María Teresa Santiago Desales

Expediente 187/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
187/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
02/05/2017

Partes del expediente

  • María Teresa Santiago Desales

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dos de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio 1512, signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 48, mediante el cual se remitió por incompetencia legal el juicio de amparo 187/2017, formado con motivo de la demanda promovida por MARÍA TERESA SANTIAGO DESALES, contra actos de esta y otras autoridades, así como de seis copias de la misma. Por otra parte, se le tiene comunicando que aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo, registrándola en el libro de gobierno con el número 186/2017. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), con registro 2009916, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, del rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo.". Notifíquese. IV-A

  2. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, A VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la demanda de amparo promovida por María Teresa Santiago Desales, por propio derecho, contra actos del suscrito Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, que hace consistir en la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 187/2017. En el caso, el suscrito Juez Federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por las razones que enseguida se precisan. El artículo 38 de la Ley de Amparo, dispone: Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de Distrito, otro del mismo Distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca... Y, siendo que la demanda de amparo se promueve contra actos de este Juzgado, es inconcuso que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo transcrito, por lo cual, sin proveer trámite alguno, remítase la misma con sus seis copias simples, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, para que lo remita al Juez Sexto de Distrito, a quien se estima legalmente competente para conocer de la demanda de garantías; solicítese el acuse de recibo correspondiente. Funda lo expuesto, por identidad de razones jurídicas, el criterio jurisprudencial con registro 246671, sustentado por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que aparece publicada en la página 153, del Volumen 217-228 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto son: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. ARTÍCULO 42, PRIMERA PARTE, DE LA LEY DE AMPARO.- Conforme a dicha regla, es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un juez de distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del tribunal colegiado a que pertenezca dicho juez; y como la demanda de amparo está enderezada contra actos del juez cuarto de distrito, residente en Matamoros, Tamaulipas, en donde existe un solo juez, es claro que le corresponde conocer de ella al más inmediato, dentro de la jurisdicción de este tribunal colegiado, a cuyo circuito pertenece el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en la ciudad de Reynosa. Así como la jurisprudencia con registro 190008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y cinco, del tomo XIII, del mes de Abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son como sigue: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN.- El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se provea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito. En otro aspecto, toda vez que los actos reclamados no se encuentran en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, no se provee respecto de la suspensión de plano o provisional. Déjese copia certificada de la demanda de mérito en substitución del original. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En cuanto a los estrados de este juzgado que señala para recibir notificaciones, por no satisfacerse los requisitos del artículo 27, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en el presente asunto, hágansele mediante lista de acuerdos. Es aplicable por identidad de razones jurídicas la tesis XXII.1°. 22 K., con registro 195064, publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL.- Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público. Téngase como autorizado de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona en el proemio de su demanda. Notifíquese por lista a la parte quejosa. IV-A

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