Maribel Velasco Robles

Expediente 221/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
221/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Maribel Velasco Robles
  • MARIBEL VELASCO ROBLES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veinte. De la certificación de cuenta y de este cuaderno incidental se advierte que en el juicio de amparo 221/2020 del que deriva esta incidencia se declaró que causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio y se ordenó su archivo como asunto concluido; que por autos de veinte de febrero y veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se concedió la suspensión provisional y en interlocutorias pronunciadas el diecisiete de marzo y ocho de octubre de esta anualidad, se concedió y se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que en este incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, del artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo y la determinación de veinte de febrero de dos mil veinte, por medio de la cual se concedió la suspensión provisional. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, devuélvase a la responsable Agente de Ministerio Público de la Federación Encargado de la Mesa Orientadora III de la Unidad de Atención Inmediata en Oaxaca, la copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0002480/2019, de su índice, que remitió en apoyo a su informe relativo, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veinte. En atención a la certificación de cuenta, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca acuerda: con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio de amparo, ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como este juicio de amparo se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 221/2020 II-B, promovido por **, por su propio derecho, contra los actos que reclama del Agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la Mesa Orientadora III de la Unidad de Atención Inmediata en el Estado de Oaxaca, dependiente de la Fiscalía General de la República y otras autoridades. I. ANTECEDENTES Refiere la quejosa que labora en la Clínica de Medicina Familiar Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Que el diecinueve de febrero de la anualidad en curso, aproximadamente a las diez horas con treinta minutos, el Coordinador de Especialidades y Quirófano le indicó que debía presentarse ante la Titular de la Mesa Orientadora III de la Unidad de Atención y Determinación Oaxaca, de la Agencia del Ministerio Público de la Federación, para una diligencia de carácter ministerial, acompañada de un abogado, a las diez horas de esa propia fecha, todo derivado de la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0002480/2019. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Por escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, ** promovió juicio de amparo indirecto en contra del Agente del Ministerio Público de la Federación, encargado de la Mesa Orientadora III de la Unidad de Atención Inmediata en el Estado de Oaxaca, dependiente de la Fiscalía General de la República y otras autoridades, por el acto que más adelante se precisará. En proveído de veinte de febrero del presente año, se registró la demanda con el número 221/2020 y de admitió a trámite, se solicitó que las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se otorgó la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la adscripción y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de diez de agosto del presente año, se hizo constar que de conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 8/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales se mantuvo suspendido del dieciocho de marzo al dos de agosto del año en curso y que el diverso Acuerdo 21/2020, ordenó la reactivación del funcionamiento de los órganos del Poder Judicial de la Federación, mediante un regreso escalonado; motivo por el cual, se reanudó el expediente en que se actúa y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El nueve de septiembre posterior, se requirió a la parte quejosa para que ampliara la demanda respecto del Director de la Clínica de Medicina Familiar Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. A través del ocurso de veintidós de septiembre de dos mil veinte, la quejosa amplió la demanda y el veinticinco siguiente, se admitió dicha ampliación. La audiencia constitucional se llevó a cabo el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, es escrito de ampliación y las constancias allegadas al expediente, permiten sostener que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridades responsables: Agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la Mesa Orientadora III de la Unidad de Atención Inmediata en el Estado de Oaxaca, de la Fiscalía General de la República. Delegado Estatal en Oaxaca de la Fiscalía General de la República. Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Oaxaca, de la Fiscalía General de la República. Director de la Clínica de Medicina Familiar Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Actos reclamados: ( El oficio AYD-OAX-589/2020, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa Orientadora III de la Unidad de Atención y Determinación Oaxaca, emitido en la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0002480/2019, en el que se solicita el apoyo y colaboración del Director de la Clínica de Medicina Familiar Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que notifique a la quejosa ** y ésta, acompañada de un abogado, se presente ante la Mesa Orientadora III de la Unidad de Atención y Determinación Oaxaca de la Fiscalía General de la República, a las diez horas del diecinueve de febrero de dos mil veinte, a una diligencia de carácter ministerial. No pasa inadvertido que la parte quejosa señala en su escrito de demanda y de ampliación que reclama la orden de presentación dictada por las autoridades responsables; sin embargo, como se precisó en las líneas que anteceden, este Juzgador atiende a lo que quiso decir la impetrante y no únicamente a lo que en apariencia pretende reclamar en esta instancia. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El Delegado Estatal en Oaxaca, el Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Oaxaca, ambos adscritos a la Fiscalía General de la República y el Director de la Clínica de Medicina Familiar Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al rendir sus respectivos informes justificados, negaron los actos que se les atribuyeron. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo, está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, que reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." VI. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informe de ley, el Agente del Ministerio Público de la Federación, encargado de la Mesa Orientadora III de la Unidad de Atención Inmediata en el Estado de Oaxaca, dependiente de la Fiscalía General de la República, indicó que no es cierto el acto que se le atribuye, manifestando que no libró una orden de presentación. Empero, refiere que giró un oficio de comparecencia, a través del Director de la Clínica de Medicina Familiar Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que informara a ** que compareciera a las diez horas del diecinueve de febrero de dos mil veinte, ante las oficinas de la Fiscalía General de la República, con el fin de hacerle de su conocimiento de la investigación que se lleva en la carpeta FED/OAX/OAX/0002480/2019. Por tanto, se tiene como cierto el acto que se le atribuye. La anterior circunstancia, se corrobora con la constancia que acompañó a su informe de ley, valorada en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°; por tanto, se tiene como cierto el acto reclamado a dicha autoridad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." VII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En tal sentido, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio de amparo, de oficio se advierte que contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La norma transcrita establece, entre otras cosas, que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, hipótesis legal que encuentra su origen en lo establecido por el artículo 107, fracción I, constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Asimismo, prevén que, el juicio de amparo será improcedente cuando los actos reclamados no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, que encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades y, excepcionalmente, de los particulares, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el diverso 5° de la propia ley. Al respecto, sustenta lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Página: 60, registro 2007921, cuyos rubro y texto refieren: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En suma, para que un gobernado pueda solicitar válidamente que la Justicia Federal lo ampare, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo que haya sido trastocado por el acto que se reclama. Por tanto, no se tiene por actualizado el requisito de procedencia del juicio de garantías si no existe ese derecho o si, de existir, no resiente perjuicio por el acto reclamado. De tal aseveración se desprende que son dos los supuestos que integran el interés jurídico o legítimo: el primero, la existencia de un derecho (subjetivo o derivado de la situación particular en el orden jurídico) y, el segundo, el resentimiento de un menoscabo en esa prerrogativa, proveniente de un acto de autoridad o de un particular cuando realice actos equivalentes a los de aquélla, que afectó algún derecho, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Esto es, el interés jurídico o legítimo para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta autoritaria tiene su origen en el perjuicio que ésta ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. De manera que, el interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera particular de un individuo que se encuentra dentro de su estatus jurídico, mientras que el interés legítimo supone una afectación indirecta al estatus jurídico de un individuo, en la medida en que la persona sufre una afectación por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respeto a su derecho. Pues bien, para que un juicio de amparo sea procedente con base en la existencia de un interés legítimo se deben verificar dos elementos, el primero, la existencia de un vínculo relevante, real y actual entre el compareciente y el derecho que se estima trastocado con los reclamados y, el segundo, el efectivo resentimiento. Esto es, para la procedencia del juicio de amparo contra una conducta autoritaria se requiere del acreditamiento, no solamente de un eventual interés, sino del perjuicio que se ocasione a ese interés jurídicamente relevante de la parte quejosa, aspecto que lo faculta para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. En ese sentido, cuando un acto autoritario no afecte los intereses legítimos del accionante del amparo, el juicio que contra éste se promueva será improcedente, según lo previsto en la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia. Del artículo 5º, de la ley de la materia, se desprende que el interés jurídico se identifica con el derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado. Dicho principio es reglamentado por el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia al disponer, en lo conducente, que son partes en el juicio de amparo el quejoso, es decir, la persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de tal legislación y produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se ve, al tenor de las disposiciones aplicables, el juicio de amparo puede ser promovido tanto por la persona que alegue tener interés jurídico como por aquella que afirme le asiste un interés legítimo en el asunto. Para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la Justicia Federal en la primera de las hipótesis mencionadas, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho. En cambio, el interés legítimo supone la existencia de un interés cualificado tutelado por alguna norma jurídica respecto de la constitucionalidad de los actos de autoridad, derivada de la situación particular de la parte quejosa respecto del orden jurídico. Así, ambos otorgan una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad cuando el acto de autoridad incida de manera negativa en la esfera jurídica de la parte quejosa, es decir, debe afectarla. Asimismo, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo actos u omisiones resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las anteriores afirmaciones la siguiente tesis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Volumen 52, Primera Parte, pagina 46, cuyo rubro establece: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO." En ese sentido, el interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así, tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto u omisión que se impugna en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación alguna, porque no tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto u omisión, o, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación al momento de la promoción del amparo. En el caso, la parte promovente de amparo reclama, en esencia, la determinación contenida en el oficio AYD-OAX-589/2020 de fecha doce de febrero de dos mil veinte, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa Orientadora III de la Unidad de Atención y Determinación adscrito a la Fiscalía General de la República, dirigido al Director de la Clínica de Medicina Familiar Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que efecto que ** comparezca el diecinueve de febrero del año en curso a las diez horas, ante las oficinas que ocupa la Fiscalía General de la República, a una diligencia de carácter ministerial, para hacer de su conocimiento la investigación que se lleva a cabo en la carpeta FED/OAX/OAX/0002480/2019, debidamente asistida de un abogado. Por tanto, dicha citación por sí no se considera un acto afecte la libertad personal de la aquí parte promovente, pues es una simple comunicación, en el sentido de que se requiere su presencia; la cual incluso no contiene apercibimiento alguno dirigido a la quejosa. Ya que sí existe apercibimiento de multa fundamentado en el artículo 104, fracción I, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero éste está dirigido a que el Director de la Clínica de Medicina Familiar Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado acate lo solicitado por la autoridad ministerial, es decir, para que informe a ** que debe comparecer ante ésta. Como se ve, el acto reclamado por la quejosa lo constituye una citación proveniente de la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa Orientadora III de la Unidad de Atención y Determinación Oaxaca; sin embargo, se estima que dicho acto no causa, en la esfera jurídica del promovente, un perjuicio inmediato y de manera directa, pues sólo constituye un instrumento emitido por la autoridad responsable para que, en su caso, acuda a la cita, incluso no se advierte contenga apercibimiento alguno. Así las cosas, no se advierte que el acto reclamado establezca consecuencias jurídicas específicas para la interesada, es decir, no contiene ningún tipo de apercibimiento en caso de no acudir a la misma. Empero, el apercibimiento de multa que se indica en el acto controvertido, se encuentra dirigido al Director de la Clínica de Medicina Familiar Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6o.P.118 P (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a foja 2289, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL A UNA DILIGENCIA RELACIONADA CON LOS HECHOS INVESTIGADOS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI SE IMPUGNA EN AMPARO INDIRECTO, Y NO SE ADVIERTE QUE CONTENGA APERCIBIMIENTO O MEDIDA DE APREMIO ALGUNO, DE NO COMPARECER, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si el acto reclamado se hizo consistir en el citatorio que se giró en relación con los hechos investigados en una averiguación previa, emitido por el agente del Ministerio Público Federal, y en éste no se advierte apercibimiento o medida de apremio alguno, en caso de no comparecer para el esclarecimiento de los hechos, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no afecta su interés jurídico, pues se encuentra en libertad de acudir o no al llamado, por lo que si no lo hace, ello no causa efecto alguno." Así, como en lo conducente y por lo ilustrativo de sus consideraciones, la Jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 239, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2018828, que a la letra dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Con base en dichas explicaciones, se puede asumir que la parte promovente carece de interés jurídico para impugnar en amparo los actos consistentes en el oficio de la cita a comparecer, y su ejecución, por no contener elementos para determinar una obligación, ya que ese acto no refleja una voluntad definitiva o última y especifica por parte de la autoridad que le cause algún agravio; por tanto, no son impugnables mediante el juicio de amparo. VIII. DECISIÓN En esas condiciones, es patente que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede sobreseer en el juicio de amparo, ello de conformidad con la fracción V del diverso 63 de esa legislación. En tal virtud, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por la parte quejosa en sus conceptos de violación, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues ello constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido (sobreseimiento) del presente estudio. Así, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de una causa que hace improcedente el juicio de amparo, acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, Tomo 187-192, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro en el IUS 232302 que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Resulta importante destacar, que el suscrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el Fiscal Federal de la adscripción, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **, por su propio derecho, de conformidad con lo expuesto en los apartados V y VII del presente fallo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de amparo, se tiene al director de la Clínica Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, rindiendo su informe justificado; en consecuencia, con su contenido dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE; VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA

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