Mariana Garcia Vazquez
Expediente 637/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 03/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Mariana Garcia Vazquez
- Juez Primero de lo Penal de la Ciudad de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Visto, el escrito al parecer signado por la quejosa Mariana García Vázquez, por medio del cual solicita la devolución de la constancia de antecedentes no penales expedida por la Fiscalía General del Estado de Puebla. Al respecto, toda vez que la firma que lo calza difiere a simple vista de la que aparece en su escrito inicial de demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la citada promovente para que dentro del término de tres días, siguiente a que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca ante el personal actuante de este Juzgado a reconocer la firma que calza el ocurso de cuenta (con credencial oficial y vigente), apercibida que en caso de no hacerlo en el término indicado se tendrá por no presentada dicha promoción. Hágase del conocimiento de la promovente que de no conducirse con la verdad, se actualiza el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV, del artículo 247 del Código Penal Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Dígase al promovente que, una vez que ratifique la firma en cuestión, se proveerá lo conducente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Visto, el contenido del oficio del Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, téngasele acusando recibo del duplicado de la causa penal 25/2017 de esa estadística que remitió como justificación del informe rendido en este asunto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución de veintinueve de junio de dos mil diecisiete que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes, razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. En otro orden, devuélvase al 1. Juez Primero de lo penal de la ciudad de Puebla el duplicado de la causa penal 25/2017 que remitió como justificación de su informe rendido en este asunto; requiriéndole para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación. Finalmente, toda vez que en el presente caso no existe ninguna necesidad legal para que continúe constituida la garantía exhibida por la parte quejosa para garantizar la suspensión provisional concedida mediante proveído de dos de junio de dos mil diecisiete (fojas 6 a 15); en consecuencia, devuélvasele el billete de depósito N 800938, por la cantidad de $ 4000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), que exhibió para garantizar dicha suspensión, debidamente endosado a su favor, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, en el entendido de que la devolución por estrictas razones de seguridad y control sólo se hará los días miércoles de cada semana, de diez a doce horas, debiendo acompañar copia de su identificación oficial, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia que en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.
- Incidental
V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 6372017-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Mariana García Vázquez; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de dos de junio de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Mariana García Vázquez, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: I. La orden de presentación o comparecencia emitida por un juez de lo penal; y, II. La orden de aprehensión o reaprehensión girada en su contra. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando que antecede - a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1. 2. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla. Niega 26 y 27 2 3. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla. Niega 28 3. 4. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla. Niega 29 4. 5. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla. Niega 30 5. 6. Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla. Niega 31 6. 7. Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla. Niega 37 7. 8. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla. Niega 32 Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe previo, negaron la existencia del acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daño o perjuicio de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo y fracción antes citados; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. CUARTO. Por su parte las autoridades responsables 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla y 9. Fiscal General del Estado de Puebla, aceptaron la existencia del acto reclamado consistentes en la orden de aprehensión librada en contra de la quejosa como probable responsable en la comisión del delito de allanamiento de morada previsto y sancionado por el artículo 293 en relación con los artículos 13 y 21 fracción I del Código Penal del Estado, cometido en agravio de José Tolentino Guzmán, y en la comisión del delito de daño en propiedad ajena doloso, previsto y sancionado por el artículo 414 fracción II, en relación con los diversos 13, 21 fracción I, del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de Juan Calos Tolentino Fernández. Así mismo; el 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, en cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional en proveído de veinte de junio de dos mil diecisiete, remitió a este órgano jurisdiccional el acuse de recibo del oficio librado al Fiscal General del Estado, con el que hizo del conocimiento de dicha autoridad que declaró extinguida la acción persecutoria ejercitada en contra de la aquí quejosa Mariana García Vázquez, respecto del delito de allanamiento de morada ilícito previsto y sancionado por los artículos 293 en relación con los diversos 13 y 21 fracción I del Código Penal para el Estado. De igual forma, el 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió a este órgano jurisdiccional copia certificada de la diligencia de declaración preparatoria de Mariana García Vázquez de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, diligencia de la que aparece que ante la comparecencia de la quejosa en cita a declarar sobre su probable responsabilidad respecto del ilícito de daño en propiedad ajena doloso previsto y sancionado por los artículos 414 fracción II, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I del Código Penal para el estado, libró el oficio dirigido al Fiscal General del Estado, a efecto de que suspendiera la orden de aprehensión solicitada mediante oficio sin número de once de abril de dos mil diecisiete en contra de la quejosa. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daño o perjuicio de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo y fracción antes citados; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Mariana García Vázquez, en términos de los considerandos tercero y cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas.
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