María Susy Sibaja Antonio

Expediente 28/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
28/2016
Año
2016
Actuaciones
23
Última actuación
20/05/2016

Partes del expediente

  • María Susy Sibaja Antonio
  • Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del oficio 2199, por el que se remitió original y duplicado del incidente, así como el billete de depósito número N 745257, que ampara la cantidad de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos, 00/100 moneda nacional), para los efectos legales procedentes. Notifíquese. IIA

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual transcribe el acuerdo de fecha ocho del actual, del que se advierte que aceptó la competencia de la demanda de amparo número 28/2016, promovido por MARÍA SUSY SIBAJA ANTONIO y se avocó al conocimiento del asunto, en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, remítase al citado juez federal el original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 28/2016; asimismo, remítasele debidamente transferido el billete de depósito número N 745257, que ampara la cantidad de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), exhibido por la parte quejosa para garantizar la suspensión provisional, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIA

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del oficio 1510, por el que se envió por incompetencia el juicio de amparo número 28/2016, promovida por la quejosa María Susy Sibaja Antonio; asimismo, remite acuse del oficio en mención, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. IIA

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, de los que advierte que el acto reclamado se hizo consistir de los Magistrados que integran la Segunda Sala Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y de la Central de Actuarios de Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca:  "La ilegal notificación efectuada dentro del Toca Civil 254/2015 relativo al Recurso de Apelación interpuesto por la suscrita en contra de la Sentencia de fecha cinco de mayo de dos mil quince, dictada en el expediente civil número 173/2014, por la Juez Primero de lo Civil de Salina Cruz, Oaxaca, que supone notifica a la suscrita la Resolución de fecha 25 de Noviembre de 2015, que resuelve el Recurso de apelación interpuesto, dictada en el mencionado Toca Civil, violando las formalidades esenciales del procedimiento, privándome de todo derecho a una defensa eficaz y un recurso efectivo en contra de dicha resolución y vulnerando mi derecho humano al debido proceso; causando con ello agravio personal y directo". Y del Juez Primero de lo Civil de esta ciudad y Actuario adscrito a dicho Juzgado:  "La Ejecución Material de la Sentencia de Primera y Segunda Instancia, dictada en el expediente número 173/2014 que se sigue ante el Juez Primero de lo civil de esta ciudad, que se traduce en la desposesión del predio ubicado en Calle Mazatlán número 16 B centro en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, violando en mi perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento, dejando de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo anterior como consecuencia de la ilegal notificación en el Toca Civil número 254/2015, lo que se traduce en la vulneración a mi derecho humano a un debido proceso". Al rendir informe justificado el Juez Primero de lo Civil de esta ciudad y actuario adscrito, negaron categóricamente la ejecución material que se les atribuyó, que según la peticionaria se traducía en la desposesión del predio ubicado en Calle Mazatlán, Número 16 B, colonia centro de esta ciudad (circunstancia que no fue desvirtuada por la parte quejosa). Por su parte, el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia manifestó que en el toca civil 254/2015, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la peticionaria del amparo María Susy Sibaja Antonio, contra la sentencia de cinco de mayo de dos mil quince, dictada dentro del expediente civil 173/2014, del índice del juez civil de esta ciudad, el veinticinco de noviembre de dos mil quince, confirmó la aludida sentencia apelada, misma que le fue notificada a la quejosa el día tres de diciembre de dos mil quince, en Prolongación de Fiallo, número mil ciento doce, Colonia Eliseo Jiménez Ruíz, de la ciudad capital. De acuerdo a los antecedentes de los actos reclamados, que bajo protesta de decir verdad narró la impetrante de garantías, así como de los que todas las constancias que obran que integran el toca civil 254/2015, las que tienen pleno valor probatorio, en términos de los previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se desprende lo siguiente: 1. Armando Chan Manzano, apoderado legal de para pleitos y cobranzas de Ernesto Abdalá Quintero Soda, demandó en Acción Reivindicatoria a María Susy Sibaja Antonio (aquí quejosa). 2. Quedando radicado dicho asunto bajo el expediente número 173/2014, del índice del Juzgado Primero de lo Civil, con residencia en esta ciudad. 3. Substanciado que fue el trámite de juicio reivindicatorio, el cinco de mayo de dos mil quince, el juez natural dictó sentencia en la que declaró que la parte actora probó los hechos constitutivos de la acción y la demandada (aquí quejosa) no acreditó sus excepción y defensas, por ende, condenó a la aquí quejosa María Susy Sibaja Antonio a la restitución del inmueble ubicado en Calle Mazatlán número 31, antes lote 13 de la Manzana 13, centro, en esta ciudad. 4. Inconforme con dicha sentencia, la demandada, aquí quejosa, interpuso recurso de apelación. 5. Por sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, los magistrados de la Segunda Sala Civil, dentro del toca civil 173/2014, confirmaron la resolución del juez natural. 6. Mediante diligencia de tres de diciembre de dos mil quince, los actuarios responsables notificaron la sentencia de segunda instancia. De lo anterior, se colige que el acto reclamado existente se trata de la diligencia de fecha tres de diciembre de dos mil quince, efectuada dentro del toca civil 254/2015, misma que se llevó a cabo en el domicilio ubicado en calle Prolongación de Fiallo número mil ciento doce, colonia Eliseo Jiménez de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Ahora bien, toda vez que la competencia legal es de orden público y, por ello, no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo presentada por la quejosa. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Al respecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley. De acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. " De la literalidad del precepto constitucional transcrito, se advierte que el juicio de amparo se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil novecientos setenta y cinco, del tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, bajo el rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO. La fracción IX del articulo 107 constitucional, somete el conocimiento de los juicios de garantías, de la competencia de los Jueces de Distrito, al de la jurisdicción en que esté el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, sin distinguir si el amparo se endereza contra actos de autoridades judiciales o distintas de éstas" Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se hay ejecutado. " En tales condiciones, como ya se precisó el acto que en este juicio existe es la diligencia de fecha tres de diciembre de dos mil quince, efectuada dentro del toca civil 254/2015, misma que se llevó a cabo en el domicilio ubicado en calle Prolongación de Fiallo número mil ciento doce, colonia Eliseo Jiménez de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. De lo expuesto, se advierte que se surte la hipótesis señalada en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, consistente en que cuando el acto reclamado requiera de ejecución, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo lo es aquél en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trata de ejecutarse, se esté ejecutando o se hace ejecutado. Así es, toda vez que la ejecución material del acto reclamado, tendrá lugar en calle Prolongación de Fiallo número mil ciento doce, colonia Eliseo Jiménez de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar donde fue notificada de la sentencia de segunda instancia; por tanto, se colige que la competencia para conocer del presente juicio de garantías, por razón de territorio, corresponde a los Juzgados de Distrito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, conforme al Acuerdo General 51/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Máxime que, como ya se dijo, las autoridades responsables, Juez Primero de lo Civil de esta ciudad y actuario adscrito, negaron la ejecución que se les atribuye y, en ese aspecto, la parte quejosa no desvirtúo dicha negativa. En ese contexto, este juzgado declara carecer de competencia legal para seguir del conocimiento del presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, Jurisprudencia 8/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII Enero 2001, Página 5, cuyo rubro dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE". Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir el juicio de amparo número 28/2016, el original y duplicado del incidente de suspensión relativo al citado juicio de amparo, al Juez de Distrito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en turno, por conducto del Jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de la ciudad capital, quien resulta competente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, tanto del juicio como del incidente de suspensión. Por otra parte, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en autos. Finalmente, toda vez que en el incidente de suspensión fue exhibido el billete de depósito número N 745257, que ampara la cantidad de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por la parte quejosa; en tales consideraciones, se reserva su remisión hasta en tanto se tenga conocimiento del Juzgado que conocerá del presente asunto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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