Mariana León Nava
Expediente 278/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 278/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mariana León Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de veintitrés de octubre del actual (fojas 91 a 92), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído, para los efectos legales procedentes. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino: Además, con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. II-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos; advirtiéndose que por acuerdo de quince de octubre del año en curso (fojas 87 y 88), se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo legal de tres días manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, sin que hubiera hecho manifestación alguna; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; atento al criterio sustentado en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA)." Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve (fojas 37 a 44), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Mariana León Nava, para que la Junta responsable obligara al Auxiliar, para que elaborara inmediatamente el proyecto del laudo, en términos de lo estatuido en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo y hecho lo anterior, dicha Junta laboral responsable, dictara el laudo respectivo, observando los lineamientos establecidos, así como las formalidades inherentes al juicio e hiciera del conocimiento a la quejosa su determinación; sentencia que al causar ejecutoria el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 49 y 50), se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Razón por la cual, por oficio sin número (fojas 65 a 86), el Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, remitió copias certificadas del laudo de treinta de septiembre del año en curso (fojas 66 a 86) dentro del juicio laboral 57/2012 (2). Ahora bien, de las copias certificadas de las constancias de que se trata, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se advierte que la autoridad responsable, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictó el laudo correspondiente (fojas 66 a 86). Por tanto, es evidente que, con ello, se restituyó a la parte quejosa, en el goce de las garantías constitucionales violadas; por tanto, lo procedente es declararlo cumplido en sus términos, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y de la autoridad responsable para los efectos legales consiguientes. Notifíquese. MESA II-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, quince de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda los oficios de cuenta, signados por el Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en atención al registrado con el número 10466, téngasele informando respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo para tal efecto el laudo de treinta de septiembre del año en curso, dictado en el expediente laboral 57/2012 (2) de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público; atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por lo que respecta al oficio registrado con el folio 10377, téngasele por hechas sus manifestaciones en relación a que la Junta Especial declaró inhábil los días uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve y diez de octubre de dos mil diecinueve, incluyendo al Área de Conflictos Colectivos y Registros, toda vez que integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma "Benito Juárez", de Oaxaca, (STEUABJO), bloquearon el acceso al personal que labora en el referido Tribunal Laboral; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. MESA II-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que las partes no recurrieron la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve (fojas 37 a 44), en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Mariana León Nava; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que dentro del término de tres días, siguientes a su legal notificación de este acuerdo, como lo dispone el párrafo segundo del citado artículo 192 de la Ley de Amparo, dé exacto y preciso cumplimiento a la concesión del amparo, remitiendo copia certificada de las constancias que lo demuestren. Apercibiendo a dicha autoridad responsable que de no acreditar lo anterior en el plazo legal otorgado, de conformidad con lo establecido en el invocado artículo 192 de la Ley de Amparo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegido de Circuito correspondiente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; así también, apercibida que de no cumplir se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente (UMA) para el año dos mil dieciocho. Notifíquese. II-A
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