Mariano Alberto Caceres Rosales
Expediente 37/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 37/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mariano Alberto Caceres Rosales
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 7247, con firma electrónica y evidencia criptográfica de la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, residente en Salina Cruz, Oaxaca, por el que remite el oficio 2957/2021, firmado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, al que se adjunta el acuerdo dictado el veintidós de marzo del año en curso, en el juicio de amparo 62/2021 de su índice, del que se advierte que se aceptó la competencia planteada avocándose al conocimiento de la demanda promovida por Mariano Alberto Cáceres Robles, por propio derecho y en representación de su menor hijo con iniciales A.C.G. (de quien se omite su nombre y apellidos completos, en atención al Protocolo de Actuaciones para quienes imparten justicia en caso de que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Archivo del expediente. En consecuencia, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso J, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto incompetencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso J, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Alberto Gómez Rétiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; ante el Secretario que autoriza y da fe Luis Anselmo Félix Rodríguez. LAFR
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio OCC/C01/JDC/29/2021, firmado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en Ciudad de México, por el que acusa de recibo de los autos originales del juicio de amparo 37/2021 e informa que por razón de turno le correspondió al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil de esa ciudad, con número de registro 000707/2021; en su atención, solicítese al Titular de dicho órgano jurisdiccional, tenga a bien informar si aceptó la competencia declinada, con el propósito de acordar lo procedente. Cúmplase. Así
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Mariano Alberto Cáceres Rosales, por propio derecho y en representación de su menor hijo con iniciales A.C.G. (de quien, se omite su nombre y apellidos completos, en atención al Protocolo de Actuaciones para quienes imparten justicia en caso de que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación); en su atención, téngase en tiempo desahogando las prevenciones formuladas el veintidós de enero del actual, acreditando su carácter de progenitor del referido menor con la copia certificada del acta de nacimiento correspondiente, precisando, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, para lo cual anexó copia de diversos acuerdos, entre ellos del proveído dictado el once de septiembre de dos mil veinte, en el expediente familiar 1691/2019 del índice del Juzgado Décimo Octavo de lo Familiar, con residencia en la Ciudad de México; así como copia certificada del acta de nacimiento de su menor hijo y copia certificada de una fe de hechos. También hace la aclaración que su nombre correcto es como ha quedado precisado en el párrafo que antecede. Ahora bien, tomando en consideración que los actos reclamados del Juez Décimo Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Comisario General Guardia Nacional, con residencia en la Ciudad de México, se hacen consistir literalmente en lo siguiente: "****** Cabe precisar que para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro del ámbito de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que sobre el particular impera el derecho fundamental de legalidad, propia de un Estado de Derecho, que determina que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer de un amparo indirecto, que prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral transcrito, se deriva la existencia de tres hipótesis diferentes para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: 1. El primero tiene su esencia en la naturaleza del acto reclamado, ya que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora, si aquél tiene carácter ejecutivo, el conocimiento del juicio de control constitucional recaerá en el Juzgador Federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; con el presupuesto lógico de que el citado acto, por su índole, para cumplimentarse requiera necesariamente de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la que lo haya expedido. 2. Si el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno pero continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de cualquiera de ellos, a prevención; y, 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito donde se presentó la demanda. En ese orden de ideas, debe destacarse que de la documental que el quejoso adjuntó a su escrito de cuenta, específicamente de la copia del acuerdo reclamado de once de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Juez responsable en el expediente familiar 1691/2019, se advierte que se fijó por concepto de pensión alimenticia provisional a su cargo y a favor de la actora incidentista y de su menor hijo de iniciales A.C.G., el treinta por ciento, mensual, de su sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias, también, se ordenó girar oficio al representante legal de la Policía Federal (Secretaría de Gobernación) a fin de que se procediera a realizar dicho descuento y la cantidad resultante fuera entregada a la actora para sí y en representación de su menor hijo, en los periodos acostumbrados, previo recibo que al respecto otorgara para ello, y de no haber inconveniente alguno se sirviera depositar a la cuenta número 08449681086, con número de cuenta clave 07218008496810864 de la institución bancaria BANORTE a nombre de la actora incidentista Verónica Gálvez Caballero; documental que tiene valor indiciario de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser adminiculadas con las diversas constancias que exhibió el quejoso a su escrito de cuenta, por tal motivo, no carece de valor probatorio por el solo hecho de no contener certificación alguna, sino que al ser considerada como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ella se pretende probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgársele.****** De lo expuesto, se advierte que el Juez Décimo Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ostenta el doble carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, en virtud de que fue él quien giró el oficio correspondiente a la fuente de trabajo del quejoso, ubicado en ese mismo lugar, por tal razón, en términos de lo previsto en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia, por razón de territorio, se surte a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, toda vez que el descuento de la pensión alimenticia provisional correspondiente, se ejecuta en ese lugar.*** En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo; y, en el Acuerdo General 3/2013 del Consejo de la Judicatura Federal, se declina la competencia para conocer de la demanda de amparo, a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, con residencia en la Ciudad de México. Por lo que, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de dichos juzgados, remítase el original del presente juicio de amparo, y ocho copias del escrito aclaratorio respectivo, previo cuaderno de antecedentes que se forme en substitución; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de cuenta y como autorizada para tales efectos a Carla María Avendaño Zuño. Finalmente, glósese el oficio 111/2021, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia, residente en Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, por el que devuelve sin diligenciar el despacho con número de orden 42/2021 y de origen 33/2021, que se le giró para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara personalmente al quejoso ***********, el acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). Notifíquese personalmente al quejoso.
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