Maria Luisa del Socorro Briceño Tun

Expediente 820/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
820/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
09/08/2017

Partes del expediente

  • Maria Luisa del Socorro Briceño Tun
  • Manuel Jesus Buenfil Carrillo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que en proveído de ocho de agosto del año en curso, aceptó la competencia declinada por este Juzgado, para conocer del amparo promovido por ********, contra actos del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como asunto totalmente concluido. Por otra parte, y a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expedientillo, carece de relevancia documental en términos de lo establecido en el punto Décimo primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, así como de documentos originales; por tanto, realícese la anotación que corresponde en la carátula del mismo.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la quejosa Keeren Elienaí Rodríguez Romero, con el que cumple con la prevención de tres de julio pasado. Ahora bien, de la lectura de dicha demanda, la cual debe ser examinada de oficio, se advierte que la promovente reclama: - La resolución interlocutoria de veinte de junio de dos mil diecisiete, emitida por la autoridad responsable, en el expediente 1191/2016 de su índice. En ese sentido, toda vez que en el escrito aclaratorio de cuenta, así como en el ocurso de demanda, la parte promovente manifiesta que con motivo de la resolución interlocutoria que por esta vía intenta combatir, se puso fin al procedimiento de origen, como asunto concluido. En tal virtud, por cuestión de método y de estudio, y al resultar que las cuestiones de competencia son de orden público, procede analizar si este Juzgador tiene competencia legal para conocer del presente asunto. Orienta lo expuesto, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 56, agosto de 1992, página 36 que señala lo siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Sentado lo anterior, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la demanda de amparo de cuenta, ya que el acto reclamado proviene de una resolución que decide el juicio de origen. A propósito del presente asunto, conviene citar lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". Conforme a la disposición antes transcrita, que regula el juicio de amparo en la vía directa, se advierte que éste es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El juicio de amparo directo procede contra resoluciones definitivas, sean éstas sentencias o laudos, así como contra resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ya ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Así, cuando lo reclamado sea una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, procede el juicio de amparo directo que debe resolver el Tribunal Colegiado de Circuito. De esta forma, el acto reclamado en la demanda de amparo, en modo alguno puede ser materia del juicio de amparo indirecto, ya que tratándose de un acto como el que en la especie se reclama, se estima que es materia de amparo directo, por tratarse de una resolución que da por concluido el juicio principal, al tratarse de una interlocutoria que al decidir la liquidación presentada por la parte demandada en el juicio de origen, decreta su terminación, el levantamiento de los embargos y el archivo definitivo, en los términos establecidos por el artículo 170 de la Ley de la materia. En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 y 47 de la Ley de Amparo, se declara que este Juzgado Tercero de Distrito, carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por lo que, previo cuaderno de antecedentes que se aperture, se ordena remitir de inmediato los autos del presente juicio de garantías al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, para los efectos del numeral citado en segundo término, por ser el realmente competente para conocer de la demanda de amparo. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese el expedientillo correspondiente.

  3. Principal

    MESA VII.- Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la quejosa ***, con el que cumple con la prevención de tres de julio pasado. Ahora bien, de la lectura de dicha demanda, la cual debe ser examinada de oficio, se advierte que la promovente reclama: La resolución interlocutoria de veinte de junio de dos mil diecisiete, emitida por la autoridad responsable, en el expediente *** de su índice. En ese sentido, toda vez que en el escrito aclaratorio de cuenta, así como en el ocurso de demanda, la parte promovente manifiesta que con motivo de la resolución interlocutoria que por esta vía intenta combatir, se puso fin al procedimiento de origen, como asunto concluido. En tal virtud, por cuestión de método y de estudio, y al resultar que las cuestiones de competencia son de orden público, procede analizar si este Juzgador tiene competencia legal para conocer del presente asunto. Orienta lo expuesto, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 56, agosto de 1992, página 36 que señala lo siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Sentado lo anterior, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la demanda de amparo de cuenta, ya que el acto reclamado proviene de una resolución que decide el juicio de origen. A propósito del presente asunto, conviene citar lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". Conforme a la disposición antes transcrita, que regula el juicio de amparo en la vía directa, se advierte que éste es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El juicio de amparo directo procede contra resoluciones definitivas, sean éstas sentencias o laudos, así como contra resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ya ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Así, cuando lo reclamado sea una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, procede el juicio de amparo directo que debe resolver el Tribunal Colegiado de Circuito. De esta forma, el acto reclamado en la demanda de amparo, en modo alguno puede ser materia del juicio de amparo indirecto, ya que tratándose de un acto como el que en la especie se reclama, se estima que es materia de amparo directo, por tratarse de una resolución que da por concluido el juicio principal, al tratarse de una interlocutoria que al decidir la liquidación presentada por la parte demandada en el juicio de origen, decreta su terminación, el levantamiento de los embargos y el archivo definitivo, en los términos establecidos por el artículo 170 de la Ley de la materia. En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 y 47 de la Ley de Amparo, se declara que este Juzgado Tercero de Distrito, carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por lo que, previo cuaderno de antecedentes que se aperture, se ordena remitir de inmediato los autos del presente juicio de garantías al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, para los efectos del numeral citado en segundo término, por ser el realmente competente para conocer de la demanda de amparo. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese el expedientillo correspondiente.

  4. Principal

    MVII. Vista la demanda de amparo promovida por **, contra el acto que reclama de la Juez Tercero Mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado, y de otras autoridades. Ahora bien, de la lectura de la demanda, se advierte que el quejoso hace alusión a que reclama de la autoridad responsable, "la interlocutoria de veinte de junio de dos mil diecisiete, emitida por la autoridad responsable, en el expediente 1191/2016 de su índice. En ese sentido, no se advierte con claridad, si derivado de dicha determinación, la autoridad responsable ordenó la terminación del citado asunto de origen. De esta manera, la parte quejosa incumple los requisitos establecidos en el artículo 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Asimismo, se advierte que la promovente en su escrito de demanda alega que comparece con el carácter de endosataria en procuración de María Luisa del Socorro Briceño Tun y Manuel Jesús Buenfil Carrillo; sin embargo, el documento que exhibe para acreditar su personalidad no es suficiente, toda vez que es una copia simple. En mérito a lo anterior, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el 108, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que en el término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído: Precise, bajo protesta de decir verdad, si con motivo de la interlocutoria de veinte de junio de dos mil diecisiete, la Juez responsable decretó la terminación del expediente y su archivo como asunto concluido; Exhiba el documento idóneo para acreditar el carácter de endosataria en procuración que aduce ser de María Luisa del Socorro Briceño Tun y Manuel Jesús Buenfil Carrillo. Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del término señalado con lo requerido anteriormente, se tendrá por no presentada la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114 en comento. Finalmente, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; y como su autorizados para ello a Felipe de Jesús Montesinos Navarro y Manuel Catzín Arévalo, en los términos amplios que se establecen en el artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes en este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido por Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.Mérida, Yucatán, tres de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Keeren Elienaí Rodríguez Romero, como endosataria en procuración de María Luisa del Socorro Briceño Tun y Manuel Jesús Buenfil Carrillo, contra el acto que reclama de la Juez Tercero Mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado, y de otras autoridades. Ahora bien, de la lectura de la demanda, se advierte que el quejoso hace alusión a que reclama de la autoridad responsable, "la interlocutoria de veinte de junio de dos mil diecisiete, emitida por la autoridad responsable, en el expediente 1191/2016 de su índice. En ese sentido, no se advierte con claridad, si derivado de dicha determinación, la autoridad responsable ordenó la terminación del citado asunto de origen. De esta manera, la parte quejosa incumple los requisitos establecidos en el artículo 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Asimismo, se advierte que la promovente en su escrito de demanda alega que comparece con el carácter de endosataria en procuración de María Luisa del Socorro Briceño Tun y Manuel Jesús Buenfil Carrillo; sin embargo, el documento que exhibe para acreditar su personalidad no es suficiente, toda vez que es una copia simple. En mérito a lo anterior, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el 108, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que en el término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído: Precise, bajo protesta de decir verdad, si con motivo de la interlocutoria de veinte de junio de dos mil diecisiete, la Juez responsable decretó la terminación del expediente y su archivo como asunto concluido; Exhiba el documento idóneo para acreditar el carácter de endosataria en procuración que aduce ser de María Luisa del Socorro Briceño Tun y Manuel Jesús Buenfil Carrillo. Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del término señalado con lo requerido anteriormente, se tendrá por no presentada la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114 en comento. Finalmente, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; y como su autorizados para ello a Felipe de Jesús Montesinos Navarro y Manuel Catzín Arévalo, en los términos amplios que se establecen en el artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes en este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido por Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Mérida, Yucatán, tres de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Keeren Elienaí Rodríguez Romero, como endosataria en procuración de María Luisa del Socorro Briceño Tun y Manuel Jesús Buenfil Carrillo, contra el acto que reclama de la Juez Tercero Mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado, y de otras autoridades. Ahora bien, de la lectura de la demanda, se advierte que el quejoso hace alusión a que reclama de la autoridad responsable, "la interlocutoria de veinte de junio de dos mil diecisiete, emitida por la autoridad responsable, en el expediente 1191/2016 de su índice. En ese sentido, no se advierte con claridad, si derivado de dicha determinación, la autoridad responsable ordenó la terminación del citado asunto de origen. De esta manera, la parte quejosa incumple los requisitos establecidos en el artículo 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Asimismo, se advierte que la promovente en su escrito de demanda alega que comparece con el carácter de endosataria en procuración de María Luisa del Socorro Briceño Tun y Manuel Jesús Buenfil Carrillo; sin embargo, el documento que exhibe para acreditar su personalidad no es suficiente, toda vez que es una copia simple. En mérito a lo anterior, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el 108, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que en el término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído: Precise, bajo protesta de decir verdad, si con motivo de la interlocutoria de veinte de junio de dos mil diecisiete, la Juez responsable decretó la terminación del expediente y su archivo como asunto concluido; Exhiba el documento idóneo para acreditar el carácter de endosataria en procuración que aduce ser de María Luisa del Socorro Briceño Tun y Manuel Jesús Buenfil Carrillo. Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del término señalado con lo requerido anteriormente, se tendrá por no presentada la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114 en comento. Finalmente, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; y como su autorizados para ello a Felipe de Jesús Montesinos Navarro y Manuel Catzín Arévalo, en los términos amplios que se establecen en el artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes en este asunto.

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