Maria Patricia Aguilar Lozano

Expediente 1262/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1262/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Maria Patricia Aguilar Lozano

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. FORMACIÓN Y ADMISIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1262/2019-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado; con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por María Patricia Aguilar Lozano, contra actos de la 1. Jueza de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla, por estimarlos violatorios del artículo 14, 16, 17 y 20 constitucional. VISTA MINISTERIAL. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; por lo que, remítase copia de la demanda de amparo, a efecto de que este en aptitud de rendir su respectivo informe de Ley. En dicho informe justificado deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En el entendido que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Comuníquese a la autoridad responsable que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad responsable que, ante la falta del informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la autoridad responsable que al rendir su informe no podrá variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Igualmente, se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de que se niegue a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la autoridad responsable y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicita y no se está en los supuestos en que éste deba abrirse de oficio. PARTE TERCERO INTERESADA. Según lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, téngase con el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla, por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena emplazarlo al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se requiere a la Jueza de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y dirección de la parte agraviada o de quien represente sus intereses, dentro de la carpeta de ejecución 113/2019/JES/E de su índice. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones personales, el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Diego Plata Sánchez, atento a que después de consultar la página de internet www.cedulaprofesional.sep.gob.mx, se constató que sí cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. Así mismo, en términos del párrafo segundo, parte in fine, del artículo 12 de la Ley de la Materia, se tienen como autorizados sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, al resto de las personas que menciona, quienes no gozarán de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, al no acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, ni proporcionarse los datos correspondientes de su cédula profesional. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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