María Rene Nohemi Romero Galan

Expediente 810/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
810/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
18/12/2018

Partes del expediente

  • María Rene Nohemi Romero Galan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 197 a 200), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintisiete de noviembre al diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvase el anexo I, consistente en copia certificada del toca de apelación 115/2018 de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable mencionada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa María Rene Nohemí Romero Galán mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de amparo, las cuales serán consideradas en el momento oportuno. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 188), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por la quejosa mediante el escrito de cuenta. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 82 a 108), se concedió el amparo y protección a María Rene Nohemí Romero Galán, para que la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera su cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente en el toca de apelación 115/2018 de su índice: 1. Deje insubsistente la resolución de dos de mayo de dos mil dieciocho. 2. Resuelva, con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, el recurso de apelación interpuesto por María René Nohemí Romero Galán, contra el auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el proceso penal 55/2017 de la estadística del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, por el que se niega la orden de aprehensión solicitada contra María Luisa González Romero, como probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico. En el entendido de que, en tal determinación deberá operar en favor de la quejosa la suplencia de la deficiencia de la queja, ante la omisión de expresar los agravios correspondientes, por lo que deberá examinar en su integridad la resolución recurrida, esto es, los elementos típicos, la responsabilidad penal y resolver como en derecho corresponda, en respeto a los derechos fundamentales de esa parte. Asimismo, en caso de reiterar el sentido de su determinación, deberá precisar si la resolución que confirma la negativa de la orden de aprehensión solicitada, queda bajo los efectos del artículo 111 (párrafo tercero) del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, es decir, si ésta no es definitiva y el Ministerio Público cuenta con una nueva oportunidad para perfeccionar la acción intentada y continuar indagando, así como allegarse de los medios probatorios con los que pueda acreditar debidamente tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad de la indiciada. 3. Notifique a la quejosa dicha determinación y remitir las constancias que así lo acrediten." (Foja 107). En acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho (fojas 133 a 135), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Por oficio 1141-B de veintiséis de octubre del año en curso (foja 143), la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución pronunciada en la misma fecha, dentro del toca de apelación 115/2018 de su índice, del que emana el acto reclamado (fojas 144 a 157); sin embargo, como no acreditó haber notificado esa determinación judicial a la peticionaria de amparo, por auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho (foja 158), se requirió a la Sala responsable para que enviara las constancias respectivas. En cumplimiento a lo anterior, mediante comunicado A-3397 de cinco de noviembre de dos mil dieciocho (foja 168), la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución aludida en el párrafo que antecede, así como su notificación a María Rene Nohemí Romero Galán (fojas 169 a 187). A las documentales relatadas se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada de dos de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación 115/2018 (foja 145). 2. El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, con la plenitud de jurisdicción que le fue concedida, la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, que originó el toca de apelación 115/2018 de su índice, de donde emana el acto reclamado, y en dicha resolución realizó lo siguiente: a) Determinó que no obstante la falta de agravios para controvertir las consideraciones que sostuvo la Juez Penal de Tepeaca, Puebla para negar la orden de aprehensión solicitada por el representante social consignador contra María Luisa González Romero, ello no impide a la Sala responsable realizar el análisis integral de dicha resolución, ya que la impugnación proviene de la agraviada María Rene Nohemí Romero Galán, y consideró que el artículo 17 Constitucional, así como el diverso 12 de la Ley General de Víctimas, tutelan los derechos de acceso a la justicia e igualdad ante los tribunales, por lo que el agraviado u ofendido tienen los mismos derechos que el inculpado, razón por la que estimó que opera la suplencia de la queja deficiente en favor de la quejosa de mérito, en su calidad de víctima (fojas 150 y 150 vuelta). b) Así, previo al análisis de fondo de la resolución que motivó la alzada, la Sala responsable estudió la prescripción de la acción penal (foja 152); y, concluyó que fue el siete de marzo de dos mil tres, cuando María Luisa González Romero recibió de María Rene Nohemí Romero Galán la cantidad de cincuenta y siete mil ochocientos pesos, cero centavos, moneda nacional que le dio en préstamo y, por ende, el momento en que se consumó el delito (foja 153). Por ello, determinó que la legislación aplicable al asunto es el Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, vigente en la época de los hechos y que dicho ordenamiento en su artículo 133, se desprende que la prescripción de delitos que son perseguibles a petición de parte opera cuando no se formule querella dentro del término de dos años (foja 153 vuelta). Señaló que la agraviada María Rene Nohemí Romero Galán, a pesar de tener conocimiento de los hechos posiblemente constitutivos de delito, se presentó ante el representante social para formular querella hasta el veintiuno de abril de dos mil dieciséis (trece años, un mes, catorce días después de consumarse la conducta), motivo por el cual la Sala consideró prescrita la acción penal, pues, como se dijo, la noticia criminal no se dio dentro del plazo de dos años indicado (fojas 153 vuelta y 154). c) Además, la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla resolvió que, con independencia de la prescripción de la acción penal analizada, los hechos denunciados por María Rene Nohemí Romero Galán son atípicos, ya que consisten en la falta de pago de un título de crédito, lo que a juicio de la autoridad responsable mencionada, no se adecua a la hipótesis contenida en el artículo 402 del Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, pues los medios de prueba que obran en la causa penal de origen, no resultan eficaces para acreditar el elemento de engaño o aprovechamiento del error, requerido para la actualización del delito de fraude (fojas 154 vuelta a 156 vuelta). d) En tales circunstancias, la Sala responsable declaró prescrita la acción penal intentada contra María Luisa González Romero respecto del delito de fraude, cometido en agravio de María Rene Nohemí Romero Galán y confirmó el auto apelado (fojas 157 y 157 vuelta). e) Así mismo, precisó que, al declarar prescrita la acción penal, impide devolver los autos al Ministerio Público para su integración, en términos del artículo 111 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por lo que determinó que resulta procedente el archivo definitivo de la causa, conforme lo dispuesto por el diverso numeral 30 del ordenamiento legal invocado (foja 157). 3. El veintinueve de octubre de la presente anualidad, notificó personalmente dicha determinación a la quejosa María Rene Nohemí Romero Galán (foja 186). Por otra parte, mediante escrito presentado ante este juzgado en esta fecha, la quejosa de mérito manifestó que existe exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo por las siguientes razones: a) Afirma que la protección constitucional no se concedió para el efecto de que la Sala responsable realizara el estudio de la prescripción de la acción penal, por lo que al hacerlo dejó en estado de indefensión a la peticionaria de amparo. Tal afirmación es infundada, en virtud de que, si bien no se concedió el amparo para que la autoridad responsable estudiara específicamente la prescripción de la acción penal, lo cierto es que en la sentencia pronunciada en este juicio de garantías se concedió libertad de jurisdicción a la Sala responsable para que analizara integralmente la resolución apelada, lo que desde luego incluye el estudió relativo a dicha circunstancia, máxime que la prescripción penal es de estudio preferente y oficioso. b) Señala que la resolución que se analiza es violatoria de sus derechos fundamentales, ya que la autoridad responsable no tiene los elementos necesarios para determinar la prescripción de la acción penal, por lo que considera incorrecto que la Sala haya concluido que el cómputo para que opere dicha figura debe computarse a partir del siete de marzo de dos mil tres, fecha en que se efectuó el préstamo, sino que debió computarlo a partir de la última fecha en que se actuó dentro del juicio ejecutivo mercantil 1034/2005 del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, esto es, el diecisiete de diciembre de dos mil quince, y que tomando como base la referida data la acción persecutoria no se encuentra prescrita. c) Argumenta que el análisis realizado por la autoridad responsable respecto de los elementos del cuerpo del delito es incorrecto, pues afirma que sí se acreditó el elemento consistente en el engaño, ya que María Luisa González Romero le hizo creer que le iba a pagar el dinero que le prestó, pero que desde el principio la persona nombrada sabía que no tenía los medios suficientes para liquidar el adeudo, lo que colocó a la peticionaria de amparo en un estado subjetivo de error. Tales manifestaciones resultan inoperantes, en virtud de que están encaminadas a combatir el fondo de la decisión adoptada por la Sala responsable, lo cual no fue objeto de análisis constitucional ni de los efectos del fallo protector. Es decir, lo que la quejosa pretende es que se realice un nuevo análisis constitucional de los motivos y fundamentos plasmados por la responsable en la resolución que nos ocupa, lo cual evidentemente no resulta procedente en este sumario constitucional, pues se insiste, el amparo se concedió para el único efecto de que la responsable analizara integralmente la resolución apelada a pesar de la falta de agravios por parte de quien interpuso el recurso, pero para ello se reservó libertad de jurisdicción a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por lo que dicha autoridad estaba facultada para resolver el recurso en el sentido que estimara procedente. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Notifíquese personalmente a la quejosa, por lista a la tercera interesada (en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho -foja 135-); por oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido del secretario Raúl Bonilla Hernández, quien autoriza y da fe. Doy fe.Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa María Rene Nohemí Romero Galán mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de amparo, las cuales serán consideradas en el momento oportuno. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 188), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por la quejosa mediante el escrito de cuenta. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 82 a 108), se concedió el amparo y protección a María Rene Nohemí Romero Galán, para que la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera su cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente en el toca de apelación 115/2018 de su índice: 1. Deje insubsistente la resolución de dos de mayo de dos mil dieciocho. 2. Resuelva, con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, el recurso de apelación interpuesto por María René Nohemí Romero Galán, contra el auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el proceso penal 55/2017 de la estadística del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, por el que se niega la orden de aprehensión solicitada contra María Luisa González Romero, como probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico. En el entendido de que, en tal determinación deberá operar en favor de la quejosa la suplencia de la deficiencia de la queja, ante la omisión de expresar los agravios correspondientes, por lo que deberá examinar en su integridad la resolución recurrida, esto es, los elementos típicos, la responsabilidad penal y resolver como en derecho corresponda, en respeto a los derechos fundamentales de esa parte. Asimismo, en caso de reiterar el sentido de su determinación, deberá precisar si la resolución que confirma la negativa de la orden de aprehensión solicitada, queda bajo los efectos del artículo 111 (párrafo tercero) del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, es decir, si ésta no es definitiva y el Ministerio Público cuenta con una nueva oportunidad para perfeccionar la acción intentada y continuar indagando, así como allegarse de los medios probatorios con los que pueda acreditar debidamente tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad de la indiciada. 3. Notifique a la quejosa dicha determinación y remitir las constancias que así lo acrediten." (Foja 107). En acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho (fojas 133 a 135), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Por oficio 1141-B de veintiséis de octubre del año en curso (foja 143), la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución pronunciada en la misma fecha, dentro del toca de apelación 115/2018 de su índice, del que emana el acto reclamado (fojas 144 a 157); sin embargo, como no acreditó haber notificado esa determinación judicial a la peticionaria de amparo, por auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho (foja 158), se requirió a la Sala responsable para que enviara las constancias respectivas. En cumplimiento a lo anterior, mediante comunicado A-3397 de cinco de noviembre de dos mil dieciocho (foja 168), la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución aludida en el párrafo que antecede, así como su notificación a María Rene Nohemí Romero Galán (fojas 169 a 187). A las documentales relatadas se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada de dos de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación 115/2018 (foja 145). 2. El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, con la plenitud de jurisdicción que le fue concedida, la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, que originó el toca de apelación 115/2018 de su índice, de donde emana el acto reclamado, y en dicha resolución realizó lo siguiente: a) Determinó que no obstante la falta de agravios para controvertir las consideraciones que sostuvo la Juez Penal de Tepeaca, Puebla para negar la orden de aprehensión solicitada por el representante social consignador contra María Luisa González Romero, ello no impide a la Sala responsable realizar el análisis integral de dicha resolución, ya que la impugnación proviene de la agraviada María Rene Nohemí Romero Galán, y consideró que el artículo 17 Constitucional, así como el diverso 12 de la Ley General de Víctimas, tutelan los derechos de acceso a la justicia e igualdad ante los tribunales, por lo que el agraviado u ofendido tienen los mismos derechos que el inculpado, razón por la que estimó que opera la suplencia de la queja deficiente en favor de la quejosa de mérito, en su calidad de víctima (fojas 150 y 150 vuelta). b) Así, previo al análisis de fondo de la resolución que motivó la alzada, la Sala responsable estudió la prescripción de la acción penal (foja 152); y, concluyó que fue el siete de marzo de dos mil tres, cuando María Luisa González Romero recibió de María Rene Nohemí Romero Galán la cantidad de cincuenta y siete mil ochocientos pesos, cero centavos, moneda nacional que le dio en préstamo y, por ende, el momento en que se consumó el delito (foja 153). Por ello, determinó que la legislación aplicable al asunto es el Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, vigente en la época de los hechos y que dicho ordenamiento en su artículo 133, se desprende que la prescripción de delitos que son perseguibles a petición de parte opera cuando no se formule querella dentro del término de dos años (foja 153 vuelta). Señaló que la agraviada María Rene Nohemí Romero Galán, a pesar de tener conocimiento de los hechos posiblemente constitutivos de delito, se presentó ante el representante social para formular querella hasta el veintiuno de abril de dos mil dieciséis (trece años, un mes, catorce días después de consumarse la conducta), motivo por el cual la Sala consideró prescrita la acción penal, pues, como se dijo, la noticia criminal no se dio dentro del plazo de dos años indicado (fojas 153 vuelta y 154). c) Además, la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla resolvió que, con independencia de la prescripción de la acción penal analizada, los hechos denunciados por María Rene Nohemí Romero Galán son atípicos, ya que consisten en la falta de pago de un título de crédito, lo que a juicio de la autoridad responsable mencionada, no se adecua a la hipótesis contenida en el artículo 402 del Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, pues los medios de prueba que obran en la causa penal de origen, no resultan eficaces para acreditar el elemento de engaño o aprovechamiento del error, requerido para la actualización del delito de fraude (fojas 154 vuelta a 156 vuelta). d) En tales circunstancias, la Sala responsable declaró prescrita la acción penal intentada contra María Luisa González Romero respecto del delito de fraude, cometido en agravio de María Rene Nohemí Romero Galán y confirmó el auto apelado (fojas 157 y 157 vuelta). e) Así mismo, precisó que, al declarar prescrita la acción penal, impide devolver los autos al Ministerio Público para su integración, en términos del artículo 111 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por lo que determinó que resulta procedente el archivo definitivo de la causa, conforme lo dispuesto por el diverso numeral 30 del ordenamiento legal invocado (foja 157). 3. El veintinueve de octubre de la presente anualidad, notificó personalmente dicha determinación a la quejosa María Rene Nohemí Romero Galán (foja 186). Por otra parte, mediante escrito presentado ante este juzgado en esta fecha, la quejosa de mérito manifestó que existe exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo por las siguientes razones: a) Afirma que la protección constitucional no se concedió para el efecto de que la Sala responsable realizara el estudio de la prescripción de la acción penal, por lo que al hacerlo dejó en estado de indefensión a la peticionaria de amparo. Tal afirmación es infundada, en virtud de que, si bien no se concedió el amparo para que la autoridad responsable estudiara específicamente la prescripción de la acción penal, lo cierto es que en la sentencia pronunciada en este juicio de garantías se concedió libertad de jurisdicción a la Sala responsable para que analizara integralmente la resolución apelada, lo que desde luego incluye el estudió relativo a dicha circunstancia, máxime que la prescripción penal es de estudio preferente y oficioso. b) Señala que la resolución que se analiza es violatoria de sus derechos fundamentales, ya que la autoridad responsable no tiene los elementos necesarios para determinar la prescripción de la acción penal, por lo que considera incorrecto que la Sala haya concluido que el cómputo para que opere dicha figura debe computarse a partir del siete de marzo de dos mil tres, fecha en que se efectuó el préstamo, sino que debió computarlo a partir de la última fecha en que se actuó dentro del juicio ejecutivo mercantil 1034/2005 del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, esto es, el diecisiete de diciembre de dos mil quince, y que tomando como base la referida data la acción persecutoria no se encuentra prescrita. c) Argumenta que el análisis realizado por la autoridad responsable respecto de los elementos del cuerpo del delito es incorrecto, pues afirma que sí se acreditó el elemento consistente en el engaño, ya que María Luisa González Romero le hizo creer que le iba a pagar el dinero que le prestó, pero que desde el principio la persona nombrada sabía que no tenía los medios suficientes para liquidar el adeudo, lo que colocó a la peticionaria de amparo en un estado subjetivo de error. Tales manifestaciones resultan inoperantes, en virtud de que están encaminadas a combatir el fondo de la decisión adoptada por la Sala responsable, lo cual no fue objeto de análisis constitucional ni de los efectos del fallo protector. Es decir, lo que la quejosa pretende es que se realice un nuevo análisis constitucional de los motivos y fundamentos plasmados por la responsable en la resolución que nos ocupa, lo cual evidentemente no resulta procedente en este sumario constitucional, pues se insiste, el amparo se concedió para el único efecto de que la responsable analizara integralmente la resolución apelada a pesar de la falta de agravios por parte de quien interpuso el recurso, pero para ello se reservó libertad de jurisdicción a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por lo que dicha autoridad estaba facultada para resolver el recurso en el sentido que estimara procedente. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa María Rene Nohemí Romero Galán mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de amparo, las cuales serán consideradas en el momento oportuno. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 188), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por la quejosa mediante el escrito de cuenta. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 82 a 108), se concedió el amparo y protección a María Rene Nohemí Romero Galán, para que la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera su cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente en el toca de apelación 115/2018 de su índice: 1. Deje insubsistente la resolución de dos de mayo de dos mil dieciocho. 2. Resuelva, con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, el recurso de apelación interpuesto por María René Nohemí Romero Galán, contra el auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el proceso penal 55/2017 de la estadística del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, por el que se niega la orden de aprehensión solicitada contra María Luisa González Romero, como probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico. En el entendido de que, en tal determinación deberá operar en favor de la quejosa la suplencia de la deficiencia de la queja, ante la omisión de expresar los agravios correspondientes, por lo que deberá examinar en su integridad la resolución recurrida, esto es, los elementos típicos, la responsabilidad penal y resolver como en derecho corresponda, en respeto a los derechos fundamentales de esa parte. Asimismo, en caso de reiterar el sentido de su determinación, deberá precisar si la resolución que confirma la negativa de la orden de aprehensión solicitada, queda bajo los efectos del artículo 111 (párrafo tercero) del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, es decir, si ésta no es definitiva y el Ministerio Público cuenta con una nueva oportunidad para perfeccionar la acción intentada y continuar indagando, así como allegarse de los medios probatorios con los que pueda acreditar debidamente tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad de la indiciada. 3. Notifique a la quejosa dicha determinación y remitir las constancias que así lo acrediten." (Foja 107). En acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho (fojas 133 a 135), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Por oficio 1141-B de veintiséis de octubre del año en curso (foja 143), la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución pronunciada en la misma fecha, dentro del toca de apelación 115/2018 de su índice, del que emana el acto reclamado (fojas 144 a 157); sin embargo, como no acreditó haber notificado esa determinación judicial a la peticionaria de amparo, por auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho (foja 158), se requirió a la Sala responsable para que enviara las constancias respectivas. En cumplimiento a lo anterior, mediante comunicado A-3397 de cinco de noviembre de dos mil dieciocho (foja 168), la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución aludida en el párrafo que antecede, así como su notificación a María Rene Nohemí Romero Galán (fojas 169 a 187). A las documentales relatadas se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada de dos de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación 115/2018 (foja 145). 2. El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, con la plenitud de jurisdicción que le fue concedida, la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, que originó el toca de apelación 115/2018 de su índice, de donde emana el acto reclamado, y en dicha resolución realizó lo siguiente: a) Determinó que no obstante la falta de agravios para controvertir las consideraciones que sostuvo la Juez Penal de Tepeaca, Puebla para negar la orden de aprehensión solicitada por el representante social consignador contra María Luisa González Romero, ello no impide a la Sala responsable realizar el análisis integral de dicha resolución, ya que la impugnación proviene de la agraviada María Rene Nohemí Romero Galán, y consideró que el artículo 17 Constitucional, así como el diverso 12 de la Ley General de Víctimas, tutelan los derechos de acceso a la justicia e igualdad ante los tribunales, por lo que el agraviado u ofendido tienen los mismos derechos que el inculpado, razón por la que estimó que opera la suplencia de la queja deficiente en favor de la quejosa de mérito, en su calidad de víctima (fojas 150 y 150 vuelta). b) Así, previo al análisis de fondo de la resolución que motivó la alzada, la Sala responsable estudió la prescripción de la acción penal (foja 152); y, concluyó que fue el siete de marzo de dos mil tres, cuando María Luisa González Romero recibió de María Rene Nohemí Romero Galán la cantidad de cincuenta y siete mil ochocientos pesos, cero centavos, moneda nacional que le dio en préstamo y, por ende, el momento en que se consumó el delito (foja 153). Por ello, determinó que la legislación aplicable al asunto es el Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, vigente en la época de los hechos y que dicho ordenamiento en su artículo 133, se desprende que la prescripción de delitos que son perseguibles a petición de parte opera cuando no se formule querella dentro del término de dos años (foja 153 vuelta). Señaló que la agraviada María Rene Nohemí Romero Galán, a pesar de tener conocimiento de los hechos posiblemente constitutivos de delito, se presentó ante el representante social para formular querella hasta el veintiuno de abril de dos mil dieciséis (trece años, un mes, catorce días después de consumarse la conducta), motivo por el cual la Sala consideró prescrita la acción penal, pues, como se dijo, la noticia criminal no se dio dentro del plazo de dos años indicado (fojas 153 vuelta y 154). c) Además, la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla resolvió que, con independencia de la prescripción de la acción penal analizada, los hechos denunciados por María Rene Nohemí Romero Galán son atípicos, ya que consisten en la falta de pago de un título de crédito, lo que a juicio de la autoridad responsable mencionada, no se adecua a la hipótesis contenida en el artículo 402 del Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, pues los medios de prueba que obran en la causa penal de origen, no resultan eficaces para acreditar el elemento de engaño o aprovechamiento del error, requerido para la actualización del delito de fraude (fojas 154 vuelta a 156 vuelta). d) En tales circunstancias, la Sala responsable declaró prescrita la acción penal intentada contra María Luisa González Romero respecto del delito de fraude, cometido en agravio de María Rene Nohemí Romero Galán y confirmó el auto apelado (fojas 157 y 157 vuelta). e) Así mismo, precisó que, al declarar prescrita la acción penal, impide devolver los autos al Ministerio Público para su integración, en términos del artículo 111 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por lo que determinó que resulta procedente el archivo definitivo de la causa, conforme lo dispuesto por el diverso numeral 30 del ordenamiento legal invocado (foja 157). 3. El veintinueve de octubre de la presente anualidad, notificó personalmente dicha determinación a la quejosa María Rene Nohemí Romero Galán (foja 186). Por otra parte, mediante escrito presentado ante este juzgado en esta fecha, la quejosa de mérito manifestó que existe exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo por las siguientes razones: a) Afirma que la protección constitucional no se concedió para el efecto de que la Sala responsable realizara el estudio de la prescripción de la acción penal, por lo que al hacerlo dejó en estado de indefensión a la peticionaria de amparo. Tal afirmación es infundada, en virtud de que, si bien no se concedió el amparo para que la autoridad responsable estudiara específicamente la prescripción de la acción penal, lo cierto es que en la sentencia pronunciada en este juicio de garantías se concedió libertad de jurisdicción a la Sala responsable para que analizara integralmente la resolución apelada, lo que desde luego incluye el estudió relativo a dicha circunstancia, máxime que la prescripción penal es de estudio preferente y oficioso. b) Señala que la resolución que se analiza es violatoria de sus derechos fundamentales, ya que la autoridad responsable no tiene los elementos necesarios para determinar la prescripción de la acción penal, por lo que considera incorrecto que la Sala haya concluido que el cómputo para que opere dicha figura debe computarse a partir del siete de marzo de dos mil tres, fecha en que se efectuó el préstamo, sino que debió computarlo a partir de la última fecha en que se actuó dentro del juicio ejecutivo mercantil 1034/2005 del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, esto es, el diecisiete de diciembre de dos mil quince, y que tomando como base la referida data la acción persecutoria no se encuentra prescrita. c) Argumenta que el análisis realizado por la autoridad responsable respecto de los elementos del cuerpo del delito es incorrecto, pues afirma que sí se acreditó el elemento consistente en el engaño, ya que María Luisa González Romero le hizo creer que le iba a pagar el dinero que le prestó, pero que desde el principio la persona nombrada sabía que no tenía los medios suficientes para liquidar el adeudo, lo que colocó a la peticionaria de amparo en un estado subjetivo de error. Tales manifestaciones resultan inoperantes, en virtud de que están encaminadas a combatir el fondo de la decisión adoptada por la Sala responsable, lo cual no fue objeto de análisis constitucional ni de los efectos del fallo protector. Es decir, lo que la quejosa pretende es que se realice un nuevo análisis constitucional de los motivos y fundamentos plasmados por la responsable en la resolución que nos ocupa, lo cual evidentemente no resulta procedente en este sumario constitucional, pues se insiste, el amparo se concedió para el único efecto de que la responsable analizara integralmente la resolución apelada a pesar de la falta de agravios por parte de quien interpuso el recurso, pero para ello se reservó libertad de jurisdicción a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por lo que dicha autoridad estaba facultada para resolver el recurso en el sentido que estimara procedente. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Notifíquese personalmente a la quejosa, por lista a la tercera interesada (en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho -foja 135-); por oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido del secretario Raúl Bonilla Hernández, quien autoriza y da fe. Doy fe.Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa María Rene Nohemí Romero Galán mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de amparo, las cuales serán consideradas en el momento oportuno. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 188), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por la quejosa mediante el escrito de cuenta. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 82 a 108), se concedió el amparo y protección a María Rene Nohemí Romero Galán, para que la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera su cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente en el toca de apelación 115/2018 de su índice: 1. Deje insubsistente la resolución de dos de mayo de dos mil dieciocho. 2. Resuelva, con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, el recurso de apelación interpuesto por María René Nohemí Romero Galán, contra el auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el proceso penal 55/2017 de la estadística del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, por el que se niega la orden de aprehensión solicitada contra María Luisa González Romero, como probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico. En el entendido de que, en tal determinación deberá operar en favor de la quejosa la suplencia de la deficiencia de la queja, ante la omisión de expresar los agravios correspondientes, por lo que deberá examinar en su integridad la resolución recurrida, esto es, los elementos típicos, la responsabilidad penal y resolver como en derecho corresponda, en respeto a los derechos fundamentales de esa parte. Asimismo, en caso de reiterar el sentido de su determinación, deberá precisar si la resolución que confirma la negativa de la orden de aprehensión solicitada, queda bajo los efectos del artículo 111 (párrafo tercero) del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, es decir, si ésta no es definitiva y el Ministerio Público cuenta con una nueva oportunidad para perfeccionar la acción intentada y continuar indagando, así como allegarse de los medios probatorios con los que pueda acreditar debidamente tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad de la indiciada. 3. Notifique a la quejosa dicha determinación y remitir las constancias que así lo acrediten." (Foja 107). En acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho (fojas 133 a 135), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Por oficio 1141-B de veintiséis de octubre del año en curso (foja 143), la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución pronunciada en la misma fecha, dentro del toca de apelación 115/2018 de su índice, del que emana el acto reclamado (fojas 144 a 157); sin embargo, como no acreditó haber notificado esa determinación judicial a la peticionaria de amparo, por auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho (foja 158), se requirió a la Sala responsable para que enviara las constancias respectivas. En cumplimiento a lo anterior, mediante comunicado A-3397 de cinco de noviembre de dos mil dieciocho (foja 168), la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución aludida en el párrafo que antecede, así como su notificación a María Rene Nohemí Romero Galán (fojas 169 a 187). A las documentales relatadas se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada de dos de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación 115/2018 (foja 145). 2. El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, con la plenitud de jurisdicción que le fue concedida, la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, que originó el toca de apelación 115/2018 de su índice, de donde emana el acto reclamado, y en dicha resolución realizó lo siguiente: a) Determinó que no obstante la falta de agravios para controvertir las consideraciones que sostuvo la Juez Penal de Tepeaca, Puebla para negar la orden de aprehensión solicitada por el representante social consignador contra María Luisa González Romero, ello no impide a la Sala responsable realizar el análisis integral de dicha resolución, ya que la impugnación proviene de la agraviada María Rene Nohemí Romero Galán, y consideró que el artículo 17 Constitucional, así como el diverso 12 de la Ley General de Víctimas, tutelan los derechos de acceso a la justicia e igualdad ante los tribunales, por lo que el agraviado u ofendido tienen los mismos derechos que el inculpado, razón por la que estimó que opera la suplencia de la queja deficiente en favor de la quejosa de mérito, en su calidad de víctima (fojas 150 y 150 vuelta). b) Así, previo al análisis de fondo de la resolución que motivó la alzada, la Sala responsable estudió la prescripción de la acción penal (foja 152); y, concluyó que fue el siete de marzo de dos mil tres, cuando María Luisa González Romero recibió de María Rene Nohemí Romero Galán la cantidad de cincuenta y siete mil ochocientos pesos, cero centavos, moneda nacional que le dio en préstamo y, por ende, el momento en que se consumó el delito (foja 153). Por ello, determinó que la legislación aplicable al asunto es el Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, vigente en la época de los hechos y que dicho ordenamiento en su artículo 133, se desprende que la prescripción de delitos que son perseguibles a petición de parte opera cuando no se formule querella dentro del término de dos años (foja 153 vuelta). Señaló que la agraviada María Rene Nohemí Romero Galán, a pesar de tener conocimiento de los hechos posiblemente constitutivos de delito, se presentó ante el representante social para formular querella hasta el veintiuno de abril de dos mil dieciséis (trece años, un mes, catorce días después de consumarse la conducta), motivo por el cual la Sala consideró prescrita la acción penal, pues, como se dijo, la noticia criminal no se dio dentro del plazo de dos años indicado (fojas 153 vuelta y 154). c) Además, la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla resolvió que, con independencia de la prescripción de la acción penal analizada, los hechos denunciados por María Rene Nohemí Romero Galán son atípicos, ya que consisten en la falta de pago de un título de crédito, lo que a juicio de la autoridad responsable mencionada, no se adecua a la hipótesis contenida en el artículo 402 del Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, pues los medios de prueba que obran en la causa penal de origen, no resultan eficaces para acreditar el elemento de engaño o aprovechamiento del error, requerido para la actualización del delito de fraude (fojas 154 vuelta a 156 vuelta). d) En tales circunstancias, la Sala responsable declaró prescrita la acción penal intentada contra María Luisa González Romero respecto del delito de fraude, cometido en agravio de María Rene Nohemí Romero Galán y confirmó el auto apelado (fojas 157 y 157 vuelta). e) Así mismo, precisó que, al declarar prescrita la acción penal, impide devolver los autos al Ministerio Público para su integración, en términos del artículo 111 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por lo que determinó que resulta procedente el archivo definitivo de la causa, conforme lo dispuesto por el diverso numeral 30 del ordenamiento legal invocado (foja 157). 3. El veintinueve de octubre de la presente anualidad, notificó personalmente dicha determinación a la quejosa María Rene Nohemí Romero Galán (foja 186). Por otra parte, mediante escrito presentado ante este juzgado en esta fecha, la quejosa de mérito manifestó que existe exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo por las siguientes razones: a) Afirma que la protección constitucional no se concedió para el efecto de que la Sala responsable realizara el estudio de la prescripción de la acción penal, por lo que al hacerlo dejó en estado de indefensión a la peticionaria de amparo. Tal afirmación es infundada, en virtud de que, si bien no se concedió el amparo para que la autoridad responsable estudiara específicamente la prescripción de la acción penal, lo cierto es que en la sentencia pronunciada en este juicio de garantías se concedió libertad de jurisdicción a la Sala responsable para que analizara integralmente la resolución apelada, lo que desde luego incluye el estudió relativo a dicha circunstancia, máxime que la prescripción penal es de estudio preferente y oficioso. b) Señala que la resolución que se analiza es violatoria de sus derechos fundamentales, ya que la autoridad responsable no tiene los elementos necesarios para determinar la prescripción de la acción penal, por lo que considera incorrecto que la Sala haya concluido que el cómputo para que opere dicha figura debe computarse a partir del siete de marzo de dos mil tres, fecha en que se efectuó el préstamo, sino que debió computarlo a partir de la última fecha en que se actuó dentro del juicio ejecutivo mercantil 1034/2005 del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, esto es, el diecisiete de diciembre de dos mil quince, y que tomando como base la referida data la acción persecutoria no se encuentra prescrita. c) Argumenta que el análisis realizado por la autoridad responsable respecto de los elementos del cuerpo del delito es incorrecto, pues afirma que sí se acreditó el elemento consistente en el engaño, ya que María Luisa González Romero le hizo creer que le iba a pagar el dinero que le prestó, pero que desde el principio la persona nombrada sabía que no tenía los medios suficientes para liquidar el adeudo, lo que colocó a la peticionaria de amparo en un estado subjetivo de error. Tales manifestaciones resultan inoperantes, en virtud de que están encaminadas a combatir el fondo de la decisión adoptada por la Sala responsable, lo cual no fue objeto de análisis constitucional ni de los efectos del fallo protector. Es decir, lo que la quejosa pretende es que se realice un nuevo análisis constitucional de los motivos y fundamentos plasmados por la responsable en la resolución que nos ocupa, lo cual evidentemente no resulta procedente en este sumario constitucional, pues se insiste, el amparo se concedió para el único efecto de que la responsable analizara integralmente la resolución apelada a pesar de la falta de agravios por parte de quien interpuso el recurso, pero para ello se reservó libertad de jurisdicción a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por lo que dicha autoridad estaba facultada para resolver el recurso en el sentido que estimara procedente. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber cumplido con la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, así como con las constancias agregadas en auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho (foja 158), dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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