Maria Rosa Garcia Jimenez
Expediente 418/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Rosa Garcia Jimenez
- MARIA ALBERTA GARCIA JIMENEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que los quejosos interpusieran recurso de queja contra el auto de siete de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Penal de Huejotzingo, Puebla, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 354/2018 (orden 429/2018) de este juzgado de Distrito, del que se advierte que el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se practicó la notificación a los promoventes María Alberta, María Rosa, María Virginia, José Aurelio, María Cristina Asela, todos de apellidos García Jiménez, y Cirilo García Sánchez o Cirilo Martiniano García Sánchez, del auto de once de mayo del actual, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial de mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). No se inadvierte que la diligenciaría adscrita al juzgado Penal de Huejotzingo, Puebla, asentó en la diligencia practicada el veinticinco de mayo del año en curso, como apellido de los promoventes (María Alberta, María Rosa, María Virginia, José Aurelio, María Cristina Asela) "García Jimnez", cuando lo correcto es García Jiménez; sin embargo, tal irregularidad no conduce necesariamente a devolver el despacho 354/2018 (orden 429/2018) para su correcta diligenciacion, porque se estima que se trata de un error mecanográfico. Asimismo, de la certificación secretarial que antecede (II.) se advierte que los promoventes antes citados, no señalaron domicilio en la ciudad de Puebla, para que recibieran sus respectivas notificaciones; por lo que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de once de mayo del actual (fojas 12 a 17), y, con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo en vigor, se ordena notificarles el presente auto, y los subsecuentes, incluso los de carácter personal por medio de lista de acuerdos. Finalmente, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones y la certificación secretarial que antecede (I.), se advierte que los promoventes María Alberta, María Rosa, María Virginia, José Aurelio, María Cristina Asela, todos de apellidos García Jiménez, y Cirilo García Sánchez o Cirilo Martiniano García Sánchez, no desahogaron los requerimientos que les fueron formulados por esta autoridad mediante auto de once de mayo de dos mil dieciocho (fojas 12 y 17). En consecuencia, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de Amparo vigente, se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio de amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de mayo de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 418/2018-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones I y IV y 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a: PRIMERO. Cirilo García Sánchez o Cirilo Martiniano García Sánchez para que, dentro del plazo de cinco días computado legalmente, comparezca ante este órgano Federal con identificación oficial y vigente, a fin de que manifieste si ratifica o no como suya la huella digital que calza la demanda de amparo junto a su nombre. Lo anterior obedece a que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando la parte interesada no sabe, o no puede firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirá su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad de la parte interesada en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de amparo no fue firmada por Cirilo García Sánchez o Cirilo Martiniano García Sánchez, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad de la directamente interesada en la promoción del presente juicio de amparo, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de la referida ley, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha Ley; y, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. No se inadvierte que, el resto de los promoventes sí firmaron la demanda de cuenta, pero ninguno de ellos lo hizo a ruego del promovente Cirilo García Sánchez o Cirilo Martiniano García Sánchez, por lo que resulta necesario requerirlo para ratificar la demanda de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, contrario sentido, la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y contenido, son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial." Atento a lo anterior, se apercibe al promovente requerido en este auto que, de no dar íntegro cumplimiento a la presente prevención en el plazo indicado (cinco días), se entenderá que no existe manifestación de voluntad en ejercicio de un derecho (juicio de amparo indirecto) y se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo número 114 de la Ley de Amparo; esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías únicamente en relación con el promovente Cirilo García Sánchez o Cirilo Martiniano García Sánchez, quien estampó su huella digital en el escrito de cuenta y, se proveerá conforme a derecho respecto de los diversos quejosos. SEGUNDO. Se requiere a todos los promoventes para que, dentro del plazo de cinco días computado legalmente, manifiesten si señalan como autoridades responsables a Amelia Lara García y al Titular de la Fiscalía Central de Investigación, y de ser así, qué cargo ocupa la primera y qué le reclaman a ambos; en virtud de que del capítulo de conceptos de violación se advierte lo siguiente: " (.) Reiterando a Usía el temor fundado de que se haya judicializado la carpeta de investigación y sea el motivo de la orden girada en contra de los impetrantes de garantías, por lo que se presume y se señala a la Lic. Amelia Lara García como autoridad ordenadora en el presente juicio de garantías, así como al Titular de la Fiscalía Central de Investigación, porque se desconoce si la señora Areli Avila Ramos ha iniciado alguna otra carpeta de investigación a espaldas del suscrito y alguna de ellas haya sido judicializada en perjuicio del hoy impetrante de garantías. (.)" Sin que dichas autoridades hayan sido señaladas como responsables en el capítulo respectivo. Por lo anterior, se apercibe a los promoventes que de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Signifíquese a los promoventes que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberán presentar su escrito aclaratorio signado por ellos mismos, y no por autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Ahora bien, tomando en consideración que los promoventes señalaron como domicilio para para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Las Huertas, número novecientos quince (915), Cuarto Barrio, municipio de Huejotzingo, Puebla, en consecuencia, y, atento a que el referido domicilio se encuentra ubicado fuera de la circunscripción de éste Juzgado Federal; con fundamento en los numerales 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Notifique este auto a los promoventes María Alberta, María Rosa, María Virginia, José Aurelio, María Cristina Asela, todos de apellidos García Jiménez, y Cirilo García Sánchez o Cirilo Martiniano García Sánchez, en el domicilio antes mencionado. b) Corra traslado con copia autorizada del presente proveído. e) Los requiera en el acto de la diligencia o les haga saber que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, señalen domicilio donde reciban sus notificaciones en esta ciudad o en la ciudad de Puebla. Apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes, se le harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. En la inteligencia, que la notificación que se encomienda deberá practicarse en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo. En el entendido, que los promoventes antes citados deberán identificarse con documental idónea, de la cual, se recabará copia simple para agregarse a esta última o, en su caso, justificar la imposibilidad para hacerlo. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercíbase a dicha autoridad que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo vigente. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Juan Luis Rivas Navarrete, designado, atento a que de los datos proporcionados acredita encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Y, téngase por autorizados con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, al resto de las personas que menciona, pues la parte quejosa, no proporcionó datos de sus cédulas profesionales, a fin de corroborar que las mismas se encuentran registradas ante la Secretaría de Educación Pública o en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Orienta lo anterior, la tesis I.11o.A.4 A, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." Sin perjuicio de que una vez que acredite dicha circunstancia, podrá ser autorizado en los términos planteados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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