síndico municipal, pues en su momento nunca manejo recursos económicos, ni dispuso de cuentas bancarias del Ayuntamiento de Tetlatlahuca, Tlaxcala. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector. Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Reserva archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Director de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento contenido en auto de cuatro de abril del año en curso, remite la resolución de nueve de abril de dos mil diecinueve en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se da vista con cumplimiento. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable, por el término de tres días computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector.
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