Marian LIzel Martinez Martinez

Expediente 442/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 28 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
442/2019
Año
2019
Actuaciones
28
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Marian LIzel Martinez Martinez
  • Juez Primero Familiar de Salina Cruz, Oaxaca
  • Marian LIzel Martinez Martinez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito remitido vía electrónica con evidencia criptográfica de ****, autorizado de la parte quejosa; con el denuncia la repetición del acto reclamado por parte de la autoridad responsable. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 199 de la Ley de Amparo, téngasele denunciando incidente de repetición del acto reclamado, por parte de la autoridad responsable, Juez Primero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, a la que se ordena correr traslado con copia del escrito de cuenta, para que dentro del término de tres días, siguientes a la legal notificación de este proveído, remita el informe correspondiente respecto a la denuncia de mérito. Se precisa que el término de tres días que dispone el artículo 199 de la Ley de Amparo, para dictar la resolución correspondiente, comenzará a transcurrir a partir del día en que dicha autoridad quede legalmente notificada de esta determinación; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese

  2. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso A del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se concedió la medida cautelar provisional y negó la definitiva a la parte quejosa, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 18 del referido Acuerdo, una vez transcurrido el término de tres años, procédase a su depuración, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el mencionado precepto, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósito documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda). Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, en términos de los dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses siguientes a partir de que se dicta el presente acuerdo, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, advirtiéndose que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído, para los efectos legales procedentes. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en aquél. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el término legal de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, por ser una cuestión de orden público; como así se sostiene en la tesis jurisprudencial 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de Marzo de 2000, Novena Época, con registro 192174, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Además, el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió la tutela federal solicitada por la quejosa Marian Lizel Martínez Martínez, para los siguientes efectos: "Único. De inmediato, acuerde lo que en derecho corresponda respecto de la omisión de emplazar al demandado Marco Antonio Gutiérrez Sánchez o, en su caso, realizar la investigación correspondiente al domicilio del aludido demandado, agotando todos los medios legales a su alcance. " Por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este sumario constitucional, y se requirió a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento al fallo protector. Por tal motivo mediante oficio 22/2022, signado por la Secretaria de Acuerdos encargada del Juzgado Primero Familiar por ministerio de ley, con sede en esta ciudad, remitió certificadas del acuerdo, diligencia de cita de espera y emplazamiento, realizada por el Ejecutor adscrito al demandado Marco Antonio Gutiérrez Sánchez, los tres de seis de los corrientes, relativas al expediente 192/2014 de su índice. De lo anterior, se advierte que se acató en sus términos la ejecutoria de amparo, en virtud de que el Juez Primero Familiar, con sede en esta ciudad, en proveído de seis de los corrientes acordó lo conducente respecto al emplazamiento del demandado***, realizándose dicha diligencia en esa misma fecha. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese

Quedan 24 actuaciones en este expediente

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