Mariano Gordón Ruiz

Expediente 232/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
232/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
23/08/2019

Partes del expediente

  • Mariano Gordón Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio 26347/2019, con firma electrónica y evidencia criptográfica del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, del que se advierte se transcribe el acuerdo de veinte de agosto del presente año, dictado en el juicio de amparo 603/2019, promovido por Mariano Gordon Ruíz, e informa que admitió la competencia declinada por este Juzgado de Distrito, asimismo, que en proveído de ocho de agosto del año en curso, se ordenó el archivo de ese expediente como asunto concluido. Ahora, toda vez que este expediente se encuentra pendiente de archivar, al efecto se provee: Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. V-A

  2. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, A DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Visto el escrito signado por el quejoso Mariano Gordon Ruiz, así como el oficio 1209/2019, firmado por la Juez Civil de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; se les tiene, cumpliendo en tiempo, al primero, con la prevención y al segundo con el requerimiento, realizados en el acuerdo de treinta de mayo del año en curso (fojas 25-29). El quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó: ".respecto al inciso a) hago de su conocimiento bajo protesta de decir verdad que el suscrito efectivamente laboro para el Ejército Mexicano, y pertenezco al Cuartel Militar Novena Zona, 80090, con residencia en Miguel (sic), de la Ciudad de Culiacán de Rosales Sinaloa, y me encuentro en el batallón que se ubica en San Ignacio, Sinaloa y respecto al inciso "b)".- bajo protesta de decir verdad quiero manifestarle como lo hice en mi escrito inicial de demanda, que no tengo conocimiento pleno si ya se envió el exhorto correspondiente para que proceda el descuento ordenado a mi salario en el expediente 124/2019, en razón de que el día veintisiete de mayo del año en curso, fecha en que acudí al Juzgado de lo Civil a preguntar sobre este expediente, la actuaria de ese Juzgado únicamente se limitó a informarme que efectivamente existía tal expediente y que la actora es la C. ELEIDY DE LA ROSA LEÓN, en representación de la menor JADE GORDON DE LA ROSA, pero que no podría notificarme sobre el mismo hasta en tanto no se girara el oficio de descuento correspondiente, por lo que desconozco si ya fue girado dicho exhorto, sin embargo no omito manifestarle que hasta el momento únicamente se me viene descontando lo correspondiente al 40% de mi salario y demás prestaciones, que me fue fijado en el expediente de alimentos número 23/2019 (sic), del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Tehuantepec, Oaxaca." Por su parte, la autoridad responsable (Juez de lo Civil de Tehuantepec, Oaxaca) informó: "Que efectivamente en este juzgado, se tramita el expediente de número al rubro anotado (124/2019), relativo al Juicio que en al Vía de Controversias del Orden Familiar, promueve Eleidy de la Rosa León, y que reclama pensión alimenticia por su propio derecho y en representación del menor Jade Gordon de la Rosa, contra de Mariano Gordon Ruiz, y que se advierte del mismo, que a la fecha no se ha enviado el oficio de descuento ordenado en auto inicial de fecha diez de abril del año que transcurre, al Comandante y/o Jefe de Recurso Humanos del Cuartel Militar Novena Zona, Culiacán Sinaloa, para efectos de realizar el cuarenta por ciento que por concepto de pensión alimenticia de manera profesional se fijó a favor de la promovente Eleidy de la Rosa León, y del infante Jade Gordon de la Rosa, siendo para cada uno de ellos el veinte por ciento. Por auto de fecha tres del actual, se ordena a la actuaria judicial que de manera inmediata de cumplimiento con lo ordenado en auto inicial de fecha diez de abril del año cursante, relativo al envío del oficio de descuento de pensión alimenticia fijada de manera provisional en este asunto." ESTUDIO DE LA COMPETENCIA Por ser un presupuesto procesal que trasciende al orden público, se analiza en primer término, el relativo a la competencia. De la lectura de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio, así como del acuerdo de diez de abril de dos mil diecinueve, que la autoridad responsable acompañó, se destaca, que la parte quejosa reclama: "IV.- ACTO RECLAMADO.- de las Autoridades señaladas como ordenadoras reclamo lo siguiente: a) El acuerdo mediante el cual se da entrada el escrito de demanda suscrito por ELEIDY DE LA ROSA LEÓN, en representación de mi menor hija JADE GORDON DE LA ROSA, y con el que se radica el expediente número 124/2019, en el que promueve juicio de alimentos a favor de mi cónyuge y de mi menor hija; y el que se ordena el descuento de la pensión provisional del 40 POR CIENTO, que fue fijado por segunda vez sobre mi salario, a favor de la actora la señora ELEIDY DE LA ROSA LEÓN, promoviendo en representación de mi menor hija JADE GORDON DE LA ROSA, lo cual me causa agravios, en razón de que ya fui demandado por la misma persona y por los mismos hechos dentro del expediente número 23/2019, en el que se me fijo el descuento del 40 por ciento de mi salario, ante el mismo Juzgado Primero de lo Civil de Tehuantepec, Oaxaca, el cual actualmente se me encuentra descontando, de manera directa sobre mi salario y siendo entregado a la señora ELEIDY DE LA ROSA LEÓN, en representación de mi menor hija JADE GORDON DE LA ROSA, mediante depósito al número de cuenta 00740637161547, TARJETA NUMERO 4152313347129426, de la Institución bancaria BBVA BANCOMER, la cual proporcionó para tal efecto, como lo acredito con las copias simples del expediente que anexo al presente, así como el recibo de pago del suscrito. De la Autoridad señalada como Ejecutora el cumplimiento que trata de darle a dichos decretos realizados por las autoridades señaladas como ordenadoras." Sentado lo informado por la Juez Civil de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca y vista la copia certificada del acuerdo de diez de abril de dos mil diecinueve que acompañó, se advierte que en los autos del expediente 124/2019, relativo al juicio que en vía de controversias del orden familiar, Eleidy de la Rosa León, por propio derecho y en representación de su menor hija identificada con las siglas J. G. R. (de quien se omite su nombre y apellidos completos, en atención al Protocolo de Actuaciones para quienes importen justicia en caso de que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), se tuvo demandando la pensión alimenticia a su cónyuge Mariano Gordon Ruiz; de cuyo acuerdo se destaca, que la juez responsable, ordenó enviar exhorto al Juez Familiar con residencia en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa (fojas 47 y 50), para que se entregue el oficio al Comandante y/o Jefe de Recursos Humanos del Cuartes Militar Novena Zona, en Culiacán Sinaloa, para que haga efectivo el descuento del sueldo del aquí quejoso, en favor de la parte actora. Aunado a lo anterior, el propio quejoso bajo protesta de decir verdad, manifestó que labora para el Ejército Mexicano, perteneciente al Cuartel Militar Novena Zona, 80090, con residencia en Miguel Hidalgo, en la ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa y se encuentra en el batallón ubicado en la población de San Ignacio, Sinaloa. Así planteado el acto reclamado, se advierte que este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo; precepto que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Ante ello, cuando el acto reclamado tiene efectos ejecutivos, la competencia por razón de territorio se fija en atención a cuatro supuestos que giran en torno al espacio o lugar territorial donde: * Deba tener ejecución, * Trate de ejecutarse, * Se esté ejecutando o * Se haya ejecutado el acto reclamado. Con lo que se pretendió determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, eligiendo factores que deben considerarse preferentes para fijar esa competencia en materia de amparo, criterios relacionados, entre otros, con la ejecución del acto, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. Ahora bien, de las documentales descritas se advierte que: El juez responsable en los autos del expediente de donde deriva el acto reclamado (descuento del cuarenta por ciento del salario del aquí quejoso, por concepto de pensión alimenticia) ordenó enviar exhorto a un juez en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, para que entregue el oficio dirigido a la fuente laboral, para que haga el descuento y depósito en los términos decretados en su exhorto. Por lo que, resulta claro que el juez responsable, se auxilia de un exhorto para conseguir la ejecución del acto reclamado (acuerdo de diez de abril de dos mil diecinueve, en el que se fijó el descuento de la pensión provisional a favor de la parte actora), en Culiacán Rosales, Sinaloa, lugar sobre el que ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito con residencia en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, conforme con lo establecido por el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es aplicable, por tratar sobre el tema, la jurisprudencia 1ª./J.25/2012 (10ª), con registro 2001236, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, visible en la página 145, correspondiente a la Décima Época, bajo el rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPTENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCION JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución, (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado, si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene su papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa." Sin que pueda considerarse el hecho que del acuerdo que se duele la parte demandada aquí quejosa, se hubiere señalado domicilio para emplazarlo en la población de San Blas Atempa, Oaxaca, pues ello no es determinante para fijar, en este caso, la competencia a un órgano jurisdiccional en este municipio, ya que, como ha quedado establecido la autoridad responsable se auxilió de un exhorto para conseguir la ejecución (entrega del oficio de descuento a la parte patronal). SE DECLINA COMPETENCIA. Por ello, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Salina Cruz, no es competente legalmente para conocer de la demanda de amparo y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, en turno, con sede en la ciudad Culiacán Rosales, el presente juicio de amparo (232/2019), así como las copias de la demanda y sus anexos. FORMACION DE CUADERNO DE ANTECEDENTES Fórmese cuaderno de antecedentes respectivo, con copia certificada de las constancias relativas. Notifíquese en los términos de ley. V-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil diecinueve. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Mariano Gordon Ruiz, por propio derecho mediante el cual solicita el amparo y protección de la justicia de la Unión, contra actos del Juez y Secretario del Juzgado Primero de lo Civil de Tehuantepec, Oaxaca; del Comandante y/o Jefe de Recursos Humanos del Cuartel Militar Novena Zona, en Culiacán, Sinaloa, que hace consistir en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De las Autoridades señalada como Ordenadoras reclamo lo siguiente: a) El acuerdo mediante el cual se da entrada el escrito de demanda suscrito por ELEIDY DE LA ROSA LEÓN, en representación de mi menor hija JADE GORDON DE LA ROSA, y con el que se radica el expediente número 124/2019, en el que promueve juicio de alimentos a favor de mi cónyuge y de mi menor hija; y el que se ordena el descuento de la pensión provisional del 40 POR CIENTO, que fue fijado por segunda vez sobre mi salario, a favor de la actora la señora ELEIDY DE LA ROSA LEÓN, promoviendo en representación de mi menor hija JADE GORDON DE LA ROSA, lo cual me causa agravios, en razón de que ya fui demandado por la misma personas y por los mismos hechos dentro del expediente número 23/2019, en el que se me fijo el descuento del 40 por ciento de mi salario, ante el mismo Juzgado Primero de lo Civil de Tehuantepec, Oaxaca, el cual actualmente se me encuentra descontando, de manera directa sobre mi salario y siendo entregado a la señora ELEIDY DE LA ROSA LEÓN, en representación de mi menor hija JADE GORDON DE LA ROSA, mediante depósito al número de cuenta 00740637161547, TARJETA NUMERO 4152313347129426, de la Institución bancaria BBVA BANCOMER, la cual proporcionó para tal efecto, como lo acredito con las copias simples del expediente que anexo al presente, así como el recibo de pago del suscrito. De la Autoridad señalada como Ejecutora el cumplimiento que trata de darle a dichos decretos realizados por las autoridades señaladas como ordenadoras." REGISTRO Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 232/2019, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CONSIDERACIONES PREVIAS Previo a la admisión de la demanda de amparo, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Bajo esa tesitura, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que señala las reglas básicas para fijar la competencia por razón de territorio es fundamental la ejecución de los actos reclamado, de ahí que para establecer la competencia no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Es aplicable al caso, por sus razonamientos jurídicos la jurisprudencia P./J. 10/94, con registro 205463, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 77, Mayo de 1994, visible en la página 12, correspondiente a la Octava Época, bajo el rubro y texto: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria." A). REQUERIMIENTO AL QUEJOSO Así, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, hábiles contados a partir del en que sea legalmente notificado de este proveído, por escrito, y con las copias necesarias, que formarán parte integrante de su demanda bajo protesta de decir verdad, precise: a) Si el lugar donde labora es en el Ejercito Mexicano, específicamente en el Cuartel Militar Novena Zona 80090, con residencia en San Miguel Hidalgo, de la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. b) Si tiene conocimiento de que en el expediente 124/2019, promovido por Eleidy De la Rosa León, en representación de la menor identificada con las siglas J.G.R., la autoridad ordenadora (Juez Primero de lo Civil de Tehuantepec, Oaxaca), envió exhorto a algún órgano jurisdiccional de la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, en el que ordenó que el Comandante y/o Jefe de Recursos Humanos del Cuartel Militar Novena Zona, en Culiacán, Sinaloa, realice el descuento de la pensión provisional del cuarenta por ciento sobre su salario, a favor de la actora ELEIDY DE LA ROSA LEÓN, en representación de la menor identificada con las siglas J.G.R. En caso, de contar con las constancias que apoyen su manifestación, deberá de acompañarlas a su respectivo escrito. B). REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA. Con independencia de lo anterior, mediante oficio requiérase a la autoridad ordenadora (Juez Primero de lo Civil de Tehuantepec, Oaxaca), para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba la presente comunicación, informe si en ese órgano jurisdiccional a su cargo, se tramita el expediente 124/2019, promovido por Eleidy De la Rosa León, en representación de la menor identificada con las siglas J.G.R. (parte actora), contra Mariano Gordon Ruiz (parte demandada). En caso de que su respuesta sea afirmativa, comunique si envió exhorto a algún órgano jurisdiccional en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, ordenando que el Comandante y/o Jefe de Recursos Humanos del Cuartel Militar Novena Zona, en Culiacán, Sinaloa, realice el descuento de la pensión provisional del cuarenta por ciento sobre el salario del demandado, a favor de la actora. Asimismo, remita a este Juzgado de Distrito las constancias certificadas que sustenten su información. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En cuanto a los estrados de este juzgado, que señala como domicilio para recibir notificaciones, por no satisfacerse los requisitos del artículo 26 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en el presente asunto, hágansele mediante lista de acuerdos. Es aplicable la tesis XXII.1°. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL.- Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." En otro aspecto, como expresamente lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Fredy Zárate Crispín y Rubén Cruz Juárez. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese en términos de ley. V-A

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