MARIA PATRICIA BECERRIL GOMEZ y Otros.

Expediente 868/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 27 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
868/2020
Año
2020
Actuaciones
27
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • Juez de Control Y Ejecución de la Región Judicial Centro, Con Sede En Puebla (Javier Vázquez Fernández)
  • MARIA PATRICIA BECERRIL GOMEZ y Otros.
  • Maria Patricia Becerril Gomez
  • Martin Figueroa Torres
  • MARTIN FIGUEROA TORRES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el ocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó electrónicamente a los quejosos el catorce de octubre de dos mil veintiuno, la cual surtió efectos el mismo día, de conformidad con el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo; y, por ende, el aludido plazo transcurrió del quince de octubre al ocho de noviembre de dos mil veintiuno, previo descuento de los siguientes días: i) dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de octubre, así como seis y siete de noviembre, todos de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) uno y dos de noviembre, declarados inhábiles por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante sesión celebrada el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante circular 9/2021 del Secretario Ejecutivo del Pleno. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable ********************, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, como justificación a su informe y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolverle lo siguiente: ( Dos discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el dieciséis de octubre de dos mil veinte y veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de control judicial previo ********************. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Para dar margen a lo anterior, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en las fojas en donde obran las micas o sobres que contienen los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese electrónicamente a los quejosos por conducto de ******************** -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; por oficio a la autoridad responsable, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial adscrito que le corresponda notificar el oficio dirigido al juez de control responsable.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintinueve de septiembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El diez de mayo de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo a los quejosos María Patricia Becerril Gómez y Martín Figueroa Torres, por propio derecho y en su carácter de víctimas indirectas como madre y padre -respectivamente- de la víctima directa Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, respecto de la resolución dictada el dieciséis de octubre de dos mil veinte, dentro de audiencia oral desahogada en el expediente de control judicial previo 217/2020/CJP/PUEBLA; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del fallo. Inconformes con dicha determinación, los referidos quejosos interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-104/2021, en donde mediante ejecutoria dictada el dos de septiembre de dos mil veintiuno modificó, por unanimidad, los alcances y efectos del amparo otorgado. En ese tenor, por acuerdo emitido el trece de septiembre de del año en curso, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Javier Vázquez Fernández, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio 32977/2021/JC signado por la citada autoridad responsable, por el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que en auto emitido el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de control judicial previo 217/2020/CJP/PUEBLA, realizó -en esencia- lo siguiente: ( Dejó insubsistente la resolución dictada el dieciséis de octubre de dos mil veinte, dentro de audiencia oral desahogada en el citado expediente de control judicial previo -acto reclamado-; y, ( Señaló las nueve horas del veintiocho de septiembre de veinte veintiuno a fin de que tuviera verificativo la audiencia en la que se daría total cumplimiento al fallo protector. Luego, en proveído de veintinueve de septiembre pasado se tuvo a dicha autoridad responsable remitiendo el oficio 33778/2021/JC, por el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, anexó un disco versátil digital en el que obra la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, llevada a cabo en la carpeta de control judicial previo 217/2020/CJP/PUEBLA. En consecuencia, con su contenido, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de diez de mayo de dos mil veintiuno, se declaró inconstitucional la determinación de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictada en audiencia oral celebrada en el expediente de control judicial previo 217/2020/CJP/PUEBLA, por violar los derechos de la víctima a la justicia y a la eventual reparación del daño, consagrados en el artículo 20, Apartado C, Constitucional, por lo que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Para ello, luego de sintetizar las intervenciones de las partes en la audiencia de control reclamada, las consideraciones de la resolución reclamada y los conceptos de violación enderezados contra aquéllas, se consideró que la problemática jurídica a resolver consistía en determinar si fue correcto o no que el juez de control instruyera de forma genérica al fiscal de continuar la investigación con una debida diligencia y perspectiva de género, sin imponerle una obligación en concreto que tuviera que cumplir, ello, a pesar de que -se dijo- el asesor jurídico no demostró en la audiencia respectiva una omisión o deficiencia específica del ministerio público que pudiera subsanarse, pues las que expuso, como él lo reconoció, eran de imposible reparación. Se explicó que eran fundados los conceptos de violación de los quejosos, suplidos en su deficiencia, pues -se dijo- fue incorrecto que el juez de control no impusiera una obligación concreta al fiscal, tomando en cuenta que, si bien, el asesor de las víctimas y éstas no acreditaron una omisión concreta a subsanar, sí mostraron su intención de que la carpeta de origen tuviera una línea de investigación diferente, esto es, para esclarecer un feminicidio y no sólo un suicidio. Para explicarlo, se partió de las consideraciones expuestas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 252/2018; con base en ellas, se consideró que entonces, para la solución del asunto, sólo se tomarían en consideración los agravios expuestos por el asesor jurídico en la audiencia de dieciséis de octubre de dos mil veinte. En similar aspecto, se sintetizó distintas consideraciones expuestas por la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa contradicción de tesis 233/2017; ello, a fin de explicar el objeto del recurso innominado establecido en el dispositivo 258 de la codificación nacional procesal penal. Luego, para explicar cuáles son las obligaciones del ministerio público durante la etapa previa al juicio, se destacó lo considerado por la multicitada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 202/2013. Sentado ese preámbulo, se indicó que este juzgado estaba de acuerdo con algunas determinaciones señaladas en la resolución reclamada, específicamente cuando la autoridad responsable indicó: ( Que el asesor jurídico no había expuesto una omisión concreta por parte del fiscal, sino sólo omisiones generales, incluso irreparables como se reconocieron por el propio asesor. ( Que una omisión concreta era aquélla en la que un fiscal no diera contestación a una solicitud formulada o que no desahogara determinado acto de investigación ordenado de oficio o propuesto por las partes. ( Un desconocimiento del sistema por parte del asesor jurídico. Así, en la sentencia se señaló que ello era así porque, el asesor de las víctimas únicamente mencionó diversas omisiones e inconsistencias en la recolección de indicios para esclarecer la muerte de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, como en la elaboración de la necropsia y otros dictámenes periciales, las cuales, incluso, aceptó que ya no eran reparables. Sin embargo, se consideró que tanto el asesor jurídico como las víctimas indirectas, por lo menos, cumplieron con la causa de pedir en toda su exposición, consistente en que el fiscal, con base en los tratados internacionales, precedentes internacionales y nacionales relativos al derecho de la mujer a tener una vida libre de violencia y a cómo investigar y juzgar con perspectiva de género, debió realizar actos de investigación o tener una línea de investigación para esclarecer un posible feminicidio, o bien, descartarlo con elementos probatorios desahogados debida y objetivamente, y no sólo quedarse con la hipótesis de un posible suicidio. En esa medida, se afirmó que no fue correcto que el juez responsable de forma genérica instruyera al fiscal encargado de la carpeta de investigación para que la continuara con perspectiva de género, sin vincularlo a una obligación concreta ni otorgarle plazos breves para tales efectos; ello, -se destacó- porque el fiscal se limitó a argumentar sobre la improcedencia del recurso y sobre la incompetencia del juzgador, sin refutar o demostrar -se citó como ejemplo- que su investigación se ha ceñido a los estándares exigidos por la víctima o que las omisiones que expuso no existen. Así, se destacaron diversas consideraciones expuestas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 554/2013: ( Con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben realizar su investigación con base en una perspectiva de género, para lo cual, deben implementarse un método para verificar si existió una situación de violencia o vulnerabilidad en la víctima por cuestiones de género. ( En el caso de muertes violentas de mujeres, las autoridades deben explorar todas las líneas investigativas posibles -incluyendo el hecho que la mujer muerta haya sido víctima de violencia de género- con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido. ( Como lo ha destacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda investigación se debe efectuar con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa; además, debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad busque efectivamente la verdad. ( En consecuencia, todo caso de muertes de mujeres, incluidas aquellas que prima facie parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, deben de analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de la muerte. ( La determinación eficiente de la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte debe mostrarse, con toda acuciosidad, desde las primeras diligencias. ( La valoración de la oportunidad y la oficiosidad de la investigación debe hacerse tanto de los actos urgentes, como del desarrollo de un plan o programa metodológico de la investigación. ( De ese modo, la investigación de las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género requiere que se realicen diligencias particulares. ( Para poder considerar que se está investigando una denuncia de muerte violenta de mujer por razón de género en forma efectiva, la investigación debe implicar la realización de conceptos criminalísticos aplicados con visión de género. ( Por tanto, en el caso de las muertes violentas de mujeres se deben abrir las líneas de investigación con los elementos existentes que podrían ser compatibles con la violencia de género y avanzar la investigación sin descartar esa hipótesis para localizar e integrar el resto de los elementos probatorios. ( El deber de investigar adquiere mayor relevancia en relación con la muerte de una mujer en un contexto de violencia contra las mujeres. Considerando esos lineamientos del precedente en cuestión, en el fallo se concluyó, tomando en cuenta además el derecho de las víctimas a conocer la verdad histórica de los hechos criminales y en el deber constitucional del ministerio público de investigarlos de forma diligente, íntegra, objetiva, eficaz y con determinación, que el juez de control debió instruir al fiscal de origen para que con todos los medios a su alcance, recondujera la investigación de la muerte de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril con el fin de confirmar o descartar un posible feminicidio, realizando, de oficio o a petición de parte, todos los actos de investigación necesarios para tal efecto y con perspectiva de género, otorgando, además, plazos prudentes para que el fiscal comunicara las gestiones y lo avances que se obtuvieran. También, se abundó al señalar que cuando se investiga la muerte violenta de una mujer, además de realizar las diligencias que se hacen en cualquier caso (identificación de la víctima, protección de la escena del crimen, recuperación y preservación del material probatorio, investigación exhaustiva de la escena del crimen, identificación de posibles testigos y obtención de declaraciones, realización de autopsias por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados, y determinación de la causa, forma, lugar y momento de la muerte), las autoridades investigadoras deben identificar cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta. Bajo los propios lineamientos del precedente en cuestión, se señaló que en dichas muertes se deben preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y se deben hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. Incluso, las investigaciones policiales y ministeriales por presuntos feminicidios deben analizar la conexión que existe entre la violencia contra la mujer y la violación de otros derechos humanos, así como plantear posibles hipótesis del caso basadas en los hallazgos preliminares que identifiquen la discriminación o las razones de género como los posibles móviles que explican dichas muertes. En ese sentido, se concluyó que el juez de control responsable debió exigir al fiscal que investigara, de oficio, las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género, para lo cual -se dijo- existían diversos protocolos de investigación de muertes de mujeres, los cuales incluyen actos de investigación, entre los que destacan los tendientes a determinar si: i) El cuerpo tenía alguna muestra de violencia y, específicamente, violencia sexual; ii) La existencia de signos de defensa y lucha, preponderantemente en los bordes cubitales de manos y antebrazos, uñas, etcétera. iii) La existencia en la parte exterior del cuerpo, de mordeduras de mamas y/o contusiones al interior de los muslos. iv) La presencia de signos o indicios criminalísticos de maltrato crónico anterior a su muerte. Asimismo, se indicó que algunas diligencias específicas en este tipo de muertes consisten, por un lado, en que el perito que realiza la autopsia esté familiarizado con los tipos de tortura o de violencia que predominan en ese país o localidad y, por otro, que además de la necropsia psicológica practicada a las occisas, se realice complementariamente un peritaje psicosocial, el cual se centra en la experiencia de las personas afectadas por las violaciones a los derechos humanos, mediante el cual se analice su entorno psicosocial. De igual forma, se precisó que sin importar que en la audiencia oral reclamada se expusieron varias inconsistencias y omisiones en la recolección y preservación de indicios por parte de las autoridades ministeriales, dando a entender el asesor jurídico que no era posible recuperarlas o resarcirlas; esa circunstancia no constituía impedimento alguno para que el fiscal, a partir del estado en que se encontrara la investigación, ordenara las diligencias que estimara idóneas, pertinentes, conducentes y con perspectiva de género para el esclarecimiento de los hechos, incluso, admitiendo y desahogando con celeridad los actos de investigación o elementos probatorios que propusieran y ofrecieran las víctimas indirectas. Haciendo uso de diversas consideraciones contenidas en el caso "González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México", de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se destacó que la impunidad de los delitos contra las mujeres envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en la administración de justicia. Con base en ese mismo precedente, se abundó al señalar, que la inacción y la indiferencia estatal ante las denuncias de violencia de género reproducen la violencia que se pretende atacar e implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia. Por su parte, se indicó que la impunidad en este tipo de delitos provoca entre las mujeres un sentimiento de desamparo que repercute en un mayor nivel de vulnerabilidad frente a sus agresores; y en la sociedad, la convicción de que la muerte de las mujeres no tiene importancia, ni merece la atención de las autoridades, reforzando con ello la desigualdad y discriminación hacia las mujeres en nuestra sociedad. Es por lo que -se dijo- es particularmente importante que las autoridades encargadas de las investigaciones de actos de violencia contra las mujeres las lleven a cabo con determinación y eficacia, tomando en cuenta el deber de la sociedad de rechazar dicha violencia y las obligaciones estatales de erradicarla, y de brindar confianza a las víctimas de la misma en las instituciones estatales para su protección. Bajo tal marco normativo e interpretativo de diversos precedentes, es que se consideró inconstitucional la resolución reclamada, por lo que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que Javier Vázquez Fernández, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, una vez que la sentencia adquiriera firmeza y se le requiriera su cumplimiento, citara a las partes y señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector, en la que debía realizar lo siguiente: 1. Dejar sin efectos la resolución dictada en audiencia oral de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dentro del expediente de control judicial previo 217/2020/CJP/PUEBLA -acto reclamado-. 2. Luego, con base en lo considerado en la sentencia de amparo, en dicha audiencia oral dictar otra resolución, en la que debía reiterar todo lo manifestado por las partes en el debate que se sostuvo el dieciséis de octubre de dos mil veinte y, después, declarar fundado el medio de impugnación hecho valer en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por ende, debía instruir al fiscal para que, en plazos prudentes y breves que con libertad de jurisdicción debía establecer, efectuara lo siguiente en la carpeta de investigación 7387/2018/ZONA-CENTRO: 2.1. Recondujera, con todos los medios a su alcance, la investigación de la muerte de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril con el fin de confirmar o descartar un posible feminicidio, realizando, de oficio o a petición de parte, todos los actos de investigación necesarios para tal efecto y con perspectiva de género. 2.2. Tomara en consideración, para tal efecto, diversos protocolos de investigación de muertes de mujeres. 2.3. Explorara todas las líneas investigativas posibles con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido. 2.4. Comunicara las gestiones y lo avances que se obtuvieran. Finalmente, se precisó que la sentencia de amparo se tendría cumplida con la resolución que emitiera el juez de control siguiendo los lineamientos precisados, por lo que -se dijo- sería dicho juzgador quien, en su caso, debía vigilar que el fiscal acatara su determinación; asimismo, la parte victimal podría interponer nuevamente el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando considerara que el fiscal incurrió en omisiones dentro de la carpeta de investigación. Sin embargo, mediante ejecutoria dictada el dos de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del amparo en revisión R-104/2021, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito modificó, por unanimidad, los alcances y efectos del amparo otorgado. Para tal efecto, primero reseñó el contenido de la primera intervención del asesor jurídico en la audiencia de control judicial de dieciséis de octubre de dos mil veinte, a fin de verificar cuáles fueron las peticiones realizadas. Así, detectó que al inicio de esa audiencia, hizo uso de la voz el licenciado Carlos Humberto Olvera González, asesor jurídico de María Patricia Becerril Gómez y Martín Figueroa Torres, quien narró algunos antecedentes de la vida de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril y del suceso investigado -su deceso- y destacó que desde el quince de mayo de dos mil dieciocho -fecha en que la que encontraron su cuerpo sin vida- tanto él como las víctimas indirectas (padre y madre), han estado en una lucha constante, con evidente "falta de debida diligencia" y "falta de perspectiva de género". Luego, de exponer algunos precedentes nacionales e internacionales, interrumpido por el juez de control, para que precisara su petición, -se señaló por el Tribunal Colegiado- el asesor jurídico destacó las inconsistencias, que calificó como "serias omisiones y violaciones de los derechos humanos de las víctimas indirectas", aduciendo que sólo mencionaría las que consideró más relevantes, siendo las siguientes: 1. Destacó que, desde las primeras fojas de la carpeta de investigación, se hace alusión a la investigación por suicidio, incluida la entrevista a la madre de la víctima, que, afirmó, estuvo inducida hacia la investigación de un suicidio; esto es, aduce que toda la investigación, hasta la fecha, continúa siendo la de un suicidio. 2. El lugar de los hechos no fue resguardado adecuadamente, porque únicamente se aseguraron el baño y la recámara de la víctima, pero no toda la casa; al día siguiente de los hechos, avisaron a los padres, quienes incluso pasaron la noche en ese lugar, que en la mañana la compañera de vivienda de la víctima sacó todas las cosas del lugar en compañía de policías. 3. Fue hasta después de un año que fue asegurado toda la casa, entonces hacer la recolección de más indicios. Pese a ello, al momento del primer aseguramiento, sólo se recogieron una laptop, un iPad, un celular y "otra cosa", pero había otros indicios que debieron ser resguardados, como una jeringa, un cuchillo, medicamentos, porque supuestamente la víctima presentó punciones en sus brazos. 4. El levantamiento de cadáver lo firmó un policía y no un criminalista. 5. Al momento de interrogar al policía primer respondiente, el motivo por el cual no se aseguró toda la casa, le contestó que "porque como era evidente un suicidio, porque encontramos una carta póstuma, pues ya no era necesario levantar toda la evidencia"; también destacó otras contradicciones en el informe policial del primer respondiente, pues señaló que no entró al baño; lo cual, refirió, no se le hace lógico, que un primer respondiente no entrara al baño a ver el cadáver. 6. Destacó que no fue posible recabar los registros de video del fraccionamiento, porque no se pidieron oportunamente y cuando se solicitaron al fraccionamiento, éste comunicó que ya no los tenía porque habían pasado más de quince días. 7. Señaló los que consideró errores en la necropsia: i) Existieron dos causas de la muerte, envenenamiento por intoxicación y estrangulamiento; cuando, afirmó, resulta imposible, tomando en cuenta que la Organización Mundial de Salud establece que siempre hay una causa de muerte principal; ii) Se observaron livideces presentes en el cuerpo de la víctima, pero en la necropsia no indicó cuál era su significado o por qué presentó esas manchas en el cuerpo, incluso, adujo, que las livideces que presentó la víctima no corresponden a las de una persona cuando "se cuelga"; abundó al señalar que en la ampliación de la necropsia se señalaron otras livideces, que supone fueron sustentadas sólo conforme a las fotografías; y, iii) Otra incongruencia, destacó el asesor jurídico, fue la descripción del surco del cuello, pues se señaló como un "surco duro", sin embargo, considerada la mascada con la que se dijo se ahorcó la víctima no pudo dejar un surco duro, sino que, en todo caso uno "blando"; lo cual, incluso, se contradice con la perito de "mecánica de lesiones", explicó dijo que efectivamente el surco "no era duro"; asimismo, indicó, en la primera necropsia se dijo que el surco era "un surco duro, alto e incompleto de forma horizontal", un año después en la ampliación de esa necropsia se describió como "un surco con zonas apergaminadas y partes blandas, alto completo y de forma horizontal"; por lo que consideró había errores, los cuales, consideró son de suma importancia, porque conocer si el surco es blando, duro, completo o incompleto permite conocer la mecánica de los hechos. 8. Afirmó que, si bien, se recabó una muestra de sangre "en buenas condiciones", para verificar si la víctima tenía algún grado de intoxicación, al día siguiente se dictaminó que estaba en estado de descomposición, de modo que no existió un buen tratamiento del indicio; por ello, con posterioridad, se envió a la "FGR", "humor vítreo" y "bilis", para realizar el examen toxicológico (porque con la sangre no fue posible), donde se concluyó que no se encontraron rastros toxicológicos; sin embargo, el perito concluyó que el "humor vítreo" y la "bilis", no eran las muestras idóneas para el examen que se le solicitó. 9. Indicó que la fiscal indebidamente ha intentado una necropsia psicológica, que explicó es una prueba psicológica en retrospectiva, que trata de describir cómo era la víctima de acuerdo con el dicho de las demás personas, la que, aseguró, se llevó al cabo sin ningún tipo de perspectiva de género, la cual, señaló el defensor no es una prueba idónea, porque su objetivo era tratar de demostrar un suicidio, "pintando" a la víctima de una forma irreal, como una persona insegura, que busca reconocimiento y aprobación, sumisa y reservada, asegura el asesor "sólo les faltó decir que tenía tendencias al suicidio"; pero lo más preocupante, aseguró el asesor, es que en esta prueba se aseguró que el padre tenía antecedentes de alcoholismo y una madre demandante y exigente, con indicadores de depresión, y que, por ese contexto de los padres, la víctima tenía tendencias suicidas; pero esta prueba fue solicitada de forma indebida, porque la ministerio público solicitó se investigara "sobre las tendencias suicidas" de la víctima. 10. Afirmó que la necropsia no detalla todos los elementos y lesiones, que presentó el cuerpo, por ejemplo, la víctima presentó diecisiete "dermopunciones" en los brazos y otras equimosis, pero sin detalles exhaustivos de estas heridas, para verificar si fueron causadas en un contexto de violencia, o si las mismas fueron "post" o "ante-mortem"; ni tampoco se indagó sobre la posible violencia sexual. 11. Destacó, que ha pedido que se amplíe nuevamente esa necropsia, pero los peritos han tratado de justificarse sin aceptar sus errores u omisiones, dando explicaciones que no concuerdan con el resto de las evidencias. 12. También puso de relieve algunas incongruencias en si se manipuló o no la escena del crimen, pues el primer respondiente dijo que no se manipuló, pero sí fue así, incluso bajaron el cuerpo y sacaron un banco y ninguna evidencia hay al respecto. 13. Precisó que el dictamen en grafoscopía fue deficiente, diciendo que (la carta póstuma) sí se trata de la letra de la víctima; sin embargo, los padres pagaron otro perito que determinó que no era su letra. 14. Señaló que no existe un plan metodológico de la investigación, lo cual ha preguntado en diversas ocasiones, cómo pretende evaluar el contexto de género sin recibir respuesta adecuada. 15. Destacó que existe un dictamen en materia de construcción, que refirió el asesor jurídico, le ha preguntado a la fiscal para qué sirve. 16. Dijo que existen fotografías escasas, sin planos cercanos ni medios, altos o amplios en el levantamiento del cadáver, no se utilizaron técnicas especiales como luminol o luces forenses, ni buscaron elementos biológicos en la escena de los hechos. 17. Señaló que no existe una línea de investigación clara, ni un plan metodológico de investigación, incluso, destacó que han consultado expertos incluso extranjeros que han rendido dictámenes mostrando todas las inconsistencias que narró; por lo tanto, concretó su petición a que se resuelvan las omisiones que narró, que se investigue con la debida diligencia y perspectiva de género, mediante el cambio del fiscal encargado de integrar la carpeta, incluso designando a un "grupo" capacitado en perspectiva de género, en materia forense y demás. 18. Reconoció que las omisiones e inconsistencias señaladas a lo largo de su exposición era imposible recuperar, pues por el tiempo transcurrido no van a tener oportunidad de recabar sangre o tejidos, razón por la que solicitó se sancionara penal y administrativamente al fiscal encargado de la investigación. Posteriormente, el Tribunal Colegiado señaló que asistía la razón a los quejosos cuando adujeron que la postura del juez de control fue violatoria de sus derechos humanos, en particular, de su derecho de impartición completa de justicia; lo que condujo al tribunal a modificar la sentencia revisada en ese aspecto, con fundamento en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo. A fin de hacer patente la citada violación de los derechos humanos de los quejosos, el tribunal analizó una parte de lo resuelto oralmente por el juez de control responsable en la audiencia reclamada, la cual consideró violatoria del derecho de impartición de justicia de los quejosos previsto en el artículo 17 Constitucional. En efecto, se dijo que el asesor señaló una diversidad de violaciones a los derechos de las víctimas indirectas, lo cual, se precisó, debió ser motivo de una respuesta completa y congruente en términos del aludido dispositivo 17 constitucional. Dicho en otras palabras, el Tribunal consideró que el juez de control eludió verificar si esas violaciones de derechos alegadas tuvieron algún impacto dentro del procedimiento de origen que ameritara ser subsanado, incluso, verificar si alguna de las deficiencias destacadas por el asesor debía ser motivo de una orden específica para desahogar algún medio de prueba o repetirlo. Justamente, se mencionó que el juez de control responsable se limitó a establecer que no había escuchado una petición concreta, que las violaciones señaladas por el defensor se hicieron demasiado rápido en la audiencia y que desconocía su integración y que dejó de resolver sobre las peticiones que le fueron planteadas, lo cual resultaba violatorio de los derechos de los quejosos. El Tribunal Colegiado destacó que en la citada contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, partiendo del marco constitucional del actual sistema penal acusatorio, explicó la figura del juez de control, bajo las siguientes consideraciones: ( Que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. ( Que el legislador permanente estableció en su exposición de motivos, que los jueces de control también deben conocer las impugnaciones contra resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. ( Que también les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. Lo anterior, porque en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales y que, por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. ( Que, en ese contexto, el juez de control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o bien al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los jueces de control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. Asimismo El Tribunal de Alzada invocó un diverso precedente de la propia Primera Sala de Justicia de la Nación, emanado de la contradicción de tesis 444/2019, en donde se analizó el tema de si un juez de control debe realizar el control judicial de la detención al ejecutarse una orden de aprehensión. A respecto, se dijo que la Corte indicó que ese análisis procede únicamente cuando la privación de la libertad personal del imputado tiene como antecedentes casos de flagrancia o urgencia, sin que pueda hacerse extensivo a las órdenes de aprehensión; sin embargo, también se recalcó que la Corte explicó que ello no impedía que, durante la ejecución de la detención se susciten actos arbitrarios (por parte de los policías captores o algún otro servidor público), en términos de lo dispuesto por el artículo 1º constitucional, bajo los parámetros internacionales y la doctrina jurisprudencial de ese Alto Tribunal. Por tanto, se destacó que la Corte determinó que, en cualquier denuncia de comisión de arbitrariedades (en aquel precedente se analizó la tortura ejercida por los policías al ejecutar una orden de aprehensión), el Juez de Control debe actuar atendiendo a las características de cada caso, en términos de la normatividad aplicable, por lo que no se excluye la posibilidad de que sea el propio Juez de Control, quien, de advertir elementos o circunstancias que impliquen violaciones a los derechos humanos, resuelva lo conducente. Por ejemplo, que pueda tomar las medidas necesarias para esclarecer tales circunstancias, o bien, determine si tales actos tienen trascendencia dentro del proceso. Luego, conforme a los anteriores precedentes, el Tribunal Colegiado concluyó que el juez de control es el garante de los derechos fundamentales de las víctimas u ofendidos y el custodio de la actuación ministerial en la primera etapa del procedimiento de la investigación, al ser encargado de que todos los actos relativos a la investigación de los delitos se hagan en pleno respeto de la legalidad y de los derechos de las partes. Por ello, el Tribunal Colegiado señaló que, de recibir la denuncia de alguna violación de derechos humanos, el juez de control debe resolver lo conducente, pues, si bien, carecía de facultades para sancionar penal o administrativamente a algún servidor público o decidir sobre la remoción del ministerio público, sí podía verificar si las alegadas violaciones tienen algún impacto en el proceso y, de ser así, esclarecer tal situación; por lo que, al no hacerlo, reiteró que se violó el derecho humano de impartición completa de justicia de los quejosos, establecido en el artículo 17 constitucional. Por lo anterior, estableció que el amparo concedido sería para el efecto de que el juez de control responsable realizara lo siguiente: 1. Dejara sin efectos la resolución oral reclamada de dieciséis de octubre de dos mil veinte, emitida en la carpeta de control judicial previo 253/2020/CJP/PUEBLA (sic, debió ser 217/2020/CJP/PUEBLA); 2. Citara a las partes a una nueva audiencia en la que, sin darles nueva intervención, reiterara las consideraciones que le llevaron a sostener su competencia; 3. Posteriormente, declarara fundado el medio de control judicial y, bajo los lineamientos de la ejecutoria, con libertad de jurisdicción, conforme al marco legal aplicable, se hiciera cargo de la totalidad de las violaciones de derechos humanos señaladas por el asesor jurídico de las víctimas indirectas en su primera intervención en la audiencia reclamada; esto es, debía verificar si existían indicios para sostener la aludida violación de derechos y de ser así, actuar en consecuencia, señalando su impacto en el procedimiento, lo que implicaría, por ejemplo, que ordenara el desahogo de cierto medio de prueba o la reposición de alguno ya recabado. 4. Considerando los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo de primera instancia, debía instruir al fiscal de investigación para que, en plazos prudentes y breves, con libertad de decisión, recondujera su investigación, debiendo: 4.1. Con todos los medios a su alcance, de forma metódica, investigar la muerte de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril con el fin de confirmar o descartar un posible feminicidio, realizando, de oficio o a petición de parte, todos los actos de investigación necesarios para tal efecto y con perspectiva de género. 4.2. Tomara en consideración, para tal efecto, diversos protocolos de investigación de muertes de mujeres y demás lineamientos señalados en la sentencia de primer grado. 4.3. Explorara todas las líneas investigativas posibles con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido. Finalmente, precisó que, tal como se estableció en la sentencia revisada, era posible que se tuviera por cumplida la ejecutoria de amparo una vez que el juez de control emitiera la determinación correspondiente; lo que no implicaba que, con posterioridad, la actuación ministerial fuera motivo de un nuevo control judicial. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable Javier Vázquez Fernández, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, informó que en auto emitido el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de control judicial previo 217/2020/CJP/PUEBLA, realizó -en esencia- lo siguiente: ( Dejó insubsistente la resolución dictada el dieciséis de octubre de dos mil veinte, dentro de audiencia oral desahogada en el citado expediente de control judicial previo -acto reclamado-; y, ( Señaló las nueve horas del veintiocho de septiembre de veinte veintiuno a fin de que tuviera verificativo la audiencia en la que se daría total cumplimiento al fallo protector. Luego, en audiencia oral celebrada el veintiocho de septiembre de del año en curso, dentro de dicho expediente de control judicial, el citado juez de control efectuó -en lo que interesa- lo siguiente: 1. Sin dar nueva intervención a las partes, reiteró las consideraciones que le llevaron a sostener su competencia para conocer de la impugnación realizada en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales (ver hora 00:06:51 de la audiencia analizada); 2. Posteriormente, declaró fundado el medio de control judicial y, bajo los lineamientos de la ejecutoria, con libertad de jurisdicción, conforme al marco legal aplicable, se hizo cargo de la totalidad de las violaciones de derechos humanos señaladas por el asesor jurídico de las víctimas indirectas en su primera intervención en la audiencia de dieciséis de octubre de dos mil veinte (ver hora 00:52:00 a 2:03:50 de la audiencia analizada); esto es, verificó si existían indicios para sostener la aludida violación de derechos y, luego, actuó en consecuencia, señalando su impacto en el procedimiento, lo que implicó, por ejemplo: i) que ordenara que el dictamen de necropsia se ampliara con el objeto de establecer el significado de las livideces y los surcos que presentó el cadáver de la víctima, así como para aclararse la causa de la muerte con un análisis basado en perspectiva de género; ii) que se investigara el porqué se enviaron muestras no idóneas para el análisis toxicológico de la víctima; iii) que se realizara un dictamen en necropsia psicológica por perito especializado en perspectiva de género y bajo la línea de indagar un posible feminicidio; iv) que se analizaran de nueva cuenta las lesiones de la víctima para dilucidar si hubo o no violencia sexual; v) que el fiscal decidiera que dictamen en grafoscopía valía, si el que estableció que la letra en la carta póstuma era de la víctima o aquél que dijo que no era su letra, y de ser necesario desahogar nuevas periciales; y, vi) que la investigación siguiera una metodología con perspectiva de género y con base en los precedentes invocados por el asesor victima en audiencia de dieciséis de octubre de dos mil veinte. 3. Considerando los lineamientos establecidos en la sentencia de este juzgado de Distrito, instruyó al fiscal de investigación para que, en el plazo de tres meses, con libertad de decisión, recondujera su investigación (ver hora 02:04:26 a 2:09:19 de la audiencia analizada), para que: 4.1. Con todos los medios a su alcance, de forma metódica, investigara la muerte de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril con el fin de confirmar o descartar un posible feminicidio, realizando, de oficio o a petición de parte, todos los actos de investigación necesarios para tal efecto y con perspectiva de género. 4.2. Tomara en consideración, para tal efecto, diversos protocolos de investigación de muertes de mujeres y demás lineamientos señalados en la sentencia dictada por este juzgado Federal. 4.3. Explorara todas las líneas investigativas posibles con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos la resolución oral reclamada de dieciséis de octubre de dos mil veinte, emitida en la carpeta de control judicial previo 217/2020/CJP/PUEBLA; ii) reiteró las consideraciones que le llevaron a sostener su competencia para conocer del medio de impugnación intentado por el asesor victimal; iii) declaró fundado el medio de control judicial y, bajo los lineamientos de la ejecutoria del Tribunal del Alzada, con libertad de jurisdicción y conforme al marco legal aplicable, se hizo cargo de la totalidad de las violaciones de derechos humanos señaladas por el asesor jurídico en su primera intervención en la audiencia reclamada; esto es, verificó si existían indicios para sostener la aludida violación de derechos y, luego, actuó en consecuencia, señalando su impacto en el procedimiento, lo que implicó que ordenara el desahogo de medios de prueba y la reposición de otros ya recabados; e, iv) instruyó al fiscal de investigación para que, en el plazo de tres meses, con libertad de decisión, recondujera su investigación considerando los lineamientos establecidos en la sentencia de primera instancia. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese electrónicamente a los quejosos por conducto de Carlos Humberto Olvera González -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; y, por oficio a la autoridad responsable, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio 33778/2021/JC signado Javier Vázquez Fernández, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, mediante el cual, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remite un disco versátil digital en el que obra la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, llevada a cabo dentro de la carpeta de control judicial previo 217/2020/CJP/PUEBLA. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo -disco versátil digital-; dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al disco versátil digital que se adjunta, no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica; asimismo, guárdese en un sobre cerrado o mica cerrada, que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar; el cual, como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentra debidamente certificado con el sello y la firma correspondiente. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Notifíquese electrónicamente a los quejosos por conducto de Carlos Humberto Olvera González -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; y, por oficio a los fiscales terceros interesados.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido-vía correo institucional- por la autoridad responsable Javier Vázquez Fernández, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que mediante acuerdo emitido el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de control judicial previo 217/2020/CJP/PUEBLA, realizó -en esencia- lo siguiente: ( Dejó insubsistente la resolución dictada el dieciséis de octubre de dos mil veinte, dentro de audiencia oral desahogada en el citado expediente de control judicial previo -acto reclamado-; y, ( Señaló las nueve horas del veintiocho de septiembre de veinte veintiuno a fin de que tenga verificativo la audiencia en la que se dará total cumplimiento al fallo protector. De lo anterior toma conocimiento esta autoridad federal, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese electrónicamente a los quejosos por conducto de Carlos Humberto Olvera González -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; y, por lista a las demás partes.

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