Marilu Juárez Cruz
Expediente 539/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Marilu Juárez Cruz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del seis de junio del año en curso (fojas 15 a 23), en el que desechó la demanda de amparo promovida por Marilú Juárez Cruz; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales y billetes de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
Con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la quejosa Marilú Juárez Cruz, el contenido del proveído de seis de junio de dos mil dieciocho: ...Vista la demanda de amparo que promueve Marilú Juárez Cruz, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de quien reclama la resolución interlocutoria de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual declaran improcedente la acumulación de los expedientes 147/2017-B, 143/2017-B y 146/2017-A. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 539/2018-VIII. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. ...Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se declara improcedente la acumulación de los expedientes 147/2017-B, 143/2017-B y 146/2017-A del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; no produce efectos de imposible reparación a las partes, por no afectar materialmente derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, toda vez que en la citada resolución interlocutoria de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, a través del cual la autoridad responsable declaró improcedente la acumulación de los expedientes 147/2017-B, 143/2017-B y 146/2017-A. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: ... De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 170, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, cuando surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la resolución definitiva. Lo anterior denota que en el juicio de amparo directo podrán reclamarse, actos que sean de reparación posible, ya sea porque no afecten derechos sustantivos, o porque se trate de violaciones procesales que no sean relevantes, lo que interpretado en sentido contrario revela que podrán impugnarse en el amparo biinstancial los actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación, ya sea por afectar derechos sustantivos o, por constituir violaciones procesales relevantes. Por tanto, la interpretación sistemática de ambas porciones normativas revela que el legislador ordinario ha dispuesto que el juicio de amparo indirecto sea el medio de control constitucional que los gobernados tengan al alcance a fin de controvertir los actos dictados dentro de juicio que tengan una ejecución irreparable, ya sea que: Afecten derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o, Constituyan violaciones procesales relevantes. En esos términos, si bien en la Ley de Amparo vigente el legislador introdujo la expresión novedosa "violaciones procesales relevantes", lo cierto es que tal expresión corresponde a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había instituido en la jurisprudencia como "violaciones procesales en el juicio que afectan a las partes en grado predominante o superior". En consecuencia, se estima que la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, 170, fracción I, cuarto párrafo, ambos aplicados en sentido contrario, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actualizará sólo cuando el acto que se impugne a través del juicio constitucional no afecte derechos sustantivos de las partes previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni constituya una violación procesal relevante, entendiéndose por ésta, lo que el Alto Tribunal anteriormente denominó como una violación procesal en grado predominante o superior.Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Del artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. ... Lo anterior, resulta relevante en este asunto, pues el acto reclamado en el presente juicio consiste en la resolución interlocutoria de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se declara improcedente la acumulación de los expedientes 147/2017-B, 143/2017-B y 146/2017-A del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que dicha determinación no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. ... Así, la materia de la resolución reclamada es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, toda vez que en la citada resolución interlocutoria de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se declara improcedente la acumulación de los expedientes 147/2017-B, 143/2017-B y 146/2017-A del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, lo cual no es un acto de imposible reparación. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. ...En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle cinco de Junio número mil doscientos diez, Carretera Ciudad Judicial, Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, asimismo; se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo, a Alicia Mata Galindo, María del Carmen Islas García y Fernando Luna Rojas, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna.
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