Mariano Castañeda Vásquez

Expediente 473/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
473/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Mariano Castañeda Vásquez

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Se ordena glosar a los autos el escrito de cuenta, signado por Fidel José Gómez Arango, apoderado del quejoso Mariano Castañeda Vásquez, dígase al promovente que deberá estar a lo acordado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 116 a 118), en el que se ordenó la devolución de los documentos que en copia certificada exhibió en este juicio. Por otra parte, se tiene autorizando a la persona que refiere para recoger los documentos que peticiona. Notifíquese. MESA VI-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que Mariano Castañeda Vásquez, no interpuso recurso de queja contra el proveído de ocho de noviembre del año en curso (fojas 105 a 114), en el que se desechó la demanda de amparo que promovió a través de su apoderado Fidel José Gómez Arango, habiendo transcurrido el término concedido para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Asimismo, se destaca que en este expediente, no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Devolución de documentos. Toda vez que en autos constan en copia certificada, documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente; haciendo la indicación que el documento con que se identifique no deberá encontrarse deteriorado, es decir roto, desprendido en alguna de sus partes, ilegible por desgaste o incompleto; además de encontrarse vigente al día en que se presente en este órgano jurisdiccional para tal efecto. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo; este expediente se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 473/2019. DESECHAMIENTO Visto el escrito de demanda de cuenta promovida por Mariano Castañeda Vásquez, a través de su apoderado Fidel José Gómez Arango, y por lo que respecta al acto reclamado consistente en la falta de competencia y sin que exista motivo legal alguno, al detener y desposeer materialmente con su cabildo y un grupo de personas más de aproximadamente quince personas de la unidad de motor marca Nissan, con número de serie 3N1EB31S57K354085 con placas número TLS7523, a la altura del Instituto Tecnológico de Salina Cruz el cual circulaba del entronque de la carretera federal hacia la población de San Antonio Monterrey, Salina Cruz, Oaxaca, como servicio público taxi propiedad de mi representada. Aunado a ello la falta de competencia de esta autoridad al prohibir que circule en la población de San Antonio Monterrey, Oaxaca, en consecuencia, no existe fundamentación ni motivación por su parte para ejecutar tal acto, es dable advertir que debe desecharse la demanda por notoriamente improcedente. Lo anterior en razón que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refieren los artículos 61 o 63 de dicha legislación, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Lo anterior por considerar que la presentación de la demanda es extemporánea, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. . Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la cita que antecede, se aprecia que la oportunidad para la presentación de la demanda, refiere a la exigencia de presentarse dentro del plazo de los quince días computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; ello tratándose de los casos fuera de las excepciones previstas en las fracciones I a la IV del artículo 17 citado. Ahora bien, del escrito inicial de demanda, se desprende que en el apartado V. FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO, manifestó bajo protesta de decir verdad que el acto reclamado fue el seis de octubre de dos mil diecinueve a través del acta de asamblea que convocó la Agencia Municipal de San Antonio Monterrey. Por tanto, a dicha afirmación se le considera como una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2o., que hace prueba plena, pues concurren las circunstancias previstas en el ordinal 199 del Código Federal de referencia, el cual establece lo siguiente: Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. Lo que se corrobora con la asamblea extraordinaria celebrada el seis de octubre de este año, en la que atento a la petición de Fidel Gómez Arango (apoderado del aquí quejoso), se votó que no tenía el permiso para hacerlo como parte de los colectivos que ya se encontraba, entre otras dos unidades, laborando como urbanos toda vez que no demostró con documental tener por el momento concesión a su nombre; por lo que es evidente que la parte quejosa sí se enteró por conducto de su representante en esa data por estar en la lista de asistencia de tal acta, relativa al tema de transporte público (taxis) y la Fiesta Patronal de Nuestra Comunidad (fojas 62 y 64). Motivo por el cual, el término de quince días con que contaba para presentar la demanda de amparo, operando para ello que inició a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, por ende, transcurrió del siete al veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, descontando de dicho cómputo los días doce, trece, diecinueve y veinte de dicha anualidad, por haber sido inhábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, si la demanda de amparo fue presentada hasta el seis de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 2 a 10), como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, que obra en la parte superior de la demanda de amparo, dicha presentación resulta extemporánea, por lo que es indudable la actualización de la causal de improcedencia en estudio. Máxime, que constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador que promovió diverso el juicio de amparo 440/2019 de este índice, contra la falta de competencia y sin que exista motivo legal alguno, pretende la detención y desposeer materialmente de la unidad de motor Marca Nissan, con número de Serie 3N1EB31S57K354085 con placas número TLS7523 propiedad de mi representada. Aunado a ello la falta de competencia de esta autoridad al prohibir que circule en la Agencia de San Antonio Monterrey, Oaxaca desde el entronque hasta llegar a dicha población, en consecuencia, no existe fundamentación ni motivación para ejecutar tal acto; mismo que está en trámite, y del que se ordena agregar copia simple de diversas actuaciones que obran en el cuaderno incidental formado con motivo de dicha demanda. Al caso se invoca la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (junio de 2007), página 285, de rubro: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Por ende, el término para la promoción de la demanda de amparo en contra del acto reclamado debe computarse conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Amparo. Sin que se esté ante alguna de las excepciones previstas en el propio numeral 15 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado, no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Sustenta lo anterior, la consultable en la página 235, Tomo XI-Junio, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. Así como la tesis de jurisprudencia publicada con el número 4, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 8, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO.- El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En el particular, no obstante la causal ya referida, no pasa inadvertido para este Juzgador que la parte impetrante aduce que la retención del vehículo aconteció hasta el veintidós de octubre del año en curso, por lo que de ser la hipótesis, también se estima que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado; lo anterior, pues se advierte que en la especie se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." Artículo 207. El incidente se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo. Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes: I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas; II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución. Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley. Del enunciado normativo señalado en primer término, se aprecia que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Dicha hipótesis normativa fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; lo anterior con sustento en la tesis aislada 2a. XCI/2015 (10a.), registro 2009938, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 690, Tesis Aislada (Constitucional, Común), de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO." En relación con lo expuesto, de la lectura de los diversos arábigos se advierte que el legislador estableció el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, el cual podrá ser promovido por cualquier persona en contra de las autoridades responsables, cuando resulte agraviada con el incumplimiento de una suspensión, ya sea de plano, provisional o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. De esta manera, aun cuando la parte quejosa tiene reconocido el derecho de acudir ante los tribunales a que sus derechos sean decididos por un Juez imparcial e independiente, así como de combatir a través del juicio de amparo los actos u omisiones que estimen violatorios de sus derechos humanos a efecto de garantizar el acceso a la justicia, tratándose de las deficiencias en las que hayan incurrido las autoridades responsables al momento de dar cumplimiento a la medida cautelar, opera el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión que para tal efecto prevé la propia Ley de Amparo. Dicho incidente podrá ser promovido ante el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo. De ahí que, contra resoluciones, omisiones o actos emitidos por las autoridades responsables en cumplimiento a la suspensión del acto reclamado, sea por exceso o defecto, es procedente su impugnación vía incidental, y no en diverso juicio de amparo. En la inteligencia que el exceso en el cumplimiento de una medida cautelar, implica que la autoridad responsable rebasa o decide puntos diversos de los que determinan el alcance de la suspensión provisional o definitiva, mientras que el defecto de cumplimiento consistirá en que aquélla no realiza todas las conductas impuestas en el acuerdo o interlocutoria en cuestión, es decir, cumple parcialmente. En ese tenor, de la interpretación conjunta de los dispositivos mencionados, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando al pretender dar cumplimiento a la medida cautelar, la autoridad responsable se excede, o bien, incurre en defecto, dado que se prevé expresamente el medio de defensa consistente en el incidente por exceso o defecto, por medio del cual pueden impugnarse los actos que las autoridades realicen excesiva o defectuosamente en dicho cumplimiento. En el caso concreto, el quejoso reclama "la falta de competencia y sin que exista motivo legal alguno, al detener y desposeer materialmente con su cabildo y un grupo de personas más de aproximadamente quince personas de la unidad de motor marca Nissan, con número de serie 3N1EB31S57K354085 con placas número TLS7523, a la altura del Instituto Tecnológico de Salina Cruz el cual circulaba del entronque de la carretera federal hacia la población de San Antonio Monterrey, Salina Cruz, Oaxaca, como servicio público taxi propiedad de mi representada. Aunado a ello la falta de competencia de esta autoridad al prohibir que circule en la población de San Antonio Monterrey, Oaxaca, en consecuencia, no existe fundamentación ni motivación por su parte para ejecutar tal acto". Ahora, para el caso de que la parte quejosa haga versar el anterior acto reclamado como uno autónomo del señalado en la demanda de amparo 440/2019 de este índice; es dable establecer que contrario a lo esgrimido por él, se aprecia que si bien en el escrito inicial de demanda de ese juicio omitió referir que el vehículo del que detenta la propiedad lo utilizaba para circular como taxi, lo cierto es que de las copias simples que se agregan de constancias que obran en el cuaderno incidental de ese expediente se advierte que: -En la asamblea extraordinaria celebrada el seis de octubre de este año atento a la petición de Fidel Gómez Arango (aquí representante del quejoso -sin que se inobserve que en la especie en el acta no se haya asentado el segundo de sus nombres-), se le dijo que derivado de que no demostró con documental tener por el momento concesión a su nombre, y que con o sin permiso circularía; siendo que dicha asamblea votó que no tenía el permiso para hacerlo como parte de los colectivos que ya se encontraban laborando como urbanos, quien se enteró en esa data por estar en la lista de asistencia de tal acta, relativa al tema de "transporte público (taxis) y la Fiesta Patronal de Nuestra Comunidad" (fojas 62 y 64). -Que según lo informado por el Agente Municipal de "San Antonio Monterrey", el veintidós de octubre de este año, siendo las nueve de la mañana se dio la detención por parte de la población del vehículo marca nissan Tsuru, número de serie 3N1EB31S57K354085, placas de circulación TLS7523, del Estado de Oaxaca, llevado a dicha agencia quedando bajo su resguardo, derivado de la aludida acta de asamblea, en la que esencialmente no se le permitió la circulación a su propietario por no contar con una concesión para servicio colectivo (fojas 95 y 96). Por lo que, es dable traer aquí esencialmente el efecto de la concesión de la suspensión provisional otorgada en el cuaderno incidental del aludido juicio de amparo 440/2019, consistente en que ".no realice acto alguno tendiente a detener y desposeer la unidad de motor Marca Nissan, con número de serie 3N1EB31S57K354085, con placas TLS7523 y se le permita circular con dicha unidad del entronque de la carretera Federal a San Antonio Monterrey así como dentro del pueblo." Ahora bien, es pertinente establecer que en el citado cuaderno incidental del diverso juicio de amparo 440/2019 de esta estadística, se aprecia que al mismo quejoso se le tuvo en auto de veinticinco de octubre de esta anualidad, promoviendo incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional otorgada, al tenor de los hechos que narra en el ocurso en el que lo presentó, mismos que son idénticos a los del escrito inicial de demanda de este nuevo juicio de amparo (fojas 76 a 79, así como 92 y 93); incidencia que a esta fecha está pendiente de resolución, pues fueron señaladas las once horas con treinta y siete minutos del doce de noviembre de este año, para llevar a cabo la audiencia correspondiente. Siendo así, que el acto aquí reclamado es materia de análisis y susceptible de valoración en la resolución que se emita en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión, en términos de los artículos 206 y 209 de la Ley de Amparo. Lo anterior, dado que de resultar fundados, el órgano de amparo cuenta con facultades para que frente a la interposición del incidente relativo, puedan requerir a las responsables para que en el plazo de veinticuatro horas horas cumplan con la medida cautelar, que rectifiquen los errores en que hubiesen incurrido o, en su caso, que subsanen las deficiencias; sin que con la anterior determinación signifique se este Juzgador se encuentre compelido a fallar en determinado sentido en ese incidente ante la promoción de este juicio de amparo. En ese sentido, si en esta instancia constitucional se pretende sujetar a examen dicha conducta (retención de vehículo) atribuida a la autoridad responsable, implica que el quejoso intenta a través de este juicio de amparo que se analice como acto reclamado, la actuación de la responsable en confronta con los lineamientos precisados en la suspensión provisional que se le otorgó en el incidente del diverso juicio de amparo 440/2019, lo cual es improcedente, pues ello es materia de discernir sobre la existencia o no del exceso o defecto en el cumplimiento de la medida cautelar, que como se dijo ya hizo valer la misma parte quejosa. Lo anterior es así, cuenta habida que la Ley de Amparo contempla de manera clara y precisa el incidente como medio de defensa a través del cual pueden combatirse los actos que las autoridades realicen de manera excesiva o defectuosa en cumplimiento a la suspensión del acto reclamado. Estimar lo contrario implicaría que este juzgador se sustituyera a la autoridad competente al intentar establecer en el juicio de amparo los alcances de la medida cautelar y, en su caso, resolver si la responsable se excedió o no, invadiendo la materia del incidente de cumplimiento de la suspensión en su vertiente de exceso o defecto. Orienta a lo anterior la tesis I.6o.T.18 K (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Décima Época, registro 2015369, página 2606, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Tomo IV, octubre de 2017, cuyo rubro y texto señalan: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS U OMISIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZADOS EN EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE AQUÉLLA, PROCEDE EL INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN SU CUMPLIMIENTO Y NO EL AMPARO INDIRECTO. Del artículo 206 de la Ley de Amparo se advierte que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión procede contra las autoridades responsables, cuando cualquier persona resulte afectada por el incumplimiento de la medida, por considerar que existe exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. En tal virtud, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando al pretender dar cumplimiento a la medida cautelar, la autoridad responsable se excede (va más allá de lo ordenado), o bien, incurre en defecto de cumplimiento (no realiza todas las conductas impuestas en el acuerdo o interlocutoria en cuestión, es decir, cumple parcialmente), toda vez que el numeral citado prevé expresamente el medio de defensa consistente en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, por medio del cual pueden impugnarse los actos que las autoridades realicen excesiva o defectuosamente en el cumplimiento de aquélla, concediendo facultades al órgano de amparo para que, frente a la interposición del incidente relativo, puedan requerirlas para que en el plazo de 24 horas cumplan con la medida cautelar, que rectifiquen los errores en que hubiesen incurrido o, en su caso, que subsanen las deficiencias." En tales circunstancias y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en concordancia con los diversos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo; así como la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el 206, 207, 208 y 209, procede DESECHAR por notoriamente improcedente la demanda de amparo por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden. No pasa inadvertido para este Juzgador la omisión de la parte quejosa y en su caso de los abogados que le asisten (quienes son los mismos), que en la diversa demanda que dio origen al juicio de amparo 440/2019, respecto a que el vehículo era utilizado para el servicio público colectivo o taxi, lo que motivó la concesión de la suspensión provisional para ciertos efectos, por lo que es dable hacerles mención de de lo que establece el numeral 261 en su fracción II, de contenido siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: . I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u OMITA los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y ." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho jurídico Gómez Martínez, ubicado en calle Obrero Mundial, sin número, Barrio Espinal, Salina Cruz, Oaxaca. De igual forma, como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ana Karen Martínez Mercado, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditado ante el Poder Judicial de la Federación, que la autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, no así a Samina Jiménez Méndez, por no tener acreditada su personalidad en el referido Registro, a quien se tiene entonces en términos de la segunda parte del segundo párrafo del aludido numeral. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al Secretario del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente al quejoso.

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