Maria Luisa del Rio Vent
Expediente 36/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Luisa del Rio Vent
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de doce de enero del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en vigor, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA I. Vista la demanda de amparo promovida por MARÍA LUISA DEL RÍO VENT, por su propio y personal derecho y en su carácter de Jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, contra el acto que reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con residencia en Tekax, Yucatán, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con residencia en Tekax, Yucatán, en autos del juicio ejecutivo Mercantil 382/2015, promovido por PEDRO IVÁN ACOSTA SOSA en su carácter de endosatario en procuración de MARÍA CORNELIA GONZÁLEZ BARRERA, EN CONTRA DE FLOR DELFINA ARGAES ROMERO O FLOR DELFINA ARGAEZ ROMERO, que en lo conducente se refiere: ". Tiénese por recibido de la Jefa de la Unidad Jurídica Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, el oficio de fecha veintitrés de octubre del año en curso, rindiéndose el informe a que se contrae; acumúlese a sus antecedentes para los efectos legales que procedan. Ahora bien por lo que respecta al memorial, se tiene por presentado al ciudadano PEDRO IVAN ACOSTA SOSA, con su memorial de cuenta, haciendo las manifestaciones a que se contrae en el mismo, y como solicita, gírese nuevo oficio al Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, adjuntando al mismo copia debidamente certificada de constancias conducentes, a fin de que proceda a dar cumplimiento con lo ordenado en el auto aprobatorio de convenio de fecha diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis, haciendo del conocimiento del referido Representante de dicha institución que de conformidad con el artículo 1051 del Código de Comercio que a la letra establece que el convenio judicial es "el procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente convengan las partes con las limitaciones que se señala en este libro pudiendo ser un procedimiento convencional ante Tribunales o un procedimiento arbitral." por lo cual dicho convenio de fecha diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis, tiene el carácter de cosa juzgada por lo cual hay que privilegiar la voluntad de las partes, por lo que se apercibe al nombrado representante legal con que de no realizar el embargo en los términos ordenados en autos de este expediente, se hará acreedor a una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de media y actualización, de conformidad con el artículo 1067 bis, fracción II del Código de Comercio reformado, concatenado con lo dispuesto en el numeral 26 apartado B", último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo Segundo transitorio del decreto por el que se reforma y adicional diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desintoxicación del salario mínimo y 23 fracción XX "B" del reglamento interior del Instituto Nacional de Estadística Geografía: con independencia de doble pago." Aseveraciones expresas que tienen el carácter de una confesión, y que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: - - - I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio."- A consideración de este Juzgador, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción I, todos de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia, que deba desecharse de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de la Materia. En efecto, del acto reclamado por la parte quejosa, no se advierte algún perjuicio ni en forma presuntiva, que pudiera ser analizado en esta instancia; dado que a la mencionada parte promovente del amparo, no le agravia personal ni directamente a sus intereses jurídicos lo anterior, conforme a los razonamientos que se expondrán más adelante. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" A su vez, el artículo 1°, fracción I, de la invocada ley de la materia establece: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Finalmente, el artículo 5º, fracción I, de la mencionada ley reglamentaria, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)". De la interpretación literal y sistemática de los preceptos invocados permiten establecer, que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones provenientes de los poderes públicos o incluso, de particulares que actúan con el carácter de autoridad en los casos señalados en la propia Ley. Igualmente se precisa que son partes en el juicio de amparo, el quejoso quien tiene dicha cualidad, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, en términos del artículo 1º, de la citada ley. Por tal motivo, el juicio de amparo procederá siempre y cuando el quejoso compruebe ser titular de un interés jurídico o legítimo violentado por una autoridad; por lo que, no basta para tener por acreditado tal afectación, el solo hecho de presentar la demanda de amparo respectiva, pues ello sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionen su interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 10, visible a fojas 46, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1985, Parte VII, Séptima Época, que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.- El artículo 4° de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, las que han llegado incluso a definir cual es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquier ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelve y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción IV, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial". En esa tesitura, el acuerdo reclamado proviene de una actuación de la autoridad judicial en la cual solicita al Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cumpla con lo ordenado en el auto aprobatorio de convenio de fecha diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis, en los términos establecidos en el referido auto, así como del apercibimiento de multa ahí establecido; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo para estudiar su constitucionalidad. En esas condiciones, como se ha dejado sentado, no puede considerarse violatorio de los derechos fundamentales, ya que el oficio en el cual se ordena al Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cumpla con lo ordenado en el auto aprobatorio de convenio de fecha diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis, en los términos establecidos en el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, apercibiéndole al nombrado representante legal con que de no realizar el embargo en los términos ordenados en autos de este expediente, se hará acreedor a una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de media y actualización, de conformidad con el artículo 1067 bis, fracción II del Código de Comercio reformado, concatenado con lo dispuesto en el numeral 26 apartado B", último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo Segundo transitorio del decreto por el que se reforma y adicional diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desintoxicación del salario mínimo y 23 fracción XX "B" del reglamento interior del Instituto Nacional de Estadística Geografía, no le causa agravio alguno en razón de que no le perjudica el acto que reclama, esto es, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de la norma legal, el acto reclamado, en un juicio de amparo, le debe causar un perjuicio al quejoso o agraviado, entendiéndose como tal, para los efectos del juicio constitucional, perjuicio es sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona, o la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados. Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase. Sin duda, un acto reclamado en amparo, que cause perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo, lo cual no sucede en el presente caso. No está de más recordar, que la autoridad para defender un acto proveniente de otra autoridad, no puede constitucionalmente entablar el juicio de amparo, esto es, entre autoridad y autoridad, pues para esos casos, las leyes previenen la vía correspondiente; además de que, el simple significado de la palabra amparo, es a favor, protección, abrigo, defensa, que se concede al débil contra el fuerte, contra el que puede otorgar; por ello, cuando la potestad pública en un acto clásico y típico del ejercicio de su soberanía ocurre en demanda de amparo por conducto de uno de sus órganos, en demanda de protección y amparo de la Justicia Federal, contra actos de una autoridad que dicta sus fallos en representación del mismo poder, no procede el juicio de amparo. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 2285, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Cuarta Sección, Novena Época del Apéndice de 2011, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Respecto de este tema existen varios criterios vinculados, establecidos por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en síntesis, pueden reseñarse en la forma siguiente: a) Las garantías individuales son propias de los individuos y no de la sociedad, y que ésta, en su conjunto, no puede tener derechos particulares heridos y, por lo mismo, garantías individuales; b) Que de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal, y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que para la procedencia del juicio de garantías es necesario, que quien lo promueva sea capaz de gozar de tales garantías; c) Que el amparo es una contienda entre la persona que se queja de una violación de garantías y la autoridad que la cometió, sin que sea factible que tal contienda quepa entre autoridad y autoridad, pues para esos casos las leyes previenen la vía correspondiente; d) Que la autoridad, para defender un acto que emitió con ese carácter, no puede constitucionalmente entablar el juicio de amparo; e) Que el simple significado de la palabra amparo, que es favor, protección, abrigo, defensa, está indicando que se concede al débil contra el fuerte, contra el que puede otorgar; por ello, cuando la potestad pública en un acto clásico y típico del ejercicio de su soberanía ocurre en demanda de amparo por conducto de uno de sus órganos, en demanda de protección y amparo de la Justicia Federal, contra actos de una autoridad que dicta sus fallos en representación del mismo poder, no procede el respectivo juicio de garantías; f) Que el fisco, cuando ejercita su facultad soberana de cobrar impuestos, obra ejercitando una prerrogativa inherente a su soberanía, por lo cual no puede concebirse que el poder pida amparo en defensa de un acto del propio poder. Con base en estos principios se puede considerar que si una autoridad administrativa con motivo del quehacer legítimo de sus facultades emite determinado acto, contra el cual el particular promueve ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado juicio de nulidad que culmina con una sentencia adversa a la indicada autoridad, debe concluirse que ésta no pierde tal carácter a pesar de que tal resolución no haya favorecido a sus intereses, puesto que no existe razón jurídica alguna que permita considerar que por el dictado de esa clase de resolución dicha autoridad hubiere perdido la mencionada calidad para adquirir automáticamente la de particular y, por tanto, de titular de garantías individuales; consecuentemente, al no tener el carácter de agraviada, a la luz de lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 1o. fracción I, de la Ley de Amparo, carece de legitimación para promover juicio de amparo". Así mismo, por lo que respecta al apercibimiento de multa en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado por el Juez responsable en el auto impugnado, es pertinente considerar de inicio la naturaleza de un apercibimiento. Conforme a la definición contenida en el Diccionario de la Lengua Española, obra de la Real Academia Española, edición 23.a, publicada en octubre de dos mil catorce, se entiende: "Apercibimiento. f. m. Acción y efecto de apercibir.2.m.Der. Corrección disciplinaria que consiste en anotar una infracción al culpable y que en caso de que se repita dará lugar a una sanción más grave". De lo anterior, se advierte que el apercibimiento implica dos momentos, en el primero, que la persona a quien se dirige haya cometido una infracción, y segundo, en caso de que la repita dará lugar a una sanción; entonces, la sanción no está impuesta en el apercibimiento, sino que queda sujeta a que se repita la infracción para que se imponga. En ese orden de ideas, puede establecerse que el apercibimiento si bien impone una sanción al infractor, es necesario que exista una repetición de la conducta para que se imponga una mayor, esto es, para la imposición de la sanción prevista en el apercibimiento, se requiere que el infractor cometa una conducta que dé lugar a sancionarlo. La naturaleza de dicho acto es de realización futura e incierta, en razón de que la imposición de la sanción prevista en el apercibimiento depende de la conducta asumida por el sujeto a quien se dirigió, de manera que si cumple no se hará efectivo, y si no cumple, entonces sí se hará efectivo, quedando a su voluntad la imposición o no de esa sanción. En tal virtud, respecto al apercibimiento de multa en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado por la responsable, la multa no se decretará como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que, está condicionada a que el obligado cumpla o no con el acuerdo, luego, no es inminente; sino por el contrario es un acto incierto, pues no existe la certeza de que se va a ejecutar pues puede ser que el propio agraviado asuma la conducta ordenada, o bien, la Autoridad decida no hacer efectivo el apercibimiento, de ahí que sea futuro e incierto. En este punto, cabe decir que si el apercibimiento de multa carece de ejecución, como acto autónomo del auto en que se imponga la multa, no existirá acto de molestia al quejoso, porque lo contenido en ese auto no implicará algún cambio en su esfera jurídica, sino sólo hasta que se ejecute la sanción, lo que será realizado en otro acto autónomo. Por lo que se concluye, el apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que el Juez decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, si el acto reclamado consistente en el apercibimiento de imponer una multa en caso de no cumplir con lo ordenado, es de realización futura e incierta, no colma el presupuesto de la Ley de Amparo relativo a la existencia de una afectación real y actual en perjuicio del quejoso, y en ese sentido el amparo promovido contra ese acto es improcedente por no reunir el presupuesto del juicio de amparo, consistente en "la afectación" a los derechos del quejoso. En esa tesitura, se reitera, el acto reclamado consistente en la determinación que confirmó un auto en que se requirió al quejoso en el cual se ordena al Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cumpla con lo ordenado en el auto aprobatorio de convenio de fecha diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis, en los términos establecidos en el acuerdo de cuatro de diciembre de esa anualidad, apercibiéndole al nombrado representante legal con que de no realizar el embargo en los términos ordenados en autos de ese expediente, se hará acreedor a una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de media y actualización, de conformidad con el artículo 1067 bis, fracción II del Código de Comercio reformado, concatenado con lo dispuesto en el numeral 26 apartado B", último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo Segundo transitorio del decreto por el que se reforma y adicional diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desintoxicación del salario mínimo y 23 fracción XX "B" del reglamento interior del Instituto Nacional de Estadística Geografía; por ser futuro e incierto, no colma el presupuesto de la Ley de Amparo, relativo a la existencia de una afectación real y actual en perjuicio del quejoso, lo que actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, con independencia de que se sustancie el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 2321, del Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Así como la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Bajo ese contexto jurídico, la parte quejosa, carece de legitimación procesal para intentar la acción constitucional, pues como se dijo con anterioridad, en razón de que el acto reclamado no le causa a la quejosa un agravio personal y directo, como pilar del juicio de amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XII, en relación con el artículo 1º, fracción I, y 5º, fracción I, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo, por lo que hace a los referidos actos reclamados; no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran a legar las partes. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de cuenta y con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado a JOSÉ LUIS CASTRO CHAN, y con las limitaciones del referido numeral, a carolina Elizabeth castro caballero, Karina del Socorro Puc Couoh, Jorge Alberto Solís Alpuche, Nancy Ruby Febles Manzano, Astrid Medina Sostres y Jesús David Zaldivar Marentes, por no habérseles encontrado registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales federales. Por otra parte se les autoriza, para la utilización de medios tecnológicos para reproducir las constancias que obran en el presente juicio de garantías, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, estos es para que haga uso de aparatos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/5773/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. ASÍ CONSTA Y APARECE EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO, PARA ENTREGAR A LA PARTE INTERESADA EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTANTE DE UNA FOJA ÚTIL, EN MÉRIDA, YUCATÁN, DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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