Maricela Pérez Téllez

Expediente 837/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
837/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Maricela Pérez Téllez

Actuaciones

  1. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 837/2021 promovido por *********, en contra del acto de la autoridad que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES De las actuaciones que integran este asunto se advierte que ante la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se instrumentó el juicio laboral **********, promovido por ********** en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien le reclamó la cobertura de diversas prestaciones económicas; el referido contradictorio se instrumentó en sus atapas y el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se dictó el laudo respectivo, en donde se condenó a la demandada a pagar a la accionante las diferencias salariales entre la categoría de N20 confianza nivel 80 a la de la categoría de administrador de tienda IMSS-SNTSS de Huajuapan de León, Oaxaca, más los incrementos. El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la accionante planteó un incidente de liquidación de las diferencias salariales que fueron objeto de la condena en el laudo definitivo; la citada incidencia se admitió a trámite el seis de diciembre de dos mil diecinueve, instrumentándose el procedimiento relativo en donde se celebró la audiencia incidental el cinco de noviembre de dos mil veinte, en la que los litigantes ofrecieron sus pruebas y formularon sus alegatos; posteriormente, en el auto de ocho de marzo del año en curso, la Junta admitió y desechó las pruebas que los contendientes anunciaron, por lo que al no existir algún medio de convicción pendiente de desahogar turnó los autos para la emisión de la resolución correspondiente. El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con asiento en la capital de esta entidad federativa, dictó la interlocutoria respectiva en el referido incidente, en la que condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar a la parte actora novecientos dieciocho mil veintitrés pesos con veintiocho centavos, por concepto de diferencias salariales entre la categoría de N20 confianza nivel 80 a la de la categoría de administrador de tienda IMSS-SNTSS de Huajuapan de León, Oaxaca, por el período comprendido del dieciséis de mayo de dos mil diez, a la segunda quince de julio de dos mil diecisiete; por otra parte, absolvió al enjuiciado de la cobertura de los incrementos por el lapso comprendido del dieciséis de mayo de dos mil diez, al veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. La resolución incidental señalada se notificó al apoderado de la actora el once de agosto del año en curso, en tanto que a la enjuiciada se comunicó procesalmente esa determinación el dieciséis de agosto pasado, a través de su mandatario. La parte quejosa estima que la actuación de la autoridad responsable vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE ********** promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. La justiciable señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a quien reclamó la omisión de resolver el incidente de liquidación de las diferencias salariales entre la categoría de N20 confianza nivel 80 a la de la categoría de administrador de tienda IMSS-SNTSS de Huajuapan de León, Oaxaca, planteado en el juicio laboral ***********. Por acuerdo de cuatro de agosto pasado, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda, la cual registró bajo el expediente 837/2021; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto atribuido a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate el acto siguiente: De la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, reclama: La omisión de resolver el incidente de liquidación de las diferencias salariales entre la categoría de N20 confianza nivel 80 a la de la categoría de administrador de tienda IMSS-SNTSS de Huajuapan de León, Oaxaca, planteado en el juicio laboral ***********. V. INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO No es cierto el acto atribuido a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente la omisión de resolver el incidente de liquidación de las diferencias salariales entre la categoría de N20 confianza nivel 80 a la de la categoría de administrador de tienda IMSS-SNTSS de Huajuapan de León, Oaxaca, planteado en el juicio laboral *************, a pesar de que esa autoridad en su informe con justificación aceptó su existencia; empero, de las constancias que integran este asunto, en particular las relativas al contradictorio de origen que la mencionada responsable exhibió en copias certificadas se advierte que lo expuesto en tal informe se desvirtúa, porque a la fecha de la presentación de la demanda no existía la omisión atacada, a los instrumentos descritos se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su arábigo 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En efecto, de las actuaciones que obran en este asunto se advierten los aspectos siguientes: Que ante la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se instrumentó el juicio laboral ***********, promovido por ************** en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien le reclamó la cobertura de diversas prestaciones económicas; el referido contradictorio se instrumentó en sus atapas y el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se dictó el laudo respectivo, en donde se condenó a la demandada a pagar a la accionante las diferencias salariales entre la categoría de N20 confianza nivel 80 a la de la categoría de administrador de tienda IMSS-SNTSS de Huajuapan de León, Oaxaca, más los incrementos. El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la accionante planteó un incidente de liquidación de las diferencias salariales que fueron objeto de la condena en el laudo definitivo; la citada incidencia se admitió a trámite el seis de diciembre de dos mil diecinueve, instrumentándose el procedimiento relativo en donde se celebró la audiencia incidental el cinco de noviembre de dos mil veinte, en la que los litigantes ofrecieron sus pruebas y formularon sus alegatos; posteriormente, en el auto de ocho de marzo del año en curso, la Junta admitió y desechó las pruebas que los contendientes anunciaron, por lo que al no existir algún medio de convicción pendiente de desahogar turnó los autos para la emisión de la resolución correspondiente. El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con asiento en la capital de esta entidad federativa, dictó la interlocutoria respectiva en el referido incidente, en la que condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar a la parte actora novecientos dieciocho mil veintitrés pesos con veintiocho centavos, por concepto de diferencias salariales entre la categoría de N20 confianza nivel 80 a la de la categoría de administrador de tienda IMSS-SNTSS de Huajuapan de León, Oaxaca, por el período comprendido del dieciséis de mayo de dos mil diez, a la segunda quince de julio de dos mil diecisiete; por otra parte, absolvió al enjuiciado de la cobertura de los incrementos por el lapso comprendido del dieciséis de mayo de dos mil diez, al veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. La resolución incidental señalada se notificó al apoderado de la actora el once de agosto del año en curso, en tanto que a la enjuiciada se comunicó procesalmente esa determinación el dieciséis de agosto pasado, a través de su mandatario. Lo anterior revela que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el acto omisivo atacado no existía. En efecto, se estima que al dos de agosto de dos mil veintiuno -data en la que se presentó el escrito inicial-, no existía la omisión de resolver el incidente de liquidación de las diferencias salariales entre la categoría de N20 confianza nivel 80 a la de la categoría de administrador de tienda IMSS-SNTSS de Huajuapan de León, Oaxaca, planteado en el juicio laboral ************, porque el veintiocho de abril de dos mil veintiuno -es decir, tres meses antes de la promoción de este juicio constitucional-, la Junta responsable falló esa incidencia, en la que condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar a la parte actora novecientos dieciocho mil veintitrés pesos con veintiocho centavos, por concepto de diferencias salariales entre la categoría de N20 confianza nivel 80 a la de la categoría de administrador de tienda IMSS-SNTSS de Huajuapan de León, Oaxaca, por el período comprendido del dieciséis de mayo de dos mil diez, a la segunda quince de julio de dos mil diecisiete; por otra parte, absolvió al enjuiciado de la cobertura de los incrementos por el lapso comprendido del dieciséis de mayo de dos mil diez, al veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Lo expuesto evidencia que a la fecha en la que la justiciable presentó su demanda de amparo, el Tribunal del trabajo responsable ya había resuelto el incidente de liquidación de las diferencias salariales entre la categoría de N20 confianza nivel 80 a la de la categoría de administrador de tienda IMSS-SNTSS de Huajuapan de León, Oaxaca, planteado en el juicio laboral ***************. Tal situación pone de relieve que a la data en la que la disconforme promovió el juicio constitucional, la autoridad responsable ya se había pronunciado sobre la omisión que ataca. Ahora, es necesario traer a contexto el contenido de los ordinales 1, fracción I, 63, fracción IV, y 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, el precepto invocado hace referencia a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la citada legislación al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia en relación con los diversos que fueron insertos es factible concluir que cuando se trata de actos reclamados de carácter positivo o negativo su existencia o certeza debe analizarse en atención a la fecha en la que se presentó la demanda de amparo, porque dicho precepto no distingue la materia en la que se haya originado el acto impugnado ni la naturaleza de éste. Lo expuesto se justifica porque la parte quejosa al presentar su escrito inicial pretende obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución en el pleno goce del derecho humano violado mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que esa prerrogativa exija y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en la que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción de amparo, sino que se produjera durante la tramitación del juicio biinstancial, lo cual es inadmisible jurídicamente, porque esa situación generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no en contra de actos u omisiones concretas que sean existentes. Por tanto, si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el acto omisivo reclamado era inexistente es indudable que se actualiza la hipótesis establecida por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 3/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto al acto combatido a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de resolver el incidente de liquidación de las diferencias salariales entre la categoría de N20 confianza nivel 80 a la de la categoría de administrador de tienda IMSS-SNTSS de Huajuapan de León, Oaxaca, planteado en el juicio laboral ************, dada su inexistencia. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **************, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Agréguense los documentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo se tiene a la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por rendido su informe justificado y por anunciadas las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, y las personas en situación de vulnerabilidad y con las medidas sanitarias respectivas. Notifíquese.

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