Maria Mirella Luna Garrido

Expediente 820/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 28 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
820/2017
Año
2017
Actuaciones
28
Última actuación
20/09/2018

Partes del expediente

  • Maria Mirella Luna Garrido

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el doce de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del ocho al veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en consecuencia de que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida cautelar. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Norte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla con sede en Zacatlán , consistente en copia autorizada de la causa penal 13/2017/ZACATLÁN de su índice, con la que se formó el anexo I, así como tres discos versátiles digitales relativos a la misma causa penal, los cuales se encuentran integrados al expediente en sobre cerrado en la foja treinta, previo desglose de este último, debiéndose dejar hoja de sustitución en la foja correspondiente, devuélvasele dichas documentales y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el doce de julio de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo en que se actúa, por lo que se ordenó notificar dicha resolución a las partes. Ahora bien, toda vez que de autos no se aprecian los acuses de recibo de los oficios 454/2018, 455/2018 y 456/2018, dirigidos a las autoridades responsables Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Jefe General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México y Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México respectivamente, mediante el cual se ordenó notificarles la aludida resolución. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase vía telegráfica a las citadas autoridades, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comuniquen a este órgano jurisdiccional la fecha exacta en la que recibieron respectivamente los oficios 454/2018, 455/2018 y 456/2018. En el entendido de que en el plazo señalado tendrán que remitir copia certificada de las constancias con las que sustente su dicho. Apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de tres de julio de dos mil dieciocho, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Norte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla a la sentencia de amparo; sin que la parte quejosa haya presentado promoción alguna para desahogar dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia dictada el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 165 a 180), se concedió el amparo y protección a María Mirella Luna Garrido, para que el Juez de Control de la Región Judicial Norte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla realizara lo siguiente: "NOVENO. Efectos de la concesión. Se concede el amparo a la quejosa María Mirella Luna Garrido, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez de Control de la Región Judicial Norte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: Deje insubsistente la orden de aprehensión de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en la causa penal 13/2017/ZACATLÁN, únicamente por lo que respecta a la aquí quejosa MARÍA MIRELLA LUNA GARRIDO, y con libertad de jurisdicción, emita otra resolución en la que conforme a sus facultades, provea la solicitud del Ministerio Público respecto de la orden de aprehensión solicitada, ajustándose a lo establecido por el artículo 16 constitucional, con relación a los diversos 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto es, analizara si dicha solicitud cumple o no con los requisitos previstos en el diverso precepto 141 del citado ordenamiento, y en su caso, si ha lugar a prevenirlo para que haga las aclaraciones pertinentes; una vez realizado, hará el pronunciamiento respecto a que si existe denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad, así como que obran datos con los cuales se pueda establecer que se cometió ese hecho y, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida. (.)" Inconforme con tal resolución, Halley Ernesto Martínez Méndez, apoderado legal de la persona moral tercera interesada "MATERIAS PRIMAS MINERALES DE AHUAZOTEPEC", sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, interpuso recurso de revisión en su contra (foja 197); el cual fue radicado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla con el número de amparo en revisión R-55/2018 de su estadística (foja 277); y, en ejecutoria de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (fojas 293 a 322) confirmó la sentencia sujeta a revisión. Por ello, en acuerdo de siete de junio de dos mil dieciocho, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora (foja 323 a 325). Así, mediante oficio telegráfico JOPZ/604/2018 de catorce de junio de dos mil dieciocho (foja 339 a 341), el Juez de Control de la Región Judicial Norte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, comunicó el contenido de la resolución de catorce de junio de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal 13/2017/ZACATLÁN, con la que dio cumplimiento parcial a la ejecutoria de amparo, ya que informó que dejó sin efectos la orden de aprehensión librada contra la aquí quejosa en el proceso penal citado, y previno al agente del Ministerio Público para que, de considerarlo oportuno, realizará las precisiones destacadas en ese acuerdo. Por lo anterior, en auto de veintidós de junio de dos mil dieciocho (foja 342), se requirió nuevamente a la autoridad responsable para que informara si el representante social había desahogado la prevención formulada, y en su caso, emitiera el pronunciamiento correspondiente. Mediante oficio JOPZ/648/2018 de veintiséis de junio de dos mil dieciocho (foja 346), el juez de control responsable comunicó el contenido del acuerdo de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, y remitió copia certificada del acuse de recibo del diverso oficio JOPZ/603/2018, que lleva inserto el auto de catorce de junio del año que cursa, dirigido al agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla (foja 347), con el que le comunicó que dejó sin efecto la orden de aprehensión reclamada; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, De los comunicados referidos y documental descrita, se aprecia que la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la orden de aprehensión de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en la causa penal 13/2017/ZACATLÁN dictada contra María Mirella Luna Garrido (foja 340); lo que comunicó al agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla (quien solicitó dicha orden de captura) el veinte de junio de la presente anualidad (foja 347). 2. En acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciocho, se pronunció sobre la orden de aprehensión solicitada por del Ministerio Público contra María Mirella Luna Garrido por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 408, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, al respecto proveyó (foja 340): a) Que la solicitud de orden de captura del representante social no cumple con las exigencias del ordinal 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que omitió relacionar los hechos atribuidos a María Mirella Luna Garrido, así como precisar los registros en los que sustenta tal relación; b) Que el agente del Ministerio Público no expuso el motivo por el que requería la orden de aprehensión en virtud de que no invocó como razón o causa la necesidad de cautela; y, c) Ante las omisiones e imprecisiones destacadas, previno al Ministerio Público para que, de considerarlo oportuno, hiciera las precisiones o aclaraciones correspondientes. 3. En acuerdo de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, el juez de control responsable determinó que, como el agente del Ministerio Público solicitante de la orden de captura no desahogó la prevención formulada en diverso auto de catorce del mismo mes y año, a pesar de haber sido notificado de ello, negó la orden de aprehensión solicitada (foja 346 vuelta). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber cumplido con la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, así como con el diverso oficio y anexo integrados en proveído de veintidós de junio de dos mil dieciocho (foja 342), dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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