Maricela Aquino Mendoza
Expediente 203/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maricela Aquino Mendoza
- Maricela Aquino Mendoza y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo II-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de abril de dos mil dieciocho. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó de plano la demanda de amparo, origen de este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo ordenado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del mencionado Acuerdo General, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales... Hágase del conocimiento de las partes, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
...Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, el auto de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, a la parte PROMOVENTE, en el presente juicio de amparo, atendiendo al apercibimiento que se le hizo en el AVISO que se dejó previamente en su domicilio, para los efectos legales a que haya lugar... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de marzo de dos mil dieciocho. En el oficio que se atiende, del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, transcribe el proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente de amparo 106/2018 de su índice, del que se advierte no acepta la competencia declinada por este juzgado por las razones que expone. Acúsese recibo correspondiente e infórmese a dicho Juez de Distrito, que éste órgano jurisdiccional no insiste en declinar competencia. Por otro lado, este juzgador considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por ****, y en representación de sus menores hijas **** y **** de apellidos ****, por las razones siguientes: En el caso, la quejosa reclama lo siguiente: "IV. - ACTO RECLAMADO: Reclamo de la Autoridad Responsable: El convenio aprobado y elevado a cosa juzgada en el expediente ****, del JUZGADO CIVIL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, Estado de Oaxaca." Asimismo, la promovente señala en su segundo concepto de violación: ".SEGUNDO CONCEPTO: Consecuentemente, al inobservares lo previsto en el artículo 4° Constitucional, lo procedente es que la Juez del conocimiento del juicio familiar en el expediente **** del índice del Juzgado Civil de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, abrir a trámite un incídete en el que se diriman las cuestiones relativas a la proporcionalidad alimenticias de todos los acreedores y se llamen a juicio a todas a las partes para no violar la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 Constitucional para que tenga oportunidad tanto e ofrecer y desahogar las pruebas y se determine lo más justo y sano para todos los acreedores." Del contenido integral de la demanda se advierte que la quejosa ****, y en representación de sus menores hijas *** y **** de apellidos ****, demandó a su concubino Joaquín Antonio García Morales, el pago de una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva a favor de éstas, asimismo, señala que tiene conocimiento que existe un juicio civil radicado en el Juzgado Civil de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, con el número de expediente ****, el cual, mediante convenio celebrado entre su concubino y ****, en el que se aprobó una pensión alimenticia del 80% (ochenta por ciento), de su salario y demás prestaciones a favor de ****. Situación que la motivó en promover el presente juicio, a fin de que el Juez Civil de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, abra un incidente en el que diriman las cuestiones relativas a la proporcionalidad alimenticias de todos los acreedores y se llamen a juicio todas las partes, a efecto de no violar lo establecido en el artículo 14 Constitucional y tenga oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas y se determine lo más justo y sano para todos los acreedores, incluidas sus menores hijas. Por tanto, este Juzgado de Distrito considera que, aún en ejercicio de sus poderes de control constitucional, no está facultado para pronunciarse, de primera mano, sobre el planteamiento jurídico de la quejosa, pues ello encierra el ejercicio de una facultad de apreciación, cuyo ejercicio está reservado a otras autoridades, por lo que cualquier acto que exija el despliegue de esa facultad, debe entenderse como un acto no justiciable en el juicio de amparo indirecto. En efecto, el suscrito considera que se surte la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece que el juicio de amparo es improcedente "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley", ello en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal que dispone que el juicio de amparo procede "contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad", a lo que se agrega: "que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Del artículo 103 constitucional, fracción I se derivan dos implicaciones: a) No procede el juicio de amparo si no existe un acto de autoridad (positivo o negativo) o una norma jurídica de una autoridad, sin embargo, b) No basta que exista dicho acto, norma u omisión de autoridad, sino que del mismo pueda predicarse una violación a un derecho humano, cuya conclusión pueda ser materia de estudio en ese juicio constitucional. De los dos incisos anteriores se desprende, por lo tanto, que una vez que se ha determinado que existe un acto de autoridad, el juez de amparo debe determinar si se trata de uno que sea justiciable en la vía indirecta, pudiendo no actualizarse este supuesto cuando la Constitución -o su propia Ley Reglamentaria- otorga claramente la determinación de una cuestión a determinados órganos. No tomar ello en consideración implicaría, sustituir dichas facultades de apreciación que son de naturaleza exclusiva de dichos órganos e, incluso, el tener decisiones contradictorias. Esta metodología interpretativa no es extraña a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Primera Sala, en otro medio de control de constitucionalidad, al conocer sobre las controversias constitucionales, ha interpretado las causales de improcedencia desde esta perspectiva, esto es, atendiendo a la función de dicho juicio al interior de su diseño institucional, en la cual ha determinado que la debida consideración de la naturaleza y finalidad del mismo, sobre la base de una interpretación sistemática y armónica de las previsiones constitucionales, deben llevar a concluir la no justiciabilidad de ciertas cuestiones políticas, cuya resolución se asigna por la norma constitucional a un órgano por razón de especialidad, cuestión que debe analizarse, sin embargo, de manera casuística. Así, al resolver la controversia constitucional 140/2006, en sesión de quince de agosto de dos mil siete, por unanimidad de votos, se estableció el criterio reflejado en la tesis de rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS CUESTIONES MERAMENTE POLÍTICAS NO SON SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS EN SEDE JUDICIAL." Este juzgador apela a ese criterio para afirmar que, en el marco del presente caso, no es posible emitir un juicio de valor sobre aperturar un incidente en el que diriman las cuestiones relativas a la proporcionalidad alimenticias de todos los acreedores, sin que la quejosa ni siquiera hubiere comparecido ante la autoridad de la que solicita, dé trámite al incidente planteado y menos aún, que ésta se hubiere pronunciado respecto si resulta procedente o no su petición. La molestia cuya solución solicita la quejosa debe hacerla en su caso, ante el Juez Civil de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, quien es el encargado de llevar el expediente civil **** y realizar lo que a derecho corresponde conforme a su acto que reclama. Esta calificatoria de no justiciabilidad en la vía de amparo indirecto no rompe con la coherencia del modelo de estado constitucional, pues no implica el reconocimiento de una categoría de casos impune al escrutinio de los derechos humanos; por el contrario, justamente su reconocimiento implica el respeto a un diseño institucional reconocido constitucionalmente que otorga ese control a otro órgano de manera exclusiva. En el presente caso, la improcedencia del juicio de amparo para emitir una respuesta a la interrogante de ¿Por qué el Juez Civil, de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, no dio intervención a la aquí quejosa ****, y en representación de sus menores hijas **** y **** de apellidos García Aquino? es porque el juicio de amparo tiene como premisa resolver toda controversia que se suscite, entre otras, por omisiones o negativas de la autoridad que violen derechos humanos, sin embargo para que éstas puedan ser analizadas por esta vía, es indispensable que la parte quejosa hubiese realizado petición alguna a la responsable que la obligara a proveer al respecto o caso contrario a estar en aptitud de reclamar su omisión a pronunciarse, hecho que hasta el momento no se advierte que haya acontecido. Es en ese sentido dichos actos reclamados a la autoridad señalada como responsable no son susceptibles de análisis del control constitucional. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Congruente con lo anterior, este juez federal concluye que existe un impedimento técnico que convierte la petición de la quejosa en una cuestión no analizable en el juicio de amparo. En consecuencia, se actualiza -de manera manifiesta e indudable- la casual de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución. Lo anterior conlleva -naturalmente- a desechar la demanda de amparo por lo que esos actos respecta al acto de la quejosa ****, y en representación de sus menores hijas **** y **** de apellidos ****, consistente en el convenio aprobado y elevado a cosa juzgada en el expediente ****, del JUZGADO CIVIL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, Estado de Oaxaca. Domicilio y autorizados. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en su escrito de demanda, por no estar inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Notifíquese personalmente. Así lo determinó el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante el secretario de acuerdos, Gamaliel Sánchez Cruz, quien autoriza y da fe.
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