Maria Patricia Aguilar Lozano
Expediente 209/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 209/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Patricia Aguilar Lozano
- MARIA PATRICIA AGUILAR LOZANO y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. No es obstáculo, que no obren los acuses de recibo de los oficios por los cuales se ordenó la notificación de la referida resolución a las autoridades responsables 2. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y 3. Juez de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala, en razón de que carecen de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". También es aplicable a lo anterior las conclusiones apuntadas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.". Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las copias certificadas relativas a la carpeta de ejecución ********************remitidas por 1. ********************, jueza de Ejecución de Sentencias Penales (itinerante) del Distrito Judicial de Puebla, con las que se formó el cuaderno de prueba I, se ordena devolverlo a la referida autoridad; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Intégrese a los autos la copia certificada del oficio signado por la 1. Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Puebla, a través del cual comunica el contenido del auto dictado el cinco de octubre de dos mil veinte, en la carpeta de ejecución 113/2019/JES/E (materia del acto reclamado), y del que -esencialmente- se aprecia que tuvo por cumplida la sentencia dictada en la causa penal que dio origen a dicho expediente de ejecución; ordenó la cancelación de la firma periódica de los sentenciados (aquí quejosos) María Patricia Aguilar Lozano y Jorge Antonio Hernández Aguilar; y, ordenó la devolución de la cantidad remanente que se detalla en el propio acuerdo; de lo que se toma conocimiento, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, pues por sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Cúmplase..
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San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veinte. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: el escrito de demanda deMaría Patricia Aguilar Lozano y Jorge Antonio Hernández Aguilar, por conducto de su defensor particular Diego Plata Sánchez, auto admisorio de veintiséis de febrero de dos mil veinte, y los informes justificados de las autoridades responsables. A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. Abierto elperíodo probatorio, la Secretaria da cuenta con la documentales de las autoridades responsables, siendo las siguientes: del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales (itinerante) del Distrito Judicial de Puebla, Ana Alicia Ponce Frías, las copias certificadas de las constancias relativas a la carpeta de ejecución 113/2019/JES/E de su índice, acordadas en el expediente de amparo en autos de diez de marzo (anexo I) y veintitrés de septiembre ambos de dos mil veinte; del 2. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, la copia certificada del oficio 903/2019 a través del cual le fue remitido el exhorto 58/2019/JES y del diverso que se formó para su diligenciación(exhorto 37/2019) acordadas en el expediente de amparo el veintiuno de septiembre del año en curso; y del 3. Juez de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala, las constancias de exhorto 58/2019/JES acordadas en el expediente de amparo en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte. Enseguida, el juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relatadas por la Secretaria que ofrecieron lasautoridades responsables. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de su derecho de formular alegatos y que elagente del Ministerio Público Federal adscrito no presentó pedimento. Enseguida, el juez de Distrito acuerda: Toda vez que las partes no formularon alegatos, se tiene por precluido su derecho para ejercerlo, con lo que se cierra el periodo de referencia. Enseguida, al no existir más promociones que acordar ni pruebas por desahogar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, por lo que se levanta la presente acta para constancia, y acto seguido el juez de Distrito dicta S E N T E N C I A: V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 209/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla,promovido pordeMaría Patricia Aguilar Lozano y Jorge Antonio Hernández Aguilar, por conducto de su defensor particular Diego Plata Sánchez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la Demanda. Por escrito de demanda recibidoelveinticinco de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y remitido, por razón de turno, el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, María Patricia Aguilar Lozano y Jorge Antonio Hernández Aguilar, por conducto de su defensor particular Diego Plata Sánchez,demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- A) Señalo como autoridad responsable ordenadora a la Ciudadana Jueza de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla. B) Señalo como autoridad responsable ejecutora al Ciudadano Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala. C) Señalo como autoridad responsable ejecutora al Ciudadano Juez de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Tlaxcala. IV.- LA NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. a) De las autoridades señaladas como responsables ordenadora y responsable ejecutoras, es decir, Jueza de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla, el Ciudadano Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala y el Ciudadano Juez de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Tlaxcala, les reclamo: 1.- La omisión de dar seguimiento y notificar el exhorto correspondiente al señor Neri Flores Romano a quien le reviste el carácter de víctima agraviado u ofendido en la carpeta de ejecución 113/2019/JES/E para que deduzca sus derechos referentes a la reparación del daño material que operó a su favor en la ejecutoria emitida en la causa penal 307/2016 del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla." La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, y 17 de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda y trámite del juicio.Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y mediante auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se radicó la demanda con el número 209/2020, se admitió la misma sin incidente de suspensión, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables, y se dio la intervención que legalmente le compete a la entonces agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. TERCERO. Parte tercera interesada.En cumplimiento al auto admisorio de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se emplazó como tercero interesado al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de Ejecución de Sentencias Penales (itinerante) del Distrito Judicial de Puebla. CUARTO. Se levanta suspensión de plazos y términos procesales. Por acuerdo de cinco de agosto de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid 19, quedólevantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, que operaría hasta que se notificara a las partes emplazadas la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional (veintiséis de agosto de dos mil veinte, señalada en proveído de la misma fecha), lo que en el caso ya ocurrió En el entendido de que el levantamiento de la suspensión implicó la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. QUINTO. Cita para audiencia. En auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, celebrándose la en sus fases de pruebas y alegatos al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a una de las autoridades responsables con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión delos actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión delosinformes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama a la 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales (itinerante) del Distrito Judicial de Puebla, Ana Alicia Ponce Frías, 2. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, y 3. Juez de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala, el siguiente acto: - La omisión de dar seguimiento y de diligenciar el exhorto58/2019/JES que giró la autoridad ordenadora a las ejecutoras a efecto de notificar a Neri Flores Romanoel auto de doce de junio de dos mil diecinueve, a quien le reviste el carácter de víctima agraviado u ofendido en la carpeta de ejecución 113/2019/JES/E del índice de la también ordenadora, para que deduzca sus derechos relativos a la reparación del daño que operó a su favor en la causa penal 307/2016 del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOSRECLAMADOS, CERTEZAO INEXISTENCIADELOS.TÉCNICAEN ELJUICIODEAMPARO." Al respecto, la autoridad responsable ordenadora 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales (itinerante) del Distrito Judicial de Puebla, Ana Alicia Ponce Frías, al rendir el informe justificado dijo ser parcialmente cierto el acto reclamado y posteriormente lo aclaró sosteniendo su dicho, pues refiere que se giró el exhorto 58/2019/JES pero las autoridades encargadas de su diligenciación (autoridades ejecutoras) no lo han devuelto; sin embargo se tiene por cierto el acto que se le atribuye al referir que aún no consta en autos el mencionado exhorto, por lo que la omisión de darle seguimiento continúa. Las diversas autoridades 2. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, y 3. Juez de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala, al rendir el informe justificado negaron el acto que se les atribuye, pues refieren que el exhorto fue radicado, diligenciado y devuelto el seis de noviembre de dos mil diecinueve al correo electrónico jitinerantes@htsjpuebla.gob.mx(elPresidente del 2. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala refiere que fue el seis de enero de dos mil veinte). Las anteriores negativas se desvirtúan, ya que de las diversas constancias que remitieron dichas autoridades2. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, y 3. Juez de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala, se advierte que si bien el exhorto se devolvió vía correo electrónico, lo cierto es, que como lo aclaró la autoridad ordenadora el correo al cual fue enviado (jitinerantes@htsjpuebla.gob.mx) no corresponde al juzgado a su cargo siendo el oficial el siguiente:salaejecución@htsjpuebla.gob.mx; de ahí que a la fecha de presentación de la demanda que fue el veinticinco de febrero de dos mil veinte el exhorto no había sido devuelvo, por lo que la omisión de las indicadas autoridades de darle seguimiento y diligenciarlo continúa. CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza delacto reclamado, consistente en laomisión de dar seguimiento y de diligenciar el exhorto58/2019/JES que giró la autoridad ordenadora dentro de la carpeta de ejecución 113/2019/JES/E que corresponde a una omisión, el mismo es de tracto sucesivo porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata. Por tanto, la promoción del juicio de amparo no está sujeta al término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, sino que puede reclamarse en cualquier momento. En esa tesitura, si la demanda de amparo se presentó el día veinticinco de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, entonces, es evidente que su promoción fue oportuna. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que interpreta el artículo 21 de la Ley abrogada que es idéntico al numeral 17 de la Ley de Amparo vigente en cuanto al término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." QUINTO.Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La omisión que reclama la parte quejosa, tiene su origen en un proceso penal que se tramitó conforme al anterior sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que no le son aplicables las disposiciones que regulan el nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad del acto reclamado se debe atender al texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, y sus reformas, y a la Ley Nacional de Ejecución Penal. III. Suplencia de la queja.En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que laparte quejosa tiene el carácter de sentenciada, en el procedimiento penal origen del acto reclamado. SEXTO.Improcedencia del amparo indirecto respecto a los actos reclamados.De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que el suscrito juez Federal, pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito juez Federal advierte de oficio, que respecto al acto reclamado consistente en laomisión de dar seguimiento y de diligenciar el exhorto58/2019/JES que giró la autoridad ordenadora a las ejecutoras a efecto de notificar a Neri Flores Romanoel auto de doce de junio de dos mil diecinueve, a quien le reviste el carácter de víctima agraviado u ofendido en la carpeta de ejecución 113/2019/JES/E del índice de la también ordenadora, para que deduzca sus derechos relativos a la reparación del daño que operó a su favor en la causa penal 307/2016 del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 la Ley de Amparo vigente que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; XXII (.)" En efecto, de las constancias que remitió la 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales (itinerante) del Distrito Judicial de Puebla, Ana Alicia Ponce Frías, consistentes en las copias certificadas de las constancias relativas a la carpeta de ejecución 113/2019/JES/E de su índice, las primeras que remitió al rendir el informe justificado (anexo I)y, las segundas, a requerimiento de este juzgado de Distrito,documentales con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.), de rubro siguiente: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.",se advierten a manera de antecedentes, los siguientes: I. Que la1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales (itinerante) del Distrito Judicial de Puebla, Ana Alicia Ponce Frías, en auto de doce de junio de dos mil diecinueve, radicó la carpeta de ejecución de sentencia 113/2019, por la llegada de los autos de la causa penal 307/2016 del índice del Juzgado Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla; mismo auto en el que ordenó notificar a las partes el iniciodel procedimiento ejecutivo penal de la sentencia ejecutoriada. II. En el indicado proveído (de doce de junio de dos mil diecinueve), la responsable ordenadora giró exhorto 58/2019/JES alPresidente del 2. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (autoridad señalada como ejecutora), para que en auxilio de dicha autoridad notificara al agraviado el señalado auto a la parte agraviada Neri Flores Romano quien tiene su domicilio en dicho estado, y le requiriera para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al monto cuantificado a su favor y le apercibiera que de no hacerlo se le dejarían a salvo sus derechos. III. Que por oficio 901/2019 de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, recibido el veintidós del mismo mes y año, se le informó que el exhorto había sido remitido finalmente para su diligenciación al 3. Juez de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala (autoridad señalada como ejecutora). IV. Que por autos de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, diez de febrero y cinco de marzo de dos mil veinte, solicitó a las autoridades ejecutoras información respecto a la notificación ordenada. V. Que las autoridades ejecutoras manifestaron que el exhorto se recibió por auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, que la notificación ordenada se practicó el veintinueve del mismo mes y año, y que el seis de noviembre de dos mil diecinueve (elPresidente del 2. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala refiere que fue el seis de enero de dos mil veinte) se devolvió al correo electrónicojitinerantes@htsjpuebla.gob.mx, el cual, la responsable ordenadora al aclarar su informe justificado, dijo que no corresponde al correo oficial, por lo que aún no contaba con la devolución del exhorto en cuestión; y. VI. Por auto de diez de septiembre de dos mil veinte, la responsable ordenadora 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales (itinerante) del Distrito Judicial de Puebla, Ana Alicia Ponce Frías, tuvo por recibido el oficio JEEMAAESP/508/2020 de veintisiete de agosto del mismo año, por el que se le devolvió el exhorto 58/2019/JES, la parte conducente dice: "(.)ÚNICO. Con fecha 07 siete de septiembre del año 2020 dos mil veinte se tuvo por recibido el diverso JEEMAAESP/508/2020 de fecha veintisiete de agosto del año 2020 dos mil veinte del JUZGADO DE EJECUCIÓN ESPECIALIZADO DE MEDIDAS APLICABLES A ADOLESCENTES Y EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, a través de cual se le tiene remitiendo constancias de notificación respecto del exhorto 58/2019/JES de fecha 12 doce de junio del año 2019 dos mil diecinueve, a través del cual remite constancia asentada por el personal judicial de ese distrito de la que se desprende:- - ´No me es posible dar cumplimiento al auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve en autos del exhorto 37/2019, de los radicados en el juzgado de mi adscripción, así como a lo ordenado en el exhorto58/2019/JESdictado en fecha 12 docede junio de dos mil diecinueve por el JUEZ DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DEL ESTADO DE PUEBLA, en la carpeta de ejecución 113/2019/JES/E.´- - En atención a lo antes manifestado.se ordena notificar a través de estrados publicados en lugar visible en las instalaciones que ocupa este recinto judicial, así como a través del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAS ADSCRIPCIÓN a la agraviada NERI FLORES ROMANO." De lo anteriormente narrado, se advierte que si la parte quejosa reclamó de las autoridades responsablesla omisión de dar seguimiento y de diligenciar el exhorto58/2019/JES que se giró a efecto de notificar a Neri Flores Romano el auto de doce de junio de dos mil diecinueve, a quien le reviste el carácter de víctima agraviado u ofendido en la carpeta de ejecución 113/2019/JES/E del índice de la ordenadora; dicho acto de naturaleza omisiva, de concederse la protección constitucional tendría como efectos obligar a las responsables para que en breve término dieran seguimiento y diligenciaran el referido exhorto; sin embargo, ello ya aconteció. En efecto, de los antecedentes que han quedado narrados, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión dedar seguimiento y de diligenciar el exhorto58/2019/JES que se giró a efecto de notificar a Neri Flores Romanoel auto de doce de junio de dos mil diecinueve, a quien le reviste el carácter de víctima agraviado u ofendido en la carpeta de ejecución 113/2019/JES/E del índice de la ordenadora; pues si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinticinco de febrero de dos mil veinte), la omisión reclamada sí existía, pues no constaba en los autos de la indicada carpeta el exhorto devuelto. Sin embargo, al haberse acordado la llega delindicado exhorto, por auto de diez de septiembre de dos mil veinte, entonces, cesaron los efectosdel acto reclamado, ya que han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia del acto reclamado, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido ala parte quejosa en el goce de la garantía individual transgredida (derecho de justicia pronta y expedita contemplado en el artículo 17 Constitucional). Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la referida Ley de Amparo procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS respecto al acto que María Patricia Aguilar Lozano y Jorge Antonio Hernández Aguilar, por conducto de su defensor particular Diego Plata Sánchez, reclamaron del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales (itinerante) del Distrito Judicial de Puebla, Ana Alicia Ponce Frías, 2. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, y 3. Juez de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tlaxcala, consistente en laomisión de dar seguimiento y de diligenciar el exhorto58/2019/JES que se giró a efecto de notificar a Neri Flores Romanoel auto de doce de junio de dos mil diecinueve, a quien le reviste el carácter de víctima agraviado u ofendido en la carpeta de ejecución 113/2019/JES/E del índice de la ordenadora. No obsta a lo anterior que a la fecha del dictado de la presente resolución, no se haya ordenado el emplazamiento de Neri Flores Romanoquien es la parte agraviada en el procedimiento de ejecución de sentencia 113/2019; a quien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, le recaer el carácter de tercero interesada, en primer lugar porque no ha comparecido al procedimiento de ejecución de sentencia origen del acto reclamado y, en segundo lugar, al tomar en consideración el sentido de la presente resolución (sobreseimiento), la omisión de tal llamamiento no le irroga algún perjuicio, además, de esperar su comparecencia, en nada cambiaría el sentido de este fallo, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía consignada en el artículo 17 Constitucional, lo que le beneficia a la parte tercero interesada para efectos de saber la pena y lo relativo a la reparación del daño. Cobra aplicación al caso, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia cuyos rubro, texto son los siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." También resulta aplicable, en relación a la omisión procesal indicada, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PESAR DE QUE ÉSTAS SE HAYAN COMETIDO, SI SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DECRETADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el procedimiento de amparo debe reponerse sólo cuando la violación cometida trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues lo contrario provocaría llegar al extremo de retardar la resolución del juicio sin resultado práctico. Asimismo, ha subrayado la trascendencia de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, al tratarse de cuestiones de orden público que ha lugar a analizar de oficio y, por tanto, son de estudio preferente. Sobre esa base, si en la revisión el ad quem examina la improcedencia decretada por el Juez de Distrito y advierte la existencia de elementos suficientes que conducen a confirmar su existencia, ello provoca que la reposición del procedimiento por violaciones procesales sea innecesaria, pues a pesar de que el Juez de Distrito subsane la violación cometida, llegará a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, con la consecuente dilación en la resolución del asunto, en detrimento del derecho a la justicia pronta y expedita reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, ello opera bajo la lógica de que la violación procesal cometida no se relacione con el supuesto de improcedencia que tenga por actualizado el Juez de Distrito pues, en ese caso, deberá privilegiarse el estudio de las violaciones procesales y ordenarse la reposición del procedimiento." SÉPTIMO.Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por María Patricia Aguilar Lozano y Jorge Antonio Hernández Aguilar, por conducto de su defensor particular Diego Plata Sánchez, respecto del acto y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución, en virtud de lo narrado en el considerando sexto de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese la presente resolución: por lista alaparte quejosadebiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020;y por oficio a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público adscrito a la responsable ordenadora (tercera interesada), yal agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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