Maribel Gutiérrez García

Expediente 1248/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1248/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Maribel Gutiérrez García

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; regístrese con el número de juicio de amparo indirecto 1248/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes, y se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Desechamiento: Conforme a lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, debido a que se advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Tal argumento tiene como base lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que supuestos de improcedencia se actualiza en el caso. Del estudio integral de las constancias que integran el sumario, se desprende que la impetrante de amparo controvierte el retraso a la impartición de justicia en que ha incurrido la autoridad responsable Conciliadora Número Uno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, ya que señala bajo protesta de decir verdad que ante dicha responsable presento una solicitud de procedimiento de conciliación el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, y a la fecha no se ha acordado lo conducente. En la especie, el suscrito considera que se surte la causal de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 1, 5 y 6 de la misma ley, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita" De los preceptos citados se advierte con claridad uno de los principios que rige como base en el juicio de garantías, que es que, éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, luego entonces una persona puede promover un juicio de amparo cuando el acto reclamado cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos personales o patrimoniales. Ahora, se debe destacar que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico, para los efectos del juicio de amparo, de quien promueve el amparo, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo, pues para que tal situación acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos. Si los actos reclamados no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica del quejoso, ésta carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo y, de ser así, debe declararse la improcedencia del juicio. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis ha sostenido que el interés jurídico es aquél reconocido por la ley y que no es otra cosa, sino lo que la doctrina llama derecho subjetivo, es decir, aquella facultad o potestad de exigencia, establecida en una norma del derecho objetivo, que supone la existencia de dos elementos inseparables, una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Por tanto, el interés jurídico es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo; es decir, el interés y legitimación procesal, están íntimamente ligados con el elemento perjuicio jurídico, como se desprende de lo establecido por el artículo 5 fracción I, de la ley de la materia, que regula que son partes en el juicio amparo, entre otros, el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1, de la citada legislación y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; asimismo, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos de manera real y actual, sea en su persona, patrimonio o derechos, y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada, en un juicio de amparo. De tal suerte que el peticionario de garantías debe acreditar de forma fehaciente, cuando acude en su demanda de amparo, que la ley o acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esa circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de garantías resulta improcedente. Se reitera, conforme a lo dispuesto en el citado precepto 5°, fracción I, de la ley de la materia, tiene la calidad de quejoso aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la propia Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; es decir, que exista y que su existencia se en sentido presente, y no pasado o futuro. Ahora bien, en el caso la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de dar trámite al procedimiento de conciliación solicitado mediante escrito presentado ante la responsable el veinte de octubre del año en curso, lo que se traduce en una dilación procesal; por ello, conviene citar el precedente emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emitió al resolver la contradicción de criterios 171/2022, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 63/2022 (11a.), con registro digital 2025625, de título, subtítulo y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si para efectos de la procedencia del amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo o si dicho plazo puede agotarse, incluso, durante la secuela procesal del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que para que resulte procedente el amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable de más de 45 días naturales al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), necesariamente debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Justificación: Conforme a la referida jurisprudencia, para poder considerar que una dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, es de "imposible reparación", para efectos de la procedencia del amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable que hayan transcurrido más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Lo que significa, a contrario sensu, que si no ha transcurrido ese plazo razonable, que como prerrogativa otorgó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no sería posible el análisis de alguna violación de derechos humanos alegada, precisamente porque la dilación procesal impugnada -hasta ese momento- no sería de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto; de ahí la necesidad de que el plazo razonable al que hace alusión la referida jurisprudencia debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que a partir de ese momento el Juez de Distrito podrá determinar si el acto reclamado actualiza o no el supuesto de procedencia del amparo indirecto al que hace referencia, puesto que, de no ser el caso, tendría que proceder conforme lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. De no considerarlo así y, por el contrario, de estimar que la actualización del supuesto al que alude el criterio jurisprudencial puede concretarse durante la sustanciación del proceso, se estaría ignorando el principio de agravio personal y directo reconocido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, el cual exige una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso a fin de poder intentar la acción de amparo, lo que en el caso se traduce en la existencia de una dilación procesal de más de 45 días naturales." Así como la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, registro digital 2019400, emitido también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De cuyas jurisprudencias, en lo conducente, se desprenden que para que exista dilación procesal en materia laboral necesariamente debe transcurrir cuarenta y cinco días naturales, computados a partir de la fecha en que legalmente debieron pronunciarse. Ahora bien, para determinar a partir de cuándo debe computarse esos cuarenta y cinco días naturales conviene transcribir los artículos que regulan la conciliación en materia laboral, que rige el acto reclamado, los cuales establecen lo siguiente: ""Artículo 684-C.- La solicitud de conciliación deberá contener los siguientes datos: (.) El solicitante será ntificado de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación o del acuerdo de incompetencia, al momento de presentar su solicitud. Para agilizar el procedimiento de conciliación, el solicitante podrá auxiliar al Centro de Conciliación para llevar a cabo la notificación de la audiencia de conciliación a la persona, sindicato o empresa que se citará. Artículo 684-E.- El procedimiento de conciliación se tramitará conforme a las reglas siguientes: "Artículo 684-D.- El procedimiento de conciliación a que se refiere el presente título no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales. La Autoridad Conciliadora tomará las medidas conducentes para que sus actuaciones se ajusten a dicho plazo." (.) IV. Al momento en que reciba la solicitud, la autoridad conciliatoria señalará día y hora para la celebración de una Audiencia de Conciliación que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes. El citatorio se notificará personalmente al patrón cuando menos con cinco días de anticipación a la audiencia, apercibiéndole que de no comparecer por sí o por conducto de su representante legal, o bien por medio de apoderado con facultades suficientes, se le impondrá una multa entre 50 y 100 veces la Unidad de Medida y Actualización, y se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio; (.) VI. Si la solicitud de conciliación se presenta personalmente por ambas partes, la autoridad conciliadora les notificará de inmediato, fecha y hora de la audiencia de conciliación, misma que deberá celebrarse dentro de plazo máximo de cinco días a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sin menoscabo de que ésta pueda celebrarse en ese momento; (.)" Así se tiene que de los preceptos anteriormente transcritos se advierte que recibida la solicitud de conciliación se debe fijar fecha de audiencia para la conciliación, el cual quedará dentro de los quince días siguientes, lo cual se notificará personalmente al patrón con cuando menos cinco días de anticipación a la audiencia, salvo que la solicitud se presente por ambas partes, pues en ese caso la audiencia se celebrará dentro del plazo de cinco días, y que el procedimiento de conciliación no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales. Así se tiene que, si la solicitud de procedimiento de conciliación se realizó el treinta y uno de octubre del año en curso y emplazo máximo que ese procedimiento debe durar es de cuarenta y cinco días, el cómputo de esos cuarenta y cinco días transcurre del uno de noviembre al quince de diciembre de dos mil veintitrés. Por tanto, el plazo en el que la autoridad responsable debe legalmente concluir ese procedimiento es el quince de diciembre de dos mil veintitrés. De ahí que, conforme a los precedentes antes destacados el plazo de cuarenta y cinco días naturales se computan del dieciséis de diciembre de dos mil veintitrés al veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, en tanto que la demanda la presentó el veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, es decir, antes de que feneciera dicho plazo. En conclusión, los actos reclamados no son reales ni actuales, pues a la fecha de la presentación de la demanda aun no existía dilación en la emisión del laudo respectivo, por tanto, no había omisión en el dictado de este, ello conforme los precedentes establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y transcritos anteriormente. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 1, 5 y 6 de la misma ley, SE DESECHA LA DEMANDA de amparo por improcedente. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y como su autorizado con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Martin Gutiérrez Sánchez por contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mientras que a la diversa persona para el único efecto de oír y recibir notificaciones, así como imponerse de autos, por no contar con dicho registro. Señalamiento de correo electrónico y número telefónico. Téngase a la impetrante de amparo señalando correo electrónico y teléfonos, los cuales -de ser necesario- se utilizarán para mantener contacto con este órgano jurisdiccional y dicha parte procesal, no así como medios para practicar notificaciones. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria (o) judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese personalmente a la promovente.

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