Maria Luisa Loriane Rubio

Expediente 1626/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1626/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
06/12/2019

Partes del expediente

  • Maria Luisa Loriane Rubio

Actuaciones

  1. Principal

    mesa vii Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veinticinco de noviembre del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Finalmente, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga.

  2. Principal

    VII. Vista la demanda de cuenta, promovida por María Luisa Loriane Rubio Harrison alias María Luisa Loraine Rubio Harrison, contra los actos que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado; regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Ahora, toda vez que del análisis de dicha demanda se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: - - - I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." La parte quejosa señala en esencia como acto reclamado, la ejecutoria de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca 309/2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de octubre siguiente, formado con motivo del recurso de apelación promovido por la aquí quejosa en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el juicio extraordinario 644/2019 del índice de ese Juzgado, en el que no accedió a la petición de la parte quejosa de otorgarle un término especial para el perfeccionamiento y desahogo de diversas probanzas ofrecidas en el controvertido de origen. Precisado lo anterior, es evidente que en el presente asunto se reclama una violación procesal; sin embargo, debe determinarse si la misma puede ser combatida en amparo indirecto, por considerarse que afecta a las partes en grado predominante o superior. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que para establecer si una violación procesal causa una afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo que se dicte en contra de la sentencia definitiva, trascendiendo en el asunto de tal forma que no quedaría debidamente integrada la litis. Asimismo, al respecto, los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, 172, fracción III, y 174, todos de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTICULO 107.- El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "ARTÍCULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley." "ARTÍCULO 174.- En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. El tribunal colegiado de circuito, deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. " Ahora bien, el acto reclamado antes precisado no ocasiona a la parte quejosa una afectación en grado predominante, superior o trascendental, pues en primer término no afecta ninguno de los derechos sustanciales de ésta, y por otra, su trascendencia dependerá de la forma en que influya al dictarse la sentencia que corresponda. En efecto, al surtirse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 107, fracción V aplicado a "contrario sensu", y el diverso numeral 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, es evidente que la demanda interpuesta debe ser desechada; por tratarse de una violación procesal reclamable hasta el dictado de la sentencia que ponga fin al juicio, ya que ésta no afecta a las partes en grado predominante o superior. En efecto, el acto reclamado consiste en la ejecutoria de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en autos del toca 309/2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de octubre siguiente, formado con motivo del recurso de apelación promovido por la aquí quejosa en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el juicio extraordinario 644/2019 del índice de ese Juzgado, en el que no accedió a la petición de la parte quejosa de otorgarle un término especial para el perfeccionamiento y desahogo de diversas probanzas. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 39/90, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió que la violación procedimental consistente en la indebida forma en que se pretende recibir o desahogar una prueba ofrecida por la parte quejosa (estimándose como caso análogo, cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando se le reciben las que propone en una forma contraria a lo establecido por la Ley), en el momento en que se produce, sólo ocasiona una afectación a sus derechos adjetivos o procesales, pero no se afecta de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, haciendo tan sólo nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influya o sea tomado en cuenta para que el resultado del fallo que sea favorable a los intereses del oferente de la prueba, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlo mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, haya afectado las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Lo anterior originó la jurisprudencia con el rubro siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO." En el caso concreto el hecho de que se haya negado a la quejosa el término especial para el perfeccionamiento y desahogo de las pruebas documental o instrumental pública o instrumental pública, documental privada y confesional, en virtud de que feneció el término para su perfeccionamiento y desahogo de concedido en acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, por supuestas causas inimputables a su persona; ello, no debe ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental, sino la violación de derechos adjetivos que ocasiona únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que la afectada obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedaría reparada la violación y los posibles perjuicios que se le hubieren causado al no concederle el plazo especial para el perfeccionamiento y desahogo de las pruebas que señala en su escrito de mérito, trascendiendo al resultado de la sentencia, por lo que es obvio que dicho acto no es de imposible reparación. Se afirma lo anterior, toda vez que los actos dentro del juicio producen "ejecución irreparable", solamente cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos o fundamentales consagrados en la Constitución, o que afecten a las partes en grado predominante o superior, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que no se ubican en esas hipótesis, tal como lo ha definido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tal virtud y de acuerdo con el ya referido artículo 174 de la Ley de Amparo, el acto que la parte quejosa pretende combatir por esta vía, constituye una violación a las leyes del procedimiento que no afecta a las partes en grado predominante o superior, misma que sólo es reclamable mediante el amparo directo, que en su caso se promueva, contra la sentencia que se llegare a dictar en el juicio de origen, del cual deriva el acto reclamado, tal como lo previenen los artículos 170, 171 y 174 de la Ley de Amparo; por lo que resulta improcedente el reclamo de las violaciones dentro del procedimiento mediante el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a "contrario sensu". Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia con el rubro y contenido siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así como la diversa jurisprudencia, por identidad de razón, con el rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En ese orden, resulta procedente desechar la demanda de amparo que nos ocupa, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, atendiendo a que no se está en alguna de las excepciones que contempla la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la tramitación del amparo biinstancial. En mérito de lo antes establecido, y tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En esas condiciones, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTIAS promovida por María Luisa Loriane Rubio Harrison alias María Luisa Loraine Rubio Harrison, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a "contrario sensu", en términos del 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, atento a lo solicitado por la quejosa, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el predio que indican en su demanda de amparo; y como sus autorizados para tal efecto, a los profesionistas que señala en su demanda, con las facultades que expresamente les confiere. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al Actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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