María Victoria Castro López
Expediente 332/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 332/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Victoria Castro López y Otros.
- María Victoria Castro López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diez de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieren interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 565 al 581), en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por último, glósese únicamente a los autos el sobre que contiene el oficio 1709 dirigido al Director de Seguridad Pública, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, devuelto por el Administrador de Correos de esta ciudad, con la leyenda: "pto. Escondido Oax 30/10/2018 1:25 hr cite el cuerpo policial a que corresponde DESCONOSIDO EN EL RBO4 Cupertino Jarquin Reyes 30 10 28", toda vez que resulta innecesario su reexpedición, en virtud, que con el contenido del citado oficio se le pretendió notificar el diferimiento de la audiencia constitucional, fecha que ya transcurrió. Notifíquese. V-A
- Principal
SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por MARÍA VICTORIA CASTRO LÓPEZ e IRMA GUADALUPE CASTRO LÓPEZ en términos del considerando QUINTO. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese como corresponda a las partes.IIA-P
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.Visto el estado de autos; advirtiéndose que no ha transcurrido el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a partir de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local Puerto Escondido, Oaxaca, con sede en San Pedro Mixtepec, Juquila, rindiera su informe justificado; en consecuencia, a efecto de que la parte quejosa esté en aptitud de imponerse del contenido del citado informe, preparar y ofrecer en su caso, las pruebas que estime pertinente, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevarla a cabo.Se invoca en apoyo la jurisprudencia 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo XI, del mes de Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 191995, bajo el rubro y texto:"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". MESA II A( PENAL)
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA; CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto los informes justificados de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local Puerto Escondido, Oaxaca, con sede en San Pedro Mixtepec, Juquila; agréguense al sumario para que surtan sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, las documentales que anexa a su informe de ley, consistente en: copias certificadas del legado 2730/FPE/2018, de su índice; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Igualmente, téngasele al promovente dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante diverso 1707 de veintidós de octubre del año en curso, para lo cual remite copias cotejadas de la inspección ocular realizada en la carpeta de investigación 2730/FPE/2018, el veintiocho de julio del año en curso; por tanto, como se ordenó en acuerdo de seis de noviembre siguiente, dése vista a las partes, para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlas, en la audiencia constitucional respectiva. Lo anterior, atento a la tesis aislada, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 594, del tomo II, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 204616, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado. Notifíquese. II-A-Penal
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